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Politica

El Gobierno habilitó a la SIGEN para que pueda auditar a las universidades públicas

A través de un dictamen de la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación recuperó la facultad de controlar los gastos de las casas de estudio nacionales que se dejó de tener durante el gobierno de Cristina Kirchner. La resolución se da en medio de tomas y paros por los recortes presupuestarios.

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Este martes el Gobierno oficializó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como auditora de las universidades públicas, a través del dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. “Si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios”, dijo Javier Milei este sábado, en medio de la tensión por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con esta decisión, el Ejecutivo logró su objetivo de que la SIGEN cumpla una tarea de la Auditoría General de la Nacional (AGN). Este es el organismo del Estado que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el control externo del sector público nacional.

Entre los fundamentos de Barra para esta decisión, se informó que el sistema de control interno que realiza la SIGEN está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

De esta manera, Barra explicó que la aplicación de la Sindicatura en las universidades públicas no “vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera” que reconoce la Constitución Nacional sobre las casas de altos estudios.

Asimismo, se afirmó que la Ley de Educación Superior somete a las facultades públicas a la Ley de Administración.

Las facultades fueron tomadas por los estudiantes que están en contra de las medidas del Gobierno, tras el veto a la Ley de Financiamiento. Foto: Leandro Heredia/TN).
Las facultades fueron tomadas por los estudiantes que están en contra de las medidas del Gobierno, tras el veto a la Ley de Financiamiento. Foto: Leandro Heredia/TN).

Además, Barra cuestionó el accionar del Congreso: “El Poder Legislativo decidió excluir a la SIGEN del sistema de control interno que era aplicable a las universidades a través del artículo 129 de la Ley N° 27.591 (Presupuesto)”.

“En la última década, se había notado cierta resistencia por parte de algunas universidades nacionales para aceptar el marco normativo”, agregó Barra en el documento, en una clara crítica hacia las autoridades de las facultades.

La resolución de la Procuración del Tesoro se informó a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Con este dictamen, el Gobierno cumplió con lo que solicitó el partido PRO, cuando decidió dar sus apoyos para blindar el veto a la Ley de Financiamiento en el Congreso.

La semana pasada, los integrantes del espacio liderado por Mauricio Macri pidieron que el Gobierno deje sin efecto la resolución firmada por Carlos Zannini, procurador del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández. Este documento indicaba que las auditorías de la SIGEN sobre las universidades públicas eran una “vulneración a la autonomía” que estas tienen.

Qué es la SIGEN y por qué el Gobierno quiere auditar las universidades

La Sindicatura General de la Nación es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. El organismo coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional cumpla los objetivos que se proponga, a través de un manejo adecuado de los recursos.

“La universidad pública y gratuita no está en discusión, por eso las queremos auditar”, dijo el Presidente durante el acto de inauguración del Palacio Libertad. También agregó que su gestión quiere cuidar las casas de altos estudios para que “lleguen a los alumnos y a los profesores y no a los ladrones, delincuentes y mentirosos”.

Desde el comienzo de la gestión, Milei aseguró que auditoría las universidades públicas. (Foto: Reuters - Anderson Coelho)
Desde el comienzo de la gestión, Milei aseguró que auditoría las universidades públicas. (Foto: Reuters – Anderson Coelho)

“Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entran en la universidad”, aseguró. Y cuestionó a los que la defienden “pero usan autos caros de 90.000 dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos”.

En su discurso, Milei sostuvo que la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para “convertirse en un obstáculo para la misma”.

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Politica

Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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