En medio de un panorama político cambiante y complejo, la figura del presidente Javier Milei se ha convertido en el foco de atención en Argentina. Con su lema de ponerle un «cepo al Estado», Milei promete reformar la estructura del gobierno, recortando gastos y limitando el acceso a los recursos del Estado. Sin embargo, detrás de esta retórica se oculta una estrategia que, a muchos, les parece preocupante: la búsqueda de endeudamiento en el exterior a través de acuerdos con provincias y gobernadores.

Una de las figuras clave en este entramado es Leandro Zdero, quien ha sido su aliado político en diversas iniciativas. Sin embargo, su discurso en torno a la economía y el manejo de la deuda pública parece tener contradicciones que merecen un análisis más profundo.

Contexto Político y Económico

El contexto actual de Argentina es desalentador. La economía enfrenta diversas dificultades, desde una inflación rampante hasta un mercado laboral que lucha por recuperarse. En este marco, el gobierno de Milei ha prometido una serie de reformas que buscan reducir la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, estas medidas han generado inquietud entre los analistas y la población en general.

La propuesta de un «cepo al Estado» sugiere que se buscará una austeridad extrema que limitaría la posibilidad de financiamiento para diversos programas sociales y servicios esenciales. Mientras tanto, existe la preocupación de que esta política de recorte venga acompañada de un aumento en la deuda externa, lo que podría sumar más presión sobre la economía nacional a largo plazo.

El Rol de Leandro Zdero

Leandro Zdero ha jugado un papel fundamental en la construcción de este nuevo modelo. Occasionalmente, sus declaraciones han mostrado una visión pragmática, defendiendo la necesidad de captar inversiones y financiamiento para las provincias. Sin embargo, algunos ven en sus propuestas un claro doble discurso.

Por un lado, Zdero ha argumentado en favor de la austeridad y el recorte del gasto público; por otro, ha negociado préstamos en el exterior, que pueden categorizarse como una forma de endeudamiento peligroso. La propuesta de un préstamo de 150 millones de dólares para las provincias ha levantado más de una ceja, generando el interrogante de cómo se utilizarán esos fondos y qué compromisos estarán asociados.

La estrategia de «comprar» diputados para respaldar este tipo de iniciativas parece reflejar una situación donde las decisiones no se toman necesariamente en base a un consenso general, sino bajo presiones y acuerdos poco transparentes.

Riesgos del Endeudamiento Externo

El endeudamiento en el exterior puede parecer un salvavidas en el corto plazo, pero presenta riesgos considerables a mediano y largo plazo. Un aumento en la deuda externa significa que las futuras generaciones de argentinos cargarán con el peso de los intereses y capital que deberán ser devueltos, a menudo en una moneda fuerte como el dólar.

Además, el impacto de un préstamo puede desdibujar la ya frágil situación fiscal de las provincias. Si estos fondos se utilizan para gastos corrientes en lugar de inversiones productivas, el resultado podría ser desastroso, generando dependencia de más endeudamiento. Es un ciclo peligroso que puede conducir, en última instancia, a una crisis fiscal más profunda.

La Responsabilidad Ciudadana

Es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y críticos ante los discursos políticos que prometen soluciones rápidas. La situación que enfrenta Argentina no es sencilla y no se puede resolver con medidas arbitrarias o promesas vacías.

La responsabilidad recae, en parte, sobre nosotros como sociedad para exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes. Hay que entender las implicaciones de cada decisión que se toma en el Congreso, especialmente en lo que respecta a la deuda pública y al uso de los fondos obtenidos.

Conclusiones

El peligro del doble discurso en la política no es nuevo, pero en el actual contexto argentino, se presenta como un desafío crucial. La posibilidad de que Javier Milei y su administración, junto a cómplices como Leandro Zdero, nos lleven a un endeudamiento excesivo es un tema que merece nuestra atención. Es imperativo que estemos vigilantes y exijamos claridad y responsabilidad en la gestión pública.

Es momento de reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos en esta dinámica y asegurar que nuestras voces y preocupaciones sean escuchadas. El futuro de Argentina depende de decisiones conscientes y responsables, no solo de parte de sus líderes, sino también de la ciudadanía en su conjunto. ¿Estamos realmente dispuestos a enfrentar las implicaciones de endeudarnos en el contexto actual, o debemos buscar alternativas más sostenibles y responsables? La respuesta a esta pregunta podría definir los próximos años de nuestra economía y sociedad.

En el Chaco el pedido de acceso a información de Ruido no obtuvo respuesta de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado (Juntos por el Cambio), en funciones desde diciembre de 2023. La nota formal se presentó el 22 de febrero de 2024 en dos de las tres oficinas con mesa de entrada.

Algo similar sucede en las legislaturas de casi 9 de cada 10 provincias argentinas, en las que se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

La incorporación de 300 trabajadores en una planta permanente de 2.000 integrantes en 2023 es la irregularidad de mayor trascendencia que se tenga registro en ese poder durante el período democrático.

El ingreso se produjo durante el último de los seis años de la gestión de Élida Cuesta (Corriente de Expresión Renovada – CER), una política con orígenes en el Partido Justicialista.

En julio de 2023 un periodista consignó que la Cámara tenía 1.913 agentes, de los cuales 1.577 eran de planta. A fines de ese mismo año otra publicación en el diario Norte reparaba en un dato llamativo: que la Legislatura reportó un listado con 1.887 trabajadores permanentes, 199 más de lo previsto en el presupuesto para el año siguiente.

Mucho antes, en 2017, un sindicalista de la CTA aportó otra cifra mayor, cercana a los 2.500 integrantes, con mayoría de becarios que no concurrían a las oficinas.

Incorporaciones de personal sin precedentes

Una fuente con 15 años de antigüedad confirmó a Ruido que vio incorporaciones irregulares siempre y de todos los partidos. Sin embargo, la gestión de Cuesta no tuvo precedentes: se promovieron pases a planta de personas sin experiencia para ocupar cargos jerárquicos, mientras en el personal de carrera había trabajadores de hasta 20 años de antigüedad sin posibilidades de acceder a una recategorización.

En las filas del nuevo oficialismo también hay acusaciones. En un posteo de Facebook se repasaron las circunstancias poco transparentes en las que el actual gobernador Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio, se incorporó como empleado legislativo bastante antes de resultar electo diputado provincial.

Los nombramientos se explican en una normativa laxa y discrecional. Alcanza sólo con la firma de la máxima autoridad para hacerlos efectivos. En concreto, el artículo 174 del reglamento determina que “los empleados de la Cámara ingresarán mediante concurso de selección o prueba de suficiencia, cuyas bases reglamentará la Presidencia”. Aunque el trámite también es posible con el aval, la connivencia y el silencio de la mayoría de los bloques, por lo que el acceso a la resolución que ratifica los últimos ingresos está sellado.

Sobre el salario

El salario de los trabajadores está atado al parámetro del sueldo de un diputado, las categorías equivalen a porcentajes parciales. Y por su composición se presentan brechas de hasta el 35% entre quien posee un título universitario y quien no. A ese porcentaje se suman variables como la antigüedad y otras bonificaciones, por lo que no resulta extraño que un asesor termine cobrando de manera legal más que un legislador.

En cuanto a los diputados, es notable que un sueldo inicial casi no se diferencie de otro con más antigüedad y que los dos estén por debajo de la línea de pobreza. Dentro de los 32 representantes que componen el recinto, un legislador que asumió en diciembre de 2023 percibe $320 mil en marzo de 2024 y otro con 20 años de antigüedad cobraba ese mismo mes $380 mil.

Lo que a simple vista no se ve es que un legislador dispone un monto mensual de un millón y medio de pesos para remunerar a sus asesores, unos cinco en promedio por banca. Ese personal tiene un contrato de gabinete -con aportes a la obra social de los estatales provinciales- y no todos cumplen funciones en oficinas de Resistencia ni en horarios fijos.

Debido a la dinámica de las sesiones y de colaboraciones en localidades distantes el registro de la presencia laboral también se vuelve poco transparente y sólo en cuatro de 12 oficinas hay controles biométricos, en los demás se firma la entrada y salida en una planilla.

Vínculos

Élida Cuesta está casada con Gustavo Martínez, exintendente de la capital Resistencia (2019 a 2023) y expresidente del Concejo Deliberante (2015 a 2019). Antes él fue ministro de Desarrollo Urbano y Territorial (2011 a 2015) durante el segundo gobierno de Jorge Capitanich y presidió Sameep, la empresa estatal de provisión de agua (2007 a 2011), durante la primera gestión.

Ambos fundaron y lideran el espacio político CER, que en la actualidad logró dos bancas legislativas (Andrea Charole y Elba Ojeda). Entre las aspiraciones sin éxito de las últimas elecciones están las candidaturas por un lugar en diputados nacionales y por la gobernación de la provincia.

Un dato complementario es que el tramo final de esta investigación, se desarrollaban las elecciones en la Asociación Gremial Unión Empleados Legislativos (Aguel). Después de años de intervención y la apertura de una causa judicial por irregularidades en el sindicato, en un hecho sin precedentes cinco listas pugnaban por conducirlo. El 25 de abril con 298 votos (38,95%) se impuso Lili Quiroz de la Lista 1 «Celeste y Blanca», afín al espacio político de la CER, que responde a la expresidenta legislativa Cuesta y al exintendente Martínez.

En el programa de Tonino Guinter la diputada provincial Paola Benítez dio la explicación que me faltaba para entender el rechazo al crédito de US$ 150 millones que pretendía Zdero.

A saber, el Ejecutivo provincial le pide autorización a la Legislatura para tomar deuda por el equivalente a US$ 150 millones. Un organismo internacional de crédito le presta esos dólares al Chaco, pero quien los recibe es Toto Caputo, y Zdero se compromete a devolverlos (llegado el momento, el capital e intereses de ese crédito se descontarán de la coparticipación que Nación le envía a la Provincia: menos plata para sueldos, obras, etc.).

Como se endeudó en dólares pero lo que necesita para “hacer obras” son pesos, el gobierno de Milei emite esos pesos y se los manda. Ahora Milei tiene US$ 150 millones fresquitos para achicar el déficit del Banco Central y poder pagarle al Fondo, y encima no le debe un mango a nadie. El que se endeudó fue Zdero.

HUMO EN EL CIELO CHAQUEÑO

Ahora bien, ¿para qué quiere Zdero esos 150 palos verdes? Cuando uno revisa el proyecto de ley de emergencia hídrica y energética no encuentra un objeto específico, sólo una descripción apocalíptica de un escenario que ya describió la Secretaría de Energía de la Nación: cuando hagan 50ºC no vamos a tener luz, y como no van a andar las estaciones de bombeo, tampoco agua.

Según Jorge Capitanich, el Chaco no necesita esa guita para terminar las obras energéticas que quedaron pendientes en diciembre: necesita gestión. Si esas obras se terminan, tenemos soberanía energética y que Milei se haga una lavativa de Tang de pomelo. No tengo elementos para afirmar que sea como dice Coqui. De todos modos, el proyecto de ley no lo menciona: no dice “con esa plata vamos a terminar tal y tal obra”.

Lo que dice es que Infraestructura, Secheep y Sameep, además de “restringir” la demanda de energía, podrán “adquirir mediante contratación directa, los bienes, materiales, insumos, equipos, servicios y ejecución de obras tendientes a asegurar el normal abastecimiento de agua y energía eléctrica”. O sea: piden US$ 150 millones pero no tienen un plan, sólo una idea general.

También crean un “programa de créditos a tasa subsidiada” para que la gente implemente “sistemas de energía renovable (tales como paneles solares, generadores eólicos, y otras tecnologías limpias)”. Hagamos números: en enero, para un consumo de 400 kW/mes, que es bien poquito para el Chaco, un sistema “off grid” de paneles solares (los que tienen baterías y guardan la energía que se colecta cuando hay sol) costaba US$ 12.000 sin contar la instalación. Al tipo de cambio oficial, tendrían que estar repartiendo créditos personales de 11 millones y medio de pesos por pera. Sólo en el Gran Resistencia hay unos 140 mil hogares. Si el NBCH tan sólo aprobara créditos para llegar al 10% de ese universo, ya no quedaría un mango de los US$ 150 millones del empréstito.

Producen más humo que la Amazonía.

VUELTOS

No está de más preguntarse de quién fue la idea del crédito. Viendo quién se beneficia y quiénes se perjudican, la respuesta parece evidente: fue de Toto Caputo. Si hubiera sido idea de Leandro al menos hubieran detallado en qué la iban a invertir. De hecho, tanto Bistoletti, presidente de Secheep, como Hugo Domínguez, ministro de Infraestructura, afirmaron tener “soluciones alternativas” para mitigar la falta de energía.

La insistencia previa del aparato de propaganda oficial para la aprobación del crédito, la intervención de Capitanich para que el PJ votara en contra y la reacción indignada del oficialismo por el rechazo a la norma nos dan una idea de la magnitud del golpe recibido.

Habida cuenta de que varios legisladores que entraron en las listas de Capitanich votaron proyectos de Zdero sin ponerse colorados, cabe la sospecha ciudadana de que hubo acuerdos secretos para la aprobación del crédito. Y como era una ley cuyo objeto era conseguir miles de millones de pesos, es razonable pensar que la moneda de cambio de esos acuerdos fue de la misma especie: guita por votos.

Pero lo que sea que les hayan ofrecido -efectivo o paneles solares- no alcanzó. Por eso, tal vez, el aparato mediático provincial se avino a escrachar al diputado peronista Juan Carlos Ayala difundiendo el videíto de un altercado en el estacionamiento del Hospital Perrando. Chapear con la credencial de diputado cuando se está cometiendo una infracción es de cuarta, pero convertirlo en noticia provincial se parece más a un vuelto.

También podríamos preguntarnos cuánto costaron los votos radicales del Congreso, que en un primer momento aprobaron un aumento a los jubilados y después aplaudieron el veto de Milei. Pero eso ya es ir demasiado lejos.