Politica
Apuntan a un ex policía de Rosario por la venta de armas en el mercado negro
Se trata de la armería Bordoni vinculada al comisario retirado Egidio Lo Giúdice. De ese comercio salió el 65% de las armas volcadas al delito.
En una ciudad como Rosario, donde el fenómeno criminal en los últimos 20 años explotó en una violencia inédita que produjo dos mil muertes, un problema endémico es la circulación de armas de fuego.
Esta semana quedó claro con una investigación cómo el mercado negro de armas en la ciudad se construye con los aportes de personas que están inscriptas legalmente como usuarios y compran en armerías habilitadas. Se determinó que usuarios legítimos adquirieron de este modo en los últimos tres años 240 armas legalmente, por valores totales que superan los 150 mil dólares y sin tener capacidad de pago demostrable.
Un lugar central para la venta de esas armas es una armería que ganó celebridad en Rosario por sus oscuridades. Los investigadores del caso calculan que de allí salió el 65 por ciento de esas armas, la mayoría pistolas 9 milímetros, que son las más utilizadas en los delitos de sangre. La armería está ligada a un ex oficial superior de la policía de Rosario. Es el comisario mayor retirado Egidio Antonio Lo Giúdice, «El Tano», quien trabajó durante la mayor parte de su servicio activo en organismos locales de control de armas.
Lo Giúdice no está imputado de ningún delito pero se encuentra bajo investigación de los fiscales que el lunes pasado imputaron a 12 personas por comprar armas repetidamente que no se encontraron en su poder. La armería Bordoni, que se presenta como una empresa familiar con 29 años en el mercado figura a nombre de su esposa, que tiene ese apellido.
De acuerdo al legajo en preparación uno de sus hijos es instructor de tiro que es la persona que da fe que quien gestiona la credencial de legítimo usuario de armas realizó una instrucción. Su yerno, por último, es gestor para operaciones registrales ante la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, órgano que fiscaliza la entrega legal de armas.
El lunes pasado los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani imputaron a 12 personas por comprar armas que ya no están en su poder sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal. Para ellos son hombres de paja o testaferros de armas. Advirtieron por ejemplo que uno de ellos, con un sueldo mensual de 600 mil pesos, compró en 15 meses 35 armas de fuego por 25 millones de pesos. Lo hizo repitiendo hasta cinco veces la compra de misma marca y modelo de arma. «Un usuario legal puede acumular armas porque es coleccionista. Pero legítimos usuarios veteranos refieren que ningún coleccionista compra tres modelos iguales y en un mismo día», señalaron los investigadores.
Esta pesquisa fue novedosa porque en general las investigaciones parten de un responsable de un delito. Acá fue al revés: se analizó un problema de coyuntura criminal, como es la proliferación de armas, y desde allí se construyó el caso penal. Se identificó el problema y se trabajó para obtener información. En este caso los fiscales de la Unidad de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, a partir de una hipótesis tomada de reiteraciones en el campo criminal, enfocaron la mira hacia personas que habían comprado repetidamente armas.
«Encontramos personas que han gastado este año más de diez millones de pesos en municiones, que tienen más de 20 armas registradas y cuando las vamos a buscar no tienen las armas ni las municiones», dijo el fiscal Avila. Una abrumadora mayoría de esas piezas son pistolas semiautómáticas de calibre 9 milímetros. En algunos casos esas armas rastreadas se utilizaron en delitos como homicidios, algo que corroboró el cotejo balístico en casos que hubo secuestros de armas, según se ventiló en las mismas audiencias.
Los fiscales se centraron en esos compradores legítimos compulsivos. El hecho de que casi siete de cada diez de las armas adquiridas hubieran salido de la armería Bordoni hizo que el segmento venidero de la investigación esté en ese comercio de la zona sur rosarina. Más cuando en el campo de los comerciantes del rubro y de la policía se sabe que el dueño es un ex comisario mayor que hizo la mayor parte de su carrera en el campo del control de armas.
Fue jefe del ex Registro Provincial de Armas (Repar) en Santa Fe y luego de la Armería Central de la Unidad Regional II de Rosario. Uno de sus últimos cargos fue jefe de Logística de la Policía de Rosario que tiene justamente atribuciones sobre el depósito policial de armas ubicado en la Jefatura rosarina.
La armería del «Tano» ya había llamado la atención en la Fiscalía de Rosario hace tres años. En mayo de 2021 los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la ciudad, en la que tenían participación policías locales. Solamente en una mañana se encontraron diez pistolas en un depósito del barrio Saladillo en el extremo sur rosarino. Dos armerías quedaron en la mira. Una era Bordoni.
En Bordoni un hombre que tenía el depósito de Saladillo había comprado, en un solo día de 2020, la increíble cantidad de 21 mil balas. Llevaba mayormente proyectiles para armas 9, 38 y 45 milímetros. Son los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones, los delitos más reiterados en Rosario hasta abril de este 2024.
Este hombre en 2020 tenía en su poder en ese momento 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Esa misma pregunta se hicieron ahora los fiscales que, reconocen, cuentan con las actuales autoridades de la ANMAC una actitud de mucho mayor rigor en el control.
Acá está más fuerte el ánimo de la política de persecución. Poner la mira en algo históricamente descuidado como es el control del suministro en una ciudad arreciaron las balaceras y donde se despacharon en los últimos años enormes cantidad de proyectiles y armas. Algo que se deduce de las palabras del fiscal Avila. ¿Cómo se explica que un hombre compre 35 armas por 35 millones de pesos en poco más de un año sin que salte ninguna alerta de la autoridad de fiscalización? Lo que muestra este caso fiscal es que en los últimos años un legítimo usuario podía adquirir la cantidad de pistolas y fusiles que deseaba solamente mostrando la credencial y pagándolas.
Con este tipo de investigaciones esto, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA), puede insinuar un cambio de política. Porque además este caso demuestra que la seguridad no se reduce a un problema de presencia policial, control de delito callejero o de individuos marginales. Aquí aparece el campo legal construyendo el mercado negro de armas. Una armería habilitada que vende en forma indiscriminada, compradores registrados, una autoridad de aplicación durante mucho tiempo ausente. Este caso que recién empieza, queda remarcado, coloca el problema en el campo de la legalidad.
La investigación sobre la armería Bordoni se profundizará además porque saltaron otras evidencias de irregularidades. Los acusadores ponen el foco en la trama interna: en una misma unidad familiar un jerárquico policial retirado conocedor de la ciudad, la propietaria del comercio, el hijo como instructor que extiende certificados de aptitud para los aspirantes a legítimo usuario, el yerno como gestor ante la ANMAC. El problema sin embargo históricamente estuvo en la autoridad de aplicación: un usuario legítimo se presentaba a comprar hasta tres armas iguales o semejantes en un mismo día pero si podía hacerlo es porque el órgano fiscal emitía los certificados para validar la operación.
En los allanamientos a la armería del ex jefe policial, «una armería que vende mucho», se detectaron llamativas inconsistencias. La más alarmante es que personas no habilitadas como usuarios legítimos retiraban cajas de municiones por autorización de compradores registrados. Estos últimos, se sospecha, eran los verdaderos compradores y destinatarios de esos artículos. También se encontraron facturaciones con indicios de adulteraciones de Cuit o Cuil que suponen hechos de evasión fiscal.
En Rosario la legalidad está históricamente entreverada con la desviación de armas al mercado ilegal. En abril de 2022 dos fiscales del MPA cerraron el depósito de Balística de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente de la entonces Agencia de Investigación Criminal. «Lo que encontramos espanta. No había inventario ni control, no había resguardo», consignó entonces el fiscal Matías Edery. Debería haber allí 3.600 armas. Faltaban 2.000.
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Justamente en relación a un mercado de armas que produjo en la ciudad más de 2 mil muertes lo que faltan son investigaciones que asciendan en los niveles de responsabilidad jerárquica. En febrero de este mismo año cuatro policías del Comando Radioeléctrico quedaron presos por plantar tres pistolas para incriminar a una banda en un delito. Los peritajes a esas pistolas determinaron que habían sido utilizadas en balaceras intimidatorias ocurridas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 donde se dejaron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
Fue un hecho de extrema sensibilidad porque con esas acciones policiales, que según el fiscal Franco Carbone perjudicaban a un grupo criminal para desviar la atención de otros a los que se protegía, se construyeron narrativas de fuerte divulgación pública, en un momento en que el gobierno avanzaba con controles en las cárceles por delitos violentos. La pesquisa no escaló más allá de esos agentes aunque era conjeturable que la connivencia policial podía no limitarse a los detenidos.
La investigación de esta semana prueba algo recurrente y sabido: el mercado ilícito de armas en Rosario se nutre en gran parte de personas que comprar armas legítimamente y las derivan al delito. De otras fuentes que alimentan a ese gigantesco parque también al constancias. Algunas son armas recuperadas por la policía que deben estar resguardadas y vuelven al campo criminal como lo muestra el depósito de Balística.
También se dan procedimientos donde se detiene personas con armas y las armas desaparecen. Se da asimismo la importación de armas ilegales desde otros países vía contrabando. Finalmente otro punto problemático advertido en Rosario es el problema del control de la compra de municiones y las recargas de municiones clandestinas.
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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