Politica
Juego Clandestino: Traferri logró correr a los fiscales que lo investigaron y ahora sí acepta declarar
Tras resisir la audiencia por más de tres años, «Pipi» Traferri logró apartar a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y ahora si declarará.
La citación judicial al senador santafesino Armando Traferri para ser imputado en un caso de corrupción se centrará en una batalla por la figura de la acusación. La defensa del poderoso legislador buscará desacreditar que lo señalen como organizador de una asociación ilícita que utilizó la explotación clandestina de juegos de azar, pagó coimas a la cúpula de la Fiscalía Regional de Rosario para garantizar impunidad y armó un lobby para implementar legalmente la gestión del juego online en Santa Fe. Aún es una incógnita si los nuevos fiscales a cargo del caso utilizarán la figura de la asociación ilícita.
Traferri resistió legalmente por casi cuatro años lo que ahora admite que es presentarse ante un juez por primera vez. Hacia diciembre de 2020 los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra reunieron evidencia que lo señalaba por recibir pagos del empresario del juego Leonardo Peiti que manejaba 200 locales ilegales y pagaba coimas en el más alto nivel del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) para obtener impunidad.
El senador fue una especie de pivote de la gobernabilidad entre partidos. Así construyó sus ventajas en un Senado donde el peronismo siempre fue mayoría en los tres períodos que gobernó Santa Fe. Ahora logra algo parecido en la Justicia. Dijo que no se presentaría mientras Schiappa Pietra y Edery fueran sus acusadores. Logró que la fiscal general María Cecilia Vranicich y el fiscal regional Matías Merlo los reemplazaran. Ahora al legislador lo imputarán José Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato el 8 y 9 de octubre en una audiencia convocada como tráfico de influencias. Schiappa Pietra quedará como asesor ad hoc de este equipo de trabajo. Es un lugar que aparece como transaccional. No es decorativo porque puede hacer sugerencias. Pero en un caso que es suyo no tendrá la capacidad de liderar y ni siquiera intervendrá como litigante.
El argumento de Traferri para no acudir a audiencia durante cuatro años es que no podían citarlo porque sus pares del Senado no habían aceptado su desafuero ya que no fueron convencidos por los planteos de los fiscales. A la vez el legislador denunciaba la persecución en su contra como resultado de una feroz interna en el justicialismo comandada por Marcelo Sain, primer ministro de Seguridad de Omar Perotti, que según su planteo manejaba a los fiscales que lo investigaban.
Pese a que una jueza y un camarista penal concluyeron que Traferri podía ser investigado y lo citaron a audiencia el senador no lo hizo señalando que los fiscales no eran objetivos y además logró que la Corte Suprema de Santa Fe planteara, por 5 votos a 1, que la Constitución provincial amparaba su posición. El máximo tribunal nacional demora hace dos años dirimir el litigio que resuelva si lo imputan. El procurador de la Corte Eduardo Casal falló en contra de Traferri. Santa Fe es uno de los pocos distritos donde no se puede investigar a un sospechado si primero no lo despojan de sus fueros.
Pero tras las últimas elecciones, con un escenario político distinto, Traferri renunció voluntariamente a esa inmunidad y pidió él presentarse ante un juez. Se daban las condiciones que había reclamado para acudir a la imputativa. Las autoridades del MPA de la provincia habían cambiado a los fiscales que lo investigaron. A uno de ellos tras un proceso disciplinario con el que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura lo suspendió de su cargo.
Una posibilidad es que hayan cambiado a los fiscales porque el argumento de que eran parciales debilitaba la imagen del MPA. Pero eso no deja de ser un planteo defensivo como en tantos trámites que se objetan a los acusadores o se piden nulidades. Las pruebas que señalan que Traferri cobró dinero de Peiti están en una causa penal de 2017. Eso fue un año antes de que Marcelo Sain tuviera su primer cargo formal en la provincia. El trámite donde están esas contancias, además, lo llevaba en la localidad de Melincué quien hoy es el fiscal regional de Rosario, que incluso obtuvo condenas para varios imputados.
Hace tres semanas el capitalista de juego Leonardo Peiti contó a LPO lo mismo que señaló al declarar como imputado colaborador en esta causa y que le mereció una condena a tres años de prisión: que había hecho pagos de 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Sostuvo además que ese dinero era para que Omar Perotti ganara las elecciones porque él aspiraba a obtener la licencia del juego online legalizado. Señaló que el diputado Roberto Mirabella le dijo en una reunión en el Hotel Apart Urquiza, donde también estaba Traferri, que el aporte había llegado a Perotti. Peiti nunca obtuvo la licencia que esperaba y Perotti rechaza el planteo de haber recibido ningún dinero del empresario.
El empresario de juego Peiti confesó en la causa por la que aceptó condena que para poder expandir su negocio entregaba fuertes sumas de dinero a importantes representantes de la política santafesina. Antes había hecho lo mismo con dos fiscales: 5 mil dólares por mes. Uno de esos fiscales, Gustavo Ponce Asahad, está condenado por eso. Y Serjal, el jefe de la regional, espera juicio.
La defensa de Traferri refuta cualquier idea de asociación ilícita. Indica que no existe la condición de despliegue en el tiempo de que vincule al legislador con el fiscal regional y con Peiti en una misma trama. A lo sumo si hubo una entrega de dinero será solo como una contribución proselitista.
Los fiscales que fueron separados del caso dicen que la asociación ilícita tuvo tres organizadores: Traferri, Peiti y Serjal.
Todo se descubrió cuando miembros de la Banda de Los Monos atentaron contra el Casino. El organizador del atentado, Maximiliano «Cachete» Díaz, tenía una relación estable con Peiti porque lo extorsionaba para dejar funcionar sus locales de juego. En base a ese vínculo le pidió una averiguación sobre dos detenidos. Peiti consultó a Nelson Ugolini que trabajaba con los fiscales Ponce Asahad y Serjal. Así Cachete, de Los Monos, recibió información sobres sus cómplices desde adentro de la fiscalía.
Serjal y Ponce eran parte del acuerdo para que el empresario Peiti trabajaba sin presión. Los fiscales mostraron pruebas de que Traferri intercedía ante ellos por Peiti. Eso según los desplazados fiscales Schiappa Pietra y Edery ocurría dos años antes de la campaña electoral que impulsaba a Perotti. Para estos fiscales, así lo dijeron en audiencia, «Traferri era la pata política de Peiti». Para ellos la asociación ilícita vincula a la Fiscalía Regional con Peiti y a varios políticos de los que el más influyente era el senador. También se suman otros delitos concurrentes como tráfico de influencias, dávidas, incumplimientos de deberes de funcionario público y cohecho.
La defensa en su momento señaló que los fiscales Edery y Schiappa Pietra debían ser apartados porque habían trabajado de manera direccionada en favor de Sain y que esto quedaba de manifiesto en muchas evidencias de la causa llamada por espionaje ilegal que, a la postre, dejó a Sain afuera de su cargo como ministro. Edery y Schiappa Pietra lo niegan tajantemente.
Edery fue cuatro meses suspendido y está bajo investigación penal por una presunta relación irregular con Mariana Ortigala que fue testigo protegida en una causa a su cargo. Pero su colega Schiappa Pietra, que no tiene ningún reproche, también fue desplazado. En los hechos esto generó el terreno desde la misma conducción del MPA que Traferri solicitaba. Una poco usual situación en donde alguien sospechado de un delito pone las condiciones para ser imputado. Alguien que tiene mucho peso institucional además lo que deja inevitablemente sobre la selectividad hacia los factores de influencia. Y un expresivo mensaje sobre la misma conveniencia, para los que lo intenten, de investigar al poder.
Politica
Aldo Leiva sobre Leandro Zdero: Una crítica a la política social en el Chaco
En el contexto de la política social en Argentina, las afirmaciones de Aldo Leiva respecto a Leandro Zdero han suscitado un amplio debate sobre la efectividad y el sentido de las políticas implementadas en la provincia del Chaco. Leiva, un referente social y político, ha sostenido que la política social de Zdero se reduce a entregar «una bolsita de mercadería con seis productos». Esta crítica pone de manifiesto las limitaciones del enfoque asistencialista y su impacto en la vida de las familias chaqueñas.
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La afirmación de Leiva se centra en la idea de que la asistencia alimentaria, aunque necesaria en muchas situaciones, es insuficiente para resolver problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad. Una «bolsita de mercadería» puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no se traduce en un cambio sostenible en las condiciones de vida de las personas. La pregunta que surge es: ¿qué familia puede sostenerse económicamente hasta fin de mes con solo seis productos? Este planteamiento indica una falta de estrategia integral que aborde de manera efectiva las causas de la pobreza y la exclusión social en la región.
El Chaco, como muchas provincias argentinas, enfrenta desafíos profundos relacionados con el desarrollo social y económico. La región ha sido históricamente afectada por desbalances estructurales, como la falta de empleo estable, acceso limitado a servicios básicos y una educación de calidad deficiente. En este contexto, la política social debe ir más allá de medidas paliativas y apuntar a generar un verdadero cambio. Es imprescindible crear políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo de habilidades, y el acceso a oportunidades económicas reales.
Además, la crítica de Leiva resuena con la realidad de las familias chaqueñas que se ven obligadas a lidiar con la precariedad. Las cifras de pobreza y desempleo en esta región son preocupantes, y las soluciones circunstanciales no abordan la raíz del problema. La dependencia de las ayudas alimentarias puede convertirse en un ciclo de asistencialismo que desincentiva la búsqueda de alternativas más efectivas y duraderas.
La política social debe centrarse en el empoderamiento de las comunidades, fomentando la autogestión y el desarrollo regional. Eso implica no solo proporcionar asistencia, sino también implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la capacitación laboral y el apoyo a emprendedores locales. En lugar de una «bolsita de mercadería», el enfoque debería ser hacia la construcción de un tejido social sólido que permita a las familias generar ingresos estables y mejorar su calidad de vida.
En conclusión, las críticas de Aldo Leiva a la política social de Leandro Zdero reflejan una preocupación profunda por el futuro del Chaco. La entrega de ayudas temporales no es suficiente para enfrentar los desafíos complejos que enfrentan muchas familias en la provincia. Es fundamental apostar por políticas integrales que busquen transformar las realidades sociales, promoviendo el desarrollo humano y la equidad. Solo así se podrá cimentar un futuro más esperanzador para los chaqueños y superar las limitaciones impuestas por un enfoque asistencialista que, aunque bien intencionado, no logra generar un cambio significativo.
Politica
CHACO Insólito: Encargado del Plan Ñachec bancó el ajuste de Javier Milei: «Alguien lo tenía que hacer»
El fin de semana se repartió módulos alimentarios (solo contiene 6 alimentos) en General San Martín. Allí, hubieron muchísimas quejas por las enormes colas para acceder a esa cajita alimentaria.
En ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia Chaco, el responsable del reparto que hizo el Ñachec en General San Martín, Gustavo Pared, explicó el procedimiento.
Además, desligó que el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel provincia se responsabilidad del «mayor ajuste de la historia mundial» que el mismo presidente Javier Milei se jacta de forma tan reprochable como recurrente.
«Alguien lo tenía que hacer», dijo Pared al referirse a tal ajuste e insistió en desligar el crecimiento exponencial de la pobreza en Chaco-algo corroborado por datos del Indec-ante semejante contexto.
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Politica
Denuncias por Persecución Ideológica a Empleados de Vialidad Provincial
En el contexto de la administración pública en Argentina, las denuncias por persecución ideológica han emergido como un tema de creciente preocupación, especialmente en el ámbito de Vialidad Provincial. En una reciente entrevista con el programa «Argentinos de Mal» por Radio Independencia, el ingeniero Omar Canela, administrador de Vialidad Provincial, abordó esta problemática que afecta a varios empleados de la institución.
Las denuncias de persecución ideológica se han vuelto recurrentes en el organismo, donde algunos empleados afirman que han sido objeto de hostigamiento y discriminación debido a sus creencias políticas o ideológicas. Este fenómeno no solo plantea serias cuestiones sobre los derechos laborales y la libertad de expresión, sino que también afecta el clima laboral y la eficiencia de la administración pública. La percepción de que se está llevando a cabo una caza de brujas ideológica puede generar un ambiente de miedo y desconfianza entre los empleados, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
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El ingeniero Canela, en su intervención, destacó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo en el que todos los empleados se sientan seguros y respetados, independientemente de sus creencias personales. Afirmó que la administración de Vialidad Provincial está comprometida con la defensa de los derechos de sus trabajadores y que se están tomando medidas para investigar y abordar estas denuncias. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de que las acusaciones sean fundamentadas y que se presenten pruebas concretas para poder actuar de manera efectiva.
El tema de la persecución ideológica en el ámbito laboral no es exclusivo de Vialidad Provincial, sino que se ha observado en diversas instituciones del país. La polarización política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años ha exacerbado estas tensiones, generando un clima en el que las diferencias ideológicas pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión. En este sentido, es esencial promover una cultura de diálogo y respeto, donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente la colaboración entre los empleados.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio estas denuncias y trabajen en la implementación de políticas que protejan a los empleados de cualquier forma de discriminación. La creación de canales de denuncia seguros y confidenciales puede ser una estrategia efectiva para que los trabajadores se sientan respaldados al expresar sus inquietudes. Asimismo, la capacitación en temas de derechos laborales y diversidad ideológica puede contribuir a sensibilizar a los empleados sobre la importancia de un entorno laboral inclusivo.
En conclusión, las denuncias por persecución ideológica en Vialidad Provincial representan un desafío significativo para la administración pública en Argentina. La intervención del ingeniero Omar Canela subraya la necesidad de abordar este problema con seriedad y responsabilidad, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamientos y respetuoso de la diversidad de pensamientos. Solo a través de un compromiso genuino con la inclusión y el respeto por los derechos de todos los trabajadores se podrá construir un sistema administrativo más justo y eficiente.
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