Caputo puso en duda que vaya a pedir un nuevo programa con el FMI para acelerar la salida del cepo
El ministro de Economía planteó que evaluará “la evolución de variables” de la economía para definir si negocia desembolsos nuevos desde el Fondo Monetario y dijo que de eso dependerá si la salida de los controles cambiarios es gradual o de shock
El ministro de Economía Luis Caputo mencionó que el Gobierno aún no decidió si pedirá o no un programa nuevo al Fondo Monetario Internacional. El jefe del Palacio de Hacienda puso en duda si iniciará negociaciones formales, mientras en paralelo el equipo económico avanza en la negociación de un préstamo de bancos internacionales para pagar los vencimientos de deuda de enero, que son cercanos a los USD 5.000 millones.
El jefe del equipo económico planteó que todavía está en consideración si las últimas dos revisiones con el Fondo Monetario se unificarán para comprobar el cumplimiento de las metas fiscales y de reservas de junio y de septiembre y así concluir el programa actual. Incluso fue más allá y relativizó la chance concreta de iniciar negociaciones formales para avanzar hacia un acuerdo nuevo.
“Primero tenemos que pedirlo, no decidimos todavía lo que vamos a hacer”, respondió Caputo ante una consulta en una entrevista en LN+. “Ahora tenemos la novena y décima revisión que podemos hacerlas juntas o no, y en función de cómo evolucionen otras variables de la economía, pediremos o no un nuevo programa, con el objetivo de que haya nuevos desembolsos”, continuó el jefe del Palacio de Hacienda.
En ese sentido, ató la posibilidad de iniciar esa negociación a la velocidad con que el equipo económico decida desarmar los controles cambiarios. “No lo hemos decidido todavía porque no hay una sola manera de salir del cepo, se puede hacer de manera gradual como lo estamos haciendo o de shock si recibiéramos esa plata, pero depende de cuán pronto evolucionen esas variables”, concluyó al respecto.
“En función de cómo evolucionen otras variables de la economía, pediremos o no un nuevo programa, con el objetivo de que haya nuevos desembolsos” (Caputo)
Desde que terminó la octava revisión, con mayor o menor insistencia, el Poder Ejecutivo hizo referencia a que el paso siguiente sería concretar un programa nuevo que incluya desembolsos adicionales para reforzar las reservas del BCRA y activar una salida del cepo. Ahora Caputo planteó que el transcurso del programa económico “beneficia” el horizonte de eliminación del cepo en lugar de obstaculizarlo.
Incluso puso como ejemplo a China para nombrar a una economía que puede crecer con cepo. “Hay una ansiedad con el cepo. En el exterior vemos solo a inversores de la economía real, nadie me pregunta por el cepo. No están preocupados por si salís en noviembre o enero. Es un cuento que la economía no puede crecer sin cepo, China tiene cepo y crece a dos cifras hace muchos años. Vamos a hacer todo prolijamente porque este país no resiste más eventos de volatilidad”, dijo el ministro.
Luis Caputo aseguró que no es seguro que se inicien negociaciones formales con el Fondo Monetario
De esta manera, los próximos pasos del plan económico parecen reconfigurarse de forma tal que un acuerdo con el FMI deja de ser necesario para reforzar las arcas del Central y salir del cepo. “Para nosotros el paso del tiempo, lejos de jugarnos en contra, nos juega a favor, porque prevalece nuestra política monetaria”, planteó el funcionario durante la entrevista.
A fin de año finalizará, tras dos años y medio de duración, esta etapa del programa Extended Fund Facility (EFF) en el que el FMI fue girando a la Argentina los dólares suficientes para cubrir los vencimientos del anterior acuerdo -el Stand By de 2018- ante la imposibilidad del país de contar con dólares propios para afrontar esa deuda.
Los próximos pasos del plan económico parecen reconfigurarse de forma tal que un acuerdo con el FMI deja de ser necesario para reforzar las arcas del Central y salir del cepo
La próxima etapa incluye la devolución de los USD 45.000 millones, que el Estado todavía debe, entre 2026 y 2032. La versión con mayor insistencia planteaba que la puerta de una negociación hacia un acuerdo nuevo se abriría en las próximas semanas, pero por las palabras de Caputo ahora parece perder fuerza.
En paralelo, el Gobierno busca garantizar que pueda pagar los vencimientos de deuda en moneda extranjera, que tendrán en enero su próxima fecha clave. Ese mes vencerán unos USD 5.000 millones entre capital e intereses. El Ministerio de Economía envió por anticipado a una cuenta en Nueva York la parte de intereses que corresponde a esa fecha, estimada en unos USD 1.500 millones.
Para el pago de capital el Poder Ejecutivo buscará a apoyarse en la negociación de un préstamo repo con bancos internacionales, una opción sobre la que pivotea el equipo económico desde hace algunos meses. Todavía resta una definición sobre las tasas de interés a las que puede pedir prestado dólares el Tesoro en ese mercado.
Las conversaciones siguen en marcha y en el mejor de los casos, aseguran en los despachos oficiales, podrían llegar a una conclusión más cerca de fin de mes, plantearon ante este medio. Una posibilidad es que el Gobierno estuviera dando espacio a un recorte mayor del riesgo país para abaratar ese costo de financiamiento eventual.
El organismo publicó las cifras que se requieren para cubrir las necesidades de un menor. El valor más alto corresponde a los nenes de entre 6 a 12 años, para lo que se necesitaron $479.723 en el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este jueves el dato de la Canasta Crianza. En octubre, -con una inflación de 2,7%-, el costo de la crianza de un bebé menor de un año fue de $388.184 por mes.En el mismo período del 2023, se necesitaron $141.320.
Para los chicos de entre uno y tres años, el costo fue de $460.220 mientras que para el rango etario de cuatro a cinco fue de $381.230; y para los menores de seis a 12 años se necesitaron $479.723.
El indicador que mide el organismo que conduce Marco Lavagna releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.
El INDEC publicó los datos de la canasta crianza de octubre de 2024. (Foto: INDEC)
Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.
En octubre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $111.749 para menores de un año; $144.294 entre uno y tres años; $183.776 entre cuatro y cinco años; y $227.975 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $276.435, $315.926, $197.454 y $251.748, respectivamente.
Para criar a un hijo de hasta 12 años en total se necesitó durante octubre:
La compañía aérea dio por finalizado el conflicto con los sindicatos después de cerrar aumentos salariales y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo. De qué manera sigue el proceso para que la compañía pase al sector privado.
Después de una semana de extensas reuniones, el directorio de Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo con los principales gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto. Más allá de los detalles, con este entendimiento el Gobierno asegura que no presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis y analiza de qué manera avanzar con la privatización de la empresa.
Este jueves, laAsociación Argentina de Aeronavegantes(AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), convalidaron el acuerdo alcanzado con los directivos de Aerolíneas, que incluye aumentos salariales de 16% y algunos cambios en los convenios colectivos de trabajo.
En concreto, entre las modificaciones acordadas, los pilotos y tripulantes dejarán de ser trasladados en remis y se implementará un sistema de viáticos después del verano, así como dejará de contabilizarse el inicio de la jornada laboral cuando salen de su casa y comenzarán su horario de trabajo cuando lleguen a los aeropuertos. Tampoco contarán con asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa y dejarán de tener pasajes vacacionales para ellos y sus familiares directos.
Por su parte, los mecánicos y el personal de rampa se podrán mover entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad de personal, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno afirma que esta serie de cambios permitirán un “aumento significativo en los índices de productividad”.
Aerolíneas Argentinas. (Foto: AFP)
“Muchas de estas restricciones estaban vigentes hace más de una década y tenían un impacto negativo en la eficiencia de la operación y en los resultados económicos de la compañía. Estos avances permiten garantizar un periodo de estabilidad en la programación que abarcará toda la temporada de verano”, defendieron fuentes oficiales.
Tras acordar con los gremios, Aerolíneas desestima el Procedimiento Preventivo de Crisis y avanza con la privatización
De esta manera, el Gobierno entiende que desde que se pactaron estos cambios, ya no será necesario presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un instrumento legal que, de aprobarse en la Secretaría de Trabajo, permite suspender personal o directamente reducir nóminas pagando menos indemnizaciones.
Aerolíneas había amenazado con acudir a esa estrategia de presión en caso de que las negociaciones con los gremios no se resolvieran y siguieran las medidas de fuerza. De hecho, equipos legales comenzaron a evaluar cómo hacer la presentación ante las autoridades de Trabajo, pero finalmente lo desestimaron.
“De momento el PPC queda sin efecto porque se acordó con los sindicatos”, determinó un funcionario involucrado en las conversaciones. Y otro advirtió: “Siempre que no surjan otras acciones, no resulta necesario presentarlo”.
Pero además, en el Ejecutivo consideran que el camino se allana y que el convenio alcanzado con los gremios ayuda a avanzar hacia el “horizonte de la privatización”. Fundamentalmente porque creen que los aspectos de los convenios obstaculizaban las operaciones y ahora la empresa se vuelve más “eficiente” y, por consiguiente, más atractiva para un eventual comprador interesado.
“El camino hacia la privatización se mantiene. Se seguirá adelante con la idea de que Aerolíneas deje de ser parte del Estado argentino”, explicaron en la Casa Rosada.
Entre las alternativas sobre la mesa, hay varias que se barajan a la hora de pensar en la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, para que el Estado se desprenda de la compañía es necesaria la aprobación del Congreso.
En este sentido, en el oficialismo analizan respaldar un proyecto que ya fue presentado por el legislador del PRO, Hernán Lombardi, y discutir algunos cambios, o presentar una iniciativa nueva. En la Agencia de Transformación de Empresas Públicas también suman como opción la posibilidad de entregar parte de las acciones de la empresa a los empleados.
Pero de cualquier forma, la continuidad de este plan está sujeta al apoyo del Congreso. Es decir, que otro camino posible es esperar hasta que el oficialismo cuente con mayor apoyo legislativo, algo que está convencido que sucederá pasadas las elecciones de medio término. En todo caso, hay una definición que es clara y repiten algunos referentes del Ejecutivo: la privatización de Aerolíneas avanzará cuando la ecuación parlamentaria lo permita.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF rechazaron este jueves que el departamento de Justicia de Estados Unidos haya intervenido en favor de la Argentina para oponerse a la entrega de acciones de la petrolera como forma de pago de la sentencia por US$16.000 millones.
El grupo, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, busca que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.
A través de una carta a la jueza Loretta Preska, los beneficiarios cuestionaron la presentación del departamento de Justicia norteamericano en su disputa por la afirmación de “inmunidad absoluta” para los activos extranjeros ubicados en el exterior.
“Los acreedores comenzaron su carta cuestionando el momento de la presentación de los Estados Unidos, señalando que dicho país ha estado al tanto del caso desde al menos 2019, cuando presentó un escrito de amicus curiae oponiéndose a la solicitud de la Argentina en la Corte Suprema”, explicó Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors.
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
En ese sentido, el escrito apuntó: “La presentación de Estados Unidos ignora descaradamente el precedente más pertinente de la Corte Suprema (Argentina contra NML Capital), un caso en el que Estados Unidos también se puso del lado de Argentina contra el texto claro de la FSIA y perdió”.
“La Declaración de Intereses no pone en duda la exactitud de la decisión de este Tribunal en el caso Bainbridge Fund que dictaminó que la propiedad de un estado extranjero no es inmune a la ejecución en virtud de su ubicación fuera de los Estados Unidos; y la Corte tiene la autoridad para ordenar a un estado extranjero que traiga sus propiedades a los Estados Unidos si no queda inmune a la ejecución posterior”, enfatizó.
Los otros casos judiciales contra la Argentina que pueden tener novedades en las próximas semanas
Este miércoles, la Argentina y el fondo Titan Consortium acordaron los términos del pago de US$340 millones más intereses.Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.
El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es “sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar US$389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%”, explicó a TN Sebastian Maril, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.
El revés en el caso Aerolíneas se suma a la lista de condenas contra la Argentina en tribunales internacionales, de las que se esperan novedades en las próximas semanas.
El 21 de noviembre se cumple el plazo para que el país pague o acuerde con los beneficiarios de la sentencia por US$1500 millones en Gran Bretaña por el caso de manipulación de estadísticas del Indec durante el kirchnerismo, conocida como la causa del “Cupón PBI”. Ese día los demandantes pueden ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que ya quedó cerrado.
De manera paralela, la Argentina presentó un escrito inicial en la apelación por el caso conocido como Cupón PBI en Nueva York. Esa demanda había sido presentada de manera inicial en 2019. En abril, la jueza Preska falló a favor de la Argentina, porque los inversores no cumplieron ciertos requisitos, pero en septiembre los demandantes hicieron una nueva presentación por US$1300 millones.
