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LA MATANZA Leila Gianni denunció al intendente Fernando Espinoza por la clausura a Mercado Libre

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La abogada Leila Gianni denunció a Fernando Espinoza por la clausura de un centro de distribución que Mercado Libre pretendía construir en La Matanza. La obra, valuada en 75 millones de dólares, prometía generar 2.300 empleos.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado nuevamente ante la Justicia Federal por la “clausura arbitraria e ilegal” del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre en la localidad de Tapiales. La denuncia, presentada hoy por la abogada Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, recae sobre el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini.

La presentación judicial acusa a Espinoza de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto de Gianni, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos”.

El escrito detalla que la clausura se produjo el 18 de octubre de 2024, cuando agentes municipales y efectivos policiales—bajo órdenes directas de Espinoza— se presentaron en el sitio de construcción impidiendo el acceso de camiones con materiales e interrumpiendo completamente la obra.

Gianni, quien renunció a su cargo para militar por La Libertad Avanza en La Matanza, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización. También cuestiona la legalidad del acta de clausura, señalando que carece de una descripción clara de las infracciones y resulta ilegible, lo que limita el derecho de defensa de la empresa.

LA DENUNCIA DE GIANNI

“Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’”, describe la denuncia. “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa”, agrega.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, denunció la clausura en sus redes sociales. Espinoza respondió al CEO de Mercado Libre a través de sus redes sociales, sugiriendo que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en el Mercado Central. “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas”, señaló Espinoza en un mensaje dirigido a Galperin.

Leila Gianni, por su parte, afirmó que “La Matanza necesita liberarse de la opresión de líderes como Espinoza”, a quien calificó como “un personaje muy siniestro” y “una persona perversa”. La abogada representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción en la denuncia, y sostiene que la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.

LOS ANTECEDENTES DEL FEUDO DE ESPINOSA

En 2017, el municipio ya había denunciado que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes para una obra en el mismo predio. La empresa alegó que tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio es federal. La disputa legal se extendió por varios meses, hasta que en 2018 la justicia federal falló a favor de Mercado Libre.

Espinoza ya está señalado en la justicia por otra causa judicial por un abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. El intendente solicitó un permiso para viajar a Barcelona, pero le fue negado por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.

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Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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