En lo que se conoce como “la puerta giratoria” de la administración pública, donde funcionarios pasan al sector privado, y viceversa, para favorecer sus negocios y los de sus empleadores, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdAA) informó a la Justicia Federal que un hecho de estas características se estaría produciendo en la Asociación Comunitaria Meguesoxochi, actualmente investigada por presuntos desmanejos con fondos ambientales en lo que se conoce como la mega causa denominada “La Mafia del Desmonte”.

La presentación fue realizada el lunes ante la fiscalía Federal de Resistencia por el presidente de la AAdAA, Enrique Viale. En la misma se pone en conocimiento del fiscal, Patricio Sabadini, que el exdirector de Bosques del Chaco, Emanuel Carrocino, quien ejerció el cargo desde 2015 hasta enero de 2024, estaría oficiando como contador de la Asociación Comunitaria Meguesoxochi, presidida por el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y vinculada políticamente con el diputado provincial, Juan José Bergia.

Esta asociación comunitaria está conformada por familias indígenas del pueblo Qom. Es la titular de 140.000 hectáreas en el Impenetrable Chaqueño, más precisamente en el llamado Interfluvio, una de las reservas más grande de algarrobo del Chaco, madera muy preciada por las carpinterías y aserraderos del centro chaqueño.

La denuncia donde menciona la incorporación de Carrocino como contador señala que esta vinculación demostraría la puerta giratoria dentro de la “Mafia del Desmonte”, en donde funcionarios terminan en el sector privado, y viceversa, en un claro conflicto de intereses y trafico de influencias. En este caso en particular, alertaron además por la posibilidad de que los conocimientos del exdirector de Bosques posibiliten la alteración y destrucción de pruebas.

“La designación de Carrocino como contador de la Meguesoxochi implicaría una marcada intención de sustraer, alterar y/o ocultar documentación fundamental para el esclarecimiento de los hechos aquí denunciados, entorpeciendo así el normal desarrollo de la investigación, por lo que solicitamos se tomen las medidas correspondientes para resguardar los medios probatorios que estarían siendo objeto de manipulación por parte de Bergia, Cuellar y Carrocino”, acusaron.

USD 100.000

En su requerimiento de instrucción judicial, el fiscal Sabadini fue claro al considerar que todos los acusados están, de uno u otro modo, inmersos en lo que denominó como una “organización criminal”. “La operatoria criminal, conforme a cada uno de los hechos analizados precedentemente, comprende un entramado complejo que, a lo largo de un periodo más o menos prolongado de tiempo, habría cometido distintos delitos valiéndose de la estructura del Estado, utilizando los mecanismos legales en algunos casos, y fraguando mecanismos espurios, así como herramientas funcionales a sus fines, en otros”, señaló.

En uno de los pasajes de su acusación, Sabadini nombró a la Asociación Comunitaria Meguesoxochi, a Bergia y a Cuellar. Sostuvo que las maniobras realizadas por esta “Mafia del Desmonte” se extenderían al financiamiento irregular de asociaciones que tendrían como fin la preservación de los recursos naturales.

En este contexto, Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, también investigado en esta causa, habría decidido, en diciembre de 2022, mediante un acto funcionarial, que la totalidad de los proyectos involucrados destinados a comunidades indígenas -de alrededor de U$S100.000 cada uno- fueran a la Meguesoxochi, donde también se denunciaron explotaciones irracionales de masa boscosa, dejando afuera a todas las otras comunidades indígenas de la provincia.

La AAdAA pidió en su momento que se investigue a los antes mencionados por delitos económicos. “Cabe investigar también la posible comisión de delitos de carácter económico en relación a los fondos percibidos por la Asociación Meguesoxochi (…) los cuales no se vieron reflejados en ninguna mejora sustancial para la calidad de vida de los habitantes de la Reserva Comunitaria, muchos de los cuales continúan sin acceso a agua potable, alimentos ni las más básicas condiciones de dignidad humana-que incluso trabajan en condiciones de trata laboral en los obrajes forestales-, pese a los cuantiosos montos percibidos por la Asociación que fueran otorgados por o a instancias de la Autoridad Local de Aplicación de la Ley Nacional de Bosques y se desconoce el destino efectivo de dichas sumas de dinero”, acusaron.

A su vez, los abogados ambientalistas denunciaron que en la Reserva Meguesoxochi, en los obrajes monte adentro, se “somete a explotación a los aborígenes de la comunidad” que son trasladados semanalmente en los distintos obrajes de desmonte que se van generando. Esto encuadraría en el delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral, una acusación particularmente grave.

Mafia

La causa federal que investiga a una asociación criminal dedicada a favorecer la tala indiscriminada del monte chaqueño se originó a partir de una denuncia presentada el 3 de julio pasado.

La presentación de los abogados ambientalistas, a su vez, tuvo como disparador lo ocurrido en la madrugada del 30 de abril pasado, cuando se sancionó la polémica ley para el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) por parte de la Cámara de Diputados del Chaco.

El OTBN es una de las más importantes herramientas de política ambiental y, particularmente para el caso de Chaco, de política productiva en la provincia. Surge como obligación legal para las provincias a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26.331, en 2007. Las leyes de presupuestos mínimos establecen los estándares por debajo de los cuales las provincias no pueden legislar en relación a la explotación de recursos naturales, como una limitación nacional uniforme.

Este ordenamiento debe hacerse en base a tres categorías, reflejadas con los colores del semáforo: Categoría I (rojo): bosques de alto valor de conservación que no pueden aprovecharse comercialmente, a excepción de actividades de nulo o bajo impacto como ecoturismo, investigaciones científicas o actividades vinculadas a la conservación de la naturaleza. Categoría II (amarillo): bosques de mediano valor de conservación que no pueden desmontarse, pero sí se puede desarrollar un aprovechamiento forestal (extraer madera de manera selectiva -con motosierra, no topadora-) y actividades silvopastoriles (ganadería bajo cubierta forestal). Categoría III (verde): bosques de bajo valor de conservación que pueden desmontarse total o parcialmente. Esta es la única categoría que permite los desmontes, técnicamente llamados “Cambios de Uso de Suelo”.

Según aseguran desde la organización de abogados, la normativa sancionada es regresiva porque en lugar de establecer una mayor protección para la fauna y la flora, permite la deforestación de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, a medida del agronegocio y las tanineras que funcionan en la provincia.

Además, en el flamante OTBN se incluyeron datos falsos en la nueva categorización de los bosques nativos del Chaco, agregando zonas de bosques Categoría I (donde se prohíbe totalmente el desmonte) que no existen y quitando el estatus de Categoría II (amarilla), bajando a Categoría III (verde) extensas zonas que debían por mandato legal, y por condición de conservación, mantenerse dentro de la Categoría II.

La maniobra alcanzó a sumar como superficie roja a los Parques Nacionales cuando no correspondía su inclusión en el OTBN por no pertenecer la competencia de su fiscalización a la jurisdicción provincial. Aún así, los tres parques nacionales de la provincia fueron incluidos. ¿Para qué? Para dar una impresión de sumar mayor superficie protegida bajo categoría roja. Es decir, simular más protección del monte cuando en realidad era todo lo contrario.

En su cargo de Ministro de Producción, el ahora exfuncionario provincial, Hernán Halavacs, tuvo un rol activo en el proceso de aprobación y asesoramiento de la modificación del OTBN, tal como lo acredita la versión taquigráfica de la cuestionada sesión. También lo tuvo el diputado Bergia.

“La luz que seguimos (para la sanción de esta normativa) fue el diputado Bergia, con respecto de este tema. Porque, realmente, ha levantado la bandera hace mucho tiempo y esto está bueno decirlo”, sostuvo en aquella ocasión el diputado de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini.

Y añadió: “En este sentido, también muchos profesionales técnicos, con mucha experiencia, de la subsecretaría, en este caso, de la actual Subsecretaría del Ministerio de la Producción, y ni hablar del ministro, ingeniero Hernán Halavacs; del subsecretario, señor Jorge Frank; del doctor Luciano Olivares, de Mauro Tortarolo, que han trabajado muchísimo y fue el apoyo técnico que hemos tenido”.