El diputado provincial Nicolás Slimel, perteneciente al Frente Chaqueño, ha realizado una grave denuncia contra el ex presidente de ECOM S.A., Leandro Zdero, por la supuesta malversación de fondos que supera la asombrosa cifra de 490 millones de pesos. Esta acusación ha resonado en los medios de comunicación y ha levantado una serie de interrogantes sobre la gestión administrativa de la entidad.

La denuncia de Slimel se enmarca dentro de un contexto más amplio de vigilancia y transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en un país como Argentina, donde la corrupción y la mala gestión han sido temas recurrentes en la historia política. Según el legislador, las irregularidades no solo se limitan a la malversación de fondos, sino que incluyen operaciones realizadas a través de lo que se denomina «empresas fantasmas». Este procedimiento es comúnmente utilizado en esquemas de corrupción, donde se crean entidades ficticias para desviar recursos públicos hacia bolsillos privados.

Durante una entrevista en el programa “Argentinos de Mal” por Radio Independencia, Slimel destacó la importancia de realizar una denuncia formal para que las autoridades competentes investiguen las irregularidades denunciadas. La conmoción por este tipo de situaciones no es nueva en Argentina, donde el escándalo de corrupción suele tener un impacto significativo en la percepción pública de las instituciones y la confianza en los funcionarios elegidos.

El caso de ECOM S.A., una empresa estatal que provee servicios de telecomunicaciones, es emblemático de la relevancia de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La supuesta malversación de fondos por un monto tan elevado debe ser objeto de una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes a los responsables.

Por otro lado, la denuncia de Slimel pone de manifiesto la relevancia de la oposición en el sistema político argentino. Los legisladores tienen la responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno y de los organismos estatales, así como de llevar a cabo las denuncias necesarias para asegurar que se haga justicia. Este tipo de acciones también sientan un precedente al fomentar una cultura de rendición de cuentas y ética en la administración pública.

En conclusión, la denuncia realizada por el diputado Nicolás Slimel contra el ex presidente de ECOM S.A. destaca una problemática que afecta a la sociedad argentina en su conjunto: la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta situación no solo pone de relieve la necesidad de una administración pública más responsable, sino que también invita a la ciudadanía a estar atenta y participativa en los procesos políticos y administrativos de su país. La espera de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ante esta denuncia será clave para restaurar la confianza en las instituciones y en los funcionarios que las representan.

Argentinos de Mal

Con despidos masivos y cierres en el Chaco y en otras provincias, el sector ferroviario se encuentra en una situación crítica

El proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2025 estará en las bancas de los diputados chaqueños el próximo 13 de noviembre, tras cumplir la etapa de aportes y debate en la Comisión de Hacienda de la Legislatura y salir de allí con despacho dividido: aprobatorio por el oficialismo y en cartera según fue requerido por la oposición, para que se hagan efectivas las modificaciones requeridas. Uno de los puntos centrales que divide aguas es la política de empleo público. O, de otra manera, lo que el Poder Ejecutivo proyecta en materia de pases a planta y cómo serán designados quienes accedan a los nuevos cargos creados en la Administración provincial.

Según lo plasmado por el Poder Ejecutivo provincial en el proyecto de Presupuesto 2025, el 92% del personal del Estado pertenece a la planta permanente y el 8% restante a la planta temporaria.

De acuerdo con el peso relativo del gasto en personal, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se lleva la mayor proporción con el 45.6%; seguido por el Ministerio de Salud con el 12.9%; el Poder Judicial, 11.1%; la Policía Provincial, 9.6%; el Poder Legislativo, 4.7%; y otros, 16%.

Comparando el proyecto con la Ley de Presupuesto 2024 vigente (N° 3968-F) y su ampliación (N° 4035-F), existe un crecimiento en la cantidad de cargos nuevos creados en la Administración Pública Provincial: de los 69.580 cargos y 261.895 horas cátedra actuales se pasará, para 2025, a 74.141 cargos y 282.623 horas cátedra.

De ese total de cargos, 68.324 pertenecen a la planta permanente y 5.817 a la planta temporaria. En comparación con la ley vigente en este período, se crearán en planta permanente 1.584 nuevos cargos y en la planta temporaria, 2.977, totalizando así un ingreso de 4.561 agentes.

El Ejecutivo, al frente

Donde más cargos se crean es en el ámbito del Poder Ejecutivo, que pasará de tener 58.635 agentes durante el actual período a 63.068 en 2025, agregando a su planta total 4.433 nuevos cargos, de los cuales 1.392 serán de planta permanente y 3.041 temporarios.

Otras cuatro áreas también podrán el próximo año ampliar sus planteles de trabajadores: los organismos descentralizados pasarán de 3.684 trabajadores en total a 3.751, ampliando en 67 su planta total de agentes. En este caso, se agrandará la planta permanente en 113 agentes y se achicará la planta temporaria en 46 trabajadores.

Además, hay un detalle dentro de lo previsto que muestra continuidad entre lo establecido por el actual presupuesto (elaborado por la anterior gestión de gobierno) y lo proyectado por el Presupuesto 2025: la ley vigente estipulaba para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 la incorporación gradual de un total de 97 cargos en el Tribunal de Cuentas. Así, el próximo año está previsto que la planta permanente aumente en 48 cargos.

Otras áreas que ampliarán sus planteles son la Defensoría del Pueblo del Chaco, que pasará de un total de 25 agentes a 32 en 2025, con 7 cargos que se agregarán a su staff permanente (pasará de 19 a 26); y la Contaduría General, que pasará de 82 a 88 trabajadores, sobre todo por el aumento de 8 cargos en su planta permanente (de 70 a 78) y la reducción de su planta transitoria (de los actuales 12 agentes a 10).

Las restantes siete áreas, poderes o dependencias mantienen la cantidad de cargos que tienen en este período 2024. Así, el Poder Legislativo seguirá con 2.272 agentes (1.962 en planta permanente y 310 en planta transitoria, aunque aquí habrá una reducción de 3 trabajadores en condición transitoria que pasarán en igual cantidad a la planta permanente).

El Poder Judicial mantendrá 4.202 cargos (4.131 en planta permanente y 71 en planta transitoria); el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento seguirá con 22 cargos (20 permanentes y 2 transitorios); y el Tribunal Electoral con 51 cargos (48 permanentes, los que aumentarán con respecto al actual período en 10 agentes, cantidad que se reducirá de la planta transitoria).

Por último, la Fiscalía de Estado conservará 130 cargos (128 permanentes y 2 transitorios); la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 32 cargos, todos de planta permanente; y la Tesorería General, 80 cargos (con 74 permanentes, y un incremento en esa condición de tres cargos, que significará la misma proporción de reducción de la planta temporaria).

“La distinción entre temporarios y permanentes responde a la flexibilidad de las condiciones de contratación. El pase a planta permanente debiera hacerse por concurso, porque garantiza la estabilidad laboral. En cambio, el ingreso a contrato de servicio ofrece todos los derechos laborales existentes, salvo la estabilidad permanente.

Sin embargo, al año de tenerlo ya es posible acceder a planta permanente. Firmar un contrato de servicio es más flexible, no requiere muchos requisitos. Por eso también el gobierno usa ese medio para el ingreso de las personas que ellos quieran”, explicó a EsChaco el diputado Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño), quien consideró que en materia de gestión de recursos humanos “hay varios puntos para discutir la conveniencia de las medidas que está pensando el gobierno provincial”.

En ese marco, explicó como primer punto que el Presupuesto 2025 contempla la creación de 4.563 nuevos cargos, de los cuales 544 son cargos educativos, 400 son policías, 440 en el Servicio Penitenciario Provincial y el resto en el escalafón general.

Leyes judicializadas y nuevo sistema

Al respecto, el también exministro de Economía del Chaco cuestionó la suspensión del “proceso de regularización que ponderaba antigüedad y formación de los trabajadores del Estado, y que era sostenible porque congelaba la planta del Estado y solo podían usarse las vacantes para el ingreso”. “Cambiaron un proceso transparente para 9.000 porteros, enfermeros, mucamas, choferes, médicos, profesionales y administrativos que trabajan en la Administración Pública por pases a planta discrecionales”.

En concreto, se refirió así a la judicialización y suspensión de los efectos de dos leyes (N° 3946-A y N° 3947-A) sancionadas a fines del año pasado, que regulaban el proceso de ingreso al Estado a través de concursos de antecedentes y oposición, extendiéndolo entre 2023 a 2030; y fijando a la vez la prohibición de nuevas contrataciones bajo modalidad temporaria.

Como ejemplo, Pérez Pons señaló que, en Educación “no han construido ni una escuela nueva y tampoco han finalizado las que estaban en ejecución, con lo cual no se entiende para qué los nuevos cargos creados”. “Incluso no han podido llevar adelante los concursos que habían quedado pendientes desde nuestra gestión”, agregó.

Otro ejemplo se da en seguridad: “La presencia de efectivos es necesaria (luego se puede discutir el número óptimo), pero debe venir acompañada por una mayor inversión en equipamiento, vehículos, comisarías y centros penitenciarios, pero nada de lo complementario está previsto en el presupuesto”.

“En Salud tenemos 1.500 becados (entre el Programa Expertos y el Programa de Médicos para Pueblos Indígenas) que deberán caerle bien a Zdero, y el resto será a discreción y no identificados al momento”, mencionó. Asimismo, advirtió que en el escalafón general no se dispone cuál será el mecanismo de ingreso de personal.
“El proyecto de ley no contempla un proceso de ingreso transparente, solo dispone que las vacantes no se podrán cubrir sin la previa autorización de Livio Gutiérrez (secretario de Coordinación de Gabinete). Por lo que es mentira que se priorizará antigüedad y formación como declara al público el oficialismo”, sostuvo el legislador justicialista.

En este punto, su alusión es al artículo 7º del proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que indica que solamente podrá autorizar la cobertura de cargos vacantes existentes en jurisdicciones de la Administración Central, entes descentralizados, entes autárquicos y organismos constitucionales, la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a través de una “decisión fundada y con intervención de la Subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas”.

En esa línea, el diputado reveló que este año ya hubo algunos ingresos al Estado, por ejemplo y justamente, en la Secretaría de Coordinación de Gabinete –a cargo de Gutiérrez-, con 10 pases a planta y un pedido de nueve pases adicionales para el año próximo. Lo mismo en el Ministro de Hacienda y Finanzas, que se reserva casi 50 cargos.
“Pasarán militantes a planta y dejarán afuera a los porteros (casi 4.000 agentes) y a trabajadores de Desarrollo Social (2.000), gente muy trabajadora, que eran los primeros que iban a pasar en el proceso de regularización que ellos judicializaron”, marcó.

Otro punto de preocupación, según el análisis del legislador, es la pauta salarial, que resulta “insuficiente y muy por debajo de la inflación proyectada”. “Solo contemplan un 10% de aumento salarial frente a una inflación planificada de 18%. La excusa del ministro (de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam) es ‘después vemos de acuerdo a cómo viene la recaudación’, pero lo cierto es que la planificación es necesaria porque, si de base prevén una pauta que es prácticamente la mitad de la inflación proyectada, tendrán grandes dificultades para asignar más recursos a salarios. Y esto es así porque gran parte de los gastos están indexados. Entonces, a mayores recursos (porque hay más inflación o más crecimiento) todos los gastos se expanden en igual proporción básicamente”, explicó.

Plazos

A partir del 13 de noviembre, cuando el Presupuesto 2025 llegue a las bancas de los legisladores, se activará el plazo de ocho días para generar las condiciones de cara a su tratamiento en el recinto.

Según explicó a EsChaco el diputado Nicolás Slimel (Frente Chaqueño), la primera fecha disponible para el debate es el 27 de noviembre y, la siguiente, el 13 de diciembre. Si hasta ese plazo no se debate y aprueba, el Poder Ejecutivo podrá convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Luego de varias reuniones en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los legisladores del Frente de Todos terminaron por firmar un dictamen en disidencia, apoyados en los cambios que el oficialismo hizo sobre el proyecto original, sobre todo en un tema: la construcción del edificio legislativo.

“Volvieron a incluir las erogaciones de Capital para el Poder Legislativo, lo que incluso podría traer problemas legales porque este Poder tomó un crédito en 2018 para construir el edificio, monto destinado por ley que está en un fondo fiduciario que se va capitalizando año a año. Pero no incluyeron nada vinculado a las peticiones que hicimos desde la oposición”, expuso el diputado.

Empleo público versus empleo privado

El Estado chaqueño, desde hace años y a través de distintas gestiones de gobierno, fue incrementando su magnitud hasta llegar a los proyectados 74.141 agentes en 2025.

Observando ese dato, más que nunca quienes dicen que el Estado es el principal empleador en el Chaco, no se confunden ni exageran, ya que según un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco, en agosto de 2024 se contabilizaron en la provincia 72.762 trabajadores en el sector privado formal. Es decir, todas las empresas que emplean en el Chaco, y lo hacen “en blanco”, tienen menos trabajadores que toda la Administración Pública.

ESCHACO