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Politica

Gabriel Romero, el empresario de los cuadernos negocia con los libertarios quedarse con los trenes

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1 semana ago

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El concesionario del Belgrano Norte aceptaría quedarse con la Sofse pero exige los terrenos ferroviarios y 6000 despidos.

El anuncio de privatizacion del Belgrano Cargas fue un primer golpe de efecto. La ambición mayor del gobierno es colgarle el cartel de venta a la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

La compañía estatal que fue creada en 2008 opera 6 de las 8 líneas de trenes de pasajeros del Amba y los servicios de larga distancia.

Las 2 líneas que quedaron bajo gestión privada desde 1994 son el Belgrano Norte, administrado por la empresa Ferrovías SA, controlada por el Grupo Emepa, cuyo dueño es Gabriel Romero; y la línea Urquiza, concesionada a Metrovías, del grupo Roggio que lidera Benito Roggio.

Romero es el nombre que sobrevuela la privatización de Sofse. Este empresario fue parte del club de los arrepentidos de la causa de los cuadernos. Romero confesó el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la explotación de la Hidrovía. Además, en su declaración, Romero dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al ex secretario de Trasporte, Ricardo Jaime, y un «retorno adicional» anual de 500 mil dólares para mantener la concesión de Ferrovías, que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018, pero nunca lo hizo. El titular de Emepa declaró como imputado colaborador y rubricó su acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli.

 

Romero fue el empresario más cercano al expresidente Raúl Alfonsín, compró Emepa en 1986, cuando reabrió su planta en Chascomús para la fabricación y reparación de vagones para trenes y una cláusula no ecsrita del Pacto de Olivos fue entregarle a él el negocio d ela flamante Hidrovía, como parte del acuerdo del radical con Carlos Menem.

Romero confesó el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la Hidrovía. En su declaración, Romero dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al ex secretario de Trasporte, Ricardo Jaime, y un «retorno adicional» anual de 500 mil dólares para mantener la concesión de Ferrovías.

Ahora Romero entró en diálogo con la administración libertaria. Quien que lleva el pulso de las privatizaciones es el asesor Santiago Caputo.

El empresario radical pide para hacerse cargo del Sofse que le den por 99 años el manejo de los terrenos ferroviarios -en derecho administrativo ese plazo se asemeja a la propiedad plena- y le entreguen la empresa con 6000 trabajadores menos, según confirmó a LPO un funcionario al tanto de las conversaciones.

Emepa controla la concesión del Belgrano Norte, el ferrocarril de cargas Mitre y los trayectos del Mitre que unen la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, Rosario, La Banda y Tucumán. Junto a Metrovías tuvo participación en las explotaciones del Mitre y del Sarmiento hasta 2013, a través de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, (Ugoms) y del San Martín, Belgrano Sur y Roca hasta 2014 a través de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe).

Gabriel Romero, el empresario de los cuadernos negocia con los libertarios quedarse con los trenes

Telam

Si bien Romero es un empresario ligado a los negocios ferroviarios, dato sumamente relevante es que Emepa tiene parte de la concesión de la Hidrovía que controla la vía troncal navegable del Río Paraná, donde tiene puesta la mira Mauricio Macri, tal como contó este medio.

Además, Romero hace negocios con la Ciudad desde hace 20 años a través de la empresa de publicidad PC Vía Pública, que tiene la concesión de parte del mobiliario urbano del gobierno porteño.

Las 6 líneas que opera SOFSE representan el 85% de la demanda total. En total, registraron 335 millones de pasajeros pagos en 2023 con una evasión estimada del 31,7%. Tiene más de 23.000 empleados. Desde su creación la cantidad de empleados no ha variado de manera significativa; solo se produjeron cambios a nivel jerárquico. El punto más alto se alcanzó en agosto del 2022 con 24.185 empleados.

 

En 2023 fue la segunda empresa pública con mayor déficit operativo, sólo superada por Enarsa.

Gabriel Romero pretende que el Estado le entregue la explotación de los los terrenos ferroviarios por 99 años a cambio de hacerse cargo de los trenes de pasajeros. También pide que le entreguen la empresa con 6.000 empleados menos.

Trenes Argentinos Operaciones funciona bajo la órbita del holding estatal Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), que agrupa a todas las empresas estatales del sector: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), Belgrano Cargas y Logística y Trenes Argentinos Operaciones.

El sendero de privatización de SOFSE fue revelado por el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, en la Bolsa de Rosario. El plan  comenienza con los ramales que hoy están en manos del Estado. En paralelo se buscará licitar tres negocios asociados: el de la infraestructura que son las vías y terrenos aledaños, el de los talleres de mantenimiento, y el material rodante. Romero tiene una idea distinta: pretende que le entreguen los terrenos a cambio de hacerse cargo de la empresa de trenes. El empresario tiene un punto para poner condiciones: la operación privada de trenes masivos de pasajeros es un negocio dificilísimo.

La mayoría de los países de América Latina que cuentan con sistema ferroviario, el transporte de pasajeros está operado por organismos o empresas estatales. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países desarrollados.

Gabriel Romero, el empresario de los cuadernos negocia con los libertarios quedarse con los trenes

Télam

Según el investigador José Barbero «la privatización de los trenes es muy difícil, salvo que un privado construya un tren, en general, son propiedad del Estado y la propiedad no se transfiere. Concesión y privatización son cosas muy distintas. La concesión es una cesión transitoria de derechos pero de ninguna manera es una transferencia».

En general, en el mundo desarrollado, casi sin excepciones, todos los grandes sistemas de transporte público, sobre todo los de transporte guiado (metro y trenes), son de gestión pública. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en París, en Roma, en Madrid, en Moscú.

El docente de la Universidad de San Martín (USAM) agregó «en general, en el mundo desarrollado, casi sin excepciones, todos los grandes sistemas de transporte público, sobre todo los de transporte guiado (metro y trenes), son de gestión pública. En Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en París, en Roma, en Madrid, en Moscú».

Barbero explicó que «no es una cuestión ideológica, sino pragmática. Los sistemas ferroviarios suelen ser, en términos comerciales, deficitarios. Y requieren, sobre todo, de inversiones en vías, señalamiento, electrificación, material rodante, que no se pueden cubrir con el resultado operativo, que, o es de pérdida, o en el mejor de los casos, es de equilibrio».

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Diputados

Sebastián Lazzarini: «es probable que en la próxima sesión del 27 debatamos el presupuesto para 2025”

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14 horas ago

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12 de noviembre de 2024

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El diputado provincial Sebastián Lazarini, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura chaqueña, brindó detalles sobre el avance del tratamiento del presupuesto 2025 para la provincia. Según indicó, el análisis de la propuesta ya atravesó importantes etapas en distintas comisiones, especialmente en la de Hacienda y Presupuesto, donde se escucharon aportes de diversos organismos del Estado.

En 7AM Lazarini explicó que, hasta el momento, recibieron y discutieron propuestas de entidades clave, como el Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral, el Comité de la Tortura y el propio Poder Legislativo, quienes presentaron sus necesidades y solicitudes presupuestarias. “Escuchamos las propuestas de cada estamento del Estado para analizar qué ajustes o modificaciones pueden ser necesarios en el presupuesto”, señaló el legislador.

El diputado precisó que el despacho que ya tiene dictamen está dividido, con el apoyo de los diputados oficialistas y algunas diferencias con la oposición. A partir de mañana, este dictamen estará disponible durante ocho días en el despacho de cada legislador, según los plazos reglamentarios. “Es probable que en la próxima sesión del 27 podamos estar debatiendo y tratando el presupuesto para 2025”, anticipó Lazarini.

En relación con el contenido del presupuesto, Lazarini destacó que el Poder Ejecutivo provincial ha actuado con cautela y responsabilidad al formularlo. “Es un presupuesto hecho con mucha prudencia, contemplando cada situación para que los ministerios puedan gestionar con transparencia y de manera ordenada”, afirmó. Según el diputado, la propuesta se ajusta a las necesidades actuales y busca garantizar un uso eficiente de los recursos en un contexto económico desafiante.

Finalmente, Lazarini subrayó la importancia de que el presupuesto 2025 sea aprobado con el debido debate y consenso, ya que su implementación impactará directamente en la gestión del próximo año en la provincia. “Es fundamental que se priorice la transparencia y la correcta asignación de los recursos para que cada sector del Estado pueda llevar adelante su labor en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.

 

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Politica

Causa Tito López: la Fiscalía Federal va a Casación en defensa de su autonomía

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14 horas ago

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12 de noviembre de 2024

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La Cámara Federal de Resistencia habilitó el recurso de casación contra su propia decisión de confirmar el apartamiento del fiscal federal Patricio Sabadini en la causa que investiga por lavado de activos al dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López. En su recurso, el Ministerio Público Fiscal advirtió una “tendencia infundada de acompañamiento” de ese tribunal a las decisiones del juez Mianovich.

Un nuevo capítulo se abre en la disputa entre el juez federal Nº 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, y el fiscal federal de primera instancia, Patricio Sabadini, ante el intento del magistrado de apartar al funcionario del Ministerio Público Fiscal de la investigación por presunto lavado de activos contra el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López.

Es que luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara lo resuelto por su par, ahora hizo lugar al recurso de casación presentado por la Fiscalía General de Resistencia en defensa de la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal.

Se trata de una pulseada enmarcada en el Código Procesal Penal de la Nación que establece un sistema acusatorio el cual pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la tarea de investigar los delitos y promover la acción penal, mientras que a los jueces les corresponde actuar de manera neutral y garantizan el cumplimiento de la ley, algo que a criterio de la Fiscalía Federal no sucedió en el presente caso.

A esto debe sumarse que Sabadini es el único fiscal federal de la jurisdicción teniendo en cuenta que en Resistencia funcionan dos juzgados federales de primera instancia. En el apartamiento de Sabadini, el juez Mianovich le ordenó a la Fiscalía General de Resistencia que nombre a un fiscal de otra jurisdicción, algo absolutamente vedado a las atribuciones de los magistrados.

“Aleccionar al Ministerio Público Fiscal”
En su recurso de casación, la Fiscalía General advirtió que la Cámara Federal mantenía una “tendencia infundada de acompañamiento” a las decisiones del juez Mianovich luego de que éste apartase a Sabadini de la causa, a pedido de la defensa de López. En ese sentido, señalaron que la ratificación de la medida del magistrado de primera instancia constituye una afectación del artículo 120 de la Constitución Nacional y reviste un agravio de naturaleza federal que habilita la competencia del máximo tribunal penal del país.

En concreto, el escrito del Ministerio Público Fiscal cuestionó que la resolución de la Cámara Federal culmina “con un manifiesto que intenta aleccionar al Ministerio Público Fiscal sobre la forma en que debe comportarse con los medios de comunicación, para desconocer lisa y llanamente que el único responsable de todo este derrotero es el Juez Federal Mianovich, quien cuenta con sus sistemáticos acompañamientos como ocurre en este resolutorio puesto en crisis”.

“Al encontrarse en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal y ante la insistencia de la gravedad institucional invocada en la especie, el recurso en crisis debe ser admitido”, sostiene la resolución que lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García.

 

 

 

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Politica

Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema si Casación confirma su condena por corrupción

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14 horas ago

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12 de noviembre de 2024

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La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por direccionar obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. Presentará un recurso ante los integrantes del máximo tribunal.

Este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal comunicará si confirma la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner en el caso conocido como “Vialidad”. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al haber participado de la maniobra para direccionar 51 obras públicas de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

En el entorno de Cristina Kirchner -que además fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos- creen que el fallo no traerá buenas noticias para la expresidenta, que ya delinea los eventuales pasos a seguir en caso de que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmen su condena por corrupción.

Según pudo saber TN, la defensa de Cristina Kirchner, que encabeza el abogado Carlos Beraldi presentará un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que sea el máximo tribunal el que revise la condena. En estas instancias judiciales ya no se puede apelar y la vía es un recurso de esta clase.

Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción. (Foto: TN/Leandro Heredia).
Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción. (Foto: TN/Leandro Heredia).

Caso Vialidad: Cristina Kirchner irá a la Corte Suprema en caso de que confirmen su condena por corrupción

Una vez conocida la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Kirchner tiene 10 días hábiles para utilizar esta herramienta judicial. El procedimiento indica que la Cámara de Casación debe otorgar o rechazar ese recurso extraordinario y en el caso de que ocurra esto último, la defensa de la exvicepresidenta llegará en queja al máximo tribunal, para lo que contará con otros cinco días hábiles más.

“El Recurso Extraordinario es el camino que tenés para llegar a la Corte y allí se pueden plantear dos cuestiones: que la sentencia es arbitraria, es decir que las pruebas en tu contra no existen o se valoraron de forma irrazonable o que existieron errores en la interpretación de la constitución”, explicó a TN el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Lo más probable es que la defensa de Cristina Kirchner decida optar por la primera opción.

Al plantear que la sentencia es arbitraria, podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso. En una apelación se revisa todo el proceso judicial, pero al presentar un recurso extraordinario solo se coloca el foco en las cuestiones en disputa. La Corte Suprema puede hacer lugar o no al recurso de Cristina Kirchner. “Llegar en queja no garantiza que lo tramiten y que luego la sentencia sea favorable”, agrega Gil Domínguez.

En caso de que el miércoles la Cámara deje firma la condena de Cristina Kirchner no irá presa, ya que toda sentencia queda firme y con aplicación solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión: falta la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolver el tema y podría tardar en años en entregar una respuesta. A partir de fin de año, la Corte quedará compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es que Juan Carlos Maqueda deja el tribunal a fin de año.

Cristina Kirchner quiere llegar hasta la Corte Suprema en caso de que dejen firme la condena en el caso Vialidad. (Foto: NA)
Cristina Kirchner quiere llegar hasta la Corte Suprema en caso de que dejen firme la condena en el caso Vialidad. (Foto: NA)

Es probable que se sumen dos integrantes al máximo tribunal, que podrían ser el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García Mansilla. Sus pliegos deben ser aprobados en el Senado. Esa es la Corte que podría revisar la condena a Cristina Kirchner. Hasta tanto eso no ocurra, la líder peronista puede ser candidata. Por el momento no prosperó la ley de ficha limpia, así que nada impide que, en caso de que lo desee, se postule al Congreso el próximo año.

El abogado Gregorio Dalbón, otro de los letrados que defiende a Cristina Kirchner en otros expedientes, aseguró en diálogo con TN que más allá del recurso extraordinario, “no se descartan presentaciones ante organismos internacionales”. Y agregó: “Todo el mundo sabe de la persecución a CFK, inclusive los Tribunales Internacionales no necesitan esperar. Hace años que los Tribunales Internacionales trabajan contra países que cometen Lawfare. Casi te diría 10 años. Cristina (Kirchner) jamás cometió un delito y lo peor es que no hay una sola prueba que diga lo contrario. La condenan por temas políticos y no jurídicos.

En el caso Vialidad se condenó a Cristina Kirchner por corrupción luego de que los jueces entendieran que parte del dinero que el Estado le giró a Lázaro Báez y sus empresas para llevar adelante obras viales terminó en las empresas de la familia Kirchner. La fiscalía aseguró que para favorecer a Austral Construcciones se hicieron licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y que como resultado se obtuvieron “obras pagas, aunque inconclusas o directamente sin hacer”.

Ruta del dinero K: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel
Ruta del dinero K: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel

Además de la sentencia a la vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Lázaro Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los exresponsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).

Se espera que el miércoles a las 11 comience la audiencia que se transmitirá en directo por YouTube. Gustavo Hornos leerá un texto que contiene las partes esenciales de la sentencia que firmará ese día con sus colegas Borinsky y Hornos. Tras la audiencia se confirmará electrónicamente.

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