El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.

La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Las condenas a Mathov y Santos

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.

Fuente: Página/12

“No pudo haber Duarte sin Ortiz y viceversa, el tándem tenía que ser fiscal y juez. No había ninguna duda que estaban puestos ahí para asegurar impunidad”, sostuvo anteayer el fiscal general Miguel Palazzani en la continuidad de su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en la causa seguida al exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, imputados por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

En la jornada, que se extendió por más de seis horas, el representante del Ministerio Público Fiscal se centró en el análisis de los procesos de habeas corpus iniciados por familiares de las víctimas y sobre el rol del exjuez Duarte y su vínculo con el Ejército. El viernes 27 de septiembre se reanudará el juicio con la última parte de la exposición de la fiscalía, que culminará con el pedido de penas para los acusados.

El imputado Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Ambos llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también está imputado por el delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Habeas corpus

La audiencia de este miércoles 18 constituyó la continuidad de la acusación, que había iniciado en la jornada de debate del 26 de agosto pasado. La fiscalía avanzó sobre los últimos hechos que le faltaba evaluar y se centró en el análisis de distintos habeas corpus que presentaron los familiares de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, víctimas de los sucesos que se investigan.

“Este grupo de casos nos muestra la desesperación de los familiares, que no tenían respuesta, no eran citados y encima les cobran las costas del proceso”, valoró el fiscal. “Exigirle [el pago de] costas a una mamá, que ni siquiera citaste a declarar después de que presentó un habeas corpus por su hijo, es tener sensación de total impunidad”, agregó.

Asimismo, indicó que “no sólo no se tomaron medidas para ubicar a las víctimas, sino que el mensaje de todo esto era que se podía seguir haciendo lo que se estaba haciendo con total impunidad, con el aseguramiento de que no iba a haber investigación efectiva y que nadie estaba en riesgo”.

El rol del exjuez Duarte

Por otra parte, la fiscalía se centró en el rol de Duarte y en su vínculo con el Ejército. Palazzani indicó que durante el juicio el imputado se quiso “posicionar como alguien que desembarca en agosto de 1976 en el juzgado federal sin enterarse de nada, sin tener relación con nadie y comparándose con otros jueces que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron”.

“Obviamente no tenemos esa ingenuidad y candidez para creer esa versión, cuando estuvo 15 años en el Ejército siendo el asesor legal que dependía del comandante”, sostuvo.

“Es importante que entendamos que el vínculo de Duarte con el Ejército no es que se conservó espiritualmente como dice él, sino que hay un vínculo legal con deberes y derechos”, señaló.

Por otra parte, Palazzani aludió al cambio en el comportamiento procesal del exjuez a partir de 1982. En tal sentido, describió que, luego de que en años anteriores había sobreseído o rechazado los habeas corpus y las denuncias de los secuestros sin ordenar tareas investigativas, “Duarte intentó lavarse su imagen librando oficios”. Ese cambio, indicó el fiscal, se produjo “en el contexto de retirada de la dictadura militar y de avance del proceso de verdad, memoria y de justicia, que reclamaban los organismos de derechos humanos y los familiares”.

El fiscal destacó que, tras la restauración del Estado de derecho, los familiares pidieron la remoción de Duarte, con el envío de cartas documento al ministro de Justicia Carlos Alconada Aramburú a partir de enero de 1984. “Los acusamos de incumplimiento de los deberes propios de su cargo y como cómplices y encubridores de los delitos de secuestros y presuntos asesinatos de 15 ciudadanos detenidos en Neuquén por las Fuerzas Armadas en 1976 y que aún permanecen desaparecidos”, leyó Palazzani la misiva en la que también se denunciaba la actuación del fiscal Ortiz.

El fiscal se refirió por último al cese de Duarte como juez federal el 30 de septiembre de 1984. Al respecto indicó que “la ley 22.940 lo premió con una jubilación millonaria de absoluto privilegio” y que “esa jubilación era el premio por lo que había hecho”. “Lo cierto es que desde ese momento hasta hoy vienen cobrando una jubilación millonaria”, finalizó Palazzani.

Fuente: Fiscales 

En una extensa entrevista en La Mañana de Natagalá, el ex intendente de Resistencia y líder del espacio CER, hizo un repaso de su gestión, realizó críticas a la actual gestión municipal y se refirió a la renovación del peronismo.

Sobre su relación con el actual Gobierno y la necesidad de construir una alternativa política dijo que «la construcción política no se hace pegándole palo a todo el mundo».

Durante la charla, el exintendente destacó la necesidad de un reacomodamiento en el peronismo, que, según él, perdió su rumbo original.

«El justicialismo ha sido reducido a una imagen que no se alinea con lo que Perón planteó», comentó. Afirmó que el movimiento peronista debería centrarse en la movilidad social y en fomentar una burguesía nacional fuerte, en lugar de enfocarse únicamente en la asistencia social.

Martínez subrayó que la política no se limita a ocupar un cargo público. «La militancia se puede desarrollar desde cualquier lugar», expresó, refiriéndose a su propio proceso de reacomodamiento tras haber dejado el poder político en la provincia. Al respecto, agregó que muchos dirigentes creyeron que su permanencia en el poder estaba garantizada.

Se refirió al creciente descreimiento de la ciudadanía hacia la política. «Un millón de personas en Argentina hacen política, pero un solo error grave de uno de ellos puede afectar la percepción de todos», afirmó. Martínez enfatizó la importancia de una política que no solo responda a intereses personales, sino que realmente escuche y actúe en beneficio de la sociedad.

En un contexto donde la política se enfrenta a un desafío de credibilidad, Martínez se mostró optimista respecto a la necesidad del peronismo en el futuro cercano. «La Argentina necesitará del justicialismo en los años venideros», concluyó, resaltando la relevancia histórica del movimiento en la lucha por los derechos de los trabajadores y la promoción del desarrollo nacional.

«Hay miles de militantes que han dejado su vida por la política, pero su labor no se amplifica. Solo se destaca lo negativo», comentó, refiriéndose a la falta de atención mediática hacia aquellos que trabajan por el bienestar de sus comunidades sin buscar reconocimiento personal.

Martínez también reflexionó sobre su gestión al frente del municipio, reconociendo que, aunque se implementaron acciones positivas, no se logró una presencia constante en los barrios. «Los vecinos querían más luz y ripio, no solo espectáculos y eventos culturales. Mi imagen se construyó desde el barrio, y por eso la expectativa era alta», afirmó.

En cuanto a los desafíos enfrentados al final de su mandato, explicó las dificultades financieras que llevaron a la interrupción de servicios esenciales en la ciudad. «No abandoné la ciudad. La empresa encargada de los servicios paró por falta de pagos debido a un problema de recursos que no pudimos resolver en los últimos días de gestión», aclaró.

Martínez defendió su decisión de optar por una empresa municipal para los servicios, asegurando que el Estado a veces no está preparado para el mantenimiento a largo plazo de sus bienes. «Creo firmemente que la gestión municipal debe incluir este tipo de decisiones, aunque enfrentemos críticas», aseguró.

En relación a la situación actual de la municipalidad, Martínez rechazó las acusaciones de que dejó la administración quebrada, indicando que, en realidad, se dejó un monto significativo en plazos fijos y varios proyectos en ejecución, aunque muchos de ellos están ahora paralizados.

El exintendente concluyó resaltando la necesidad de un cambio en la forma en que se percibe y se hace política. «La política debe acercarse más a la gente, no solo en épocas de elecciones, sino de manera constante», subrayó, reafirmando su compromiso con la comunidad de Resistencia y su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo local.

En un tono reflexivo, Martínez habló sobre la falta de apoyo del gobierno provincial y nacional, destacando que «nunca recibimos ni 100 metros de veredas», lo que, según él, complicó la realización de obras cruciales como la Plaza 25 de Mayo y el Parque 2 de Febrero.

Martínez también se refirió a su relación con el actual Gobierno y la necesidad de construir una alternativa política. «La construcción política no se hace pegándole palo a todo el mundo», explicó, enfatizando que el foco debe estar en las necesidades de la comunidad y no en las rivalidades personales. Además, apuntó a la importancia de un peronismo renovado, que recupere su esencia y enfoque en los problemas de los argentinos.

En cuanto a su futuro político, Martínez expresó su deseo de reconciliarse con los militantes peronistas que lo apoyaron durante años, señalando que «tengo que recorrer y visitar a cientos de peronistas». También indicó su intención de apoyar a nuevos líderes políticos que estén comprometidos con la comunidad.

Martínez se mostró optimista sobre su futuro y el de la política en Resistencia, a pesar de los retos que enfrenta el país. «Duermo tranquilo, pero estoy muy preocupado por la situación», finalizó.