Politica
Los hijos de Mondino detrás del millonario negocio de los créditos estudiantiles
El Banco Roela, propiedad de la canciller, ofrece préstamos en las universidades privadas y busca extenderlos a la pública si avanza el arancelamiento.
Francisco y Simón Pendas son los hijos de la canciller Diana Mondino e integran el directorio del Banco Roela, propiedad de la familia. Ambos siguen con atención la pelea del gobierno con las universidades nacionales por el financiamiento que, como adelantó en exclusiva LPO, Milei amenaza con arancelarlas.
En el gobierno buscan estrategias para ponerle fin al ingreso irrestricto y al arancelamiento de las universidades públicas y para ello, analizan poner un cupo máximo, arancelar la cursada e implementar «préstamos de honor» similares a los que existen en Chile o Estados Unidos.
En consecuencia, los hijos de Mondino siguen el tema con especial interés en el sistemas de créditos que se inauguraría en caso del arancelamiento universitario, un negocio multimillonario para bancos y aseguradoras que ofrecerían el servicio financiero para quienes no puedan afrontar el pago mensual de la cuota de la educación superior, explicó una fuente universitaria al tanto de los negocios de la familia de la canciller.
Es que el Banco Roela ya opera en varias instituciones educativas, principalmente en la provincia de Córdoba como la sede de la UCA y varios secundarios privados. Además, a través del sistema Siro que desarrolló la entidad presta servicios de cobros a varios organismos públicos y privados.
Además, el banco de los Mondino ofrece un sistema de becas y suele organizar foros sobre tecnologías y emprendurismo. La última actividad terminó en un escándalo cuando Francisco Pendas echó violentamente a dos jóvenes que estaban acreditados y fue denunciado penalmente.
La intención de los hijos de Mondino es hacerse fuerte en el negocio de los créditos universitarios que además, suelen estar vinculados a seguros en caso de incumplimientos, una millonada: «la educación se convierte en un servicio financiero», consideró la misma fuente.
«En Argentina la universidad pública tiene más prestigio y es gratuita, por eso no tiene mucho sentido endeudarse para pagar una privada», explicó a LPO un especialista en Educación. «Generan una crisis que solo se puede resolver con las herramientas que ellos mismos proponen. Y que casualmente les puede generar unas ganancias enormes», dijo.
En el caso de Chile, el modelo elogiado por los libertarios, fue diseñado por la dictadura de Pinochet que en la década del ’80 desmembró a la Universidad Nacional y la regionalizó mientras que a las escuelas las transfirió a los municipios. A partir de allí, se fijó aranceles altísimos que hizo surgir todo un sistema financiero que terminó ahogando en deudas a muchísimas familias.
La situación explotó en 2011 cuando las masivas marchas por la educación pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. La lucha que obligó al gobierno de Chile a alivianar el sistema de aranceles a la educación superior fue tan contundente que uno de los líderes de las movilizaciones, Gabriel Boric, se convirtió en presidente.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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