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Economia

Los precios mayoristas subieron 2% en septiembre y acumulan un alza de 61,5% en lo que va del año

El indicador que elabora el INDEC sobre los precios mayoristas aumentó 197,3% en los últimos 12 meses. De acuerdo a los datos difundidos, la variación del mes pasado se explicó por el incremento del 2,3% en los productos nacionales y por la baja de 1,4% en los importados.

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La inflación mayorista registró una suba de 2% en septiembre, lo que significó una desaceleración de 0,1 puntos contra agosto, y el registro más bajo desde agosto de 2020. Así, acumuló un alza del 61,5% en lo que va del 2024, según informó este jueves el INDEC.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en septiembre se explicó por la suba del 2,3% en los productos nacionales y una baja de 1,4% en los importados, impulsada por la reducción de 10 puntos en el impuesto PAIS que el Gobierno puso en marcha el mes pasado. En los últimos 12 meses el IPIM avanzó 197,3% frente a precios al consumidor que se movieron 209% en el mismo período.

Tanto Luis Caputo como el presidente Javier Milei celebraron la cifra en sus cuentas de X. El mandatario felicitó al titular del Palacio de Hacienda y dijo que es el mejor ministro de economía de la historia. “Domando la inflación sin hiper, sin default, sin expropiación, sin control de precios, sin dólar fijo y con fuerte recomposición de precios relativos. CIAO!”, escribió.

Tras la publicación del dato de inflación mayorista, el ministro de Economía Luis Caputo fue elogiado por Javier Milei. (Foto: @LuisCaputoAR/X).
Tras la publicación del dato de inflación mayorista, el ministro de Economía Luis Caputo fue elogiado por Javier Milei. (Foto: @LuisCaputoAR/X).

La reducción del impuesto PAIS fue una de las apuestas del Gobierno para empezar a derrotar la inercia de la inflación. Se sintió especialmente en el dato mayorista porque disminuyó el costo de los productos importados. Sin embargo, también hubo un impacto en los precios al consumidor, que el mes pasado lograron perforar el 4% por primera vez en el mandato de Milei.

En septiembre hubo deflación en los productos importados

El informe del INDEC sobre los precios mayoristas presenta tres tipos de mediciones. La más global es el Índice de precios internos al por mayor (IPIM), que mide la variación de los costos a los que los productores e importadores venden en el mercado interno e incluye los impuestos.

Este indicador mostró un alza de 2% en septiembre explicada por un incremento de 2,3% en los productos nacionales y una baja de 1,4% en los importados. En lo que va del año, el IPIM acumuló una suba de 61,5% y en los últimos 12 meses escaló 197,3%.

En septiembre, el Gobierno bajó de 17,5% a 7,5% el impuesto PAIS y eso redujo el costo de los importadores. (Foto: Adobe Stock).
En septiembre, el Gobierno bajó de 17,5% a 7,5% el impuesto PAIS y eso redujo el costo de los importadores. (Foto: Adobe Stock).

Por su parte, el Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) mide lo mismo que el IPIM, pero sin los impuestos. Este indicador avanzó 1,7% en septiembre por el aumento de 1,9% en el componente nacional y la deflación de 1,3% en los ítems importados. En los primeros nueve meses de 2024 el IPIB acumuló un alza de 54,8% y trepó 185,3% a nivel interanual.

Finalmente, el Índice de precios básicos del productor (IPP) calcula la variación de los precios de la producción local, sin impuestos. Esa medición arrojó una suba de 1,9% en septiembre y de 57,6% en lo que va del año. En los últimos 12 meses, en tanto, avanzó 186,4%.

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Cuánto se necesitó en octubre para criar un hijo en la Argentina, según el INDEC

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El organismo publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor. El valor más alto corresponde a los nenes de entre 6 a 12 años, para lo que se necesitaron $479.723 en el décimo mes del año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En octubre, -con una inflación de 2,7%-, el costo de la crianza de un bebé menor de un año fue de $388.184 por mes. En el mismo período del 2023, se necesitaron $141.320.

Para los chicos de entre uno y tres años, el costo fue de $460.220 mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $381.230; y para los menores de seis a 12 años se necesitaron $479.723.

El indicador que mide el organismo que conduce Marco Lavagna releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)
El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)

Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En octubre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $111.749 para menores de un año; $144.294 entre uno y tres años; $183.776 entre cuatro y cinco años; y $227.975 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $276.435, $315.926, $197.454 y $251.748, respectivamente.

Para criar a un hijo de hasta 12 años en total se necesitó durante octubre:

  • Menor de un año: $388.184
  • De uno a tres años: $460.220
  • De cuatro a cinco años: $381.230
  • De seis a 12 años: $479.723

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Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el plan preventivo de crisis y avanza con la privatización

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La compañía aérea dio por finalizado el conflicto con los sindicatos después de cerrar aumentos salariales y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo. De qué manera sigue el proceso para que la compañía pase al sector privado.

Después de una semana de extensas reuniones, el directorio de Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con los principales gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto. Más allá de los detalles, con este entendimiento el Gobierno asegura que no presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis y analiza de qué manera avanzar con la privatización de la empresa.

Este jueves, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), convalidaron el acuerdo alcanzado con los directivos de Aerolíneas, que incluye aumentos salariales de 16% y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo.

En concreto, entre las modificaciones acordadas, los pilotos y tripulantes dejarán de ser trasladados en remis y se implementará un sistema de viáticos después del verano, así como dejará de contabilizarse el inicio de la jornada laboral cuando salen de su casa y comenzarán su horario de trabajo cuando lleguen a los aeropuertos. Tampoco contarán con asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa y dejarán de tener pasajes vacacionales para ellos y sus familiares directos.

Por su parte, los mecánicos y el personal de rampa se podrán mover entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno afirma que esta serie de cambios permitirán un “aumento significativo en los índices de productividad”.

Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)
Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)

“Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano”, defendieron fuentes oficiales.

Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el Procedimiento Preventivo de Crisis y avanza con la privatización

De esta manera, el Gobierno entiende que desde que se pactaron estos cambios, ya no será necesario presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un instrumento legal que, de aprobarse en la Secretaría de Trabajo, permite suspender personal o directamente reducir nóminas pagando menos indemnizaciones.

Aerolíneas había amenazado con acudir a esa estrategia de presión en caso de que las negociaciones con los gremios no se resolvieran y siguieran las medidas de fuerza. De hecho, equipos legales comenzaron a evaluar cómo hacer la presentación ante las autoridades de Trabajo, pero finalmente lo desestimaron.

“De momento el PPC queda sin efecto porque se acordó con los sindicatos”, determinó un funcionario involucrado en las conversaciones. Y otro advirtió: “Siempre que no surjan otras acciones, no resulta necesario presentarlo”.

Pero además, en el Ejecutivo consideran que el camino se allana y que el convenio alcanzado con los gremios ayuda a avanzar hacia el “horizonte de la privatización”. Fundamentalmente porque creen que los aspectos de los convenios obstaculizaban las operaciones y ahora la empresa se vuelve más “eficiente” y, por consiguiente, más atractiva para un eventual comprador interesado.

El camino hacia la privatización se mantiene. Se seguirá adelante con la idea de que Aerolíneas deje de ser parte del Estado argentino”, explicaron en la Casa Rosada.

Entre las alternativas sobre la mesa, hay varias que se barajan a la hora de pensar en la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, para que el Estado se desprenda de la compañía es necesaria la aprobación del Congreso.

En este sentido, en el oficialismo analizan respaldar un proyecto que ya fue presentado por el legislador del PRO, Hernán Lombardi, y discutir algunos cambios, o presentar una iniciativa nueva. En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también suman como opción la posibilidad de entregar parte de las acciones de la empresa a los empleados.

Pero de cualquier forma, la continuidad de este plan está sujeta al apoyo del Congreso. Es decir, que otro camino posible es esperar hasta que el oficialismo cuente con mayor apoyo legislativo, algo que está convencido que sucederá pasadas las elecciones de medio término. En todo caso, hay una definición que es clara y repiten algunos referentes del Ejecutivo: la privatización de Aerolíneas avanzará cuando la ecuación parlamentaria lo permita.

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Juicio por YPF: los beneficiarios del fallo rechazan que EE.UU. haya intervenido en favor de la Argentina

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A través de una carta a la jueza Loretta Preska, cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros.

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF rechazaron este jueves que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya intervenido en favor de la Argentina para oponerse a la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones.

El grupo, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, busca que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.

A través de una carta a la jueza Loretta Preska, los beneficiarios cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la afirmación de “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros ubicados en el exterior.

“Los acreedores comenzaron su carta cuestionando el momento de la presentación de los Estados Unidos, señalando que dicho país ha estado al tanto del caso desde al menos 2019, cuando presentó un escrito de amicus curiae oponiéndose a la solicitud de la Argentina en la Corte Suprema”, explicó Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors.

La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)

En ese sentido, el escrito apuntó: “La presentación de Estados Unidos ignora descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema (Argentina contra NML Capital), un caso en el que Estados Unidos también se puso del lado de Argentina contra el texto claro de la FSIA y perdió”.

“La Declaración de Intereses no pone en duda la exactitud de la decisión de este Tribunal en el caso Bainbridge Fund que dictaminó que la propiedad de un estado extranjero no es inmune a la ejecución en virtud de su ubicación fuera de los Estados Unidos; y la Corte tiene la autoridad para ordenar a un estado extranjero que traiga sus propiedades a los Estados Unidos si no queda inmune a la ejecución posterior”, enfatizó.

Los otros casos judiciales contra la Argentina que pueden tener novedades en las próximas semanas

Este miércoles, la Argentina y el fondo Titan Consortium acordaron los términos del pago de US$340 millones más intereses. Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.

El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es “sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar US$389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%”, explicó a TN Sebastian Maril, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.

El revés en el caso Aerolíneas se suma a la lista de condenas contra la Argentina en tribunales internacionales, de las que se esperan novedades en las próximas semanas.

El 21 de noviembre se cumple el plazo para que el país pague o acuerde con los beneficiarios de la sentencia por US$1500 millones en Gran Bretaña por el caso de manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”. Ese día los demandantes pueden ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ya quedó cerrado.

De manera paralela, la Argentina presentó un escrito inicial en la apelación por el caso conocido como Cupón PBI en Nueva York. Esa demanda había sido presentada de manera inicial en 2019. En abril, la jueza Preska falló a favor de la Argentina, porque los inversores no cumplieron ciertos requisitos, pero en septiembre los demandantes hicieron una nueva presentación por US$1300 millones.

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