La semana pasada el senador santafesino Armando Traferri fue acusado de ser jefe de una organización criminal desde la que garantizó la cobertura política y judicial para repartirse dinero ilícito. La prueba exhibida en dos días de audiencia fue abundante y variada.

El cambio de fiscales que Traferri exigió y logró para presentarse ante un tribunal no le mejoró la situación. Sus nuevos acusadores no se bajaron de ninguno de los delitos anticipados hace ya cuatro años que, si se validan, implicarán una condena efectiva.

Entre martes y miércoles los tres nuevos fiscales mostraron en detalle las acciones atribuidas al experimentado legislador. Expusieron cómo recibió dinero del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti, en qué reuniones acordadas, en cuáles fechas y en qué lugares.

También cómo organizó una estructura para que este empresario obtuviera las licencias del juego online de la provincia y cómo influyó para que cambiara la titularidad hacia otros socios sin problemas penales.

Cómo incidió para que magistrados aliviaran las sanciones al entorno de Peiti y cómo usó subsidios que recibía como senador para que una psiquiatra dictaminara que su aliado debía estar en una clínica en lugar de una prisión.

Lo más importante de lo que pasó esta semana con Traferri, referente del departamento San Lorenzo, es algo que forma parte de un objeto negado del debate en Santa Fe.

Y es que la política no está haciendo ninguna lectura del hecho de que a uno de los dirigentes más relevantes de la actualidad institucional de la provincia lo hayan acusado de delitos que fueron explicados en su mayoría al Senado hace cuatro años y que ese cuerpo por mayoría, sin ninguna explicación fundamentada, se negó a levantarle los fueros para que se presentara ante un juez.

Cómo incidió para que magistrados aliviaran las sanciones al entorno de Peiti y cómo usó subsidios que recibía como senador para que una psiquiatra dictaminara que su aliado debía estar en una clínica en lugar de una prisión

Lo que no está dicho es que fue la política al más alto nivel y la Justicia de Santa Fe la que impidió que un legislador que fue el centro del equilibrio de la administración del poder de la provincia fuera acusado de delitos como ser jefe de una asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, negociación incompatible con la función pública, organización ilegal de juegos de azar y peculado. No fue solo el Senado, casi toda la política santafesina fingió demencia.

LPO Jonatan Bustos

En diciembre de 2020 los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, entonces investigadores de Traferri, se presentaron ante los 19 senadores santafesinos. Les mostraron la inmensa mayoría de la evidencia que se desplegó hace cuatro días.

Pero la mayoría del Senado eligió bloquear la investigación. De los delitos presuntos descriptos por los fiscales solo dijeron que la exposición no los había convencido. Y utilizaron el argumento de que la pesquisa contra Traferri había sido maquinada por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

Ahora hay dos asuntos que atender. El primero es que esa mayoría transversal que blindó a Traferri no lo desaforó porque no lo convenció la prueba, la misma que sí llevó a una jueza a validar la imputación e imponer medidas cautelares.

Digresión: un cuerpo legislativo no tiene que evaluar evidencia porque esa es tarea de otro poder. El segundo punto es que si la acusación al senador la propició Sain habrá que considerar que los que ahora acusan también dependen de la botonera del ex ministro. Porque ni la prueba ni la lectura de la prueba con la que se pedía la imputación en 2020 cambió.

La Corte Suprema de Santa Fe garantizó a Traferri la legalidad de su resistencia a ser imputado. Lo hizo con el voto de su actual presidente, Rafael Gutiérrez, una persona de extrema cercanía al senador.

El día que se negó la imputación los senadores Raúl Gramajo y Lisandro Enrico, hoy ministro de Obras Públicas del gobierno provincial, fundamentaron la defensa de Traferri. La pobre argumentación de entonces se debilitó con el paso del tiempo. Hoy no se puede entender con razones porqué motivo la política cerró filas con el senador de San Lorenzo.

Pero no fue solo la política sino también el Poder Judicial. O para decirlo mejor, fue también la política que se hace en la Justicia al más alto nivel. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe determinó por un pedido de Traferri que no era constitucional que lo imputaran sin levantarle los fueros por 5 votos a 1.

Eso fue en contra de la interpretación de un camarista que había dicho que era extemporáneo que no pudieran imputar al senador cuando la Constitución Nacional permite investigar a un funcionario con fueros sin ejercer contra él medidas de coerción. Ocurrió en un país donde Cristina Kirchner siendo vicepresidenta fue indagada ocho veces en un día. O donde Mauricio Macri estuvo imputado siendo presidente.

Esto significó que en Santa Fe la política y la Justicia plancharon cuatro años la pesquisa contra un senador al que ahora acusaron de recibir 200 mil dólares de un empresario que fue condenado contando eso y que lo volvió a contar -que le pagó a Traferri-hace un mes a LPO en una entrevista.

La Corte Suprema de Santa Fe garantizó a Traferri la legalidad de su resistencia a ser imputado. Lo hizo con el voto de su actual presidente, Rafael Gutiérrez, una persona de extrema cercanía al senador. En un legajo del trámite hay más de 300 intercambios telefónicos registrados entre ambos según un dossier publicado en La Nación por Germán de los Santos y Hugo Alconada Mon.

Ese fallo de la Corte provincial está objetado y el procurador general de la Corte de la Nación Eduardo Casal dictaminó en contra recomendando a la Corte Suprema de la Nación que lo desconozca. A un año y medio de ese pronunciamiento la decisión del máximo tribunal argentino está aún en veremos.

¿Y por qué entonces Traferri sí se presentó? Porque quiso. Este dirigente con 40 años de acción política, tres veces intendente de la ciudad de San Lorenzo y cuatro períodos senador, accedió a que le levantaran los fueros una vez que se aseguró la última renovación en su escaño. Lo hizo con esa refrendación de su inmunidad y con la convalidación del cambio de sus acusadores.

Pero la que validó que eso siguiera sin novedad todo este tiempo fue el mismo acuerdo político que le aseguró que tuviera fueros. Y que le aseguró al mismo tiempo un profundo contraste que una democracia balbuceante no puede explicar. Porque ningún ciudadano común puede elegir si se presenta o no ante un juez si es acusado de un delito.

Explicar esa gramática imposible en términos de ciudadanía no se hace sin que la política lo hubiera bancado demorando cuatro años el trámite. No fueron solo los que lo sostuvieron en su banca. También todos los dirigentes políticos que estuvieron callados.

Ahora las cosas se pusieron difíciles para el hombre de San Lorenzo. «El hombre», como lo llamaban según dijo el fiscal José Caterina todos los que aludían a él dentro de la trama de la asociación ilícita.

La Corte que lo sostuvo está en proceso de recambio, el Senado cambió su composición y la holgada mayoría que tiene allí Maximiliano Pullaro lo vuelve menos influyente para la gobernabilidad. ¿Tiene en las malas Traferri guardada la carta que va a exponer a la política?

Aquella vez que los fiscales se volvieron con las manos vacías hubo cuatro senadores que votaron por el desafuero de Traferri. Fueron Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Alcides Calvo y Ricardo Kaufman. Todos del peronismo.

Este último ya fallecido le recordó con un discurso afectuoso a Traferri que no lo acusaban de nada sino que justamente le habilitaban la puerta a defenderse que es lo que cualquier persona debe hacer si está sospechada de un delito.

Kaufman dijo en su discurso que cuando Eduardo Angeloz fue acusado de corrupción en Córdoba como gobernador renunció voluntariamente a toda inmunidad con el argumento de que un hombre público que debe gambetear una acusación con un privilegio especial no tiene destino.

LPO

Cuando ese día de 2020 el Senado lo amuralló, Traferri pronunció un discurso cargado de sentido, donde les señaló a todos que en el Senado las prácticas de cada legislador eran las mismas, y le recordó los favores debidos a cada uno, empezando por la presidenta del Senado y gobernadora Alejandra Rodenas, de quien dijo que estaba allí sentada gracias a él.

Este miércoles cuando aceptó declarar ante la jueza Eleonora Verón el senador dijo que la mayoría de las personas desconocían las atribuciones del Senado, dijo que nunca él podría haber concedido el juego online porque esa es atribución del gobernador y repitió que si lo acusaban de darle un subsidio indebidamente a una psiquiatra deberían ir todos los senadores de la comisión que lo convalidó también a declarar. Lo hizo por la línea del absurdo. Pero el naipe quedó en la mesa.

Lo que importa por tanto no es lo que pasó sino lo que viene. Los hilos que quedaron colgando y que implicarán serias incomodidades institucionales serán motivo de otro texto.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) se siente en estos días con el beneplácito de haber refrendado una acusación que existía hace cuatro años y haber dispersado suspicacias. Es de toda dignidad cumplir una obligación institucional. También habría que preguntarse si ante la parva de pruebas enseñadas cabía alguna alternativa.

Pero esto que pasó la semana que concluye se demoró indescifrablemente cuatro años. Es muy lógico preguntarse si frente al tiempo transcurrido y la validación de que había una imputación contundente habrá alguna reflexión institucional que hasta ahora nadie hizo ni hace. La política santafesina es, más que Traferri, la que tiene que dar explicaciones.