El Tribunal Oral Federal de la capital Chaqueña ha dictado condenas contra cuatro agentes de la Policía y un gendarme, con penas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión. Los implicados fueron encontrados culpables de proteger a dealers a cambio de drogas, las cuales eran utilizadas para armar causas falsas y «plantar» estupefacientes en operativos policiales.

El fiscal federal, Federico Carniel, explicó que la investigación fue resultado de escuchas telefónicas que revelaron la maniobra. «Los policías recibían bochitas de cocaína o marihuana de los dealers del barrio Santa Catalina y, a cambio, les brindaban protección para la venta de drogas en la zona», comentó Carniel a N9. El barrio, en cuya jurisdicción se encuentra la Comisaría 12, fue el epicentro de estas actividades ilícitas.

La investigación comenzó en 2022, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó allanamientos en la Comisaría 12 y en domicilios particulares. Cuatro policías fueron detenidos en aquel momento, acusados de «contención y protección» de los narcotraficantes. Junto a ellos, un miembro de la Gendarmería Nacional, identificado como Paniagua, fue también detenido por alertar a los policías cuando se iniciaban investigaciones en su contra. Según Carniel, «Paniagua era quien avisaba a los policías cada vez que la gendarmería intentaba investigarlos».

El tribunal condenó a los policías a penas de entre uno y cuatro años de prisión, con la pena más alta de cuatro años y seis meses para uno de los agentes que no aceptó un acuerdo de juicio abreviado. Los otros tres policías y el gendarme aceptaron el acuerdo con la fiscalía, lo que les permitió recibir penas menores y de cumplimiento condicional. Sin embargo, todos los condenados han sido inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

El modus operandi de los policías, según la investigación, consistía en obtener pequeñas cantidades de droga de los dealers para plantarlas en operativos y así «cocinar» causas contra personas inocentes. Esta red de corrupción no solo afectaba la integridad del sistema policial, sino que también ponía en riesgo la seguridad de la comunidad del barrio Santa Catalina.

«Estas personas, infieles a su función, actuaban en complicidad con narcotraficantes a quienes debían combatir», sostuvo el fiscal Carniel, subrayando la gravedad de los hechos. A pesar de las condenas, la fiscalía y las autoridades continúan investigando posibles conexiones con otras fuerzas de seguridad.

La sentencia marca un avance significativo en la lucha contra la corrupción policial en la provincia del Chaco, aunque el caso aún genera preocupación en la comunidad sobre el alcance de esta red delictiva. Como concluyó el fiscal Carniel, «esperamos que la justicia siente un precedente firme con estas condenas».