Politica
Ajmechet cobra 1,2 millón como adjunta de cátedra en la UBA y votó contra las universidades
La diputada del PRO no pidió licencia por su cargo de adjunta exclusiva en una cátedra de Ciencia Política y suma su abultado salario docente a la dieta del Congreso.
La diputada Sabrina Ajmechet no pidió licencia para su cargo con dedicación exclusiva como adjunta de cátedra en la carrera de Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y percibe un ingreso de 1,26 millones de pesos. La semana pasada votó a favor del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
Si bien la docencia no es incompatible con las tareas parlamentarias de un legislador o el desempeño de la función pública en general, la dedicación exclusiva establecida por convenio implica una demanda de 50 horas semanales, una carga que le impediría asumir con responsabilidad su rol en el Congreso, y viceversa.
Desde el gremio docente explicaron a LPO que la dedicación exclusiva, por otro lado, es un privilegio al que solo llegan profesores con larga trayectoria académica y se computan en ese universo menos del 10 por ciento de los docentes. «Creíamos que tenía una activa simple y la exclusiva en licencia pero no», indicaron.
La legisladora gana, además, alrededor de 4 millones de pesos por su dieta en el Congreso. Sus pares en representación de la izquierda, Vanina Biasi, nodocente en la misma casa de estudios, y la radical Carla Carrizo, profesora en las mismas aulas que Ajmechet, pidieron licencia por su trabajo en la UBA.
Desde el entorno de Carrizo, que está designada como asociada en la cátedra de Teoría Política Contemporánea, aclararon que las clases son los martes y coincide con jornadas intensas por el trabajo en comisiones de la Cámara Baja. «No puede estar en dos lugares al mismo tiempo», graficaron.
El movimiento estudiantil, por su parte, manifestó con flyers el repudio a la diputada del PRO. En un mensaje a sus seguidores de Instagram, la agrupación La Mella recordó que en la última asamblea estudiantil el claustro votó la declaración de «persona no grata» para todo aquel legislador que votara contra las universidades.
Para colmo, Ajmechet había adelantado en La mañana de CNN que apoyaría el veto de Milei pero su justificación fue bastante llamativa: «El populismo universitario no nos trajo a un buen lugar», dijo.
Incluso, cargó contra las universidades del conurbano, al considerar que algunas facultades «desprestigian a las demás». «Hay universidades en el Conurbano que se abrieron sin criterio y son lugares de militancia», argumentó.
Lo curioso es que Ajmechet dicta clases en una carrera dirigida por Elsa Llenderrozas, una dirigenta radical que no solamente fue candidata a legisladora por la UCR en listas de Juntos por el Cambio sino que acompañó hasta la semana pasada como postulante a vicepresidenta del partido a nivel bonaerense a Miguel Fernández, el ex intendente de Trenque Lauquen que se impuso contra Pablo Dominichini, apoyado por Martín Lousteau y Facundo Manes.
La controversia también impactó en otros legisladores que dan clases en universidades públicas, como el radical Martín Arjol, que integra el grupo de los cinco miembros de la UCR que se fotografiaron con Javier Milei y forman parte del tercio que blindó los vetos presidenciales contra jubilados y universidades. A través de una carta enviada la consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, los estudiantes pidieron su expulsión.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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