Politica
Apuntan a un ex policía de Rosario por la venta de armas en el mercado negro
Se trata de la armería Bordoni vinculada al comisario retirado Egidio Lo Giúdice. De ese comercio salió el 65% de las armas volcadas al delito.
En una ciudad como Rosario, donde el fenómeno criminal en los últimos 20 años explotó en una violencia inédita que produjo dos mil muertes, un problema endémico es la circulación de armas de fuego.
Esta semana quedó claro con una investigación cómo el mercado negro de armas en la ciudad se construye con los aportes de personas que están inscriptas legalmente como usuarios y compran en armerías habilitadas. Se determinó que usuarios legítimos adquirieron de este modo en los últimos tres años 240 armas legalmente, por valores totales que superan los 150 mil dólares y sin tener capacidad de pago demostrable.
Un lugar central para la venta de esas armas es una armería que ganó celebridad en Rosario por sus oscuridades. Los investigadores del caso calculan que de allí salió el 65 por ciento de esas armas, la mayoría pistolas 9 milímetros, que son las más utilizadas en los delitos de sangre. La armería está ligada a un ex oficial superior de la policía de Rosario. Es el comisario mayor retirado Egidio Antonio Lo Giúdice, «El Tano», quien trabajó durante la mayor parte de su servicio activo en organismos locales de control de armas.
Lo Giúdice no está imputado de ningún delito pero se encuentra bajo investigación de los fiscales que el lunes pasado imputaron a 12 personas por comprar armas repetidamente que no se encontraron en su poder. La armería Bordoni, que se presenta como una empresa familiar con 29 años en el mercado figura a nombre de su esposa, que tiene ese apellido.
De acuerdo al legajo en preparación uno de sus hijos es instructor de tiro que es la persona que da fe que quien gestiona la credencial de legítimo usuario de armas realizó una instrucción. Su yerno, por último, es gestor para operaciones registrales ante la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, órgano que fiscaliza la entrega legal de armas.
El lunes pasado los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani imputaron a 12 personas por comprar armas que ya no están en su poder sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal. Para ellos son hombres de paja o testaferros de armas. Advirtieron por ejemplo que uno de ellos, con un sueldo mensual de 600 mil pesos, compró en 15 meses 35 armas de fuego por 25 millones de pesos. Lo hizo repitiendo hasta cinco veces la compra de misma marca y modelo de arma. «Un usuario legal puede acumular armas porque es coleccionista. Pero legítimos usuarios veteranos refieren que ningún coleccionista compra tres modelos iguales y en un mismo día», señalaron los investigadores.
Esta pesquisa fue novedosa porque en general las investigaciones parten de un responsable de un delito. Acá fue al revés: se analizó un problema de coyuntura criminal, como es la proliferación de armas, y desde allí se construyó el caso penal. Se identificó el problema y se trabajó para obtener información. En este caso los fiscales de la Unidad de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, a partir de una hipótesis tomada de reiteraciones en el campo criminal, enfocaron la mira hacia personas que habían comprado repetidamente armas.
«Encontramos personas que han gastado este año más de diez millones de pesos en municiones, que tienen más de 20 armas registradas y cuando las vamos a buscar no tienen las armas ni las municiones», dijo el fiscal Avila. Una abrumadora mayoría de esas piezas son pistolas semiautómáticas de calibre 9 milímetros. En algunos casos esas armas rastreadas se utilizaron en delitos como homicidios, algo que corroboró el cotejo balístico en casos que hubo secuestros de armas, según se ventiló en las mismas audiencias.
Los fiscales se centraron en esos compradores legítimos compulsivos. El hecho de que casi siete de cada diez de las armas adquiridas hubieran salido de la armería Bordoni hizo que el segmento venidero de la investigación esté en ese comercio de la zona sur rosarina. Más cuando en el campo de los comerciantes del rubro y de la policía se sabe que el dueño es un ex comisario mayor que hizo la mayor parte de su carrera en el campo del control de armas.
Fue jefe del ex Registro Provincial de Armas (Repar) en Santa Fe y luego de la Armería Central de la Unidad Regional II de Rosario. Uno de sus últimos cargos fue jefe de Logística de la Policía de Rosario que tiene justamente atribuciones sobre el depósito policial de armas ubicado en la Jefatura rosarina.
La armería del «Tano» ya había llamado la atención en la Fiscalía de Rosario hace tres años. En mayo de 2021 los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la ciudad, en la que tenían participación policías locales. Solamente en una mañana se encontraron diez pistolas en un depósito del barrio Saladillo en el extremo sur rosarino. Dos armerías quedaron en la mira. Una era Bordoni.
En Bordoni un hombre que tenía el depósito de Saladillo había comprado, en un solo día de 2020, la increíble cantidad de 21 mil balas. Llevaba mayormente proyectiles para armas 9, 38 y 45 milímetros. Son los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones, los delitos más reiterados en Rosario hasta abril de este 2024.
Este hombre en 2020 tenía en su poder en ese momento 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Esa misma pregunta se hicieron ahora los fiscales que, reconocen, cuentan con las actuales autoridades de la ANMAC una actitud de mucho mayor rigor en el control.
Acá está más fuerte el ánimo de la política de persecución. Poner la mira en algo históricamente descuidado como es el control del suministro en una ciudad arreciaron las balaceras y donde se despacharon en los últimos años enormes cantidad de proyectiles y armas. Algo que se deduce de las palabras del fiscal Avila. ¿Cómo se explica que un hombre compre 35 armas por 35 millones de pesos en poco más de un año sin que salte ninguna alerta de la autoridad de fiscalización? Lo que muestra este caso fiscal es que en los últimos años un legítimo usuario podía adquirir la cantidad de pistolas y fusiles que deseaba solamente mostrando la credencial y pagándolas.
Con este tipo de investigaciones esto, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA), puede insinuar un cambio de política. Porque además este caso demuestra que la seguridad no se reduce a un problema de presencia policial, control de delito callejero o de individuos marginales. Aquí aparece el campo legal construyendo el mercado negro de armas. Una armería habilitada que vende en forma indiscriminada, compradores registrados, una autoridad de aplicación durante mucho tiempo ausente. Este caso que recién empieza, queda remarcado, coloca el problema en el campo de la legalidad.
La investigación sobre la armería Bordoni se profundizará además porque saltaron otras evidencias de irregularidades. Los acusadores ponen el foco en la trama interna: en una misma unidad familiar un jerárquico policial retirado conocedor de la ciudad, la propietaria del comercio, el hijo como instructor que extiende certificados de aptitud para los aspirantes a legítimo usuario, el yerno como gestor ante la ANMAC. El problema sin embargo históricamente estuvo en la autoridad de aplicación: un usuario legítimo se presentaba a comprar hasta tres armas iguales o semejantes en un mismo día pero si podía hacerlo es porque el órgano fiscal emitía los certificados para validar la operación.
En los allanamientos a la armería del ex jefe policial, «una armería que vende mucho», se detectaron llamativas inconsistencias. La más alarmante es que personas no habilitadas como usuarios legítimos retiraban cajas de municiones por autorización de compradores registrados. Estos últimos, se sospecha, eran los verdaderos compradores y destinatarios de esos artículos. También se encontraron facturaciones con indicios de adulteraciones de Cuit o Cuil que suponen hechos de evasión fiscal.
En Rosario la legalidad está históricamente entreverada con la desviación de armas al mercado ilegal. En abril de 2022 dos fiscales del MPA cerraron el depósito de Balística de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente de la entonces Agencia de Investigación Criminal. «Lo que encontramos espanta. No había inventario ni control, no había resguardo», consignó entonces el fiscal Matías Edery. Debería haber allí 3.600 armas. Faltaban 2.000.
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Justamente en relación a un mercado de armas que produjo en la ciudad más de 2 mil muertes lo que faltan son investigaciones que asciendan en los niveles de responsabilidad jerárquica. En febrero de este mismo año cuatro policías del Comando Radioeléctrico quedaron presos por plantar tres pistolas para incriminar a una banda en un delito. Los peritajes a esas pistolas determinaron que habían sido utilizadas en balaceras intimidatorias ocurridas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 donde se dejaron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
Fue un hecho de extrema sensibilidad porque con esas acciones policiales, que según el fiscal Franco Carbone perjudicaban a un grupo criminal para desviar la atención de otros a los que se protegía, se construyeron narrativas de fuerte divulgación pública, en un momento en que el gobierno avanzaba con controles en las cárceles por delitos violentos. La pesquisa no escaló más allá de esos agentes aunque era conjeturable que la connivencia policial podía no limitarse a los detenidos.
La investigación de esta semana prueba algo recurrente y sabido: el mercado ilícito de armas en Rosario se nutre en gran parte de personas que comprar armas legítimamente y las derivan al delito. De otras fuentes que alimentan a ese gigantesco parque también al constancias. Algunas son armas recuperadas por la policía que deben estar resguardadas y vuelven al campo criminal como lo muestra el depósito de Balística.
También se dan procedimientos donde se detiene personas con armas y las armas desaparecen. Se da asimismo la importación de armas ilegales desde otros países vía contrabando. Finalmente otro punto problemático advertido en Rosario es el problema del control de la compra de municiones y las recargas de municiones clandestinas.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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