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Politica

La Corte de Santa Fe demora el juicio por daño ambiental contra un empresario que defendió Cúneo Libarona

Es contra Sergio Taselli, a quien representaba el ministro de Justicia. El máximo tribunal aceptó un recurso del acusado de un modo que fue cuestionado.

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La inminente audiencia preliminar para el juicio a dos altos funcionarios públicos en un caso de daño ambiental a cinco kilómetros de Rosario deja al desnudo una fuerte puja entre figuras de poder económico y político.

Este pleito tuvo, incluso, una acción por completo inusual de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Una resolución que se conoce ahora, cruzada por polémicas y que implica una demora en el trámite.

El juicio previsto para noviembre se requiere contra el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal de Estado adjunto de Santa Fe Gabriel Luzzini, por inacción ante un grave caso de envenenamiento del ambiente para dejar sin sanción a un empresario poderoso de la Argentina, a quien representó, hasta asumir su cargo hace diez meses, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Se trata del caso de envenenamiento ambiental provocado por manejos negligentes o dolosos de sustancias contaminantes en la compañía Petroquímica Capitán Bermúdez y que tiene a Sergio Taselli, el propietario de la compañía, como principal acusado.

Es un pleito donde están en juego tierras de valor multimillonario y multas altísimas por el daño contra el ambiente. Son 23 hectáreas sobre el río Paraná en un área portuaria donde en 2022 se exportaron 19 mil millones de dólares.

Es un juicio donde están en juego tierras de valor multimillonario y multas altísimas por el daño contra el ambiente. Son 23 hectáreas sobre el río Paraná en un área portuaria clave para el país.

En 2015 se advirtió que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos, con inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron.

 

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas por ser un poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias.

Oportunamente, LPO relevó que en el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas.

Lo que pasó aquí, según la acusación, fue un notorio manejo de influencias para evitarle pérdidas cuantiosas y cárcel a un fuerte empresario como Taselli, que desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario.

El municipio de Capitán Bermúdez detectó el mal estado de las cañerías y tanques de almacenamiento de cloro desperdigados por todo el predio. La Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe constató un evento de emisión de gas cloro y la presencia de residuos peligrosos mal tratados en 2016.

En ese contexto, el ex gobernador Miguel Lifschitz ordenó una denuncia a la Fiscalía de Estado. Como consecuencia se inició una causa penal en el marco de la cual un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Lo que pasó aquí, según la acusación, fue un notorio manejo de influencias para evitarle pérdidas cuantiosas y cárcel a un fuerte empresario como Taselli, que desde 2004 dirigió una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario.

La Corte de Santa Fe demora el juicio por daño ambiental contra un empresario que defendió Cúneo Libarona

El entonces fiscal regional de Rosario, acusado de corrupción en otras causas, de manera injustificada ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante lo que un juez, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado consideró más tarde que ese fallo fue inadmisible y lo anuló, algo que resultó avalado después por unanimidad por tres camaristas rosarinos.

 

Todo eso fue apelado por el abogado Jorge Ilharrescondo, corresponsal de Cúneo Libarona en Rosario, quien sostiene que su cliente Taselli no puede ir a proceso porque será juzgado dos veces. Argumento que los camaristas descartaron. Ellos adujeron que la primera vez fue perdonado de manera injustificada.

Los fiscales actuantes deslizaron en 2021 que no era ilógico pensar que ese perdón incomprensible se debiera a cobro de sobornos. Un delito por lo que Serjal espera juicio en otra causa que lo mantuvo preso durante meses.

La defensa del empresario Taselli llegó hasta la Corte Suprema de la provincia con un pedido de inconstitucionalidad para evitar el juicio. Acá pasó algo curioso y sugestivo. Y es que el máximo tribunal aceptó, de manera inédita, abrir muy tempranamente esa queja para su consideración.

La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia.

Lo inusual es que lo hizo en el inicio del trámite, cuando no hay lo que se llama gravamen irreparable, vale decir, algo que no se pueda solucionar jurídicamente en otra etapa.

La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo.

Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.

Pero la defensa de Tasellí sí lo fue, al día siguiente de la resolución, y por eso mismo reclamó en seguida en el juzgado de San Lorenzo que se paralizara la causa con el argumento de que el tema era cosa juzgada.

 Algunas de las bombonas que estaban desperdigadas en las instalaciones de la planta 

Luego el procurador de la Corte Jorge Barraguirre dictaminó que la Corte no debía tratar este recurso porque no hay gravamen irreparable, es decir, no hay nadie preso ni hay sentencia en esta etapa. No hay dice Barraguirre «definitividad» y por lo tanto el asunto es inadmisible.

La Corte Suprema está analizando, entonces, si el pedido de inconstitucionalidad es aceptable, algo que lleva un año y mantiene el trámite principal parado, es decir, la investigación contra Taselli y sus dos socios por la contaminación. Y el encubrimiento presunto del ex fiscal regional de Rosario y del ex fiscal de Estado adjunto de Santa Fe.

La fiscalía que lleva el caso está integrada hoy por José Caterina y Luis Schiappa Pietra. Este último se quejó muy fuerte el año pasado, cuando la Corte Suprema provincial sacó esta apretada resolución, porque no le dieron aviso de que se convocó a un conjuez ni de qué manera para desempatar un caso muy controvertido.

La Corte Suprema está analizando si el pedido de inconstitucionalidad es aceptable, algo que lleva un año y paraliza la investigación contra Taselli y sus dos socios por contaminación.

También reprochó que luego la Corte produjo una resolución inédita al abrir temprano el recurso. Y que tampoco de esto recibieron comunicación. Un ministro de la Corte como Erbetta, cuyo voto quedó en minoría, le dio la razón. Sostuvo que cuando un juez que no es un miembro natural del tribunal viene a desempatar una causa siempre hay que avisar a las partes del proceso.

Según órganos estatales de la provincia, el perjuicio ambiental por envenenamiento del ambiente provocó desmayos en alumnos de escuelas primarias de la zona. Son 23 hectáreas afectadas por derrame de cloro por lo que en 2017 el ex gobernador Miguel Lisfchitz por decreto a la Fiscalía de Estado iniciar acciones legales por el perjuicio para la provincia.

Según las imputaciones, pese a la directiva el fiscal de Estado adjunto Luzzini no acató el mandato del gobernador. Y el ex fiscal regional Serjal, que espera otro juicio por corrupción, directamente le ordenó al fiscal que investigaba un delito probado de daño ambiental que no acusara a Taselli.

El que acordó con Serjal el cese de la persecución en representación del empresario fue el estudio de Carlos Carranza, abogado que fue diputado nacional del PJ y ex ministro de Gobierno de Carlos Reutemann.

La Corte de Santa Fe demora el juicio por daño ambiental contra un empresario que defendió Cúneo Libarona

Serjal le dio la orden al fiscal que investigó a Taselli, Juan Carlos Ledesma, de favorecer al empresario con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal. En la audiencia donde desistiría de la acusación, a Ledesma, que había obtenido una muy razonable cantidad de evidencia sobre el delito de Taselli, lo vieron aturdido.

A tal punto que el juez Juan José Tutau le preguntó tres veces si en verdad quería retirar su acusación al empresario. Como Ledesma contestó que sí, el juez Tutau aceptó el planteo de suspender la causa penal. Taselli quedó entonces, por tanto, perdonado.

Esto lo cambió luego el juez de San Lorenzo Carlos Gazza porque valoró que todo el trámite para levantar la acción penal contra Taselli fue irregular y que el juez anterior lo había aceptado bajo engaño porque le retacearon información. Lo mismo dijeron los tres camaristas.

Los ministros de la mayoría de la Corte de Santa Fe que abrieron el recurso de inconstitucionalidad pueden pensar que Taselli va a ser juzgado dos veces. Lo que es inusual es que lo planteen en este momento del trámite.

 En este controvertido asunto tendrá importancia como juega el gobierno de Maximiliano Pullaro. Es que la provincia podría quedarse, si hay juicio, con las tierras estratégicas afectadas a la contaminación denunciada.

Los fiscales, el juez que reabrió el trámite, los tres camaristas y la mitad del máximo tribunal dicen que nunca el empresario será juzgado por segunda vez porque no hubo primera vez. La primera vez lo perdonaron en un trámite irregular donde, por ejemplo, no se convocaron a las víctimas de la contaminación ambiental, para decir si estaban de acuerdo con excluirlo del caso.

En noviembre está prevista la audiencia preliminar de juicio contra Serjal y Luzzini por la omisión de investigación contra Taselli. Mientras tanto, hasta que la Corte no resuelva el recurso de inconstitucionalidad el empresario no podrá ser juzgado.

Lo que está en discusión en este caso lo señaló el fiscal Schiappa Pietra hace exactamente tres años cuando el trámite no estaba parado. Según el fiscal la definición judicial del trámite venía a sellar un montón de debates futuros.

 Desgasificación de algunas de las mil bombonas que se desactivaron. 

«¿Qué va a hacer Santa fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como Estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar? ¿Qué hacemos con una orden ilegal para perdonar una contaminación por un daño ambiental que hacía desmayar a nenas de colegio? Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar», dijo.

En este controvertido asunto tendrá importancia como juega el gobierno de Maximiliano Pullaro. Es que la provincia podría quedarse, si hay juicio, con las tierras estratégicas afectadas a la contaminación denunciada.

En este asunto tendrá importancia la actuación del Ministerio de Medio Ambiente que está a cargo del socialista Enrique Estévez, ex diputado nacional que es hijo de Guillermo Estévez Boero, figura fundacional del Partido Socialista Popular.

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CORRUPCION

CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos

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Diputados del Frente Chaqueño presentaron este miércoles en la fiscalía de primera instancia de Resistencia una denuncia de lavado de activos contra las autoridades de ECOM Chaco S.A. La denuncia presentada expone el desvió de unos 600 millones de pesos y apunta al ex presidente Luis Verga, hombre cercano al gobernador Leandro Zdero, que cuando tomaron estado público las denuncias de sobreprecios y gastos, fue removido de la empresa.

Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-

 

 

Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».

Exigimos justicia y transparencia

«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.

«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.

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CORRUPCION

Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’

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Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.

La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa CubellsNicolás Slimel Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.

Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.

https://corrientesinfo.ar/2024/11/21/chaco-mega-corrupcion-de-leandro-zdero-diputados-deunciaron-el-robo-de-600-millones-de-pesos/

En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».


Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».

La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.


Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.

Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.


La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.

Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.

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Politica

En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos

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Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.

En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.

En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.

Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.

¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.

Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.

Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.

De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.

Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.

Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.

Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.

La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.

Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.

A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.

En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.

Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.

“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.

Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.

Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.

Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.

Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.

En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.

Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.

¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.

 

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