El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó el pedido de salidas para realizar actividad física solicitado por la defensa de un agente de la policía del Chaco, procesado por integrar una asociación ilícita que operaba desde la comisaría Duodécima de Resistencia.

El agente, Leandro Gabriel Cocco, se encuentra con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral que se realizará en los próximos días. A través de su abogado, solicitó autorización al Tribunal Oral Federal para poder salir de su domicilio a fin de “realizar actividades físicas recreativas por cuestiones de salud”.

Se corrió vista de esta solicitud al Ministerio Público Fiscal. El fiscal Federal ante el TOF, Federico Carniel, rechazó el pedido en base a una serie de argumentos. Indicó que actualmente subsiste la existencia de riesgos de entorpecimientos para el normal transcurso del trámite judicial, teniendo en cuenta la proximidad del inicio del juicio oral.

Además, recordó que mientras se sustanciaba la investigación de Gendarmería respecto de las actividades de la banda integrada por policías de la Duodécima, Cocco intentó tomar conocimiento de la pesquisas respecto de sus acciones, haciendo valer su calidad de policía, lo que demuestra un peligroso antecedente.

Por último, sostuvo que tanto la defensa no fundamentó la necesidad del permiso, ni la razón de salud, ni de ninguna especie que ameriten valorar el pedido, quien puede efectuar sus rutinas de ejercitación dentro de su domicilio.

Los jueces Fabián Cardozo, Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch se inclinaron por los argumentos del Ministerio Público Fiscal y optaron por rechazar el pedido del policía. En una resolución, con fecha del martes, señalaron que, dada la complejidad de la causa, la situación procesal de Cocco, que estaría próxima a resolverse en razón de la proximidad del inicio del juicio oral, que se busca evitar todo riesgo procesal y también por la falta de fundamentación en el pedido invocado, “no deviene arbitrario denegar el pedido solicitado”.

Además de Cocco, también irán a juicio oral el sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; el agente, Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la presunta dealer, Ester de la Cruz Pereña.

Todos con distintos cargos penales: a Cocco, Molina y Frete se les imputan los delitos de Cohecho pasivo” (art. 256 del Código Penal), “encubrimiento agravado” (art. 277 inc 1° apartado “a”, “c” y “d”, e inc. 3° apartado “a”, “c” y “d” del Código Penal), “Abuso genérico de Autoridad” (art. 248 del Código Penal). “Asociación Ilícita” (art. 210 del Código Penal), todos ellos en concurso real (art. 55 del Código Penal). A su vez concurren idealmente con el delito previsto el art. 248 del Código Penal, en carácter de coautores.

Al gendarme Paniagua se lo acusa del delito de “revelación de secreto oficial” (art. 157 del Código Penal), en tanto que a De la Cruz Pereña se la acusa de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (art. 5, inc. “c” de la Ley 23.737) en calidad de autora; cohecho activo (art. 258 del Código Penal) en carácter de autora y como coautora de los delitos de “asociación ilícita” (art.210 del Código Penal), todo en concurso real (art. 55 del Código Penal).

Protección

Cabe recordar que el 16 de julio de 2022, el sargento Molina y los agentes Frete y Cocco, de la comisaría Duodécima de Resistencia, fueron detenidos acusados de conformar una banda delictiva dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina y al armado de procedimientos ficticios.

De acuerdo al expediente, sus actividades ilícitas incluían la cobertura de al menos una dealer de la zona (que sería De la Cruz Pereña) para que pueda comercializar sin ser molestada, como así también mantenerla al tanto de cualquier posible operativo que pudiera comprometerla.

Esta cobertura se realizaría a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.

Y eso no fue todo: los policías investigados querían información respecto de qué pasaba en Gendarmería, que los venían siguiendo desde hace varios días. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso, hecho por el cual el uniformado también terminó implicado en la causa.