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Politica

La oposición quiere modificar una ley de Cristina para evitar que Milei gobierne por decreto

El peronismo busca un acuerdo con los dialoguistas para disponer que un DNU caiga si lo rechaza una sola Cámara. El PRO cierra filas con los libertarios.

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El presidente del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, el pichettista Oscar Agost Carreño, el lilito Juan Manuel López y los radicales empezaron este miércoles a construir la mayoría para modificar la ley 26122, la que establece que un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso para ser rechazado.

 

La jugada arrancó la semana pasada, después que Javier Milei lograra que 84 legisladores blindaran su veto contra la ampliación presupuestaria para las universidades. Mientras el oficialismo celebraba, el cordobés Agost Carreño logró mocionar el emplazamiento para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, para limitar las facultades presidenciales que le permiten a la Casa Rosada regir por decretos y vetos.

 

El impacto fue tan grande que un diputado libertario reconoció ante LPO que «el respaldo al veto no dejó mucho para festejar» porque «empezaste a consolidar una mayoría de 135 tipos del otro lado».

 

Frente a ese escenario, el PRO cerró filas con La Libertad Avanza (LLA). La encargada de la defensa del gobierno fue la macrista Silvana Giudici, que criticó a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por el impulso y la sanción de la ley en debate. «El kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia», señaló, y enumeró la resolución 125 de retenciones a la soja, el uso de reservas del BCRA para pagar deuda y la salida de Martín Redrado de la entidad crediticia como hitos del primer mandato de la ex Presidenta.

Por eso, se quejó de la oposición actual. «Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía», recordó, y reprochó: «¿Por qué no fue antes?».

Agost Carreño, por su parte, reivindicó su propio proyecto, que propone la elevación de 16 a 24 integrantes para la Bicameral de DNU, la disposición para que siempre esté constituida y que se determine un plazo de 60 días para que se expidan las Cámaras. «Es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación», expresó.

En el plenario de comisiones, presidido por Nicolás Mayoraz y Silvia Lospennato, ingresaron una decena de expedientes sobre el tema. El único que no se habilitó fue el del pichettista Juan Brügge porque, según Mayoraz, pretendía ingresarlo luego del emplazamiento del cuerpo.

 

Aun así, el cordobés postuló que la discusión no pasa alrededor de «quién dictó más DNU». «Es una mala ley para beneficiar los ejecutivos de turno porque, con esta ley, el Congreso se borró», argumentó, y añadió: «Invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo».

 

La radical Carla Carrizo indicó que el tratamiento de este tema no pretende «quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido». El recorte temático evitaría megadecretos como el 70/23, por caso.

 

En la misma dirección, el lilito López consignó que «no es una ley contra Milei», y deslizó que también serviría para contener el abuso de presidencialismo en futuros gobiernos, sean de Axel Kicillof, Juan Grabois o Patricia Bullrich.

 

Al cierre de esta nota, el peronista Martínez iba y venía por la sala del Anexo C sin renegar de la ley de Cristina que ahora pretende cambiar. «Uno no legisla pensando en el presidente que está, no imaginando lo que puede pasar», decía para justificar la necesidad de modificar la norma y limitar a Milei.

 

El emplazamiento fijado en recinto la semana pasada determina que el plenario de comisiones debe dictaminar el próximo 30 de octubre. Hasta entonces, desfilarán especialistas y los opositores tratarán de consensuar un dictamen que reúna las firmas de la mayoría.

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CORRUPCION

CHACO Fuerte denuncia contra Luis Verga ex presidente de ECOM: Malversó más de 490 millones de pesos

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El diputado provincial Nicolás Slimel, perteneciente al Frente Chaqueño, ha realizado una grave denuncia contra el ex presidente de ECOM S.A., Leandro Zdero, por la supuesta malversación de fondos que supera la asombrosa cifra de 490 millones de pesos. Esta acusación ha resonado en los medios de comunicación y ha levantado una serie de interrogantes sobre la gestión administrativa de la entidad.

La denuncia de Slimel se enmarca dentro de un contexto más amplio de vigilancia y transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en un país como Argentina, donde la corrupción y la mala gestión han sido temas recurrentes en la historia política. Según el legislador, las irregularidades no solo se limitan a la malversación de fondos, sino que incluyen operaciones realizadas a través de lo que se denomina «empresas fantasmas». Este procedimiento es comúnmente utilizado en esquemas de corrupción, donde se crean entidades ficticias para desviar recursos públicos hacia bolsillos privados.

Durante una entrevista en el programa “Argentinos de Mal” por Radio Independencia, Slimel destacó la importancia de realizar una denuncia formal para que las autoridades competentes investiguen las irregularidades denunciadas. La conmoción por este tipo de situaciones no es nueva en Argentina, donde el escándalo de corrupción suele tener un impacto significativo en la percepción pública de las instituciones y la confianza en los funcionarios elegidos.

El caso de ECOM S.A., una empresa estatal que provee servicios de telecomunicaciones, es emblemático de la relevancia de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La supuesta malversación de fondos por un monto tan elevado debe ser objeto de una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes a los responsables.

Por otro lado, la denuncia de Slimel pone de manifiesto la relevancia de la oposición en el sistema político argentino. Los legisladores tienen la responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno y de los organismos estatales, así como de llevar a cabo las denuncias necesarias para asegurar que se haga justicia. Este tipo de acciones también sientan un precedente al fomentar una cultura de rendición de cuentas y ética en la administración pública.

En conclusión, la denuncia realizada por el diputado Nicolás Slimel contra el ex presidente de ECOM S.A. destaca una problemática que afecta a la sociedad argentina en su conjunto: la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta situación no solo pone de relieve la necesidad de una administración pública más responsable, sino que también invita a la ciudadanía a estar atenta y participativa en los procesos políticos y administrativos de su país. La espera de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ante esta denuncia será clave para restaurar la confianza en las instituciones y en los funcionarios que las representan.

 

Argentinos de Mal

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Politica

Presupuesto 2025 Presupuesto: Hartos del ninguneo de Milei, los gobernadores de Juntos analizan acordar con la oposición

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Crece la bronca por los ATN que la Rosada le giró a Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, después del veto. Encuentro Federal, el PRO y la UCR evalúan un dictamen propio.

Los gobernadores de Juntos se hartaron del ninguneo de Javier Milei y coordinaron con los legisladores del pichettismo, el PRO y el radicalismo la elaboración de un dictamen propio que incluya sus demandas. «Se pudrieron todos, hasta el PRO se plantó, y por eso no salió el dictamen hoy», dijo a LPO el colaborador de uno de los gobernadores.

Acaso advertido de la bronca de los aliados, el diputado José Luis Espert aseguró al inicio de la Comisión de Presupuesto que la intención del oficialismo era sancionar el proyecto que presentó el Presidente el pasado 15 de septiembre.

LPO explicó que ese gesto puso en alerta al peronismo pero, al mismo tiempo, agudizó el malestar de las bancadas que acompañaron al gobierno o le concedieron gobernabilidad.

Para colmo, los mandatarios provinciales de la UCR y el macrismo se quejan del trato privilegiado que la Casa Rosada le otorga a sus pares del peronismo no kirchnerista. Desde el entorno de uno de ellos, apuntaron a LPO que entre el 1° y el 12 de noviembre, después del blindaje al último veto de Milei, el gobierno giró ATN a las provincias peronistas que vienen acompañando a la Rosada: «Catamarca recibió 3000 millones de pesos, Misiones 4000 millones, Salta 4500 millones y Tucumán 4500 millones», precisaron.

 

En ese contexto, uno de los diputados de la bancada liderada por Miguel Pichetto reivindicó a su bloque por haber trabajado en un dictamen alternativo al de LLA. «Yo veo que se viene un dictamen propio de Encuentro, Pro y UCR, ante la negativa del gobierno de negociar», sostuvo.

Se pudrieron todos, hasta el PRO se plantó, y por eso no salió el dictamen del Presupuesto.

Como anticipó LPO semanas atrás, los gobernadores de Juntos reclaman, en sintonía con el pichettismo, el financiamiento de de las cajas previsionales provinciales no transferidas, mientras que Balcarce 50 no se mueve de los 254 mil millones asignados, y el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal 2017.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert.

Además, plantean la eliminación de las afectaciones específicas del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuyos fondos estarían subejecutados y pretenden que se coparticipen.

Por último, los gobernadores piden la reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA) y la coparticipación de los fondos de emergencia de los ATN no distribuidos.

El destrato de Milei y las necesidades fiscales de las provincias están acercando más que nunca a los gobernadores y los bloques parlamentarios de la oposición dialoguista. «Es la primera vez que hay acuerdo en el PRO, los gobernadores de Juntos y los bloques de Pichetto y UCR para hacer algo en conjunto», afirmó a LPO un diputado de ese mundo.

 

 

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CORRUPCION

CHACO “260 familias quedaremos en la calle” Trabajadores ferroviarios protestan por despidos injustificados

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Con despidos masivos y cierres en el Chaco y en otras provincias, el sector ferroviario se encuentra en una situación crítica

Trabajadores ferroviarios del Chaco denuncian despidos escalonados y el cierre progresivo de ramales, situación que afecta a más de 260 familias y que ya dejó sin empleo a más de 20 personas. En la provincia, las protestas vienen encabezadas por el trabajador Oscar Denis, quien advirtió sobre una “masacre ferroviaria” que, según él, recuerda los peores años de desmantelamiento del sector. Los manifestantes alertan sobre la posibilidad de que continúen los despidos, lo que incrementa la incertidumbre laboral y afecta a numerosas familias en la región.

La situación actual se desató tras la visita del gerente Juan Guillaborda, quien, según Denisjustificó la decisión de cerrar el ramal chaqueño señalando que era deficitario. Desde ese anuncio, las bajas en el sector se suceden y los trabajadores viven en estado de alerta ante la posibilidad de perder sus empleos. A la fecha, las notificaciones de despido se envían por correo electrónico, sin causas claras ni diálogo con el sindicato, denuncian los trabajadores.

Denis también afirmó que esta crisis no es exclusiva del Chaco, ya que los despidos y cierres de ramales han afectado también a Córdoba y Santiago del Estero. En Salta, otro ramal dejó de operar recientemente, reflejando un desmantelamiento del sistema ferroviario en varias provincias del país. Los trabajadores consideran que la situación es crítica y exigen respuestas de las autoridades competentes.

Denis señaló que el gobierno nacional y el sindicato están dialogando sin contemplar la necesidad de proteger las fuentes laborales, y también responsabilizó al ex presidente Mauricio Macri, al que acusó de iniciar el “vaciamiento del sistema ferroviario”. En este contexto, las medidas de recorte habrían continuado con la nueva gestión, generando despidos en provincias como Córdoba y Santiago del Estero.

Los manifestantes piden la intervención del gobierno provincial y nacional, además de la acción concreta de la Unión Ferroviaria, a quienes acusan de falta de apoyo en esta lucha. “Pedimos que los compañeros no tengan miedo y se sumen a la protesta para defender sus derechos”, expresó Denis, señalando que continuarán en las calles y en los medios para visibilizar esta problemática.

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