El dato es demoledor: el Gran Resistencia, conglomerado en el que viven más de 500 mil chaqueños, tiene la desocupación más alta de todo el país además de ser el área más pobre de la Argentina.

Según informó el Indec, en el segundo trimestre de 2024, periodo completo bajo la administración del gobernador Leandro Zdero, se produjo un fuerte crecimiento del desempleo en la capital del Chaco y sus ciudades satélite.

La tasa de desocupación alcanzó el 11% y superó los dos dígitos por primera vez en muchos años. Además está muy por encima del promedio nacional, que es del 7,6%.

De acuerdo con un análisis de la consultora Politikón en base a la información oficial, el aglomerado urbano chaqueño presentó significativos retrocesos en los indicadores del mercado de trabajo, exhibiendo bajas en la tasa de ocupación laboral y una importante suba del desempleo.

“El Gran Resistencia tiene la mayor desocupación de todo el país”, remarcó el reporte al que accedió Es Chaco.

Detalles de los indicadores del mercado de trabajo local
En cuanto a la tasa de actividad, los datos del segundo trimestre de este año muestran una tasa de actividad en el aglomerado chaqueño del 44,7%, ubicándose levemente por encima de la media regional del NEA (44,5%) aunque quedó por debajo de la media nacional (48,5%).

En términos comparativos, si bien la tasa de actividad creció 1,8% en la comparación interanual (9 mil nuevos activos contra el segundo trimestre de 2023), en la comparación trimestral cayó del 46,4% del primer trimestre del año al 44,7% actual.

“Esto generó que en los últimos tres meses haya 7 mil activos menos”, destacó Politikón en su análisis.

Dentro del NEA, el Gran Resistencia se ubica como el aglomerado con la segunda mayor tasa de actividad en la región, solo por debajo de Posadas, aunque a nivel nacional se ubica en el puesto 24.

Mercado de trabajo
Al segundo trimestre de 2024, el aglomerado urbano chaqueño presentó significativos retrocesos en los indicadores del mercado de trabajo, exhibiendo bajas en la tasa de empleo y una importante suba de la desocupación.

En lo que respecta a la tasa de empleo, la principal área urbana del Chaco tuvo una tasa de empleo del 39,7% mostrando también fuertes desmejoras: contra igual trimestre de 2023, esta tasa desciende 0,8% interanual; y contra el primer trimestre de este 2024, -3,3%.

“Esto generó la desaparición de 13 mil ocupados en los últimos tres meses”, subrayó el reporte de la consultora privada.

En el escenario regional, la tasa de empleo del Gran Resistencia fue la segunda más baja del NEA (solo por encima de Formosa); mientras en el plano nacional se ubicó en el puesto 28 sobre 31 aglomerados urbanos.

Finalmente, en lo que hace a la tasa de desocupación, el aglomerado provincial registró un 11% de desocupación, exhibiendo importantes alzas: en la comparación interanual fue de 5,4%; en tanto que contra el trimestre anterior fue de 3,8%.

“En términos absolutos, esto equivale a decir que en los últimos tres meses se crearon 7 mil nuevos desocupados en el aglomerado chaqueño”, sintetizó Politikón.

En el plano regional, el Gran Resistencia mostró la mayor tasa de desocupación del NEA; pero también, es el aglomerado con el mayor nivel de desocupación de todo el país, además de ser el único con una tasa de desocupación de doble dígito.

La administración pública, en su vasta complejidad, es un espacio donde se deben manejar con escrupulosa ética y transparencia los recursos del Estado. Hoy, en el contexto del Instituto del Deporte Chaqueño, nos encontramos ante un caso que ha causado gran revuelo y que exige un análisis profundo: los pagos anticipados a empleados públicos, específicamente a los señores Walter Adrián Rodríguez y Osvaldo Adrián Quirós, con un desembolso controversial de 34,5 millones de pesos cada uno.

Contexto del Instituto del Deporte Chaqueño

El Instituto del Deporte Chaqueño tiene la responsabilidad de promover y desarrollarse en el ámbito deportivo provincial. Con una estructura que incluye personal de planta permanente, está diseñado para ser un pilar en la formación y promoción de deportes en la región. Sin embargo, la reciente controversia ha puesto en tela de juicio la administración de sus recursos y la gestión de sus empleados.

La Revelación de los Pagos Anticipados

Los pagos anticipados por una suma total de 150 millones de pesos han desatado un escándalo sin precedentes. En un sistema donde los fondos públicos deben ser manejados con la mayor transparencia, nos encontramos con que estos 34,5 millones fueron depositados en cuentas personales de dos empleados, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética detrás de tales acciones.

¿Justificable el Anticipo?

La pregunta que todos se hacen es: ¿hay alguna justificación válida para estos pagos? Según los criterios de la administración pública, los anticipos salariales deben tener justificaciones claras, como necesidades específicas de financiación para proyectos relacionados con la actividad del empleado dentro de sus funciones. Sin embargo, el análisis de la situación revela un uso que podría clasificarse como impropio, sin ningún tipo de respaldo que acredite el uso de estos fondos.

Una Llamada a la Investigación

Es imperativo que este asunto no se tome a la ligera. La posible malversación de caudales públicos es, sin lugar a dudas, un delito que no solo afecta a la administración pública, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones. La administración pública, por su naturaleza, debe ser responsable ante la ciudadanía, que espera un manejo transparente y cuidadoso de sus recursos.

Sin lugar a dudas, la situación es alarmante. No es común que una suma tan considerable sea depositada de manera directa en cuentas personales, particularmente en el contexto de salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales. Este tipo de decisiones no solo son cuestionables, sino que también plantean interrogantes sobre el sistema de controles interno que debe existir en cada una de las entidades públicas.

La Reacción de la Opinión Pública

La población chaqueña, al enterarse de este hecho, ha reaccionado con indignación. Frases como “nos cagaron 150 palos” son reflejo de una frustración colectiva frente a la percepción de impunidad y corrupción en las instituciones. La pregunta que surge es: ¿qué pasos se deben seguir para corregir esta situación?

Exigencias de Transparencia

La respuesta radica en exigir mayor transparencia. La ciudadanía debe alzar su voz y demandar a las autoridades que realicen investigaciones exhaustivas y que se aplique la ley a todos aquellos involucrados. La falta de acción ante un caso tan grave podría dar lugar a un clima de desconfianza que, a largo plazo, perjudica no solo a la administración pública, sino a las políticas deportivas en la provincia.

Promover una Cultura de Ética Pública

Además, es fundamental que se promueva una cultura de ética pública donde se respete el papel del Estado como gestor de los intereses y necesidades de la población. Esto implica no solo la condena de actos irregulares, sino también la implementación de medidas preventivas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro. La capacitación de empleados públicos en ética y transparencia debe ser una prioridad.

Conclusiones

El escándalo de los pagos anticipados a empleados públicos del Instituto del Deporte Chaqueño es un claro llamado de atención para garantizar una administración pública confiable y responsable. La posible malversación de fondos públicos no es un tema que debería ser ignorado o minimizado; al contrario, debe ser investigado a fondo y llevado ante la justicia.

No se trata solo de la pérdida de dinero, sino de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La transparencia, la ética y la responsabilidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya la administración pública, asegurando que cada peso de los contribuyentes sea utilizado para el bien común y no para el enriquecimiento personal de unos pocos.

La historia de Pedro y su desilusión frente a la corrupción no es solo suya; es el reflejo de muchos ciudadanos que demandan un cambio. Es hora de actuar, investigar y restaurar la fe en el sistema.

Mientras la Justicia Federal de Resistencia avanza en la investigación de la denuncia penal por la existencia de una supuesta “Mafia del desmonte” que involucraría a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios forestales, paralelamente el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco tramita dos causas en las que se le solicita que declare inconstitucional la ley Nº 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco, en sesión extraordinaria, durante la madrugada del 30 de abril pasado.

En uno de esos expedientes, la organización ambientalista “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos” solicitó al máximo tribunal que acumule su presentación con la realizada por el Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco que también reclama que se declare inconstitucional a esa normativa por no haber realizado una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo indican los tratados internacionales.

Hasta el momento, el STJ ha rechazado dictar una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley 4005-R. No obstante, se encuentra vigente una resolución en ese sentido de la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que suspendió los desmontes y “cambios de uso de suelo” por un plazo de tres meses, en tanto se investiga la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Documento clave

En los últimos días, Conciencia Solidaria presentó ante el STJ un documento que sería clave en la causa contra la ley de OTBN. Se trata de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que la Dirección Nacional de Bosques (del gobierno nacional) le dio a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre el trámite de la ley provincial Nº 4005-R, a la que tuvo acceso LITIGIO.

Entre las observaciones más trascendentes, el organismo nacional señala que la ley 4005-R (de OTBN) admite un 20 por ciento de desmonte dentro de la categoría II (amarillo), que “contraviene” a lo expresado en los art. 9 y 14 de la ley nacional de Bosques Nativos (Nº 26.331). Es decir, la cantidad de hectáreas identificadas con categoría “amarilla” viola la Ley Nacional de Bosques.

Otra de las críticas a la ley aprobada por el gobierno de Zdero es que “no especifican claramente la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)”. No obstante, advierten que “el mapa alojado en el servicio muestra un balance de superficie por categoría de conservación” y desde el organismo de aplicación nacional solicitan que se aclare si el balance forma parte de la ley 4005-R.

Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Bosques señalaron que la ley provincial no hace “referencia explícita” al decreto 2157/22 del exgobernador Jorge Capitanich que contenía un informe del entonces Ministerio de Producción del Chaco donde se informaba que se dejarían sin efecto los artículos observados por la autoridad nacional.

En ese sentido, precisaron que al no basarse en el decreto de Capitanich, la ley 4005-R no habría tenido en cuenta todas las observaciones que había hecho ese organismo nacional. Así, reclama al gobierno de Zdero que “se aclare la situación vinculada a esta norma, dado que impacta sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones legales en materia de conservación de bosques nativos”.

¿Blanqueo de los desmontes ilegales?

En ítem más crítico del informe de la Dirección Nacional de Bosques es el que refiere a que la actualización del OTBN aprobado por el gobierno de Zdero no incorporó el análisis de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la ley nacional de Bosques Nativos. En ese sentido, advierte que es necesario contar con el detalle de la pérdida de cobertura de bosques autorizados y no autorizados, período por período.

Asimismo, apunta que las áreas desmontadas sin autorización “se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente” cuando la ley nacional establece que “deben mantener la categoría original diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente”.

Tampoco se informan, recalca el documento, “las acciones de la provincia para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente”, ni se cuenta con datos en el marco del Registro Nacional de Infractores.

También se excluyen de la cobertura de actualización las áreas desmontadas con permisos de recategorización por resoluciones aprobadas entre 2015 y 2018, cuyo procedimiento luego fue derogado por un decreto en el año 2019. Además, lo que quedó de los bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente se encontraban clasificados en categoría “amarilla”, se asignaron a “verde”, es decir, se bajó su categoría de conservación.

La trampa de incluir el Parque Nacional El Impenetrable

La Dirección Nacional de Bosques cuestionó la designación de las áreas de categoría I (roja) y II (amarilla) por criterios que están por fuera de la metodología establecida por la ley nacional de Bosques Nativos. Además, tampoco están detallados los criterios que definen las áreas en categoría II (amarilla) y advierten “inconsistencias” en la determinación de las categorías de conservación.

Aunque no lo define de esa manera, el organismo nacional apunta a la “trampa” que hizo el gobierno de Zdero al incluir al Parque Nacional El Impenetrable en la categoría I (rojo), lo que en apariencia demostraría una mayor protección ambiental. Sin embargo, subraya que “esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado en dicha categoría por la ALA”.

“No es resultado de un proceso participativo”

Con respecto al requerimiento de la ley nacional de Bosques Nativos de que los OTBN provinciales se aprueben a partir de procesos participativos, desde el organismo nacional señalaron que “la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la ley 4005R, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos”.

RL