El examen de idoneidad que anunció el Gobierno para 40.000 empleados estatales de la Administración Pública Nacional abrió un nuevo frente de conflicto con los sindicatos. El primero en reaccionar fue el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó la medida con críticas hacia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?”, se preguntó el líder gremial de la Asociación Trabajadores del Estado. En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, continuó: “El examen debería ser para la Vocería. Si a vos @madorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado!”.

Aguiar cerró su descargó con el característico “Fin.”, que popularizó el vocero en su época de twittero, previo a la llegada de Javier Milei a la presidencia.

El tweet de Rodolfo Aguiar contra el examen de idoneidad

Más tarde, el dirigente gremial profundizó su cuestionamiento y calificó el anuncio como “un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”.

En referencia al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional, Aguiar apuntó: “El convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”.

En cuanto al examen, que fue anunciado este jueves por Adorni en conferencia de prensa, será una prueba que deberán pasar aquellos que estén en planta transitoria del Estado o bien en condición de contratados.

El portavoz de Milei indicó que “la modalidad va a ser online para que no haya subjetividad en el proceso”, y recordó que la medida “está establecida en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público”.

También adelantó que el examen “se va a realizar en el mes de diciembre, que es cuando vencen estos contratos; para ser renovados van a requerir que el examen esté aprobado”.

En el mismo sentido, el funcionario aclaró que “los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”.

Las pruebas aún no tienen definidos los criterios de evaluación, y para confeccionarlas participarán especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Se tomarán aproximadamente 2000 exámenes por día, y la gente que se contrate a partir del 1 de enero también va a pasar por eso. Se va a convertir en una práctica normal y habitual en el Estado nacional, y va a tener que ver con cumplir puntos elementales como para cumplir tareas básicas de cada puesto”, expresó Adorni.

Según el vocero, el cambio en la administración de la planta de trabajadores va “en línea con la racionalización del Estado” que está llevando adelante la gestión de Javier Milei.

Trabajadores estatales, algunos de ellos despedidos, protestan contra el despido de empleados estatales dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

A través del decreto 695/2024, el Gobierno ya había establecido en agosto de este año una serie de modificaciones en el sistema de empleo público. Una de las principales innovaciones fue la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Bajo un sistema de anonimato, la identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.

El decreto estableció que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.

El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta medida busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.

El régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.

Desde su llegada al poder, la gestión libertaria ha iniciado un proceso de reorganización de la planta del Estado. Esto ha incluido la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos que integran la planta permanente. Para gestionar esta reestructuración, se ha creado el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.

El decreto establece una escala para asignar el período de disponibilidad del personal afectado:

• Hasta 15 años de antigüedad: 6 meses.
• Más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses.
• Más de 30 años de antigüedad: 12 meses.

Durante este período, el personal percibirá un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria, “con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”. Para el cálculo de la indemnización, se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y “se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización”. Los empleados con sumarios en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.