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Víctor Moriñigo: “El presupuesto 2025 es una oportunidad para llegar a un acuerdo que dé tranquilidad a las universidades”

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El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional repasó la situación actual de las universidades públicas, cuestionó los ataques del Gobierno nacional y afirmó que en la discusión de los fondos para el año que viene puede estar la llave para destrabar el conflicto

Víctor Moriñigo es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a las 61 universidades públicas de todo el país. Le tocó asumir el cargo en abril, unos días antes de la primera Marcha Federal Universitaria, en medio del conflicto abierto por los recortes en el presupuesto educativo. Se formó como contador en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); desde 2019 es rector de esa casa de estudios.

A 10 meses del inicio del conflicto por el financiamiento, Moriñigo conversó con Infobae sobre la situación de las universidades públicas, las acusaciones lanzadas por el Gobierno nacional, y la posibilidad de encauzar la discusión del presupuesto 2025. Además, anticipó algunos puntos de una posible agenda de políticas para el futuro del sistema universitario.

–Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento, se agudizó el conflicto universitario en todo el país. ¿Cuál es hoy la situación de las universidades nacionales?

–Después de la marcha del 2 de octubre y de la ratificación del veto presidencial blindado por los diputados, en las últimas semanas el conflicto universitario entró en una nueva etapa, con una dinámica que incluyó paros y tomas de edificios. Esas tomas y asambleas, con fuerte protagonismo de la izquierda –que en muchas universidades es minoritaria o no tiene la representación de los centros de estudiantes–, abrieron un panorama de cierto desgobierno durante un par de semanas.

Luego se fue tranquilizando la situación, fruto también de que los mismos estudiantes empezaron a hacer fuerza para poder culminar el cuatrimestre. Creo que hubo un recálculo de quienes llevaban adelante estas tomas; se dieron cuenta de que tenían que empatizar con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Ahora la situación va mejorando de cara a la finalización del cuatrimestre.

Por otro lado, está el discurso mediático que le ha rendido mucho al Gobierno, que busca que se hable de las auditorías y se deje de hablar del financiamiento y de los salarios docentes. Ahí hay una charla de sordos en la que el foco pasa a ser por qué las universidades “no se dejan auditar” o por qué la UBA rechaza la intervención de la SIGEN. Entonces son dos carriles paralelos: hablamos del desfinanciamiento, nos contestan con las auditorías.

Mientras tanto, creo que hay una enorme oportunidad en el presupuesto 2025 de llegar a un acuerdo y generar un triunfo colectivo del Gobierno, de los diputados, de los rectores y de los gremios. Ojalá por primera vez estemos de acuerdo estos cuatro actores y podamos darles a las universidades un presupuesto nacional que traiga tranquilidad.

Para Moriñigo, la discusión del presupuesto 2025 en el Congreso abre la posibilidad de recomponer el financiamiento universitario. (Foto: Prensa UNSL)Para Moriñigo, la discusión del presupuesto 2025 en el Congreso abre la posibilidad de recomponer el financiamiento universitario. (Foto: Prensa UNSL)

–El proyecto oficial de presupuesto 2025 prevé 3,8 billones de pesos para las universidades: es la mitad de lo solicitado por el CIN. ¿Desde las universidades ven un margen para que esa cifra mejore?

–Tenemos la intención y las charlas avanzadas para que eso suceda. Creo que esos 3,8 billones de pesos, que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de discusión. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos. Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que los cuatro actores –gremios, rectores, diputados y el Gobierno– encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad.

–¿Desde el CIN tienen relevado cuántas universidades permanecen tomadas?

–No. Pero sí sabemos que hoy casi el 100% de las tomas están permitiendo clases, hasta las más duras empezaron a ceder y se abrieron en las últimas dos semanas. Personalmente, creo que hay que aggiornar un poco las formas de protesta a una sociedad que votó mayoritariamente a Milei. Es una mala estrategia ir con métodos antiguos en búsqueda de resultados nuevos. Me parece mucho más positivo salir a las plazas en las provincias y dar clases públicas, mostrar los proyectos de investigación. Todo eso sí genera una empatía con la sociedad, en vez de autoencerrarnos y no dejar que la comunidad universitaria termine sus estudios. Es una opinión personal. Yo respeto todas las formas de explicitación del enojo y la desesperanza, pero no creo que las tomas por tiempo indeterminado generen resultados positivos.

Moriñigo planteó la necesidad de buscar formas alternativas de protesta que visibilicen el trabajo de las universidades, como las clases públicas, en vez de las tomas.Moriñigo planteó la necesidad de buscar formas alternativas de protesta que visibilicen el trabajo de las universidades, como las clases públicas, en vez de las tomas.

–El último comunicado del CIN, emitido esta semana, cuestionó la generación de “noticias falsas” y la “campaña de hostigamiento” por parte de las autoridades nacionales. ¿Por qué creen que el Gobierno apuesta a ese tipo de estrategias?

–Bienvenida la rendición de fondos públicos de acuerdo con la ley. Pero me parece que el Gobierno empezó por el final de la película: el presidente ya aseveró que son todos “chorros”. Entonces la auditoría es casi un proceso para dar fe de esta aseveración. Mientras tanto, ya hay un veredicto no solo del presidente, sino de la prensa afín.

Te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en San Juan, donde hubo un evento del Sistema de Información Universitaria (SIU). Ahí el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) me decía que había sido parodiado en un canal de noticias por la contratación de dos micros de San Juan a Buenos Aires el 17 de octubre. En ese programa lo acusaban de haber contratado los micros para que militantes peronistas fueran a Buenos Aires por el Día de la Lealtad. En efecto, había dos colectivos contratados por la UNSJ el 17 de octubre. Pero eran para trasladar a 80 estudiantes de Arquitectura que iban al congreso de Arquisur, el evento que organiza todos los años la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur.

El rector me decía que llamó muchas veces al canal, y que puso a disposición el expediente completo, no solo la última hoja donde salían las condiciones del colectivo, que era la que mostraban en pantalla. Pero cuando los medios ya dieron el golpe, no hay forma de ir contra esa aseveración. Queda instalado en el imaginario que se roba. Él lo pudo desmentir en un par de radios de San Juan y no mucho más.

Es muy difícil ir contra eso. Nos están ajusticiando en tiempo real. La bajada de martillo del Gobierno es esa, y nosotros corremos desde atrás tratando de explicar. Creo que hay que contestar con hechos, no con más palabras y comunicados de repudio. Tenemos que mostrar los egresados, los chicos investigando, los premios internacionales que ganamos. Ahí está la rendición. Y por supuesto, abrir todos los números de la universidad, en el marco de la ley.

–Esta semana el Ministerio de Capital Humano difundió un video de las autoridades de la SIGEN en la Universidad Nacional de La Matanza, mientras que la UBA hizo una presentación en la Justicia para evitar la intervención de ese organismo en las auditorías. ¿Cuál es la mirada del CIN? ¿La intervención de la SIGEN viola la autonomía universitaria?

–Sí. Es un tema legal de competencia. El otro día escuchaba al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Guillermo Durán), que en un programa de televisión dio un ejemplo muy figurativo. Si la UBA o cualquier universidad del país quisiera auditar los viajes del presidente al exterior, ¿qué se le contestaría? Que no es competencia de una universidad hacer eso. No porque haya algo que ocultar, sino porque no le corresponde a ese organismo.

En este caso es igual. La SIGEN audita el Poder Ejecutivo y las universidades no son el Poder Ejecutivo. Las universidades deben ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo establece la Ley de Educación Superior. Si la AGN no da abasto, habría que dotarla de financiamiento para que pueda hacer su trabajo de la mejor manera. Creo que al final la Justicia le va a dar la razón a la UBA, porque esto es muy claro. Lo dice la jurisprudencia, incluso el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti) se ha pronunciado al respecto en el pasado. Desde Carlos Zannini hasta Daniel Sabsay, que no parecen muy afines, coinciden en esto.

Yo creo que, luego de que esto se resuelva a nivel judicial, seguramente muchas universidades le pidan a la SIGEN que, vía convenio –y no “a lo guapo”–, entre y audite. Porque no hay nada que ocultar. Pero las formas hacen al fondo.

Esta semana el Gobierno emitió un comunicado para echar a (la excanciller) Diana Mondino, donde dicen que iniciarán una “auditoría” del personal de la Cancillería para ver cómo piensan y poder identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Entonces, mirá si no vale la pena defender la autonomía constitucional de las universidades. Creo que hay que apoyar a la UBA porque lo que está pidiendo, más allá de la auditoría, es el respeto por la autonomía universitaria. Si hoy caen las auditorías por SIGEN, mañana nos van a decir qué carrera ofrecer, pasado nos van a decir qué materia dar, después nos van a exigir que no le demos el título a ningún sociólogo que lea a Marx, y así vamos a ir corriendo el arco sin saber dónde terminamos. Me parece que, al final, los que adoctrinaban estaban en otro lugar, no en las universidades.

Esta semana Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, recibió a las autoridades de SIGEN. Foto: Prensa EducaciónEsta semana Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, recibió a las autoridades de SIGEN. Foto: Prensa Educación

–Desde el Gobierno han dicho que no saben exactamente cuántos estudiantes hay en las universidades. ¿Por qué afirman eso? ¿Por qué el SIU, el sistema donde las universidades cargan esos datos, está en manos del CIN y no de la Secretaría de Educación?

–El sistema SIU nace en la década de 1990, cuando Carlos Menem hace una gran transformación del Estado, que incluyó la digitalización. En ese momento, por medio de un crédito del Banco Mundial, se creó el SIU porque alguien tuvo la muy buena idea de generar un centro de cómputo que programara para todas las universidades de la Argentina. Hoy el SIU exporta a otros sistemas universitarios, y lo hace a un precio mucho menor que el que ofrecen Oracle, Microsoft o Google. Cuando el crédito se terminó, el Ministerio de Educación, que tenía el sistema bajo su órbita, empezó a ver qué universidad lo podía albergar. Durante muchos años estuvo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego en otras universidades, hasta que apareció la idea de que el SIU se fuera al CIN, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por eso los datos del sistema universitario están alojados allí.

Ahora bien, el Ministerio de Educación siempre tuvo una oficina muy potente de estadística, a la que el CIN le envía la información de las universidades. La sistematización de los datos es del SIU, pero la “curación” de los datos es del Ministerio. De ese trabajo surge la información que se publica en los Anuarios Estadísticos.

Todo ese circuito se rompió el 10 de diciembre porque en el Ministerio, ahora Secretaría, empezaron a despedir gente, y en el área de estadística no quedó casi nadie. Entonces hoy tenemos diferencias en los datos, pero no porque no sepamos cuántos alumnos tenemos, sino porque hay que ver que la información que da el Gobierno esté medida de la misma manera como la medimos nosotros. Te doy un ejemplo. Esta semana estuve en una reunión con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, y él me preguntó por qué la UNSL tenía solo 300 graduados este año. Yo sabía que esa no era la cifra. Hablé con mi secretaria académica y me mandó los datos del SIU: eran 800, no 300. Yo no sé qué corte hacen ellos en la información, pero es importante que todos estemos hablando de los mismos datos, construidos con la misma metodología.

–A lo largo de los meses de conflicto, desde el CIN y desde la Secretaría han resaltado que, pese a las diferencias, el diálogo se sostuvo. ¿Hoy ese diálogo continúa?

–Sí, tanto en lo personal como en lo institucional. El diálogo con Álvarez se mantiene de manera cordial. También he aprendido que los funcionarios del Gobierno, cuando están delante de un micrófono, tienen un cierto nivel de agresión que no sostienen en privado. Entiendo que reportan a un estilo de hacer política. Cuando uno se junta con ellos con un café de por medio, no existe ese nivel de vehemencia. Son más cordiales, y bienvenido que sea así, porque es la manera de construir acuerdos. El diálogo continúa y creo que será la manera de encontrarle alguna solución a este tema, por ejemplo, a través del presupuesto 2025. Ojalá el Gobierno vea que se pueden hacer más cosas acordando que peleando.

El 23 de abril y el 2 de octubre hubo dos marchas federales masivas en apoyo al reclamo por la recomposición del presupuesto universitario.El 23 de abril y el 2 de octubre hubo dos marchas federales masivas en apoyo al reclamo por la recomposición del presupuesto universitario.

–¿Están evaluando una tercera marcha? ¿Perciben el respaldo de la sociedad, o hay cierto desgaste en el apoyo?

–Creo que la sociedad argentina apoya totalmente la educación pública. La valora, la quiere y la defiende. También creo que exige rendición de cuentas de todo lo que hacemos. Me parece que no debemos abusar de ciertas medidas que hacen que no empaticemos con la sociedad. Yo no creo que debamos hacer una tercera marcha como las del 23 de abril y el 2 de octubre; esa forma de protesta debe reservarse para los momentos en que no existen otros canales de diálogo.

Sí es cierto que desde el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el CIN estamos pensando en algún cierre de año, un Festival de la Gratuidad Universitaria (el 22 de noviembre), para seguir explicitando que la situación no se ha corregido y que en 2024 el mayor ajuste lo recibieron los trabajadores universitarios.

–Este año toda la discusión giró en torno al desfinanciamiento y las acusaciones de falta de transparencia. Imaginando que el escenario pudiera recomponerse, ¿cuáles deberían ser los puntos centrales de una agenda constructiva para el sistema universitario? Si no hubieran tenido que hacer frente a esta situación, ¿qué deberían estar discutiendo las universidades argentinas?

–Lo primero es subirnos a lo que discute el mundo. Está claro que las universidades ya no tenemos el monopolio de la formación de nuestros jóvenes. El mundo está discutiendo una nueva reforma universitaria, pero nosotros nos vamos quedando atrás porque la coyuntura nos come. Creo que las universidades nos debemos una mirada prospectiva; tenemos que repensar las carreras para los trabajos del futuro.

En un par de semanas podría haber una reunión del Consejo de Universidades (CU), que reúne a las públicas y a las privadas. La idea es avanzar con cuestiones muy importantes para el sistema universitario, como salir del sistema de horas para ir al sistema de créditos. Sería algo revolucionario, que nos pondría a tono con la discusión global. Tenemos un gran consenso construido con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Desde el Gobierno nos dijeron que, si había un acuerdo entre el CIN y el CRUP, esto puede salir.

También avanzamos con un sistema novedoso de certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público (es decir, las que no están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior). Hay una agenda de siete puntos que venimos trabajando en conjunto desde el gobierno anterior, y que hoy se está reorganizando. Si esa agenda pudiera aprobarse en un par de semanas, al menos terminaríamos un año muy difícil con una agenda propositiva en cuanto a la modernización, el acortamiento de las carreras y la innovación tecnológica en las universidades.

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Advierten que la imagen positiva de Javier Milei cayó 5 puntos en 5 meses

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Un recopilatorio de encuestas mostró que la imagen positiva del Presidente sigue cayendo mientras que la negativa sigue creciendo.

La imagen positiva del presidente Javier Milei cayó 5 puntos de junio a octubre mientras que la negativa subió 5 puntos, según un promedio de distintas encuestas que realizó Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

«Este es el recopilatorio de todas las encuestas publicadas en Argentina sobre la imagen del Presidente Milei en los últimos meses. La tendencia es clara: sigue cayendo su imagen positiva y sigue creciendo su imagen negativa», expresó el economista y director de la Celag, Alfredo Serrano Mancilla, en su cuenta de X.

«¿Será definitiva? No sabemos. Esto dependerá de múltiples factores: sus errores no forzados por el exceso ego, sus propias debilidades, el avance de la batalla cultural, las acciones de la oposición política, el metabolismo de la sociedad para normalizar el malestar económico, etcétera», agregó.

La recopilación de la Celag recoge los resultados de encuestas online realizadas por las consultoras CB, D´Alessio IROL, Espiral, Fixer, Opina Argentina, Opinaia, Proyección, UDESA, Zubán Córdoba, Atlas, Reale Dallatorre, Taquión, Pulso, Trespuntozero, Solmairago, Isasi y Burdman, Tendencias y Pulso Social.

También incorpora las encuestas telefónicas de Analogías, Ágora, CEIS.

 

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Cristina Kirchner encabezará un acto en Rosario

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Será el segundo acto de Cristina como presidenta del Partido Justicialista. Hablará de los desafíos y el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Cristina Kirchner encabezará el próximo sábado al mediodía un acto por el Encuentro Nacional de Salud en Rosario, Santa Fe. Será el segundo acto que encabezará la expresidenta como presidenta del Partido Justicialista.

«Este sábado se hace el 11° Encuentro Nacional de Salud en Rosario y Cristina Kirchner hará el acto central, para hablar, junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la salud sobre los desafíos y el futuro del Sistema Nacional Integrado de Salud», informó este jueves el médico y ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak en su cuenta de X.

Cristina en Santiago del Estero

El domingo pasado, la exmandataria encabezó un acto en Santiago del Estero habló de su condena en el marco de la causa vialidad, defendió el rol del Estado, redobló críticas al Gobierno y lanzó un fuerte llamado a incorporar militantes.

En aquella oportunidad la exvicepresidenta habló de la ratificación de la condena en su contra en el marco de la causa Vialidad y aseguró que está dispuesta a pagar el castigo que le quieran imponer porque no se arrepiente de haber sido parte de un proyecto que desendeudó al país, donde se logró «darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el producto bruto del país» y se recuperó el patrimonio nacional.

En la Asociación Atlética Quimsa, acompañada por el gobernador local, Gerardo Zamora, la exmandataria sostuvo que en 1955 Juan Domingo Perón fue derrocado por darle dignidad a los trabajadores y lograr que haya una distribución 50/50 entre el capital y el trabajo. «Por eso había que derrocarlo, proscribirlo e intentar matarlo como intentaron en Venezuela», indicó.

«Después vinimos nosotros que volvimos a darle a los trabajadores la participación de más del 50% en el producto bruto del país, volvimos a recuperar el patrimonio nacional y volvimos además a recuperar las AFJP», agregó al ponderar que gracias a la estatización de las jubilaciones el Estado pudo asistir a la sociedad y a las empresas locales durante la crisis financiera mundial del 2008

«Milei criticaba la recuperación de las AFJP que permitió a los jubilados tener la mejor jubilación de América Latina y que podamos ayudar a las empresas. Cuando en 2008 se cayó el sector privado, iban a despedir gente en la planta de General Motors en Santa Fe y el Estado le prestó 70 millones de dólares del fondo de garantía, fondo que lo entregamos con más plata de lo que habíamos recibido. ¿Y me van a decir a mí que somos anticapitalistas? Fue el Estado el que le hizo frente al crack financiero que significó el 2008″, manifestó.

Luego recordó que fueron «los K» los que le devolvieron la plata de los ahorros a los argentinos que se habían quedado los bancos durante la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa«Fuimos nosotros los que desendeudamos al país y le pagamos al FMI. Durante 12 años y medio tuvimos la evolución en los números que tuvimos porque no teníamos las condicionalidades que nos imponen siempre», afirmó.

Acto seguido indicó que la persecución en su contra se debe al proyecto que impulsó para fortalecer la soberanía nacional, hacer crecer la economía en pos de generar mayor igualdad e impulsar políticas de memoria, verdad y justicia para castigar «las atrocidades de la dictadura militar».

«Eso no me lo van a perdonar nunca. Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me quejo, nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta e iba a formar parte de un proyecto que desendeudó al país. Marchamos toda la vida contra la deuda y contra el FMI. Era casi una ilusión pensar que íbamos a poder hacerlo y lo hicimos. Por eso el castigo que me quieren imponer al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos, sin saber dónde están, el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice», expresó.

Tras un fuerte aplauso y cánticos de la militancia presente, Cristina alertó que el gobierno libertario quiere volver a instalar que el «Estado no sirve» y señaló como contradicción la devoción de Milei por Elon Musk, quien construyó su fortuna gracias al Estado. «Elon Musk además de tener el 100% de protección para sus autos eléctricos contra los chinos, recibió un préstamo del Estado de 465 millones de dólares para Tesla. El Estado en Estados Unidos ha sido el que impulsó internet, el GPS, las pantallas táctiles, porque el Estado tiene que estar en todo lo que es la investigación básica», aseveró.

«El Gobierno quiere retornar a una economía sin valor agregado exportadora de materia prima. Es insostenible. Por eso es necesario construir un Estado que nos permita implementar un proyecto de desarrollo económico de crecimiento, con valor agregado, innovación y tecnología para quienes se cayeron puedan ser asistidos y reincorporados nuevamente al circuito. Eso es lo que necesitamos, no suprimir al Estado».

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Los desmontes continuarán prohibidos en el Chaco por tres meses más

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Así lo dispuso la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, a solicitud del fiscal, Patricio Sabadini. La magistrada fundamentó la prórroga de la cautelar, dictada en agosto pasado, en base a que se constató que las topadoras continuaron avanzando sobre el monte chaqueño pese a la prohibición. La medida judicial es una derivación de la causa penal por la denominada “Mafia del Desmonte”, impulsada desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Los desmontes continuarán prohibidos en el Chaco durante tres meses más. Así lo dispuso el viernes último la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, al hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar solicitada por el fiscal, Patricio Sabadini, en el marco de la denuncia penal impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra la “Mafia del Desmonte”.

La prohibición está dirigida al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco y comprende a los desmontes que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos. También requirió a la cartera provincial que adopte las medidas necesarias a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida judicial.

Niremperger fundamentó su decisión en base a los informes arrimados a la causa por parte del Ministerio Público Fiscal a partir de los cuales se constató la continuidad de la tala indiscriminada pese a la prohibición que rige desde el 19 de agosto pasado. “Advierto que se encuentran subsistentes los requisitos de procedencia, la relevancia de los bienes colectivos en juego, el interés público, la necesidad de su conservación y demás circunstancias tenidas en cuenta en oportunidad de sustentar la medida precautoria”, indicó la magistrada.

“Ello, máxime si se advierte la conducta procesal asumida por el Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de la investigación, donde se encuentran realizando numerosas medidas instructorias tendientes a acreditar la hipótesis delictiva postulada en la causa principal”, añadió.

Los casos señalados por el Ministerio Público Fiscal son varios. El primero, se basa en información periodística publicada en medios locales el 5 de octubre pasado. El hecho ocurrió en el Departamento Almirante Brown, en la zona de El Impenetrable chaqueño, a cincuenta kilómetros del norte de Pampa del Infierno. Allí se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un desmonte ilegal. Si bien la policía logró detener la máquina, no obstante, varias hectáreas de monte ya habían sido afectadas.

A esto se sumó un informe remitido el 22 de octubre pasado a la Fiscalía Federal de Resistencia por parte de la Dirección de Bosques del Chaco, donde se confirmó la detección de predios desmontados con posterioridad al dictado de la medida cautelar.

Otro informe de Gendarmería Nacional ratifica la continuidad del desmonte pese a la prohibición. La Unidad de Información Criminal (UNICRI) indicó que en la zona del departamento Almirante Brown, donde realizaban patrullajes preventivos, se constató que se llevaron a cabo tareas de deforestación.

También indicaron que, en relación al área desmontada, se pudo observar desde la zona más visible una cortina de árboles de escasos metros, modalidad típica utilizada para estos tipos de operaciones ya que se pretender ocultar lo que se realiza en el resto de la zona afectada.

Por esto, el personal, al acercarse a la entrada del campo en cuestión, pudo visualizar grandes distancias deforestadas, como así también troncos amontonados en cercanías de la entrada y salida.

Asimismo, se informó a la fiscalía de actividades de desmonte realizadas en el “Paraje Agua Dulce”, ubicado en el Departamento de Güemes, donde se constataron actividades de cambio de uso de suelo, realizadas por personas ajenas a la propiedad desmontada, sin la autorización correspondiente del propietario y sin ninguna documentación que avale dicha actividad.

Mafia
Cabe recordar que, a mediados de agosto, y en base a una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el fiscal Sabadini, presentó esta ante el juzgado de Niremperger un pedido de investigación contra exfuncionarios, diputados y empresarios acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la tala indiscriminada del monte chaqueño.

La acusación incluye a Hernán Javier Halavacs, gestor forestal y, por ese entonces, ministro de Producción del Chaco; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, quien también se desempeñó como asesor legal de Halavacs.

Asimismo, están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente. La imputación deja abierta la posibilidad de incluir a toda otra persona que posteriormente se determine en el transcurso de la investigación.

En su requerimiento, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).

Por otra parte, dejó en claro que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: Vicentin; Las Guindas SA; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado SA; Grupo Buratovich Hermanos; MSU (Manuel Santos de Uribelarrea); TRIAD SA; Alejandro Hayes Coni; Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra SA y La Nueva Pirámide SA.

La denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentada ante la Fiscalía Federal el 3 de julio pasado, se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco.

En contra del espíritu de la ley, la normativa sancionada esa madrugada permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”, señalaron desde la ONG.

Además, indicaron que es una norma regresiva en materia ambiental, algo que infringe normativas tales como la resolución 236/12 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

En ese contexto, denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”: funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.

“Paradigmático”
Paradigmático es el caso del (por ese entonces) ministro de Producción, Hernán Halavacs. En la denuncia presentada se develó la relevante participación que tuvo el funcionario designado por el gobernador, Leandro Zdero, en la elaboración del nuevo mapa de OTBN, el cual beneficiará a los poderosos clientes de su consultora “Hiula”, dedicada a tramitar permisos para desmontes. El actual ministro, vale recordar, tramitó en su rol como consultor privado el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021: una enormidad.

Según señalaron los Abogados Ambientalistas, la denuncia penal tiene como objetivo “que se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia”. En ese sentido, afirmaron que se trata de “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.

 

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