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Cristina vs Quintela: con listas confirmadas, ahora la duda es quién va a poner la plata para la interna del PJ

Fuentes partidarias estiman que entre recursos humanos, logística, urnas, boletas, seguridad y locaciones y los gastos de la campaña, el costo es de varios miles de millones de pesos. En el Gobierno dejaron trascender que no habrá fondos públicos para la elección. ¿Negociarán una postergación?

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Con las listas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela confirmadas para la inédita experiencia del peronismo yendo a internas para dirimir no la candidatura presidencial, sino la presidencia del PJ, empezó a tomar volumen la duda sobre de dónde saldrán los fondos para financiar una competencia que no tiene antecedentes en la historia del partido que fundó Perón. Se trata de una incertidumbre que exige a los protagonistas un ejercicio de imaginación, sobre todo porque el país está gobernado con una máxima inoportuna: “no hay plata”.

Esta inquietud no es sólo del equipo político del riojano Quintela, que hace seis meses caminaba el país con la hipótesis de que habría una lista sola. También está en el grupo hermético que acompaña a la ex presidenta, que tampoco tiene claro cómo será este procedimiento que se debería ejecutar el 17 de noviembre próximo, justo cuando se celebra el Día de la Militancia, en recuerdo del regreso de Perón tras 17 años de exilio.

El ex senador Jorge “Negro” Yoma y el abogado Daniel Llermanos, apoderados de la lista “Federales, un grito de corazón”, pedirán en la sede histórica de Matheu 130 precisiones sobre qué formato prevé la Junta Electoral del PJ que tendrá la elección. Con un padrón de más de tres millones de electores, el Partido Justicialista tiene representación en todas las provincias y en casi la totalidad de municipios y pueblos del interior del país existe, al menos, una Unidad Básica.

“Somos compañeros y no va a haber problemas, pero queremos preguntar cómo se va a garantizar la participación y transparencia de las internas. También vamos a pedir un lugarcito en Matheu, que ellos lo tienen y nosotros no”, admitía anoche, con sobreactuada inocencia, una fuente de los retadores del liderazgo de Cristina Kirchner.

La duda tiene que ver con que una elección nacional demanda unas 100 mil urnas, con la movilización de cientos de miles de personas que trabajan en cada mesa como presidente y fiscales -quienes perciben un emolumento-, en la seguridad y asistencia de los lugares de votación y en el traslado de las urnas, más recursos humanos, materiales y tecnológicas para la logística, el recuento y transmisión de los sufragios, las boletas, la impresión de padrones, las propias urnas y una serie de menesteres que son indispensables.

¿Se votará en escuelas? ¿Se votará en las cabeceras de partidos o departamentos o en cada pueblo? ¿De dónde surgirán los presidentes de mesa? ¿Cómo se capacitarán? ¿Se contratará al Correo Argentino para el escrutinio? Son todas preguntas sobre las que ninguno de los involucrados tiene respuesta.

“Todo eso puedo salir varios miles de millones de pesos. Sabemos que el Gobierno no va a dar un peso extra, más allá de lo que transfirieron por el Fondo Permanente Partidario. Y los aportantes privados tienen límites para poner plata pero, sobre todo, menos incentivos que nunca, porque el PJ no luce como una alternativa de poder inminente”, explicó a Infobae un experto en elecciones que trabaja en uno de los sectores en disputa.

El PJ se reunió en un Congreso que preside Gildo Insfrán y que está acéfalo desde la renuncia de Alberto Fernández El PJ se reunió en un Congreso que preside Gildo Insfrán y que está acéfalo desde la renuncia de Alberto Fernández

Para tener dimensión de la distancia entre lo que puede costar una elección y la plata disponible que tiene el PJ vale recordar que en la distribución que hizo el 16 de julio pasado la Jefatura de Gabinete del Fondo Partidario Permanente, el Justicialismo nacional recibió por todo concepto 34 millones de pesos, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió $ 63.051.342, la de Santa Fe $ 19.742.099, CABA $ 13.157.268, Tucumán $ 9.677.677, Chaco $ 7.845.911, Formosa $ 6.635.843, La Pampa, $ 3.449.480, La Rioja $ 3.213.765, Salta $ 3.845.642,22, Catamarca 2.891.072, Santa Cruz $ 778.590, y Tierra del Fuego $ 673.590. Por todo concepto y para el año.

La ley y las trampas

“Nosotros estamos en modo off. Se presentaron las listas y ahora queda en ellos que muevan”, explicaron fuentes cercanas a la ex presidenta sobre los últimos acontecimientos. Hay una secreta expectativa de que Quintela efectivamente finalmente desactive su lista. “El Gitano no se baja. No hay chance. A lo sumo se podrá hablar de postergar hasta marzo la interna, pero después de todo lo que luchó no es lógico que pidan eso”, aclararon desde el campamento del gobernador riojano.

Quintela ya sintió el rigor que suele imponer el kirchnerismo cuando decide tomar una decisión política fundamental. La postulación por Twitter de Cristina Kirchner, un operativo clamor relámpago, la convocatoria a muchos de los que habían prometido estar en la lista rival y el corrimiento casi unánime del aparato que hasta hace dos semanas se mostraba entusiasta con una propuesta renovadora del PJ que proviniera del interior profundo y no del AMBA y su periferia, la fortaleza que supo construir CFK.

La singularidad de que Axel Kicillof resistiera y no expresara su apoyo público a su mentora, no oculta que la lista rival apenas pudo completar los nombres exigidos para competir en una interna. “Con Axel estamos más que agradecidos. Que haya dicho que la de Quintela no era su lista no es nada comparado con que resistió y no apoyó públicamente a la lista de Cristina. Si hacía eso, nos teníamos que ir cada a uno a su casa”, confesó anoche otra fuente partidaria.

Es la misma que admitió que varios de los que le habían prometido sus nombres como consejeros aparecieron en “Primero la Patria”, la lista de la ex presidenta. “No nos asusta. Vamos a competir aunque la Junta Electoral la manejen ellos”, concluyó.

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Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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