En su discurso de presentación del Presupuesto, el presidente, Javier Milei, ratificó que vetará todo gasto que no tenga fundamentación en los recursos que tiene el Estado. Desde Corrientes, la secretaria General del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (CODIUNNE), Marisú Liwsky, aseguró que «queremos salir de salarios debajo de la línea de la pobreza».

Liwsky indicó que desde la universidad lo que se busca es mejorar las condiciones de ejercer la docencia y la investigación, y con los efectos de la motosierra que implementa el Gobierno nacional no se puede sostener el adecuado funcionamiento de los claustros.

Mientras en todo el país se reactualiza un debate sobre el necesario financiamiento educativo, una discusión que se creía superada en los años 90 y que con las políticas de ajuste similares a las instrumentadas por los presidentes y ministros de Economía de la Dictadura de 1976 a 1983 vuelven a motivar movilizaciones y reclamos.

Ante la embestida nacional sobre el presupuesto universitario, la docente destacó que los docentes universitarios han sufrido una pérdida significativa del poder adquisitivo en lo que va del año, estimada en un 25%, y denunció que los aumentos salariales no han seguido el ritmo de la inflación.

«El salario de los trabajadores universitarios ha tenido una pérdida sin precedentes desde la recuperación democrática. Nos hemos visto obligados a tomar las calles nuevamente», explicó.

Cuestionó «la falta de interés del Gobierno nacional en la educación pública, señalando la reducción del rango del Ministerio de Educación a Secretaría como un claro indicio de que la educación no es una prioridad en la agenda del Estado».

«Para el Gobierno, la educación pública no está en su agenda o no le importa. Esto es parte de un modelo de país que están imponiendo», afirmó.

Liwsky celebró la votación favorable a ampliar el presupuesto de las universidades en las dos cámaras del Congreso Nacional, al tiempo que manifestó su preocupación ante el anuncio de un posible veto presidencial. «Estamos esperando el mensaje oficial, pero todo indica que habrá un veto, lo que es un costo político que el Gobierno está dispuesto a pagar», sostuvo.

La docente reiteró el compromiso del gremio con la defensa de la universidad pública y la mejora de las condiciones laborales. «Sabemos que tenemos el acompañamiento de la comunidad universitaria en esta lucha».

El debate en el Congreso de la Nación reveló datos preocupantes sobre el estado de los trabajadores de las universidades.

Los legisladores que votaron por los ocho artículos del financiamiento universitario revelaron que el 80 por ciento de los docentes cobrará por debajo de la línea de la pobreza y se plantea además de la actualización para los gastos de funcionamiento, la actualización de los salarios docentes todos los meses por IPC.

Uno de los cuestionamientos del Presidente a la ley es que aumenta el gasto y pone en riesgo el superávit fiscal y en el Senado de la Nación se destacó que el impacto fiscal de la nueva ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, será del 0,14 por ciento del PBI; motivo por el cual, Milei llama a los legisladores «degenerados fiscales» y amenaza con vetar la ley, aseveró el senador Wado de Pedro del peronismo.

«Ahora no hay plata para los jubilados y las universidades, pero porque primero decidieron bajar impuestos y no cobrarle a los que blanquearon. El RIGI dio rebajas impositivas por 30 años», cuestionó el senador Martín Lousteau, quien, sobre el final, envió un mensaje a la propia interna radical: «(Milei) se alegró porque a los jubilados se les negó el equivalente a tres kilos de carne picada por mes. Llamó héroes de la patria a los que decidieron, por prebendas electorales y especulación electoral, negarle esto a los jubilados».

La ley sancionada por las mayorías opositoras es una respuesta a la masiva movilización en defensa de la universidad pública, que se realizó en todo el país el 23 de abril del presente año.

En esas marchas, que colmaron los espacios públicos, se reclamó sostener el normal funcionamiento de las universidades con el presupuesto adecuado.

ATE rechaza sumarios en Vialidad

La dirigencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes denunció una política de «amedrentamiento a los delegados del organismo que fueron sumariados por denunciar irregularidades y el robo de carteles del sindicato».

A través de un comunicado los gremialistas repudiaron «la persecución a los trabajadores delegados del organismo provincial de vialidad, Roberto Acosta y Romero Garay, quienes han sido víctimas de represalias por parte de las autoridades a cargo por defender los derechos del conjunto de los estatales».

Walter Zamudio, secretario General de ATE Corrientes, detalló: «Ya había una denuncia penal contra el anterior presidente del organismo provincial quien terminó renunciando. Ahora que asumió otro director, la situación sigue igual con persecuciones, sin habilitar reuniones y sin respuestas a los pedidos que le hemos hecho como sindicato».

«La Dirección Provincial de Vialidad actualmente está a cargo de Luis Pablo Cardozo por designación del gobernador Gustavo Valdés. La administración del organismo viene siendo cuestionada por los trabajadores por manejos administrativos de los fondos públicos – que fueron denunciados oportunamente -, amedrentamientos y violencia laboral a quienes ejercen su derecho sindical», indicaron.

«Ante este acontecimiento, desde ATE Corrientes se exige el urgente cese de las hostilidades y represalias a quienes ejercen su derecho constitucional de representar los intereses de los trabajadores del sector, según la Ley de Asociaciones sindicales Nº23551», finalizaron.