CORRUPCION
Desmontes en Chaco: incorporan un informe lapidario contra la ley provincial de Bosques
Documento de la Dirección Nacional de Bosques que revela las graves irregularidades de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco aprobada por orden del gobernador Leandro Zdero. La organización ambientalista Conciencia Solidaria pidió al Superior Tribunal de Justicia incorporarla a la causa en la que solicitó se declare inconstitucional a la ley 4005-R. También pidió que se acumule con un planteo similar de los pueblos indígenas.
Mientras la Justicia Federal de Resistencia avanza en la investigación de la denuncia penal por la existencia de una supuesta “Mafia del desmonte” que involucraría a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios forestales, paralelamente el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco tramita dos causas en las que se le solicita que declare inconstitucional la ley Nº 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco, en sesión extraordinaria, durante la madrugada del 30 de abril pasado.
En uno de esos expedientes, la organización ambientalista “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos” solicitó al máximo tribunal que acumule su presentación con la realizada por el Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco que también reclama que se declare inconstitucional a esa normativa por no haber realizado una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo indican los tratados internacionales.
Hasta el momento, el STJ ha rechazado dictar una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley 4005-R. No obstante, se encuentra vigente una resolución en ese sentido de la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que suspendió los desmontes y “cambios de uso de suelo” por un plazo de tres meses, en tanto se investiga la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Documento clave
En los últimos días, Conciencia Solidaria presentó ante el STJ un documento que sería clave en la causa contra la ley de OTBN. Se trata de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que la Dirección Nacional de Bosques (del gobierno nacional) le dio a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre el trámite de la ley provincial Nº 4005-R, a la que tuvo acceso LITIGIO.
Entre las observaciones más trascendentes, el organismo nacional señala que la ley 4005-R (de OTBN) admite un 20 por ciento de desmonte dentro de la categoría II (amarillo), que “contraviene” a lo expresado en los art. 9 y 14 de la ley nacional de Bosques Nativos (Nº 26.331). Es decir, la cantidad de hectáreas identificadas con categoría “amarilla” viola la Ley Nacional de Bosques.
Otra de las críticas a la ley aprobada por el gobierno de Zdero es que “no especifican claramente la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)”. No obstante, advierten que “el mapa alojado en el servicio muestra un balance de superficie por categoría de conservación” y desde el organismo de aplicación nacional solicitan que se aclare si el balance forma parte de la ley 4005-R.
Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Bosques señalaron que la ley provincial no hace “referencia explícita” al decreto 2157/22 del exgobernador Jorge Capitanich que contenía un informe del entonces Ministerio de Producción del Chaco donde se informaba que se dejarían sin efecto los artículos observados por la autoridad nacional.
En ese sentido, precisaron que al no basarse en el decreto de Capitanich, la ley 4005-R no habría tenido en cuenta todas las observaciones que había hecho ese organismo nacional. Así, reclama al gobierno de Zdero que “se aclare la situación vinculada a esta norma, dado que impacta sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones legales en materia de conservación de bosques nativos”.
¿Blanqueo de los desmontes ilegales?
En ítem más crítico del informe de la Dirección Nacional de Bosques es el que refiere a que la actualización del OTBN aprobado por el gobierno de Zdero no incorporó el análisis de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la ley nacional de Bosques Nativos. En ese sentido, advierte que es necesario contar con el detalle de la pérdida de cobertura de bosques autorizados y no autorizados, período por período.
Asimismo, apunta que las áreas desmontadas sin autorización “se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente” cuando la ley nacional establece que “deben mantener la categoría original diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente”.
Tampoco se informan, recalca el documento, “las acciones de la provincia para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente”, ni se cuenta con datos en el marco del Registro Nacional de Infractores.
También se excluyen de la cobertura de actualización las áreas desmontadas con permisos de recategorización por resoluciones aprobadas entre 2015 y 2018, cuyo procedimiento luego fue derogado por un decreto en el año 2019. Además, lo que quedó de los bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente se encontraban clasificados en categoría “amarilla”, se asignaron a “verde”, es decir, se bajó su categoría de conservación.
La trampa de incluir el Parque Nacional El Impenetrable
La Dirección Nacional de Bosques cuestionó la designación de las áreas de categoría I (roja) y II (amarilla) por criterios que están por fuera de la metodología establecida por la ley nacional de Bosques Nativos. Además, tampoco están detallados los criterios que definen las áreas en categoría II (amarilla) y advierten “inconsistencias” en la determinación de las categorías de conservación.
Aunque no lo define de esa manera, el organismo nacional apunta a la “trampa” que hizo el gobierno de Zdero al incluir al Parque Nacional El Impenetrable en la categoría I (rojo), lo que en apariencia demostraría una mayor protección ambiental. Sin embargo, subraya que “esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado en dicha categoría por la ALA”.
“No es resultado de un proceso participativo”
Con respecto al requerimiento de la ley nacional de Bosques Nativos de que los OTBN provinciales se aprueben a partir de procesos participativos, desde el organismo nacional señalaron que “la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la ley 4005R, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos”.
CORRUPCION
RESISTENCIA Un fallo eléctrico provocó un incendio en ambulancia en pleno Hospital Perrando
un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.
El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.
El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.
Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.
Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.
Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.
Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.
El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.
CORRUPCION
Funcionario de Leandro Zdero puso a su hija en SECHEEP con un sueldo millonario
En los últimos meses, la provincia ha enfrentado un clima de descontento generalizado por los constantes cortes de luz y el aumento de las tarifas de electricidad. La figura de Germán Perelli, vocal de Secheep y conocido defensor de estas políticas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su repentino silencio ante una situación que afecta a miles de chaqueños. Muchos se preguntan, ¿dónde está Perelli y qué ha sucedido con su activa presencia en las redes sociales, donde solía defender los aumentos y justificar los cortes de luz?
Los problemas relacionados con el suministro eléctrico en la región no son nuevos. Con la llegada del verano y el incremento en el consumo de energía, la situación se ha agravado, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos ya han comenzado a recibir boletas de luz exorbitantes, lo que genera un clima de preocupación y frustración. A medida que se acercan las altas temperaturas, la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía se transforma en un temor real para muchas familias. En este contexto, la figura de Perelli, quien solía desbordar sus opiniones en las plataformas digitales, se ha caracterizado por su notable ausencia.
Esto resulta aún más llamativo considerando su actual estatus como funcionario del gobierno provincial, donde él y su hija perciben sueldos millonarios. Estos altos salarios, aliados a beneficios como vehículos oficiales, combustibles gratuitos y viáticos, contrastan fuertemente con la realidad cotidiana de los ciudadanos que luchan por hacer frente a tarifas eléctricas cada vez más difíciles de abonar. Mientras que las familias chaqueñas se ven obligadas a limitar el uso de la electricidad o a buscar alternativas para sobrellevar la carga económica, aquellos que deberían ser sus defensores parecen haber optado por un camino de silencio.
La ruptura en la comunicación de Perelli con la ciudadanía es inquietante. No solo se espera que un funcionario escuche las preocupaciones de la gente, sino que también articule respuestas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. La percepción de que se ha abandonado a la población en un momento crítico no solo alimenta el descontento, sino que también puede erosionar la confianza en las instituciones.
Como vocal de Secheep, Perelli tenía la responsabilidad de ser el puente entre la empresa y los ciudadanos, y su papel como defensor de los aumentos de tarifas y cortes de luz implicaba una rendición de cuentas hacia aquellos que se ven impactados por sus decisiones. La falta de visibilidad en este momento tan turbulento sugiere una desconexión alarmante entre las políticas de la empresa y las realidades de los ciudadanos, un hecho que no debería pasar desapercibido.
La pregunta que recorre las redes sociales y los espacios de diálogo en la provincia no es solo «¿dónde está Germán Perelli?», sino también qué harán las autoridades para abordar esta crisis eléctrica que amenaza con desbordarse. La exigencia de respuestas y soluciones es más urgente que nunca. La gente necesita saber que hay representantes que escuchan sus quejas y están dispuestos a actuar en defensa de sus derechos. En este momento, lo que se requiere es un método de comunicación más efectivo y empático por parte de aquellos que han sido elegidos para servir a la comunidad, en lugar de convertir sus cargos en privilegios desmedidos.
CORRUPCION
CHACO SON LA CASTA !!! Premio para los funcionarios que no funcionan? Leandro Zdero le consiguió otro cargo a Botteri Disoff
La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.
Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.
Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.
La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.
La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.
Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.
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