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Trabajadores de AFIP inician tres días con asambleas y paros en los lugares de trabajo

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Carlos Vaca Sanabria, secretario general de AEFIP en Resistencia habló de incertidumbre entre los empleados del organismo frente al anuncio de disolución con despidos masivos. Detalló además cuántos son los ingresos de los trabajadores: “No hay sueldos de 17 o 32 millones”.

El Sindicato de Trabajadores de AFIP (AEFIP) y el Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) definieron en forma conjunta medidas de acción directa a partir de este miércoles en las dependencias de todo el país, incluyendo a la sede regional ubicada en Resistencia, que abarca a Corrientes y Formosa. Así lo confirmó a EsChaco el secretario general del gremio de trabajadores impositivos, Carlos Vaca Sanabria.

Luego de la asamblea celebrada este mediodía en la sede de French 506 de Resistencia, al mismo tiempo que en todas las dependencias de AFIP y Aduana del país, el dirigente participó en forma virtual de otra asamblea junto a los secretarios generales de los 17 distritos del país y la mesa nacional de AEFIP, donde fue tomada la decisión de realizar asambleas en los lugares de trabajo y paro de actividades con “apagón informático” los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de octubre, de 10 a 12.

“En la asamblea participaron todos los compañeros de AEFIP y representantes de Supara, los escuchamos y luego tuvimos un zoom con los demás secretarios generales de todos los distritos del país”, comentó Vaca Sanabria a EsChaco.

En esa línea, resaltó que en un contexto de total “incertidumbre” luego del anuncio de disolución de la AFIP y despidos de trabajadores y personal jerárquico, hasta el momento el gobierno nacional no oficializó la decisión a través de un instrumento publicado en el Boletín Oficial. “Por el momento estamos dedicados a contener a los compañeros, y no tenemos más información”, señaló el dirigente.

Asimismo, acerca de los despidos, enfatizó que son “violatorios” de la estabilidad laboral otorgada por la Constitución Nacional (artículo 14 bis), que ampara el convenio colectivo de trabajo del sector; y advirtió que se trata de una “persecución política” sustentada en argumentos falaces como el elevado nivel salarial.

Vaca Sanabria contó que el jueves pasado, el Consejo de Información Institucional de AFIP –del cual participó en Buenos Aires- solicitó a la administradora general Florencia Misrahi definiciones acerca de la veracidad de “ciertas versiones” que hablaban de disolución del organismo federal, tras lo cual a principios de esta semana se desencadenó la peor noticia dada ayer por el vocero Manuel Adorni.

Los trabajadores de la Regional Resistencia

La Regional con sede en Resistencia cuenta en la actualidad con poco menos de 300 trabajadores de planta. Sanabria explicó que esta dependencia tiene formato de oficina regional, ya que abarca a Formosa y a Corrientes. Agregó así que, previo a la gestión de Carlos Menem, también incluía a Posadas, pero durante ese gobierno esa ciudad misionera logró el status de regional.

“Estamos en una incertidumbre total. Siempre todos los gobiernos reestructuraron alguna parte del organigrama de AFIP, pero nunca se había llegado a esta decisión”, sostuvo el dirigente al referirse a la disolución, y a su nuevo formato de Agencia de Recaudación y Control Aduanero con dos direcciones, una impositiva y otra aduanera.

También recordó que hace algunos años atrás en esta Regional Resistencia había unos 465 trabajadores, pero hoy no llegan a 300. “Tenemos menos empleados que en 2019”, aseguró, destacando AFIP es “un organismo altamente profesionalizado”, al que ingresan profesionales vinculados a carreras afines a la actividad como ciencias económicas o abogacía. “En la última incorporación de personal, del 2020 al 2023, ingresaron en todo el país unos 3155 empleados en DGI y Aduana”, mencionó, indicando que son esos los apuntados por la gestión nacional para pasar a disponibilidad.

En la actualidad, esta Dirección Regional Resistencia de AFIP incluye a las unidades orgánicas denominadas Agencia Sede Resistencia, Agencia Formosa, Agencia Corrientes, Distrito Clorinda, Distrito Presidencia Roque Sáenz Peña y Distrito Goya. “Veníamos con una falencia de personal y sobrecarga de tareas. Acá no sobra gente y no pasa por ahí el déficit fiscal del que habla el gobierno nacional. AFIP es un organismo autárquico que tiene su propio presupuesto”, explicó el secretario general de AEFIP.

¿Cuánto cobra un trabajador del organismo?

Luego del anuncio oficial de disolución de AFIP y despidos, en las redes sociales y en medios nacionales se instalaron valores millonarios al hablar de los salarios que perciben quienes están en cargos jerárquicos del organismo, aunque el discurso generalizó y parte de la sociedad atribuyó esos sueldos a todo el personal.

“Lo que se difunde de los 32 millones de pesos son sueldos que cobran 21 personas por fuera de nuestro convenio colectivo de trabajo. Es toda gente que viene de la política. No tiene nada que ver con un empleado que ingresó en 2020, que está cobrando hoy alrededor de 2,5 millones de pesos por mes (poco más de 1,1 millones de pesos de sueldo más el 1,98% sobre lo recaudado, que puede alcanzar 1,2 millones)”, reveló Vaca Sanabria. Y agregó: “No hay sueldos de 17 millones o 32 millones”.

Así, como punto de comparación, indicó que esos niveles salariales están hoy “por debajo de los empleados bancarios”, aunque recordó que “en una época el salario en AFIP era el doble de los bancarios, pero este año no tuvimos paritarias ni aumentos”.

A favor de los más ricos

“Repudiamos el vaciamiento del Estado y una intencional política tributaria a favor de los grandes grupos económicos”, indica una de las partes del comunicado dado a conocer en la previa de las asambleas de la fecha en todo el país. En ese sentido, Vaca Sanabria explicó que la gestión nacional beneficia con sus políticas a los “grupos concentrados del poder económico”, como ocurrió con la baja del Impuesto a los Bienes Personales.

Por último, realzó el rol y la funcionalidad de la AFIP, que va más allá de lo recaudatorio y alcanza acciones relevantes de control y servicio a la comunidad. “Este organismo otorga, por ejemplo, el aval para las jubilaciones y pensiones, y avales para corroborar si las empresas hacen los aportes a los trabajadores formales, entre otras muy importantes funciones”, explicó.

“Este gobierno que prometió bajar los impuestos, no lo hizo, pero además define como héroes a quienes evaden, y desarma los controles y fiscalizaciones. Así, se pierde la percepción del riesgo”, describió.

A modo de cierre, el secretario general de AEFIP ratificó la vocación de diálogo del gremio, pero advirtió: “Los que no nos quieren escuchar son los que toman las decisiones”.

El comunicado conjunto a nivel nacional

El comunicado difundido esta tarde por AEFIP, a través de su mesa directiva nacional, destaca las asambleas convocadas en todas las seccionales del país, donde “los trabajadores en su conjunto expresaron tanto su preocupación como el repudio a los anuncios del gobierno nacional”.

“Destacamos la masividad de los encuentros en la sede central de la Aduana como en la sede central de la AFIP. En ambas hicieron uso de la palabra los secretarios generales de las Entidades Gremiales, Carlos Sueiro, de Supara, y Pablo Flores, de la AEFIP.

Se reiteraron los términos de rechazo a las pretendidas medidas tanto por su ilegalidad e inconstitucionalidad como del perjuicio al organismo y a sus trabajadores”, indica el texto. Asimismo, los trabajadores enfatizaron “en los despidos y la incertidumbre en los derechos laborales por el pretendido status jurídico de un nuevo Ente Recaudador de Control”.

“Este brutal avasallamiento en contra de los trabajadores, la fuente de trabajo y sus derechos colectivos pasó un límite que vulnera la paz social; por lo tanto, hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias políticas y legales de este accionar ilegítimo, que a su vez genera perjuicio en el erario público”, advirtieron los gremios.

Así, y como consecuencia del trabajo conjunto de las organizaciones, actuando en conjunto, acordaron realizar en forma conjunta un paro de actividades los días 23, 24 y 25 de octubre en el horario de 10 a 12, con asambleas en el lugar de trabajo y apagón informático.

“Nuestra organización gremial, en estado de alerta y movilización permanente, analizará la continuidad y profundización de las medidas en relación al avance de los hechos”, adelantaron finalmente.

El anuncio del gobierno

“El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir. En su lugar se va crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada”, dijo el vocero Adorni durante la conferencia realizada en la Casa Rosada, en la que no permitió preguntas.

Así, informó que se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual del organismo federal. En total, se eliminarán el 34% de los cargos públicos. Se reubicarán y pasarán a disponibilidad unos 3100 empleados que ingresaron durante el último gobierno “de manera irregular”, aseguró, lo que supondrá “un ahorro presupuestario en torno a los $6400 millones”.

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Cuánto se necesitó en octubre para criar un hijo en la Argentina, según el INDEC

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El organismo publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor. El valor más alto corresponde a los nenes de entre 6 a 12 años, para lo que se necesitaron $479.723 en el décimo mes del año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En octubre, -con una inflación de 2,7%-, el costo de la crianza de un bebé menor de un año fue de $388.184 por mes. En el mismo período del 2023, se necesitaron $141.320.

Para los chicos de entre uno y tres años, el costo fue de $460.220 mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $381.230; y para los menores de seis a 12 años se necesitaron $479.723.

El indicador que mide el organismo que conduce Marco Lavagna releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)
El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)

Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En octubre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $111.749 para menores de un año; $144.294 entre uno y tres años; $183.776 entre cuatro y cinco años; y $227.975 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $276.435, $315.926, $197.454 y $251.748, respectivamente.

Para criar a un hijo de hasta 12 años en total se necesitó durante octubre:

  • Menor de un año: $388.184
  • De uno a tres años: $460.220
  • De cuatro a cinco años: $381.230
  • De seis a 12 años: $479.723

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Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el plan preventivo de crisis y avanza con la privatización

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La compañía aérea dio por finalizado el conflicto con los sindicatos después de cerrar aumentos salariales y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo. De qué manera sigue el proceso para que la compañía pase al sector privado.

Después de una semana de extensas reuniones, el directorio de Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con los principales gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto. Más allá de los detalles, con este entendimiento el Gobierno asegura que no presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis y analiza de qué manera avanzar con la privatización de la empresa.

Este jueves, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), convalidaron el acuerdo alcanzado con los directivos de Aerolíneas, que incluye aumentos salariales de 16% y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo.

En concreto, entre las modificaciones acordadas, los pilotos y tripulantes dejarán de ser trasladados en remis y se implementará un sistema de viáticos después del verano, así como dejará de contabilizarse el inicio de la jornada laboral cuando salen de su casa y comenzarán su horario de trabajo cuando lleguen a los aeropuertos. Tampoco contarán con asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa y dejarán de tener pasajes vacacionales para ellos y sus familiares directos.

Por su parte, los mecánicos y el personal de rampa se podrán mover entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno afirma que esta serie de cambios permitirán un “aumento significativo en los índices de productividad”.

Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)
Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)

“Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano”, defendieron fuentes oficiales.

Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el Procedimiento Preventivo de Crisis y avanza con la privatización

De esta manera, el Gobierno entiende que desde que se pactaron estos cambios, ya no será necesario presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un instrumento legal que, de aprobarse en la Secretaría de Trabajo, permite suspender personal o directamente reducir nóminas pagando menos indemnizaciones.

Aerolíneas había amenazado con acudir a esa estrategia de presión en caso de que las negociaciones con los gremios no se resolvieran y siguieran las medidas de fuerza. De hecho, equipos legales comenzaron a evaluar cómo hacer la presentación ante las autoridades de Trabajo, pero finalmente lo desestimaron.

“De momento el PPC queda sin efecto porque se acordó con los sindicatos”, determinó un funcionario involucrado en las conversaciones. Y otro advirtió: “Siempre que no surjan otras acciones, no resulta necesario presentarlo”.

Pero además, en el Ejecutivo consideran que el camino se allana y que el convenio alcanzado con los gremios ayuda a avanzar hacia el “horizonte de la privatización”. Fundamentalmente porque creen que los aspectos de los convenios obstaculizaban las operaciones y ahora la empresa se vuelve más “eficiente” y, por consiguiente, más atractiva para un eventual comprador interesado.

El camino hacia la privatización se mantiene. Se seguirá adelante con la idea de que Aerolíneas deje de ser parte del Estado argentino”, explicaron en la Casa Rosada.

Entre las alternativas sobre la mesa, hay varias que se barajan a la hora de pensar en la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, para que el Estado se desprenda de la compañía es necesaria la aprobación del Congreso.

En este sentido, en el oficialismo analizan respaldar un proyecto que ya fue presentado por el legislador del PRO, Hernán Lombardi, y discutir algunos cambios, o presentar una iniciativa nueva. En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también suman como opción la posibilidad de entregar parte de las acciones de la empresa a los empleados.

Pero de cualquier forma, la continuidad de este plan está sujeta al apoyo del Congreso. Es decir, que otro camino posible es esperar hasta que el oficialismo cuente con mayor apoyo legislativo, algo que está convencido que sucederá pasadas las elecciones de medio término. En todo caso, hay una definición que es clara y repiten algunos referentes del Ejecutivo: la privatización de Aerolíneas avanzará cuando la ecuación parlamentaria lo permita.

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Juicio por YPF: los beneficiarios del fallo rechazan que EE.UU. haya intervenido en favor de la Argentina

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A través de una carta a la jueza Loretta Preska, cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros.

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF rechazaron este jueves que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya intervenido en favor de la Argentina para oponerse a la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones.

El grupo, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, busca que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.

A través de una carta a la jueza Loretta Preska, los beneficiarios cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la afirmación de “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros ubicados en el exterior.

“Los acreedores comenzaron su carta cuestionando el momento de la presentación de los Estados Unidos, señalando que dicho país ha estado al tanto del caso desde al menos 2019, cuando presentó un escrito de amicus curiae oponiéndose a la solicitud de la Argentina en la Corte Suprema”, explicó Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors.

La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)

En ese sentido, el escrito apuntó: “La presentación de Estados Unidos ignora descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema (Argentina contra NML Capital), un caso en el que Estados Unidos también se puso del lado de Argentina contra el texto claro de la FSIA y perdió”.

“La Declaración de Intereses no pone en duda la exactitud de la decisión de este Tribunal en el caso Bainbridge Fund que dictaminó que la propiedad de un estado extranjero no es inmune a la ejecución en virtud de su ubicación fuera de los Estados Unidos; y la Corte tiene la autoridad para ordenar a un estado extranjero que traiga sus propiedades a los Estados Unidos si no queda inmune a la ejecución posterior”, enfatizó.

Los otros casos judiciales contra la Argentina que pueden tener novedades en las próximas semanas

Este miércoles, la Argentina y el fondo Titan Consortium acordaron los términos del pago de US$340 millones más intereses. Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.

El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es “sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar US$389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%”, explicó a TN Sebastian Maril, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.

El revés en el caso Aerolíneas se suma a la lista de condenas contra la Argentina en tribunales internacionales, de las que se esperan novedades en las próximas semanas.

El 21 de noviembre se cumple el plazo para que el país pague o acuerde con los beneficiarios de la sentencia por US$1500 millones en Gran Bretaña por el caso de manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”. Ese día los demandantes pueden ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ya quedó cerrado.

De manera paralela, la Argentina presentó un escrito inicial en la apelación por el caso conocido como Cupón PBI en Nueva York. Esa demanda había sido presentada de manera inicial en 2019. En abril, la jueza Preska falló a favor de la Argentina, porque los inversores no cumplieron ciertos requisitos, pero en septiembre los demandantes hicieron una nueva presentación por US$1300 millones.

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