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Represión en intento de motín destapó el grave hacinamiento en una comisaría de Resistencia

Durante la mañana del jueves se produjeron incidentes durante una requisa en la comisaría Séptima, en el sur de Resistencia. El Comando de Operaciones Especiales intervino arrojando gases lacrimógenos, lo cual dejó como saldo la totalidad de los detenidos afectados, dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro de salud. La situación fue el correlato del gravísimo hacinamiento que se vive en esa unidad policial, donde están alojadas 50 personas en un lugar con capacidad para 16, con internos durmiendo en el patio y turnándose para guarecerse en días de lluvia.

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Cincuenta detenidos de la comisaría Séptima Metropolitana de Resistencia fueron afectados por gases lacrimógenos en el marco de una represión ejecutada por las fuerzas especiales de la policía del Chaco. La acción del Comando Especial de Operaciones (COE) se dio en medio de un intento de motín que se produjo en respuesta a una requisa y a las gravísimas condiciones de hacinamiento que sufren los alojados.

Una comisaría con cuatro celdas destinadas para 16 personas tiene actualmente una población de 50 detenidos, es decir casi cuatro veces más que su capacidad. Esta es la situación que se vive actualmente en la Séptima Metropolitana, ubicada en la zona sur de Resistencia.

Ese lugar fue escenario este jueves por la mañana de un intento de motín por parte de un grupo de internos, quienes respondieron así a una requisa realizada por personal del COE. Los uniformados terminaron arrojando gas pimienta a los reclusos, quienes se vieron afectados en su totalidad. Por la descompensación que les provocó la acción irritante del químico, dos presos tuvieron que ser trasladados a un centro de salud cercano.

Un equipo del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco realizó un monitoreo en el lugar tras lo ocurrido. Se entrevistó a cada uno de los detenidos en sus respectivas celdas, de forma grupal.

Durante las entrevistas, las personas privadas de libertad informaron que fueron inspeccionadas por el médico de la policía, pero este solo les pidió que se levantaran la remera sin proporcionarles asistencia adecuada, especialmente en los casos donde el gas pimienta les había afectado los ojos.

En relación a la intervención policial, se constató que el personal del COE no detalló la cantidad de agentes que participaron en el operativo ni los nombres de los mismos, sino que únicamente informaron el nombre de la policía encargado del operativo.

La Comisaría Séptima cuenta con cuatro celdas, las cuales están abiertas las 24 horas del día, permitiendo a los detenidos acceso continuo al patio. Este régimen se implantó debido a la gravedad de la situación de hacinamiento en la que se encuentran.

Los presos duermen en el patio y lo días de lluvia se turnan para dormir bajo techo. Debido a las condiciones de hacinamiento que atraviesan, solicitaron al Comité la presentación urgente de un habeas corpus para mejorar su situación.

Existe un antecedente reciente en este sentido. A través de un habeas corpus, en virtud de una acción interpuesta por la Defensa Pública Oficial a raíz de la situación de la Comisaría Quinta Metropolitana, la Cámara Segunda en lo Criminal ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia disminuir el número de personas detenidas en dicha unidad hasta alcanzar el cupo oficial declarado por la agencia policial, pudiendo en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas superar (como máximo) el 30% de la capacidad de alojamiento.

Situación repetida

El hacinamiento de la comisaría Séptima de Resistencia es más bien una regla que una excepción en las unidades policiales del Área Metropolitana del Gran Resistencia. En el último informe anual del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se indicó que esta zona “ostenta mayor gravedad en términos de hacinamiento en dependencias policiales”.

En dicho informe, que abarca el período 2022/2023, se enumeraron las unidades con mayores niveles de sobrepoblación crítica. Entre las peores, estaban: Comisaría Duodécima de Resistencia, con 200% de sobrepoblación; Comisaría Segunda de Resistencia, 164%; Sexta de Resistencia, 150%; Comisaría Tercera de Barranqueras, 150% y Comisaría Primera de Fontana; 140% de hacinamiento. Ninguna llegó al 312% que alcanzó la Comisaría Séptima esta semana.

En el Chaco, más del 47% de los detenidos están alojados en comisarías de acuerdo a una investigación realizada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en el marco de la campaña nacional “No más presos en comisarías”. A fines de diciembre de 2022, la provincia se ubicaba en el cuarto lugar entre las que tienen más personas detenidas en comisarías, con 1.119 de un total de 2.377.

“Cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite, desentendiéndose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio, y muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez/a”, denunció el INECIP en agosto pasado.

El hacinamiento o sobrepoblación crítica, vale aclarar, es la acumulación o amontonamiento de personas superior al 20% de la capacidad de alojamiento del establecimiento, según establece el Comité Europeo para los Problemas Criminales.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, a través de una recopilación de estándares internacionales de derechos humanos, estableció que, a los fines de la determinación de la superficie de los lugares de alojamiento provisorio -para celdas múltiples- de personas privadas de libertad, se contabilizarán seis metros cuadrados para el primer alojado y cuatro metros cuadrados para cada alojado adicional, sin contabilizarse la superficie del baño, el cual debe tener como mínimo dos metros cuadrados.

A su vez, desaconseja el alojamiento en celdas múltiples al indicar que el alojamiento colectivo no es recomendable y debería emplearse sólo en condiciones excepcionales. Respecto de la cantidad de personas privadas de la libertad que pueden alojarse, algunas experiencias de derecho comparado establecen ciertas pautas técnicas que pueden ser valoradas, señalando como deseable que el alojamiento múltiple “no supere las 16 personas”.

 

Fotos: Pablo Caprarulo

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Un call center la echó en plena pandemia y deberá pagarle doble indemnización

La Justicia Laboral de Resistencia condenó a la empresa Atento Argentina SA a pagar la doble indemnización por el despido injustificado de una empleada a la que no quiso recibirle los certificados que le recomendaban una licencia por un cuadro de “burn out” al comienzo de la pandemia por coronavirus.

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Una empresa de call center con sede en Resistencia fue condenada a pagar doble indemnización por haber despedido sin causa a una trabajadora en los inicios de la pandemia por coronavirus, cuando se encontraba vigente el DNU 34/19 (que penalizaba los despidos sin causa). Así lo resolvió la jueza Silvana Gómez, del Juzgado del Trabajo Nº 1 de la capital chaqueña, que hizo lugar al reclamo de la trabajadora contra Atento Argentina SA.

La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el martes 17 de septiembre en el marco de la causa Nº 987/2020-A-L caratulada “T., M.A. C/ATENTO ARGENTINA SA S/DESPIDO, ETC”. Se trata del reclamo de una trabajadora que ingresó a la empresa en diciembre de 2017 y fue despedida sin causa en plena pandemia -abril de 2020-, cuando la patronal decidió desconocer la licencia expedida por el psicólogo particular de la empleada. Al rechazar las licencias médicas, la patronal consideró que las inasistencias de la trabajadora fueron injustificadas y decidió despedirla “con causa”.

“Ambiente tóxico”

En su presentación, la trabajadora expuso que sus inconvenientes surgieron “como consecuencia de un ambiente de trabajo tóxico, marcado por la presión constante, malos tratos de parte de superiores, todo lo cual se fue acumulando y comenzó a afectarle tanto física como psíquicamente, hasta el punto de salir llorando de la empresa y no querer regresar. Todo ello, fue lo que la llevó a tener que acudir en busca de ayuda profesional con un médico especialista, el cual le diagnosticó “Trastorno de ansiedad grave, antecedentes de burnout laboral” otorgándole reposo laboral por 30 días”.

Al completarse ese período, reveló que “siguiendo las recomendaciones de su terapeuta que le había concedido un alta bajo supervisión de su rendimiento laboral, intentó reincorporarse a sus tareas habituales con toda predisposición, pero volvieron a fallar las relaciones interpersonales con superiores jerárquicos, tales como: destrato laboral, falta de apoyo y contención, actitudes que empeoraron su salud. Al ser el aspecto psíquico y mental un requisito esencial para prestar dicha actividad, esas actitudes hicieron imposible la adaptación y continuidad en el puesto de trabajo”. En ese momento, la empresa comenzó a desconocer sus pedidos de licencia.

Fundamentos 

La jueza Gómez cuestionó que la empresa rechazara la licencia médica de la trabajadora en base a la opinión de su psicóloga contratada, cuando la ley de Contrato de Trabajo establece que debió pedir una tercera opinión imparcial al surgir una discrepancia con el dictamen del médico particular de la empleada. Además, subrayó que la renovación de la licencia se dio después de la intervención de la médica de la empresa.

La magistrada también multó a la empresa por no haberle entregado la certificación de servicios a la trabajadora en el plazo de 30 días posteriores al despido sino que recién lo hizo en marzo de 2021, es decir, 11 meses después.

No obstante, en la sentencia se rechazó agravar la multa contra la empresa por una presunta “temeridad” y “malicia” a la hora de litigar en esta causa.

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CHACO Dos heridos tras el despiste de una camioneta en una curva de la Ruta Provincial 6

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El accidente ocurrió a 13 km de San Bernardo; dos hombres resultaron con traumatismos y fueron derivados a un centro médico

En la noche de ayer, un accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 6, a unos 13 kilómetros al oeste de San Bernardo. El incidente involucró a una camioneta Chevrolet S10 de color gris que volcó en una curva mientras se dirigía desde Las Breñas hacia San Bernardo.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como J.S., de 39 años, quien conducía la camioneta, y W.H.A.S., de 37 años, que viajaba como acompañante. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados inicialmente al hospital local para recibir atención médica.

El Dr. Fabián Dabrowski, médico a cargo, diagnosticó a ambos pacientes con «traumatismo de cabeza y cuello». Debido a la naturaleza de sus lesiones, los heridos fueron posteriormente derivados al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña para una atención más especializada.

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar del siniestro. El equipo fiscal N° 03, encabezado por el Dr. Sergio Ríos de Villa Ángela, intervino en el caso. Asimismo, se dio participación a la División de Criminalística de Villa Ángela para realizar las pericias pertinentes. El vehículo involucrado fue secuestrado como parte de la investigación en curso.

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Una intervención rápida de Prefectura Naval evitó una tragedia en el puente General Belgrano

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La noche del jueves, un inquietante incidente sacudió el tránsito en el puente General Belgrano, una estructura vital que conecta las provincias de Corrientes y Chaco. A las 21:00 horas, los conductores que cruzaban el puente fueron sorprendidos por la angustiante situación cuando una joven de 22 años, identificada como S.I.R.C., se arrojó desde la columna que sostiene el puente en el lado correntino, dando pie a un operativo de emergencia que hubiese podido tener consecuencias fatales.

El evento, que tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 2, generó no solo una ola de conmoción entre los automovilistas, sino también significativas demoras en el tránsito debido a la presencia de múltiples equipos de rescate. Efectivos de la Policía Caminera y Gendarmería Nacional arribaron rápidamente para atender la situación y garantizar la seguridad de las personas en el área.

La respuesta más crucial vino de la Prefectura Naval Argentina. Gracias a la pronta y eficiente intervención de su equipo, y en particular a la coordinación del Oficial Subayudante Edgar Fernández de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros, la joven fue rescatada con vida en un tiempo récord. Esta rápida acción no solo salvó una vida, sino que también destacó la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.

El suceso remarca la vital relevancia que tienen las instituciones en la preservación de la vida en situaciones críticas, así como la necesidad de estar atentos a las señales de alerta que pueden indicar que alguien está en peligro. Días como este son un recordatorio del gran trabajo que realizan las fuerzas de seguridad en nuestro país y la efectividad de su preparación para responder ante incidentes imprevistos.

A pesar del revuelo causado en las calles y la preocupación generada entre quienes presenciaron los hechos, la intervención decisiva de Prefectura Naval fue crucial para evitar lo que podría haberse convertido en una tragedia. La situación también abre un espacio para reflexionar sobre la salud mental y la importancia de brindar apoyo adecuado a quienes atraviesan momentos difíciles.

En resumen, el incidente en el puente General Belgrano no solo dejó una lección sobre la efectividad de la respuesta de emergencia, sino también un llamado a fomentar un diálogo inclusivo acerca de la salud mental y la ayuda en momentos de crisis. La vida de S.I.R.C. fue salvada gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, pero es vital que la sociedad en su conjunto continúe trabajando para prevenir situaciones similares en el futuro.

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