CORRUPCION
A pesar de la prohibición, continúan los desmontes en el Chaco: piden el patrullaje de fuerzas federales
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció ante la Justicia Federal el incumplimiento de la medida cautelar que ordena la suspensión total de desmontes en el Chaco. Presentaron pruebas sobre dos desmontes ilegales realizados el 25 y 27 de agosto, pese a la prohibición judicial vigente.
En el marco de la megacausa por la denominada “Mafia del Desmonte”, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Resistencia, alertando sobre la continuidad de la deforestación en territorio chaqueño pese a la prohibición judicial.
A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región durante el lapso de tres meses, “grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del gobierno provincial”, señalaron desde la Asociación de Abogados, a través de un comunicado.
El Gobierno de Leandro Zdero en la mira de la justicia federal: la mafia de los desmontes
La medida cautelar emitida por la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.
Sin embargo, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo. En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar.
Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente, como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio.
La Asociación también solicitó a la Justicia Federal que se tomen medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. Se ha requerido la intervención de fuerzas federales para patrullar las áreas más afectadas y la utilización de herramientas satelitales para monitorear los desmontes en tiempo real. Además, se solicita la implementación de mecanismos de control estrictos para evitar que las guías de aprovechamiento forestal sean utilizadas como camuflaje para el comercio ilegal de madera proveniente de desmontes ilegales.
Señalaron que estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el Tatú Carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que este aporta para su subsistencia y vida digna. “Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región”, afirmaron.
CORRUPCION
RESISTENCIA Un fallo eléctrico provocó un incendio en ambulancia en pleno Hospital Perrando
un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.
El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.
El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.
Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.
Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.
Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.
Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.
El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.
CORRUPCION
Funcionario de Leandro Zdero puso a su hija en SECHEEP con un sueldo millonario
En los últimos meses, la provincia ha enfrentado un clima de descontento generalizado por los constantes cortes de luz y el aumento de las tarifas de electricidad. La figura de Germán Perelli, vocal de Secheep y conocido defensor de estas políticas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su repentino silencio ante una situación que afecta a miles de chaqueños. Muchos se preguntan, ¿dónde está Perelli y qué ha sucedido con su activa presencia en las redes sociales, donde solía defender los aumentos y justificar los cortes de luz?
Los problemas relacionados con el suministro eléctrico en la región no son nuevos. Con la llegada del verano y el incremento en el consumo de energía, la situación se ha agravado, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos ya han comenzado a recibir boletas de luz exorbitantes, lo que genera un clima de preocupación y frustración. A medida que se acercan las altas temperaturas, la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía se transforma en un temor real para muchas familias. En este contexto, la figura de Perelli, quien solía desbordar sus opiniones en las plataformas digitales, se ha caracterizado por su notable ausencia.
Esto resulta aún más llamativo considerando su actual estatus como funcionario del gobierno provincial, donde él y su hija perciben sueldos millonarios. Estos altos salarios, aliados a beneficios como vehículos oficiales, combustibles gratuitos y viáticos, contrastan fuertemente con la realidad cotidiana de los ciudadanos que luchan por hacer frente a tarifas eléctricas cada vez más difíciles de abonar. Mientras que las familias chaqueñas se ven obligadas a limitar el uso de la electricidad o a buscar alternativas para sobrellevar la carga económica, aquellos que deberían ser sus defensores parecen haber optado por un camino de silencio.
La ruptura en la comunicación de Perelli con la ciudadanía es inquietante. No solo se espera que un funcionario escuche las preocupaciones de la gente, sino que también articule respuestas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. La percepción de que se ha abandonado a la población en un momento crítico no solo alimenta el descontento, sino que también puede erosionar la confianza en las instituciones.
Como vocal de Secheep, Perelli tenía la responsabilidad de ser el puente entre la empresa y los ciudadanos, y su papel como defensor de los aumentos de tarifas y cortes de luz implicaba una rendición de cuentas hacia aquellos que se ven impactados por sus decisiones. La falta de visibilidad en este momento tan turbulento sugiere una desconexión alarmante entre las políticas de la empresa y las realidades de los ciudadanos, un hecho que no debería pasar desapercibido.
La pregunta que recorre las redes sociales y los espacios de diálogo en la provincia no es solo «¿dónde está Germán Perelli?», sino también qué harán las autoridades para abordar esta crisis eléctrica que amenaza con desbordarse. La exigencia de respuestas y soluciones es más urgente que nunca. La gente necesita saber que hay representantes que escuchan sus quejas y están dispuestos a actuar en defensa de sus derechos. En este momento, lo que se requiere es un método de comunicación más efectivo y empático por parte de aquellos que han sido elegidos para servir a la comunidad, en lugar de convertir sus cargos en privilegios desmedidos.
CORRUPCION
CHACO SON LA CASTA !!! Premio para los funcionarios que no funcionan? Leandro Zdero le consiguió otro cargo a Botteri Disoff
La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.
Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.
Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.
La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.
La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.
Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.
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