El Gobierno prohibió los cargos hereditarios en la administración pública
Manuel Adorni y Federico Sturzenegger anunciaron que los familiares y cónyuges de empleados fallecidos no podrán cubrir las vacantes como sucedía hasta ahora en diversos organismos
El Gobierno prohibió que familiares de empleados fallecidos cubran sus vacantes.
Manuel Adorni y Federico Sturzenegger explicaron los cambios en organismos estatales.
La medida apunta a priorizar la meritocracia y reducir la estructura del Estado.
Lo esencial: el Gobierno, a través de una resolución anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Modernización Federico Sturzenegger, prohibió la asignación hereditaria de cargos en la administración pública. Hasta ahora, esta práctica permitía que familiares o cónyuges de empleados fallecidos accedieran a sus puestos de trabajo en organismos como la AFIP, Banco Central y Banco Nación.
Según el comunicado, esta medida profundiza la política de reducción del Estado, que ha incluido un recorte del 15% de la plantilla pública y el impulso de jubilaciones. La prohibición incluye controles sobre convenios sindicales que intenten incluir estos beneficios.
Por qué importa: este cambio busca terminar con los privilegios que colocaban a empleados estatales por encima de otros trabajadores, promoviendo el acceso a cargos públicos solo por mérito. La decisión reabre el debate sobre la igualdad de oportunidades y la eficiencia en la administración pública.
El gobierno asegura que la medida responde a principios de igualdad establecidos en la Constitución Nacional.
Afecta a instituciones en todos los niveles, eliminando prácticas medievales de “casta laboral”.
Refuerza la política gubernamental de reducir la planta estatal y racionalizar su funcionamiento.
El ministro de Desregulación y Modernización habló durante la conferencia de prensa de Manuel Adorni y dio detalles de la medida
El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, anunciaron que el Gobierno firmó una resolución para prohibir los cargos hereditarios en la administración pública.
La medida prohíbe que familiares y cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo.
Adorni recordó que esta facultad, desterrada durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelta a instaurar por la gestión de Alberto Fernández, estaba explícitamente incluida en estatutos y reglamentos de la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación -entre otros organismos del Estado-.
“El delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre”, dijo el vocero presidencial. A partir de ahora, los cargos se asignarán por mérito y esfuerzo. “En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”, agregó.
De acuerdo con un comunicado enviado por la cartera de Sturzenegger, con esta medida, “se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro”.
“Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad. Para decirlo con claridad, nunca deberían haber existido estas ventajas, porque la propia Constitución Nacional estableció en su artículo 16 que ´la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad´”, señaló el parte de prensa.
El comunicado remarcó además que la práctica de heredar cargos públicos se mantuvo en varias instancias del Estado y que aunque hubo intentos previos para erradicarla, la costumbre fue restaurada. “En 2018, el Banco Central había eliminado esta posibilidad, pero en 2022 fue reintroducida en el estatuto de ese organismo”, reafirmaron desde el ministerio que dirige Sturzenegger, y aclararon: “Hoy en día, tanto en niveles nacional, provincial como municipal existen normas que consolidan esta herencia de cargos públicos, especialmente mediante convenios colectivos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la conferencia que dio esta mañana junto al vocero presidencial, Manuel Adorni
Implementación y controles
Con el nuevo decreto, la Secretaría de Trabajo no homologará ninguna convención colectiva de trabajo que incluya beneficios de este tipo. Esto significa que los acuerdos sindicales deberán ajustarse para eliminar estas prebendas si desean recibir la validación oficial, adelantó el Gobierno.
Los ejemplos de convenios que incluyen beneficios hereditarios son numerosos en la administración pública nacional, y en muchos casos, están profundamente arraigados en los estatutos de distintos organismos.
Ejemplos claros de esta práctica se encuentran en diversos organismos: en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde la designación de un hijo o cónyuge de un agente fallecido puede realizarse de inmediato. ANSES otorga prioridad en el ingreso a familiares de empleados fallecidos, y en el Banco Nación, el Banco Central y YPF también existen disposiciones para el ingreso de hijos de empleados fallecidos o retirados, repasó el comunicado.
También Ferrocarriles Argentinos, a través de la Unión Ferroviaria, permite que familiares de empleados fallecidos, jubilados o retirados puedan postularse a cargos, siempre que cumplan con los requisitos del puesto.
A través de un artículo publicado esta semana, Infobae expuso el tema al contar que el diputado Alejandro Bongiovanni (del PRO de Santa Fe) había presentado un proyecto de ley para prohibir las prioridades de acceso al empleo estatal. El legislador había explicado que “es común a varios órganos del sector público” y que “si un empleado o funcionario fallece y su hijo puede optar por heredar el cargo, es un privilegio (privus legalis) demasiado grosero. Es medieval. Es endogámico. Es casta en sentido literal del término: ‘grupo social al que se pertenece por nacimiento’”.
El organismo publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor. El valor más alto corresponde a los nenes de entre 6 a 12 años, para lo que se necesitaron $479.723 en el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En octubre, -con una inflación de 2,7%-, el costo de la crianza de un bebé menor de un año fue de $388.184 por mes.En el mismo período del 2023, se necesitaron $141.320.
Para los chicos de entre uno y tres años, el costo fue de $460.220 mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $381.230; y para los menores de seis a 12 años se necesitaron $479.723.
El indicador que mide el organismo que conduce Marco Lavagna releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.
El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)
Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.
En octubre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $111.749 para menores de un año; $144.294 entre uno y tres años; $183.776 entre cuatro y cinco años; y $227.975 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $276.435, $315.926, $197.454 y $251.748, respectivamente.
Para criar a un hijo de hasta 12 años en total se necesitó durante octubre:
La compañía aérea dio por finalizado el conflicto con los sindicatos después de cerrar aumentos salariales y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo. De qué manera sigue el proceso para que la compañía pase al sector privado.
Después de una semana de extensas reuniones, el directorio de Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con los principales gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto. Más allá de los detalles, con este entendimiento el Gobierno asegura que no presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis y analiza de qué manera avanzar con la privatización de la empresa.
Este jueves, laAsociación Argentina de Aeronavegantes(AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), convalidaron el acuerdo alcanzado con los directivos de Aerolíneas, que incluye aumentos salariales de 16% y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo.
En concreto, entre las modificaciones acordadas, los pilotos y tripulantes dejarán de ser trasladados en remis y se implementará un sistema de viáticos después del verano, así como dejará de contabilizarse el inicio de la jornada laboral cuando salen de su casa y comenzarán su horario de trabajo cuando lleguen a los aeropuertos. Tampoco contarán con asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa y dejarán de tener pasajes vacacionales para ellos y sus familiares directos.
Por su parte, los mecánicos y el personal de rampa se podrán mover entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno afirma que esta serie de cambios permitirán un “aumento significativo en los índices de productividad”.
Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)
“Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano”, defendieron fuentes oficiales.
Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el Procedimiento Preventivo de Crisis y avanza con la privatización
De esta manera, el Gobierno entiende que desde que se pactaron estos cambios, ya no será necesario presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un instrumento legal que, de aprobarse en la Secretaría de Trabajo, permite suspender personal o directamente reducir nóminas pagando menos indemnizaciones.
Aerolíneas había amenazado con acudir a esa estrategia de presión en caso de que las negociaciones con los gremios no se resolvieran y siguieran las medidas de fuerza. De hecho, equipos legales comenzaron a evaluar cómo hacer la presentación ante las autoridades de Trabajo, pero finalmente lo desestimaron.
“De momento el PPC queda sin efecto porque se acordó con los sindicatos”, determinó un funcionario involucrado en las conversaciones. Y otro advirtió: “Siempre que no surjan otras acciones, no resulta necesario presentarlo”.
Pero además, en el Ejecutivo consideran que el camino se allana y que el convenio alcanzado con los gremios ayuda a avanzar hacia el “horizonte de la privatización”. Fundamentalmente porque creen que los aspectos de los convenios obstaculizaban las operaciones y ahora la empresa se vuelve más “eficiente” y, por consiguiente, más atractiva para un eventual comprador interesado.
“El camino hacia la privatización se mantiene. Se seguirá adelante con la idea de que Aerolíneas deje de ser parte del Estado argentino”, explicaron en la Casa Rosada.
Entre las alternativas sobre la mesa, hay varias que se barajan a la hora de pensar en la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, para que el Estado se desprenda de la compañía es necesaria la aprobación del Congreso.
En este sentido, en el oficialismo analizan respaldar un proyecto que ya fue presentado por el legislador del PRO, Hernán Lombardi, y discutir algunos cambios, o presentar una iniciativa nueva. En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también suman como opción la posibilidad de entregar parte de las acciones de la empresa a los empleados.
Pero de cualquier forma, la continuidad de este plan está sujeta al apoyo del Congreso. Es decir, que otro camino posible es esperar hasta que el oficialismo cuente con mayor apoyo legislativo, algo que está convencido que sucederá pasadas las elecciones de medio término. En todo caso, hay una definición que es clara y repiten algunos referentes del Ejecutivo: la privatización de Aerolíneas avanzará cuando la ecuación parlamentaria lo permita.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF rechazaron este jueves que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya intervenido en favor de la Argentina para oponerse a la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones.
El grupo, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, busca que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, los beneficiarios cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la afirmación de “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros ubicados en el exterior.
“Los acreedores comenzaron su carta cuestionando el momento de la presentación de los Estados Unidos, señalando que dicho país ha estado al tanto del caso desde al menos 2019, cuando presentó un escrito de amicus curiae oponiéndose a la solicitud de la Argentina en la Corte Suprema”, explicó Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors.
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
En ese sentido, el escrito apuntó: “La presentación de Estados Unidos ignora descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema (Argentina contra NML Capital), un caso en el que Estados Unidos también se puso del lado de Argentina contra el texto claro de la FSIA y perdió”.
“La Declaración de Intereses no pone en duda la exactitud de la decisión de este Tribunal en el caso Bainbridge Fund que dictaminó que la propiedad de un estado extranjero no es inmune a la ejecución en virtud de su ubicación fuera de los Estados Unidos; y la Corte tiene la autoridad para ordenar a un estado extranjero que traiga sus propiedades a los Estados Unidos si no queda inmune a la ejecución posterior”, enfatizó.
Los otros casos judiciales contra la Argentina que pueden tener novedades en las próximas semanas
Este miércoles, la Argentina y el fondo Titan Consortium acordaron los términos del pago de US$340 millones más intereses.Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.
El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es “sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar US$389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%”, explicó a TN Sebastian Maril, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.
El revés en el caso Aerolíneas se suma a la lista de condenas contra la Argentina en tribunales internacionales, de las que se esperan novedades en las próximas semanas.
El 21 de noviembre se cumple el plazo para que el país pague o acuerde con los beneficiarios de la sentencia por US$1500 millones en Gran Bretaña por el caso de manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”. Ese día los demandantes pueden ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ya quedó cerrado.
De manera paralela, la Argentina presentó un escrito inicial en la apelación por el caso conocido como Cupón PBI en Nueva York. Esa demanda había sido presentada de manera inicial en 2019. En abril, la jueza Preska falló a favor de la Argentina, porque los inversores no cumplieron ciertos requisitos, pero en septiembre los demandantes hicieron una nueva presentación por US$1300 millones.
