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Caso G.K.C.: ¿Cuáles son las órdenes de la Policía del Chaco ante crisis de salud mental?

El caso de G.K.C., la empleada judicial que fue retirada a la fuerza de su domicilio para ser internada contra su voluntad por sus problemas no tratados de salud mental, puso el foco de las críticas en la presencia del Comando de Operaciones Especiales (COE), por considerarlo desproporcionado para un operativo de estas características. Sin embargo, la directiva de convocar a esta fuerza especial para intervenir en este tipo de situaciones fue transmitida en junio pasado a todos los jefes policiales del Área Metropolitana.

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La Policía del Chaco tiene órdenes precisas de convocar al Comando de Operaciones Especiales (COE) en situaciones de crisis entre las que se cuentan los casos de salud mental. Así lo pudo corroborar LITIGIO, tras acceder a la directiva emitida por el subjefe de Policía, Manuel Silva.

Dirigido a los supervisores de Zona Metropolitana I, II, III, IV, V, VI, XXII, XXIII, XXIV y XXV, como así también al jefe de Departamento del Servicio 911 y al jefe de la División Unidad Seguridad Hospitalaria, la orden tiene fecha del 10 de junio pasado y fue retransmitida por el Director General de Seguridad Metropolitana, Carlos Fernández.

En la misma, se recoge la directiva firmada por el subjefe Silva quien reconoció que se deben tomar mayores recaudos a la hora de intervenir en situaciones de alto riesgo debido a que se vienen observando “falencias en el desempeño del servicio”.

Para eso, enumeró tres puntos que los jefes policiales del Área Metropolitana deben cumplir y hacer cumplir. El punto uno establece que “al tomar conocimiento de un acontecimiento como ser tentativa de suicidio, toma de rehenes y/o cualquier otra situación en la que se halle en inminente peligro la vida de cualquier persona, inmediatamente deberá acudir al lugar del hecho el jefe de la Comisaría que por jurisdicción corresponda, quien con la urgencia del caso realizará un relevamiento de la situación que se le presente, para posteriormente activar el protocolo de intervención tendiente a disponer de las medidas preventivas y necesarias para procurar el resguardo de la vida en peligro”.

Posteriormente, se informa que el jefe de la Comisaría comunicará lo que está ocurriendo a sus superiores, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la Directora de Abordaje Territorial, quien “se encargará de disponer un equipo de trabajo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) a cargo del Jefe de Departamento, por intermedio de quien se articulará los mecanismos idóneos para la intervención del caso en particular, por donde se analizará si correspondiere la concurrencia de un mediador, franco tirador, entre otros. Como así también de forma similar a través del Director de Bomberos, quien se encargará de brindar un grupo de trabajo con personal especializado para el hecho”.

Finalmente, el punto tres de la directiva indica que el jefe de la Comisaría será el encargado de solicitar y dar inmediata intervención a la Fiscalía que en turno corresponda, como así también la presencia de personal de salud con la respectiva ambulancia situados en el lugar. Además, se deberá informar de manera inmediata vía telefónica a la jefe de Policía, Fernando Romero y al subjefe “quienes confirmarán la orden del traslado e intervención del grupo especializado del COE”, adelantando de manera verbal para seguidamente te detallar pormenorizadamente vía plantilla de WhatsApp.

Esta directiva policial tuvo gran implicancia en el caso de G.K.C., la empleada judicial que fue retirada a la fuerza de su domicilio del barrio Provincias Unidas, en Resistencia, el 7 de octubre pasado para ser internada contra su voluntad por sus problemas no tratados de salud mental. En esa ocasión, se puso el foco de las críticas en la actuación de la Policía del Chaco y principalmente en la presencia del COE en dicho operativo, por considerarla desproporcionada.

Órdenes
¿Cómo fue la secuencia completa de aquel día en donde la policía ingresó por la fuerza? El 7 de octubre se realizó por la mañana una reunión intersectorial de manera virtual solicitada por la Defensora General, Alicia Alcalá, teniendo en cuenta la situación de riesgo en la que se encontraba G.K.C., quien decidió discontinuar su tratamiento y no recibir al equipo de salud mental que la visitó tres días antes. De la reunión participaron representantes del Ministerio de Salud del Chaco, la Dirección de Salud Mental, autoridades policiales, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando.

El encuentro virtual tuvo como fin coordinar estrategias de intervención para asegurar que la paciente reciba el tratamiento adecuado, acordando una nueva intervención de urgencia en su domicilio y posterior internación. Se justificó la medida en el hecho de que la mujer, en las condiciones en que se encontraba, era un riesgo para sí y para terceros.

Ese mismo día, pero a las 13.15, el psiquiatra, Juan Funes y la psicóloga, Virginia Di Giussepe, llamaron a la policía. Fue tras intentar de manera infructuosa convencer otra vez a G.K.C. de trasladarla al hospital Perrando para que retome su tratamiento, en cumplimiento del oficio remitido por la Defensoría General en donde se ordenó dar “inmediata intervención” al Equipo Tratante Interdisciplinario del Servicio de Salud Mental a efectos de “garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de la señora G.K.C.”.

Dicho oficio (que reitera el realizado el 19 de septiembre pasado) tuvo como base un informe firmado por el psiquiatra, José Agüero, del Instituto Médico Forense del Poder Judicial quien al evaluar la situación de salud de G.K.C., dentro del marco de su licencia laboral por enfermedad, le solicitó a la Defensora General que considere “la intervención urgente del Equipo Tratante Interdisciplinario con el fin de realizar una evaluación actualizada, valoración de indicadores de riesgo informados oportunamente por los profesionales de la salud mental y constatados en Juntas Médicas e instaurar el tratamiento más adecuado” para, eventualmente, reubicarla en otro puesto de trabajo, “antes de proceder a tramitar la restricción a la capacidad y la jubilación por invalidez”.

G.K.C. tiene diagnóstico de “trastorno psicótico con delirio crónico”. Fue denunciada en reiteradas ocasiones por sus compañeros de trabajo por violencia laboral. Tiene dos antecedentes recientes de internación involuntaria: una en octubre y otra en noviembre del año pasado.

En respuesta a la llamada, uniformados de la comisaría Undécima intentaron persuadir a la abogada que acompañe al personal de Salud. Con amenazas de denuncias para todos, les reiteró que no iba a salir bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, un grupo de vecinos comenzaron a acercarse al lugar. Todos coincidieron en que no iban a dejar que la policía y el personal de Salud se lleve a G.K.C., y decidieron apostarse frente a su casa para impedir el traslado.

En ese marco, cada vez más caldeado, el psiquiatra Funes les reiteró a los jefes policiales presentes que, en base a la Ley de Salud Mental Nacional y Provincial y el Protocolo de Actuación, la policía debía ingresar al domicilio para asegurar la vida y la integridad física tanto de G.K.C. como de su hermano, B.C.

Ante este pedido, los encargados del operativo policial se comunicaron con la fiscal en turno, Rosana Soto, preguntando qué hacer. La fiscal respondió que no iba a intervenir porque lo que ocurría ahí no era un delito, y lo que correspondía en este caso era aplicar el Protocolo de Actuación de la Ley de Salud Mental.

Minutos más tarde llegó el mediador policial, Cristian Ramírez, para intentar, una vez más, persuadir a la abogada para que voluntariamente se suba a la ambulancia. Pero la decisión de la mujer ya estaba tomada.

En simultáneo, se llamó al Cuerpo de Operación Especiales de la Policía y a un Grupo de Infantería para que procedan a realizar un cordón policial. Esto, con la intención de evitar que los vecinos (unos 20 para ese momento) obstruyan el operativo.

Luego de casi dos horas de tratar de convencer a la abogada que salga y de lidiar con los vecinos, la Policía decidió entrar. Primero, rompieron el portón de entrada, la puerta de acceso y otras aberturas más. Cuando ingresaron a la casa, vieron que G.K.C. y su hermano B.C. estaban subidos al techo del vecino, intentando escapar.

Lograron interceptarla y personal de salud le administró Haloperidol 5 mg (antipsicótico) y Lorazepam 4 miligramos (sedante). Luego, la subieron a la ambulancia y la trasladaron hasta el Hospital Perrando donde quedó internada durante diez días. Luego volvió a su domicilio. La mujer continúa con su tratamiento de manera ambulatoria y sigue con licencia médica desde febrero de este año.

 

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María Noguera y José Peña se mostraron muy tristes porque no tienen noticias de su hijo

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María Noguera y José Peña se mostraron muy tristes porque no tienen noticias de su hijo de 5 años y le pidieron al Sumo Pontífice que rece por el nene.

cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peñael nene de 5 años que fue visto por última vez en la casa de su abuela en Corrientes, sus papás le escribieron una carta al Papa Francisco y le pidieron que los reciba en el Vaticano.

El escrito fue compartido por el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, a través de sus redes sociales. “Le quiero hacer llegar nuestra palabra para que nos ayude a encontrar a Loan”, dice María, la mamá, en el video que grabó.

Tras ello, se puede leer lo que volcaron en el texto. “Somos María Noguera y José Peña, madre y padre de Loan Danilo Peña. Nos toca en carne propia vivir el calvario que sufrieron los padres de Jesús, la diferencia es que en aquella oportunidad el Hijo del Padre aceptó ese dolor para Él y sus padres por amor a todos nosotros, sus hermanos. Hoy nos encontramos sin ese amor, sin esa solidaridad, nos encontramos en una lucha despareja”, comenzaron.

La carta que María y José le enviaron al Papa Francisco. (Foto: Instagram juan.pablo.gallego)
La carta que María y José le enviaron al Papa Francisco. (Foto: Instagram juan.pablo.gallego)

“El miércoles se van a cumplir 5 meses que nos arrebataron al más pequeño de la familia y solo el amor por sus otros hermanos y el inmenso amor a Dios que sentimos, nos mantiene en pie. Necesitamos de usted como el manto sagrado que protege a nuestra virgencita, necesitamos sentir su calor, su apoyo, su compromiso; rezamos todos los días para que Loan esté bien, lo mantengan sano, y que en algún momento, seguramente cuando Dios lo disponga, podamos volver a reencontrarnos con él”, escribieron los papás del nene.

Tras ello, le pidieron que los incluya en sus oraciones, como ellos lo incluyen a él. “Nos hará más fuertes”, manifestaron. “Necesitamos del amor más puro que se pueda invocar, y usted representa nuestro amor infinito a Dios, Loan y todos los niños, en su misma situación, necesitan de usted”, añadieron María y José.

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Qué dice la carta que los papás de Loan le escribieron al Sumo Pontífice (Video: Instagram Juan Pablo Gallego).

Sobre el final, la pareja le manifestó al Papa su deseo de conocerlo y la posibilidad de que los reciba en el Vaticano. “Ojalá estas palabras le lleguen y también que en algún momento nos pueda recibir, la fuerza de su figura, sin dudas, es la fuerza que necesitamos para reencontrarnos con Loan. Dios lo bendiga. Rezamos por usted, hágalo por nosotros. Amén”, concluyeron la carta con fecha del lunes 11 de noviembre.

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La Asociación de Kiosqueros del Chaco criticó al Concejo Municipal por demoras en la aprobación de normativa clave para el sector

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Rolando Kraemer, presidente de la Asociación de Kiosqueros del Chaco, expresó en 7AM su preocupación por la difícil situación que enfrentan los kiosqueros en la provincia y en el país, debido a la caída de ventas y el aumento de los costos fijos, como alquileres y tarifas eléctricas. Según Kraemer, estos factores llevaron al cierre de más de 10.000 kioscos en todo el país durante el último año.

«Estamos atravesando un momento complicado. Las ventas siguen cayendo por la disminución del poder adquisitivo, y los costos fijos se hacen insostenibles para muchos de nuestros colegas. Esto ha obligado a muchos a ajustar sus números o incluso cerrar sus negocios», señaló.

Kraemer también se refirió al impacto de la competencia desleal por parte de kioscos informales en los barrios, los cuales no tributan ni cumplen con las normativas, lo que genera una competencia desventajosa para los kiosqueros habilitados. Sin embargo, destacó que el problema de fondo radica en la falta de reactivación económica y no en la competencia directa.

En otro tramo de la entrevista, Kraemer criticó fuertemente al Concejo Municipal de Resistencia por la demora en la aprobación de una nueva normativa tributaria que, según él, fue consensuada entre el municipio y representantes del sector. «Por primera vez en muchos años fuimos invitados a participar en la elaboración de la nueva ordenanza tributaria para 2025. Logramos que se aceptaran varios de nuestros pedidos, como la eliminación de tasas para la habilitación de pequeños negocios, pero ahora todo está frenado en el Concejo Municipal», expresó con indignación.

Kraemer mencionó que, pese a la presencia de concejales en las reuniones previas, la normativa aún no fue tratada en el recinto. «Me molesta profundamente que, en lugar de legislar y trabajar en lo que realmente importa para la ciudad y los contribuyentes, los concejales se dediquen a cortar el pasto en plazas», criticó.

El líder de los kiosqueros enfatizó que es fundamental que el Concejo cumpla con su función de legislar y apruebe las normativas que traerían alivio al sector. «Nosotros les pagamos a los concejales para que hagan su trabajo, no para que realicen tareas que le corresponden a otras áreas municipales. Es una falta de respeto hacia los vecinos y hacia quienes intentamos sostener nuestros comercios en un contexto económico adverso», concluyó.

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Jubilados del INSSSEP se movilizaron contra aumento de aportes y posibles reformas privatizadoras

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En la mañana de hoy, frente a la sede del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), jubilados y pensionados se manifestaron en rechazo a un proyecto de ley que busca modificar el sistema de aportes de alta complejidad. Entre los principales voceros estuvieron Hugo Rodríguez, secretario de Previsión Social de la CTA de Trabajadores Chaco y Nancy Alegre, del grupo A.M.O.R. Adultos mayores organizados en Red, ambos integrantes de la Asociación de Jubilados «Hugo Deschuter», quienes expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en los jubilados chaqueños. Mañana volverán a reunirse frente a la Cámara de Diputados a las 9:30.

En El Resumen de Natagalá, Rodríguez explicó que el proyecto que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados busca aumentar el aporte de los afiliados del INSSSEP de un 1% al 3%, lo que representa un incremento del 200%. «Esto es un ajuste que golpea directamente al bolsillo de los jubilados y trabajadores activos, bajo el pretexto de la necesidad de recaudar más fondos para el Instituto», denunció Rodríguez. Según señaló, las autoridades aún no dieron explicaciones claras sobre esta decisión, pese a los reiterados intentos de la asociación por dialogar.

Nancy Alegre, por su parte, resaltó la preocupación que genera la falta de información sobre la posible implementación de la «libre elección» de obra social para los afiliados del INSSSEP, lo que, según los manifestantes, podría derivar en una privatización encubierta del sistema. «Los jubilados que no estamos en condiciones de pagar una prepaga seríamos los más perjudicados. Nos enteramos de estos cambios de forma intempestiva y sin consulta previa», afirmó Alegre.

Rodríguez fue enfático al afirmar que este proyecto de ley no solo busca aumentar los aportes, sino que también responde a una estrategia para debilitar y privatizar el INSSSEP, convirtiéndolo en una empresa con fines de lucro. “El objetivo estratégico del Gobierno parece ser entregar el patrimonio del Estado a manos privadas, donde solo primaría la ley de la ganancia”, sostuvo.

Alegre criticó la postura de algunos sectores políticos que, según ella, están traicionando los principios de solidaridad y justicia social. “Muchos de estos diputados provienen de partidos populares que defendieron históricamente sistemas solidarios, y ahora están impulsando políticas de mercado. Les pedimos que sean responsables a la hora de votar y piensen en los chaqueños que menos tienen”, expresó.

La manifestación concluyó con un llamado a la movilización para el día de mañana. Rodríguez y Alegre convocaron a todos los afiliados del INSSSEP, tanto activos como jubilados, a reunirse frente a la Cámara de Diputados a las 9:30 horas, cuando se debatirá el proyecto de ley. “Apelamos a la conciencia política de los legisladores para que no avancen con esta reforma que perjudica a los más vulnerables”, concluyeron.

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