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La Defensoría del Pueblo también va contra la ley de Ordenamiento de Bosques del Chaco

El defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, impulsa una acción de amparo colectivo y una medida cautelar para que el Poder Judicial declare inconstitucional la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (4005-R) aprobada en abril por iniciativa del gobernador Leandro Zdero. Fue presentada en el fuero Contencioso Administrativo. Se suma a otros dos planteos similares ante el Superior Tribunal de Justicia.

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Un nuevo capítulo se abre en la justicia chaqueña por la polémica ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Es que a las presentaciones de la organización ambientalista Conciencia Solidaria y del Parlamento de Pueblos Indígenas del Chaco ahora se suma una de la Defensoría del Pueblo del Chaco que pide a la justicia que declare inconstitucional la ley 4005-R, aprobada en abril pasado a instancias del gobernador Leandro Zdero.

A las dos presentaciones mencionadas, que son tramitadas ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, durante las últimas semanas se sumó una acción de amparo del defensor colectivo del Pueblo, Bernardo Voloj, ante la Cámara Contencioso Administrativa, en la que también solicitó el dictado de una medida cautelar para evitar el “daño irreversible” que podría significar el desmonte de las más de 400 mil hectáreas que habilitó la ley 4005-R en territorio chaqueño.

El defensor del Pueblo fundamentó su presentación judicial en la ley de creación del instituto del Defensor del Pueblo que le da legitimación de peticionar ante el Estado e interés de los habilitantes de la provincia. En el caso de la ley 4005-R, el interés de los habitantes comprende todo aquello vinculado a la defensa de los derechos constitucionales, individuales, colectivos y difusos.

Vale recordar, además, que se encuentra vigente una medida cautelar dictada por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que el 19 de agosto pasado suspendió por tres meses los desmontes en la provincia del Chaco. Fue en el marco de la causa penal conocida como “la Mafia del Desmonte” que es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en la que se encuentran imputados el actual ministro de Producción del gobierno de Leandro Zdero, Hernán Halavacs, y también exfuncionarios, legisladores provinciales y empresarios forestales.

Ley regresiva y daño irreversible 

Para la Defensoría del Pueblo, hubo un “accionar arbitrario” de la Legislatura de la Provincia del Chaco al sancionar la Ley 4005-R, que aprobó la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. En ese sentido, advirtió que esta actualización implicó la “recategorización regresiva” de aproximadamente 420.000 hectáreas de bosques nativos, “degradando su categoría de conservación sin respetar el principio de progresividad y no regresión, ni garantizar un adecuado proceso participativo”.

Al respecto, detalla que la ley permite la reclasificación de áreas de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo), y áreas de Categoría II (amarillo) a Categoría III (verde), “lo cual incrementa significativamente la vulnerabilidad de estos bosques a actividades de desmonte y explotación, poniendo en riesgo la integridad ecológica de la región y los derechos ambientales de sus habitantes”.

En ese contexto, la presentación señala que la ley de OTBN constituye “una política diametralmente opuesta a los objetivos perseguidos por nuestra ley de presupuestos mínimos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y por el Acuerdo de París (Ley 27.270)”.

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Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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