Muerte de obreros de Sameep: la fiscal rechazó un pedido de la defensa y la causa se encamina al juicio oral
La Fiscal de Investigación Penal 3, Rosana Soto, dictaminó en contra del pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de uno de los imputados. Tomó en consideración el deseo de la familia de las víctimas quienes pidieron que el juicio oral se realice. La causa, en la que se investiga las responsabilidades en las muertes por intoxicación de cuatro operarios en una cloaca de Puerto Vilelas, en 2017, tiene seis imputados, entre ellos el expresidente de Sameep, Claudio Westtein.
“Atento a la gran trascendencia social e interés público que generó el hecho ventilado en autos, a efectos de lograr una positiva y efectiva publicidad de las decisiones judiciales, considero que no se debe hacer lugar al beneficio solicitado, entendiendo que no es procedente en este caso en concreto la aplicación de remedios alternativos”. Esta fue la respuesta que dio la Fiscal de Investigación Penal 3, Rosana Soto, ante el planteo realizado por el abogado de uno de los imputados en la causa que investiga las responsabilidades penales por las muertes de cuatro operarios de Sameep, ocurrida en una cloaca de Puerto Vilelas, en 2017.
Con fecha del 25 de octubre pasado, la fiscal respondió a una serie de consideraciones en relación al pedido realizado ante la titular del Juzgado Correccional 3, Claudia Esquetino, por parte de Juan Arregín, quien hasta el lunes se desempeñó como abogado de Ricardo Requena, exgerente General Sameep (Marco Molero y Gastón Chapo es la dupla que reemplazó al exabogado del caso Cecilia).
En primer lugar, Arregín reiteró la solicitud de prescripción de la acción penal. Es decir, la extinción del derecho del Estado para perseguir este delito debido a que se cumplió el tiempo para hacerlo. Soto recordó que ya se expidió en reiteradas ocasiones inclinándose por la negativa, cuestión que fue resuelta en su momento por el Superior Tribunal de Justicia. Para la fiscal, los delitos imputados no prescribieron.
Respecto a la solicitud de suspensión de juicio a prueba, reconoció que si bien cumpliría con los requerimientos exigidos para acceder a este beneficio (pena en expectativa relativamente baja y no tener antecedentes penales), lo cierto es que hay un escollo insalvable: el consentimiento de los familiares de las víctimas.
“Entiendo que vuestra señoría deberá considerar que en la presente causa se encuentra afectado como bien jurídico, la vida, sumándose a ello que conforme surge de las actas obrantes en autos los familiares (al menos tres de las cuatro víctimas fatales) manifiestan no aceptar la solicitud de remedios alternativos, y solicitaban la realización del debate”, expresó Soto.
La suspensión de juicio a prueba, también conocida como “probation”, es una medida alternativa al juicio penal. Permite al imputado evitar el juicio y la posible condena a cambio de cumplir ciertas condiciones impuestas por el juez, como realizar trabajos comunitarios, asistir a programas de rehabilitación o pagar una indemnización a la víctima. Si el imputado cumple con estas condiciones durante el período establecido, el proceso penal se extingue y no queda registro de condena.
Elevación a juicio
Cabe recordar que, en mayo pasado, el Juzgado de Garantías 3 de Resistencia dejó firme la elevación a juicio en la causa en la que se investiga la muerte por intoxicación de cuatro obreros de Sameep, mientras realizaban reparaciones en una cámara de cloacas en Puerto Vilelas. Por este hecho, seis personas serán enjuiciadas con imputaciones que van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta homicidio culposo.
La resolución lleva el número 70/24 y fue firmada por la jueza subrogante María Belén Chapresto, quien no hizo lugar al planteo de prescripción, a la oposición al requerimiento de elevación a juicio, al pedido de sobreseimiento ni al cambio de calificación legal planteado por la defensa.
Por el hecho, quedaron imputados y deberán comparecer en juicio correccional Claudio Westtein (expresidente de la empresa estatal de aguas y cuñado del exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez) y Ricardo Requena (exgerente General Sameep). Ambos, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).
También irán a juicio el empleado del área de Seguridad e Higiene, Mario Alberto Medina; el capataz a cargo de la cuadrilla de obreros, Hugo Heraldo Fernández, y el exencargado de la División Redes de Efluentes de Sameep, Federico Sebastián Fernández. Estos tres serán enjuiciados por el delito de homicidio culposo, en cuatro hechos, en concurso ideal (artículos 84 y 54 del Código Penal).
En tanto que el Gerente de Servicios de la empresa, Adrián Soto, lo hará por los delitos de homicidio culposo, en cuatro hechos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal (artículos 84, 248 y 54 del C.P.) en calidad de autor.
El homicidio culposo se castiga con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, por cinco a diez años. Este delito ocurre cuando alguien, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causa la muerte a otra persona.
Por otro lado, el incumplimiento de deberes de funcionario público se refiere a la omisión ilegal de actos propios de su función. La pena para este delito varía entre un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo.
Lo que pasó
El 11 de julio de 2017, Daniel Pelozo, Mario Fernández, Jorge Ramírez y Leonel Prieto, fueron convocados de urgencia para realizar un trabajo de recambio de caños en cloaca ubicada en el Barrio 152 viviendas de Puerto Vilelas. La mayoría estaba de licencia. De los cuatro, tres eran empleados precarizados.
Los obreros llegaron al lugar sin elementos de seguridad adecuados para tareas en lugares de confinamiento. No tenían máscara antigases ni arneses. Algunos incluso estaban en ojotas y short de baño.
Claudio Westtein, expresidente de Sameep
La secuencia trágica comenzó cuando uno de los integrantes de la cuadrilla de diez operarios ingresó por la cámara de registro. Allí los gases tóxicos provocaron que se desmaye y cayera al pozo que tenía entre 1,5 y 2,5 metros de agua servida.
Al ver esta situación, ingresó otro compañero a ayudarlo. Éste tampoco tenía protección y también fue víctima de los gases. La misma situación se repitió con otros dos operarios más, hasta que un quinto intentó ingresar al pozo, pero sus compañeros de la cuadrilla lograron retenerlo.
“Medina, Mario Alberto y otros s/Homicidio Culposo”, expediente N°20602/2017-1, es la carátula de la causa que investiga la cadena de responsabilidades que posibilitaron que ocurran esas muertes.
La investigación cuenta con las testimoniales de todo el personal que estuvo presente en el lugar del hecho y del ingeniero químico Enrique Utgés, entre otros. De acuerdo a las autopsias, los obreros murieron por un “paro cardiorrespiratorio por un síndrome asfíctico”. Los mató el ácido nítrico, un gas venenoso presente en las cloacas.
Según explicaron los Bomberos que participaron del rescate de los cuerpos, para hacer un trabajo de esas características, en lugares confinados y con acumulación de gases tóxicos, se debe contar con un Equipo de Respiración Autónoma (ERA) o con máscaras con filtro de carbono. Nada de eso se encontró en el lugar.
Casi zafan
Hace dos años, en marzo de 2022, dos de los imputados casi logran evadir su responsabilidad penal. No por falta de pruebas, sino por el paso del tiempo. Los jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, Victor Del Río y Rolando Toledo (hoy jubilado), revocaron el sobreseimiento que había beneficiado a Westtein y a Requena.
Dicha revocatoria fue en respuesta a un recurso de casación presentado por la fiscal Soto, en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había dispuesto declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseer a Westtein y a Requena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Caja política
Con todo, resulta indispensable recordar en qué contexto se dieron estas muertes. Juan García, exdirigente del Partido Obrero del Chaco, escribió una editorial en Prensa Obrera a los pocos días de lo que ocurrió en Vilelas. Recordó que el Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH) venía reclamando en forma reiterada la formación de comisiones de seguridad e higiene obreras en la empresa, con derecho a suspensión de tareas frente a las fallas en la seguridad. “La empresa, sin embargo, se ha negado sistemáticamente a este pedido”, contó.
“La negligencia criminal de la dirección de Sameep tiene una contracara: mientras se niegan a invertir en elementos de seguridad y mantienen trabajadores en negro, utilizan los ingresos de la empresa como una caja política”, denunció.
“Como hemos denunciado, se utilizaron 500.000 pesos para un acto del PJ del 1° de mayo, se pagan horas extra a ‘amigos’ de la gerencia que superan las 300 horas mensuales, se subsidia ampliamente un aparato de punteros políticos, o a clubes allegados al PJ. Incluso, siendo Gustavo Martínez presidente de la empresa y del Hindú Club, firmó un contrato por un millón de pesos mensuales de publicidad entre el club y la empresa”, dijo García.
“La actual presidencia a cargo de Westtein es una herencia directa de la gestión de Gustavo Martínez, de quien es familiar; en verdad, Martínez sigue manejando la empresa tras bambalinas. Todos deben rendir cuentas por esta masacre de trabajadores”, pidió.
María Noguera y José Peña se mostraron muy tristes porque no tienen noticias de su hijo de 5 años y le pidieron al Sumo Pontífice que rece por el nene.
A cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez en la casa de su abuela en Corrientes, sus papás le escribieron una carta al Papa Francisco y le pidieron que los reciba en el Vaticano.
El escrito fue compartido por el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, a través de sus redes sociales. “Le quiero hacer llegar nuestra palabra para que nos ayude a encontrar a Loan”, dice María, la mamá, en el video que grabó.
Tras ello, se puede leer lo que volcaron en el texto. “Somos María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan Danilo Peña. Nos toca en carne propia vivir el calvario que sufrieron los padres de Jesús, la diferencia es que en aquella oportunidad el Hijo del Padre aceptó ese dolor para Él y sus padres por amor a todos nosotros, sus hermanos. Hoy nos encontramos sin ese amor, sin esa solidaridad, nos encontramos en una lucha despareja”, comenzaron.
La carta que María y José le enviaron al Papa Francisco. (Foto: Instagram juan.pablo.gallego)
“El miércoles se van a cumplir 5 meses que nos arrebataron al más pequeño de la familia y solo el amor por sus otros hermanos y el inmenso amor a Dios que sentimos, nos mantiene en pie. Necesitamos de usted como el manto sagrado que protege a nuestra virgencita, necesitamos sentir su calor, su apoyo, su compromiso; rezamos todos los días para que Loan esté bien, lo mantengan sano, y que en algún momento, seguramente cuando Dios lo disponga, podamos volver a reencontrarnos con él”, escribieron los papás del nene.
Tras ello, le pidieron que los incluya en sus oraciones, como ellos lo incluyen a él. “Nos hará más fuertes”, manifestaron. “Necesitamos del amor más puro que se pueda invocar, y usted representa nuestro amor infinito a Dios, Loan y todos los niños, en su misma situación, necesitan de usted”, añadieron María y José.
Qué dice la carta que los papás de Loan le escribieron al Sumo Pontífice (Video: Instagram Juan Pablo Gallego).
Sobre el final, la pareja le manifestó al Papa su deseo de conocerlo y la posibilidad de que los reciba en el Vaticano. “Ojalá estas palabras le lleguen y también que en algún momento nos pueda recibir, la fuerza de su figura, sin dudas, es la fuerza que necesitamos para reencontrarnos con Loan. Dios lo bendiga. Rezamos por usted, hágalo por nosotros. Amén”, concluyeron la carta con fecha del lunes 11 de noviembre.
Rolando Kraemer, presidente de la Asociación de Kiosqueros del Chaco, expresó en 7AM su preocupación por la difícil situación que enfrentan los kiosqueros en la provincia y en el país, debido a la caída de ventas y el aumento de los costos fijos, como alquileres y tarifas eléctricas. Según Kraemer, estos factores llevaron al cierre de más de 10.000 kioscos en todo el país durante el último año.
«Estamos atravesando un momento complicado. Las ventas siguen cayendo por la disminución del poder adquisitivo, y los costos fijos se hacen insostenibles para muchos de nuestros colegas. Esto ha obligado a muchos a ajustar sus números o incluso cerrar sus negocios», señaló.
Kraemer también se refirió al impacto de la competencia desleal por parte de kioscos informales en los barrios, los cuales no tributan ni cumplen con las normativas, lo que genera una competencia desventajosa para los kiosqueros habilitados. Sin embargo, destacó que el problema de fondo radica en la falta de reactivación económica y no en la competencia directa.
En otro tramo de la entrevista, Kraemer criticó fuertemente al Concejo Municipal de Resistencia por la demora en la aprobación de una nueva normativa tributaria que, según él, fue consensuada entre el municipio y representantes del sector. «Por primera vez en muchos años fuimos invitados a participar en la elaboración de la nueva ordenanza tributaria para 2025. Logramos que se aceptaran varios de nuestros pedidos, como la eliminación de tasas para la habilitación de pequeños negocios, pero ahora todo está frenado en el Concejo Municipal», expresó con indignación.
Kraemer mencionó que, pese a la presencia de concejales en las reuniones previas, la normativa aún no fue tratada en el recinto. «Me molesta profundamente que, en lugar de legislar y trabajar en lo que realmente importa para la ciudad y los contribuyentes, los concejales se dediquen a cortar el pasto en plazas», criticó.
El líder de los kiosqueros enfatizó que es fundamental que el Concejo cumpla con su función de legislar y apruebe las normativas que traerían alivio al sector. «Nosotros les pagamos a los concejales para que hagan su trabajo, no para que realicen tareas que le corresponden a otras áreas municipales. Es una falta de respeto hacia los vecinos y hacia quienes intentamos sostener nuestros comercios en un contexto económico adverso», concluyó.
En la mañana de hoy, frente a la sede del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), jubilados y pensionados se manifestaron en rechazo a un proyecto de ley que busca modificar el sistema de aportes de alta complejidad. Entre los principales voceros estuvieron Hugo Rodríguez, secretario de Previsión Social de la CTA de Trabajadores Chaco y Nancy Alegre, del grupo A.M.O.R. Adultos mayores organizados en Red, ambos integrantes de la Asociación de Jubilados «Hugo Deschuter», quienes expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en los jubilados chaqueños. Mañana volverán a reunirse frente a la Cámara de Diputados a las 9:30.
En El Resumen de Natagalá, Rodríguez explicó que el proyecto que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados busca aumentar el aporte de los afiliados del INSSSEP de un 1% al 3%, lo que representa un incremento del 200%. «Esto es un ajuste que golpea directamente al bolsillo de los jubilados y trabajadores activos, bajo el pretexto de la necesidad de recaudar más fondos para el Instituto», denunció Rodríguez. Según señaló, las autoridades aún no dieron explicaciones claras sobre esta decisión, pese a los reiterados intentos de la asociación por dialogar.
Nancy Alegre, por su parte, resaltó la preocupación que genera la falta de información sobre la posible implementación de la «libre elección» de obra social para los afiliados del INSSSEP, lo que, según los manifestantes, podría derivar en una privatización encubierta del sistema. «Los jubilados que no estamos en condiciones de pagar una prepaga seríamos los más perjudicados. Nos enteramos de estos cambios de forma intempestiva y sin consulta previa», afirmó Alegre.
Rodríguez fue enfático al afirmar que este proyecto de ley no solo busca aumentar los aportes, sino que también responde a una estrategia para debilitar y privatizar el INSSSEP, convirtiéndolo en una empresa con fines de lucro. “El objetivo estratégico del Gobierno parece ser entregar el patrimonio del Estado a manos privadas, donde solo primaría la ley de la ganancia”, sostuvo.
Alegre criticó la postura de algunos sectores políticos que, según ella, están traicionando los principios de solidaridad y justicia social. “Muchos de estos diputados provienen de partidos populares que defendieron históricamente sistemas solidarios, y ahora están impulsando políticas de mercado. Les pedimos que sean responsables a la hora de votar y piensen en los chaqueños que menos tienen”, expresó.
La manifestación concluyó con un llamado a la movilización para el día de mañana. Rodríguez y Alegre convocaron a todos los afiliados del INSSSEP, tanto activos como jubilados, a reunirse frente a la Cámara de Diputados a las 9:30 horas, cuando se debatirá el proyecto de ley. “Apelamos a la conciencia política de los legisladores para que no avancen con esta reforma que perjudica a los más vulnerables”, concluyeron.
