El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional repasó la situación actual de las universidades públicas, cuestionó los ataques del Gobierno nacional y afirmó que en la discusión de los fondos para el año que viene puede estar la llave para destrabar el conflicto
Víctor Moriñigo es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a las 61 universidades públicas de todo el país. Le tocó asumir el cargo en abril, unos días antes de la primera Marcha Federal Universitaria, en medio del conflicto abierto por los recortes en el presupuesto educativo. Se formó como contador en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); desde 2019 es rector de esa casa de estudios.
A 10 meses del inicio del conflicto por el financiamiento, Moriñigo conversó con Infobae sobre la situación de las universidades públicas, las acusaciones lanzadas por el Gobierno nacional, y la posibilidad de encauzar la discusión del presupuesto 2025. Además, anticipó algunos puntos de una posible agenda de políticas para el futuro del sistema universitario.
–Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, se agudizó el conflicto universitario en todo el país. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales?
–Después de la marcha del 2 de octubre y de la ratificación del veto presidencial blindado por los diputados, en las últimas semanas el conflicto universitario entró en una nueva etapa, con una dinámica que incluyó paros y tomas de edificios. Esas tomas y asambleas, con fuerte protagonismo de la izquierda –que en muchas universidades es minoritaria o no tiene la representación de los centros de estudiantes–, abrieron un panorama de cierto desgobierno durante un par de semanas.
Luego se fue tranquilizando la situación, fruto también de que los mismos estudiantes empezaron a hacer fuerza para poder culminar el cuatrimestre. Creo que hubo un recálculo de quienes llevaban adelante estas tomas; se dieron cuenta de que tenían que empatizar con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Ahora la situación va mejorando de cara a la finalización del cuatrimestre.
Por otro lado, está el discurso mediático que le ha rendido mucho al Gobierno, que busca que se hable de las auditorías y se deje de hablar del financiamiento y de los salarios docentes. Ahí hay una charla de sordos en la que el foco pasa a ser por qué las universidades “no se dejan auditar” o por qué la UBA rechaza la intervención de la SIGEN. Entonces son dos carriles paralelos: hablamos del desfinanciamiento, nos contestan con las auditorías.
Mientras tanto, creo que hay una enorme oportunidad en el presupuesto 2025 de llegar a un acuerdo y generar un triunfo colectivo del Gobierno, de los diputados, de los rectores y de los gremios. Ojalá por primera vez estemos de acuerdo estos cuatro actores y podamos darles a las universidades un presupuesto nacional que traiga tranquilidad.
Para Moriñigo, la discusión del presupuesto 2025 en el Congreso abre la posibilidad de recomponer el financiamiento universitario. (Foto: Prensa UNSL)
–El proyecto oficial de presupuesto 2025 prevé 3,8 billones de pesos para las universidades: es la mitad de lo solicitado por el CIN. ¿Desde las universidades ven un margen para que esa cifra mejore?
–Tenemos la intención y las charlas avanzadas para que eso suceda. Creo que esos 3,8 billones de pesos, que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de discusión. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos. Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que los cuatro actores –gremios, rectores, diputados y el Gobierno– encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad.
–¿Desde el CIN tienen relevado cuántas universidades permanecen tomadas?
–No. Pero sí sabemos que hoy casi el 100% de las tomas están permitiendo clases, hasta las más duras empezaron a ceder y se abrieron en las últimas dos semanas. Personalmente, creo que hay que aggiornar un poco las formas de protesta a una sociedad que votó mayoritariamente a Milei. Es una mala estrategia ir con métodos antiguos en búsqueda de resultados nuevos. Me parece mucho más positivo salir a las plazas en las provincias y dar clases públicas, mostrar los proyectos de investigación. Todo eso sí genera una empatía con la sociedad, en vez de autoencerrarnos y no dejar que la comunidad universitaria termine sus estudios. Es una opinión personal. Yo respeto todas las formas de explicitación del enojo y la desesperanza, pero no creo que las tomas por tiempo indeterminado generen resultados positivos.
Moriñigo planteó la necesidad de buscar formas alternativas de protesta que visibilicen el trabajo de las universidades, como las clases públicas, en vez de las tomas.
–El último comunicado del CIN, emitido esta semana, cuestionó la generación de “noticias falsas” y la “campaña de hostigamiento” por parte de las autoridades nacionales. ¿Por qué creen que el Gobierno apuesta a ese tipo de estrategias?
–Bienvenida la rendición de fondos públicos de acuerdo con la ley. Pero me parece que el Gobierno empezó por el final de la película: el presidente ya aseveró que son todos “chorros”. Entonces la auditoría es casi un proceso para dar fe de esta aseveración. Mientras tanto, ya hay un veredicto no solo del presidente, sino de la prensa afín.
Te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en San Juan, donde hubo un evento del Sistema de Información Universitaria (SIU). Ahí el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) me decía que había sido parodiado en un canal de noticias por la contratación de dos micros de San Juan a Buenos Aires el 17 de octubre. En ese programa lo acusaban de haber contratado los micros para que militantes peronistas fueran a Buenos Aires por el Día de la Lealtad. En efecto, había dos colectivos contratados por la UNSJ el 17 de octubre. Pero eran para trasladar a 80 estudiantes de Arquitectura que iban al congreso de Arquisur, el evento que organiza todos los años la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur.
El rector me decía que llamó muchas veces al canal, y que puso a disposición el expediente completo, no solo la última hoja donde salían las condiciones del colectivo, que era la que mostraban en pantalla. Pero cuando los medios ya dieron el golpe, no hay forma de ir contra esa aseveración. Queda instalado en el imaginario que se roba. Él lo pudo desmentir en un par de radios de San Juan y no mucho más.
Es muy difícil ir contra eso. Nos están ajusticiando en tiempo real. La bajada de martillo del Gobierno es esa, y nosotros corremos desde atrás tratando de explicar. Creo que hay que contestar con hechos, no con más palabras y comunicados de repudio. Tenemos que mostrar los egresados, los chicos investigando, los premios internacionales que ganamos. Ahí está la rendición. Y por supuesto, abrir todos los números de la universidad, en el marco de la ley.
–Esta semana el Ministerio de Capital Humano difundió un video de las autoridades de la SIGEN en la Universidad Nacional de La Matanza, mientras que la UBA hizo una presentación en la Justicia para evitar la intervención de ese organismo en las auditorías. ¿Cuál es la mirada del CIN? ¿La intervención de la SIGEN viola la autonomía universitaria?
–Sí. Es un tema legal de competencia. El otro día escuchaba al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Guillermo Durán), que en un programa de televisión dio un ejemplo muy figurativo. Si la UBA o cualquier universidad del país quisiera auditar los viajes del presidente al exterior, ¿qué se le contestaría? Que no es competencia de una universidad hacer eso. No porque haya algo que ocultar, sino porque no le corresponde a ese organismo.
En este caso es igual. La SIGEN audita el Poder Ejecutivo y las universidades no son el Poder Ejecutivo. Las universidades deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo establece la Ley de Educación Superior. Si la AGN no da abasto, habría que dotarla de financiamiento para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera. Creo que al final la Justicia le va a dar la razón a la UBA, porque esto es muy claro. Lo dice la jurisprudencia, incluso el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti) se ha pronunciado al respecto en el pasado. Desde Carlos Zannini hasta Daniel Sabsay, que no parecen muy afines, coinciden en esto.
Yo creo que, luego de que esto se resuelva a nivel judicial, seguramente muchas universidades le pidan a la SIGEN que, vía convenio –y no “a lo guapo”–, entre y audite. Porque no hay nada que ocultar. Pero las formas hacen al fondo.
Esta semana el Gobierno emitió un comunicado para echar a (la excanciller) Diana Mondino, donde dicen que iniciarán una “auditoría” del personal de la Cancillería para ver cómo piensan y poder identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Entonces, mirá si no vale la pena defender la autonomía constitucional de las universidades. Creo que hay que apoyar a la UBA porque lo que está pidiendo, más allá de la auditoría, es el respeto por la autonomía universitaria. Si hoy caen las auditorías por SIGEN, mañana nos van a decir qué carrera ofrecer, pasado nos van a decir qué materia dar, después nos van a exigir que no le demos el título a ningún sociólogo que lea a Marx, y así vamos a ir corriendo el arco sin saber dónde terminamos. Me parece que, al final, los que adoctrinaban estaban en otro lugar, no en las universidades.
Esta semana Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, recibió a las autoridades de SIGEN. Foto: Prensa Educación
–Desde el Gobierno han dicho que no saben exactamente cuántos estudiantes hay en las universidades. ¿Por qué afirman eso? ¿Por qué el SIU, el sistema donde las universidades cargan esos datos, está en manos del CIN y no de la Secretaría de Educación?
–El sistema SIU nace en la década de 1990, cuando Carlos Menem hace una gran transformación del Estado, que incluyó la digitalización. En ese momento, por medio de un crédito del Banco Mundial, se creó el SIU porque alguien tuvo la muy buena idea de generar un centro de cómputo que programara para todas las universidades de la Argentina. Hoy el SIU exporta a otros sistemas universitarios, y lo hace a un precio mucho menor que el que ofrecen Oracle, Microsoft o Google. Cuando el crédito se terminó, el Ministerio de Educación, que tenía el sistema bajo su órbita, empezó a ver qué universidad lo podía albergar. Durante muchos años estuvo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego en otras universidades, hasta que apareció la idea de que el SIU se fuera al CIN, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por eso los datos del sistema universitario están alojados allí.
Ahora bien, el Ministerio de Educación siempre tuvo una oficina muy potente de estadística, a la que el CIN le envía la información de las universidades. La sistematización de los datos es del SIU, pero la “curación” de los datos es del Ministerio. De ese trabajo surge la información que se publica en los Anuarios Estadísticos.
Todo ese circuito se rompió el 10 de diciembre porque en el Ministerio, ahora Secretaría, empezaron a despedir gente, y en el área de estadística no quedó casi nadie. Entonces hoy tenemos diferencias en los datos, pero no porque no sepamos cuántos alumnos tenemos, sino porque hay que ver que la información que da el Gobierno esté medida de la misma manera como la medimos nosotros. Te doy un ejemplo. Esta semana estuve en una reunión con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, y él me preguntó por qué la UNSL tenía solo 300 graduados este año. Yo sabía que esa no era la cifra. Hablé con mi secretaria académica y me mandó los datos del SIU: eran 800, no 300. Yo no sé qué corte hacen ellos en la información, pero es importante que todos estemos hablando de los mismos datos, construidos con la misma metodología.
–A lo largo de los meses de conflicto, desde el CIN y desde la Secretaría han resaltado que, pese a las diferencias, el diálogo se sostuvo. ¿Hoy ese diálogo continúa?
–Sí, tanto en lo personal como en lo institucional. El diálogo con Álvarez se mantiene de manera cordial. También he aprendido que los funcionarios del Gobierno, cuando están delante de un micrófono, tienen un cierto nivel de agresión que no sostienen en privado. Entiendo que reportan a un estilo de hacer política. Cuando uno se junta con ellos con un café de por medio, no existe ese nivel de vehemencia. Son más cordiales, y bienvenido que sea así, porque es la manera de construir acuerdos. El diálogo continúa y creo que será la manera de encontrarle alguna solución a este tema, por ejemplo, a través del presupuesto 2025. Ojalá el Gobierno vea que se pueden hacer más cosas acordando que peleando.
El 23 de abril y el 2 de octubre hubo dos marchas federales masivas en apoyo al reclamo por la recomposición del presupuesto universitario.
–¿Están evaluando una tercera marcha? ¿Perciben el respaldo de la sociedad, o hay cierto desgaste en el apoyo?
–Creo que la sociedad argentina apoya totalmente la educación pública. La valora, la quiere y la defiende. También creo que exige rendición de cuentas de todo lo que hacemos. Me parece que no debemos abusar de ciertas medidas que hacen que no empaticemos con la sociedad. Yo no creo que debamos hacer una tercera marcha como las del 23 de abril y el 2 de octubre; esa forma de protesta debe reservarse para los momentos en que no existen otros canales de diálogo.
Sí es cierto que desde el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN estamos pensando en algún cierre de año, un Festival de la Gratuidad Universitaria (el 22 de noviembre), para seguir explicitando que la situación no se ha corregido y que en 2024 el mayor ajuste lo recibieron los trabajadores universitarios.
–Este año toda la discusión giró en torno al desfinanciamiento y las acusaciones de falta de transparencia. Imaginando que el escenario pudiera recomponerse, ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de una agenda constructiva para el sistema universitario? Si no hubieran tenido que hacer frente a esta situación, ¿qué deberían estar discutiendo las universidades argentinas?
–Lo primero es subirnos a lo que discute el mundo. Está claro que las universidades ya no tenemos el monopolio de la formación de nuestros jóvenes. El mundo está discutiendo una nueva reforma universitaria, pero nosotros nos vamos quedando atrás porque la coyuntura nos come. Creo que las universidades nos debemos una mirada prospectiva; tenemos que repensar las carreras para los trabajos del futuro.
En un par de semanas podría haber una reunión del Consejo de Universidades (CU), que reúne a las públicas y a las privadas. La idea es avanzar con cuestiones muy importantes para el sistema universitario, como salir del sistema de horas para ir al sistema de créditos. Sería algo revolucionario, que nos pondría a tono con la discusión global. Tenemos un gran consenso construido con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Desde el Gobierno nos dijeron que, si había un acuerdo entre el CIN y el CRUP, esto puede salir.
También avanzamos con un sistema novedoso de certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público (es decir, las que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior). Hay una agenda de siete puntos que venimos trabajando en conjunto desde el gobierno anterior, y que hoy se está reorganizando. Si esa agenda pudiera aprobarse en un par de semanas, al menos terminaríamos un año muy difícil con una agenda propositiva en cuanto a la modernización, el acortamiento de las carreras y la innovación tecnológica en las universidades.
El diputado provincial Sebastián Lazarini, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura chaqueña, brindó detalles sobre el avance del tratamiento del presupuesto 2025 para la provincia. Según indicó, el análisis de la propuesta ya atravesó importantes etapas en distintas comisiones, especialmente en la de Hacienda y Presupuesto, donde se escucharon aportes de diversos organismos del Estado.
En 7AM Lazarini explicó que, hasta el momento, recibieron y discutieron propuestas de entidades clave, como el Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral, el Comité de la Tortura y el propio Poder Legislativo, quienes presentaron sus necesidades y solicitudes presupuestarias. “Escuchamos las propuestas de cada estamento del Estado para analizar qué ajustes o modificaciones pueden ser necesarios en el presupuesto”, señaló el legislador.
El diputado precisó que el despacho que ya tiene dictamen está dividido, con el apoyo de los diputados oficialistas y algunas diferencias con la oposición. A partir de mañana, este dictamen estará disponible durante ocho días en el despacho de cada legislador, según los plazos reglamentarios. “Es probable que en la próxima sesión del 27 podamos estar debatiendo y tratando el presupuesto para 2025”, anticipó Lazarini.
En relación con el contenido del presupuesto, Lazarini destacó que el Poder Ejecutivo provincial ha actuado con cautela y responsabilidad al formularlo. “Es un presupuesto hecho con mucha prudencia, contemplando cada situación para que los ministerios puedan gestionar con transparencia y de manera ordenada”, afirmó. Según el diputado, la propuesta se ajusta a las necesidades actuales y busca garantizar un uso eficiente de los recursos en un contexto económico desafiante.
Finalmente, Lazarini subrayó la importancia de que el presupuesto 2025 sea aprobado con el debido debate y consenso, ya que su implementación impactará directamente en la gestión del próximo año en la provincia. “Es fundamental que se priorice la transparencia y la correcta asignación de los recursos para que cada sector del Estado pueda llevar adelante su labor en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.
La Cámara Federal de Resistencia habilitó el recurso de casación contra su propia decisión de confirmar el apartamiento del fiscal federal Patricio Sabadini en la causa que investiga por lavado de activos al dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López. En su recurso, el Ministerio Público Fiscal advirtió una “tendencia infundada de acompañamiento” de ese tribunal a las decisiones del juez Mianovich.
Un nuevo capítulo se abre en la disputa entre el juez federal Nº 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, y el fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, ante el intento del magistrado de apartar al funcionario del Ministerio Público Fiscal de la investigación por presunto lavado de activos contra el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López.
Es que luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara lo resuelto por su par, ahora hizo lugar al recurso de casación presentado por la Fiscalía General de Resistencia en defensa de la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal.
Se trata de una pulseada enmarcada en el Código Procesal Penal de la Nación que establece un sistema acusatorio el cual pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la tarea de investigar los delitos y promover la acción penal, mientras que a los jueces les corresponde actuar de manera neutral y garantizan el cumplimiento de la ley, algo que a criterio de la Fiscalía Federal no sucedió en el presente caso.
A esto debe sumarse que Sabadini es el único fiscal federal de la jurisdicción teniendo en cuenta que en Resistencia funcionan dos juzgados federales de primera instancia. En el apartamiento de Sabadini, el juez Mianovich le ordenó a la Fiscalía General de Resistencia que nombre a un fiscal de otra jurisdicción, algo absolutamente vedado a las atribuciones de los magistrados.
“Aleccionar al Ministerio Público Fiscal”
En su recurso de casación, la Fiscalía General advirtió que la Cámara Federal mantenía una “tendencia infundada de acompañamiento” a las decisiones del juez Mianovich luego de que éste apartase a Sabadini de la causa, a pedido de la defensa de López. En ese sentido, señalaron que la ratificación de la medida del magistrado de primera instancia constituye una afectación del artículo 120 de la Constitución Nacional y reviste un agravio de naturaleza federal que habilita la competencia del máximo tribunal penal del país.
En concreto, el escrito del Ministerio Público Fiscal cuestionó que la resolución de la Cámara Federal culmina “con un manifiesto que intenta aleccionar al Ministerio Público Fiscal sobre la forma en que debe comportarse con los medios de comunicación, para desconocer lisa y llanamente que el único responsable de todo este derrotero es el Juez Federal Mianovich, quien cuenta con sus sistemáticos acompañamientos como ocurre en este resolutorio puesto en crisis”.
“Al encontrarse en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal y ante la insistencia de la gravedad institucional invocada en la especie, el recurso en crisis debe ser admitido”, sostiene la resolución que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por direccionar obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. Presentará un recurso ante los integrantes del máximo tribunal.
Este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal comunicarási confirma la condenaa seis años de prisión de Cristina Kirchner en el caso conocido como “Vialidad”. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al haber participado de la maniobra para direccionar 51 obras públicas de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
En el entorno de Cristina Kirchner -que además fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos- creen que el fallo no traerá buenas noticias para la expresidenta, que ya delinea los eventuales pasos a seguir en caso de que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmen su condena por corrupción.
Según pudo saber TN, la defensa de Cristina Kirchner, que encabeza el abogado Carlos Beraldi presentará un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea el máximo tribunal el que revise la condena. En estas instancias judiciales ya no se puede apelar y la vía es un recurso de esta clase.
Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción. (Foto: TN/Leandro Heredia).
Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción
Una vez conocida la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Kirchner tiene 10 días hábiles para utilizar esta herramienta judicial. El procedimiento indica que la Cámara de Casación debe otorgar o rechazar ese recurso extraordinario y en el caso de que ocurra esto último, la defensa de la exvicepresidenta llegará en queja al máximo tribunal, para lo que contará con otros cinco días hábiles más.
“El Recurso Extraordinario es el camino que tenés para llegar a la Corte y allí se pueden plantear dos cuestiones: que la sentencia es arbitraria, es decir que las pruebas en tu contra no existen o se valoraron de forma irrazonable o que existieron errores en la interpretación de la constitución”, explicó a TN el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Lo más probable es que la defensa de Cristina Kirchner decida optar por la primera opción.
Al plantear que la sentencia es arbitraria, podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso. En una apelación se revisa todo el proceso judicial, pero al presentar un recurso extraordinario solo se coloca el foco en las cuestiones en disputa. La Corte Suprema puede hacer lugar o no al recurso de Cristina Kirchner. “Llegar en queja no garantiza que lo tramiten y que luego la sentencia sea favorable”, agrega Gil Domínguez.
En caso de que el miércoles la Cámara deje firma la condena de Cristina Kirchner no irá presa, ya que toda sentencia queda firme y con aplicación solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión: falta la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolver el tema y podría tardar en años en entregar una respuesta. A partir de fin de año, la Corte quedará compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es que Juan Carlos Maqueda deja el tribunal a fin de año.
Cristina Kirchner quiere llegar hasta la Corte Suprema en caso de que dejen firme la condena en el caso Vialidad. (Foto: NA)
Es probable que se sumen dos integrantes al máximo tribunal, que podrían ser el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García Mansilla. Sus pliegos deben ser aprobados en el Senado. Esa es la Corte que podría revisar la condena a Cristina Kirchner. Hasta tanto eso no ocurra, la líder peronista puede ser candidata. Por el momento no prosperó la ley de ficha limpia, así que nada impide que, en caso de que lo desee, se postule al Congreso el próximo año.
El abogado Gregorio Dalbón, otro de los letrados que defiende a Cristina Kirchner en otros expedientes, aseguró en diálogo con TN que más allá del recurso extraordinario, “no se descartan presentaciones ante organismos internacionales”. Y agregó: “Todo el mundo sabe de la persecución a CFK, inclusive los Tribunales Internacionales no necesitan esperar. Hace años que los Tribunales Internacionales trabajan contra países que cometen Lawfare. Casi te diría 10 años. Cristina (Kirchner) jamás cometió un delito y lo peor es que no hay una sola prueba que diga lo contrario. La condenan por temas políticos y no jurídicos.
En el caso Vialidad se condenó a Cristina Kirchner por corrupción luego de que los jueces entendieran que parte del dinero que el Estado le giró a Lázaro Báez y sus empresas para llevar adelante obras viales terminó en las empresas de la familia Kirchner. La fiscalía aseguró que para favorecer a Austral Construcciones se hicieron licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y que como resultado se obtuvieron “obras pagas, aunque inconclusas o directamente sin hacer”.
Ruta del dinero K: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel
Además de la sentencia a la vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Lázaro Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los exresponsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).
Se espera que el miércoles a las 11 comience la audiencia que se transmitirá en directo por YouTube. Gustavo Hornos leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Borinsky y Hornos. Tras la audiencia se confirmará electrónicamente.
