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Antes de la marcha universitaria, el Gobierno salió al cruce de los gremios: “La manifestación es política”

El Ministerio de Capital Humano difundió un duro comunicado en el que cuestionó a los sindicatos del sector. “Los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, defendieron.

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En medio de la tensión, el Gobierno de Javier Milei salió al cruce de los gremios por la marcha universitaria que se realizará este miércoles 2 de octubre. “Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, señalaron en un comunicado en el Ministerio de Capital Humano.

“Los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”, siguieron.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, “nunca se desfinanció” la educación universitaria pública: “El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron”.

“Desde el Ministerio, se asignaron más de $192 mil millones, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se asignaron partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional. La propuesta que se presentará a los gremios el lunes alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Todo lo solicitado fue concedido”, expsuieron.

La marcha universitaria será este miércoles. (Foto: TN / Agustina Ribó)
La marcha universitaria será este miércoles. (Foto: TN / Agustina Ribó)

Asimismo, detallaron cuánto cobran por mes algunos maestros universitarios: “Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”.

“Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores. Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación”, remarcaron.

En la misma línea, en el Ministerio insistieron: “Rechazamos enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes. Se transfirió todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo”.

Sobre el final del comunicado, hicieron un punteo explicando cuál consideran que es el motivo de la movilización del miércoles: “Las universidades públicas decidieron rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año. Esta decisión impacta directamente en el sistema educativo, poniendo en riesgo la educación de miles de estudiantes y priorizando el conflicto por sobre la solución”.

  1. “Rechazo al aumento ofrecido: A pesar de que el financiamiento adicional fue otorgado, los gremios universitarios optaron por rechazar el incremento, lo que evidencia que este paro excede el ámbito salarial. No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios”.
  2. “Administración ineficiente de los fondos: Las universidades recibieron $192 mil millones para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. Aun así, los fondos fueron desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa. Además, se asignaron $49 mil millones adicionales a hospitales universitarios, de los cuales 94,8% fue solicitado por la UBA”.
  3. “No se dejan auditar: Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta. En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos corresponden a periodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.
  4. Costo de estudiantes extranjeros: El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”.
  5. “Irregularidades académicas: Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica”.
  6. “Equidad en el sistema educativo: Las universidades públicas reflejan profundas disparidades sociales, ya que el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables”.
  7. “Transferencias rápidas y eficaces: Hoy, los fondos se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores. Esto garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo”.

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Politica

Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco

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En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.

 

 

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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.

 

 

El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.

Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.

 

La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.

En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.

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CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»

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El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.

En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.

Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.

«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.

 

 

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Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial

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En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.

Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

 

 

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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.

El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.

Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.

En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.

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