La administración pública, en su vasta complejidad, es un espacio donde se deben manejar con escrupulosa ética y transparencia los recursos del Estado. Hoy, en el contexto del Instituto del Deporte Chaqueño, nos encontramos ante un caso que ha causado gran revuelo y que exige un análisis profundo: los pagos anticipados a empleados públicos, específicamente a los señores Walter Adrián Rodríguez y Osvaldo Adrián Quirós, con un desembolso controversial de 34,5 millones de pesos cada uno.

Contexto del Instituto del Deporte Chaqueño

El Instituto del Deporte Chaqueño tiene la responsabilidad de promover y desarrollarse en el ámbito deportivo provincial. Con una estructura que incluye personal de planta permanente, está diseñado para ser un pilar en la formación y promoción de deportes en la región. Sin embargo, la reciente controversia ha puesto en tela de juicio la administración de sus recursos y la gestión de sus empleados.

La Revelación de los Pagos Anticipados

Los pagos anticipados por una suma total de 150 millones de pesos han desatado un escándalo sin precedentes. En un sistema donde los fondos públicos deben ser manejados con la mayor transparencia, nos encontramos con que estos 34,5 millones fueron depositados en cuentas personales de dos empleados, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética detrás de tales acciones.

¿Justificable el Anticipo?

La pregunta que todos se hacen es: ¿hay alguna justificación válida para estos pagos? Según los criterios de la administración pública, los anticipos salariales deben tener justificaciones claras, como necesidades específicas de financiación para proyectos relacionados con la actividad del empleado dentro de sus funciones. Sin embargo, el análisis de la situación revela un uso que podría clasificarse como impropio, sin ningún tipo de respaldo que acredite el uso de estos fondos.

Una Llamada a la Investigación

Es imperativo que este asunto no se tome a la ligera. La posible malversación de caudales públicos es, sin lugar a dudas, un delito que no solo afecta a la administración pública, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones. La administración pública, por su naturaleza, debe ser responsable ante la ciudadanía, que espera un manejo transparente y cuidadoso de sus recursos.

Sin lugar a dudas, la situación es alarmante. No es común que una suma tan considerable sea depositada de manera directa en cuentas personales, particularmente en el contexto de salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales. Este tipo de decisiones no solo son cuestionables, sino que también plantean interrogantes sobre el sistema de controles interno que debe existir en cada una de las entidades públicas.

La Reacción de la Opinión Pública

La población chaqueña, al enterarse de este hecho, ha reaccionado con indignación. Frases como “nos cagaron 150 palos” son reflejo de una frustración colectiva frente a la percepción de impunidad y corrupción en las instituciones. La pregunta que surge es: ¿qué pasos se deben seguir para corregir esta situación?

Exigencias de Transparencia

La respuesta radica en exigir mayor transparencia. La ciudadanía debe alzar su voz y demandar a las autoridades que realicen investigaciones exhaustivas y que se aplique la ley a todos aquellos involucrados. La falta de acción ante un caso tan grave podría dar lugar a un clima de desconfianza que, a largo plazo, perjudica no solo a la administración pública, sino a las políticas deportivas en la provincia.

Promover una Cultura de Ética Pública

Además, es fundamental que se promueva una cultura de ética pública donde se respete el papel del Estado como gestor de los intereses y necesidades de la población. Esto implica no solo la condena de actos irregulares, sino también la implementación de medidas preventivas que eviten que situaciones como esta se repitan en el futuro. La capacitación de empleados públicos en ética y transparencia debe ser una prioridad.

Conclusiones

El escándalo de los pagos anticipados a empleados públicos del Instituto del Deporte Chaqueño es un claro llamado de atención para garantizar una administración pública confiable y responsable. La posible malversación de fondos públicos no es un tema que debería ser ignorado o minimizado; al contrario, debe ser investigado a fondo y llevado ante la justicia.

No se trata solo de la pérdida de dinero, sino de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La transparencia, la ética y la responsabilidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya la administración pública, asegurando que cada peso de los contribuyentes sea utilizado para el bien común y no para el enriquecimiento personal de unos pocos.

La historia de Pedro y su desilusión frente a la corrupción no es solo suya; es el reflejo de muchos ciudadanos que demandan un cambio. Es hora de actuar, investigar y restaurar la fe en el sistema.

Mientras la Justicia Federal de Resistencia avanza en la investigación de la denuncia penal por la existencia de una supuesta “Mafia del desmonte” que involucraría a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios forestales, paralelamente el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco tramita dos causas en las que se le solicita que declare inconstitucional la ley Nº 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco, en sesión extraordinaria, durante la madrugada del 30 de abril pasado.

En uno de esos expedientes, la organización ambientalista “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos” solicitó al máximo tribunal que acumule su presentación con la realizada por el Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco que también reclama que se declare inconstitucional a esa normativa por no haber realizado una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo indican los tratados internacionales.

Hasta el momento, el STJ ha rechazado dictar una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley 4005-R. No obstante, se encuentra vigente una resolución en ese sentido de la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que suspendió los desmontes y “cambios de uso de suelo” por un plazo de tres meses, en tanto se investiga la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Documento clave

En los últimos días, Conciencia Solidaria presentó ante el STJ un documento que sería clave en la causa contra la ley de OTBN. Se trata de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que la Dirección Nacional de Bosques (del gobierno nacional) le dio a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre el trámite de la ley provincial Nº 4005-R, a la que tuvo acceso LITIGIO.

Entre las observaciones más trascendentes, el organismo nacional señala que la ley 4005-R (de OTBN) admite un 20 por ciento de desmonte dentro de la categoría II (amarillo), que “contraviene” a lo expresado en los art. 9 y 14 de la ley nacional de Bosques Nativos (Nº 26.331). Es decir, la cantidad de hectáreas identificadas con categoría “amarilla” viola la Ley Nacional de Bosques.

Otra de las críticas a la ley aprobada por el gobierno de Zdero es que “no especifican claramente la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)”. No obstante, advierten que “el mapa alojado en el servicio muestra un balance de superficie por categoría de conservación” y desde el organismo de aplicación nacional solicitan que se aclare si el balance forma parte de la ley 4005-R.

Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Bosques señalaron que la ley provincial no hace “referencia explícita” al decreto 2157/22 del exgobernador Jorge Capitanich que contenía un informe del entonces Ministerio de Producción del Chaco donde se informaba que se dejarían sin efecto los artículos observados por la autoridad nacional.

En ese sentido, precisaron que al no basarse en el decreto de Capitanich, la ley 4005-R no habría tenido en cuenta todas las observaciones que había hecho ese organismo nacional. Así, reclama al gobierno de Zdero que “se aclare la situación vinculada a esta norma, dado que impacta sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones legales en materia de conservación de bosques nativos”.

¿Blanqueo de los desmontes ilegales?

En ítem más crítico del informe de la Dirección Nacional de Bosques es el que refiere a que la actualización del OTBN aprobado por el gobierno de Zdero no incorporó el análisis de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la ley nacional de Bosques Nativos. En ese sentido, advierte que es necesario contar con el detalle de la pérdida de cobertura de bosques autorizados y no autorizados, período por período.

Asimismo, apunta que las áreas desmontadas sin autorización “se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente” cuando la ley nacional establece que “deben mantener la categoría original diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente”.

Tampoco se informan, recalca el documento, “las acciones de la provincia para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente”, ni se cuenta con datos en el marco del Registro Nacional de Infractores.

También se excluyen de la cobertura de actualización las áreas desmontadas con permisos de recategorización por resoluciones aprobadas entre 2015 y 2018, cuyo procedimiento luego fue derogado por un decreto en el año 2019. Además, lo que quedó de los bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente se encontraban clasificados en categoría “amarilla”, se asignaron a “verde”, es decir, se bajó su categoría de conservación.

La trampa de incluir el Parque Nacional El Impenetrable

La Dirección Nacional de Bosques cuestionó la designación de las áreas de categoría I (roja) y II (amarilla) por criterios que están por fuera de la metodología establecida por la ley nacional de Bosques Nativos. Además, tampoco están detallados los criterios que definen las áreas en categoría II (amarilla) y advierten “inconsistencias” en la determinación de las categorías de conservación.

Aunque no lo define de esa manera, el organismo nacional apunta a la “trampa” que hizo el gobierno de Zdero al incluir al Parque Nacional El Impenetrable en la categoría I (rojo), lo que en apariencia demostraría una mayor protección ambiental. Sin embargo, subraya que “esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado en dicha categoría por la ALA”.

“No es resultado de un proceso participativo”

Con respecto al requerimiento de la ley nacional de Bosques Nativos de que los OTBN provinciales se aprueben a partir de procesos participativos, desde el organismo nacional señalaron que “la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la ley 4005R, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos”.

RL

La semana pasada, compartí con ustedes una primicia que comenzaba a destaparse en el ámbito político de Chaco: las denuncias de corrupción que sacuden al gobierno de Leandro Zdero, un gobierno que se autodenomina «austero» y «transparente». A medida que profundizamos en la situación actual, es imperativo que analicemos la realidad detrás de estas etiquetas, que parecen desmoronarse bajo el peso de las evidencias y las informaciones que se han ido revelando.

Contexto Político: El Auge de un «Gobierno del Cambio»

Hablar de Leandro Zdero significa referirse a un contexto político donde las promesas de cambio y mejora han sido fundamentales para su campaña. El discurso del «austeridad» y «transparencia» resonó con muchos ciudadanos que buscaban un nuevo rumbo para Chaco. Sin embargo, ya se han comenzado a vislumbrar contradicciones entre lo prometido y lo que realmente está sucediendo en la administración pública.

La gestión de Zdero, que llegó al poder con visiones optimistas de reducción de gastos, combate a la corrupción y un compromiso renovado con la transparencia, parece haber encontrado serias dificultades en su implementación. Las denuncias que emergen, cada vez más numerosas y detalladas, ponen en entredicho la mayoría de estas promesas.

Las Denuncias en el Radar

Un evento significativo fue la reciente cobertura en Canal 9 de Buenos Aires, donde se abordaron las acusaciones que han ido surgiendo sobre el manejo oscuro de fondos y otras irregularidades. Los detalles de esta fuerte denuncia han comenzado a calar hondo en la opinión pública, generando dudas sobre la verdadera naturaleza del gobierno Zdero.

Para muchos, las denuncias de corrupción son un tema que no debería ser abordado a la ligera. De hecho, la corrupción es un problema que afecta directa y negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos, privando a las comunidades de recursos vitales y de la confianza en sus instituciones. En este sentido, la importancia de destapar estos casos es crucial para entender la magnitud del problema que enfrenta Chaco en la actualidad.

Entre las denuncias que están circulando, se habla de prácticas irregulares en el uso de fondos públicos, favoritismo en la asignación de contratos y opacidad en las decisiones gubernamentales. No son solo acusaciones anónimas; varias de ellas provienen de fuentes confiables dentro del mismo sistema y, por ende, requieren una atención seria.

El Futuro: Más Casos a la Vista

Como bien mencioné la semana pasada, anticipamos que no solo estas denuncias son la punta del iceberg. Se vienen más casos de «corruptela» en Chaco. Este anuncio crea una atmósfera de expectación e incertidumbre. La pregunta que surge es: ¿Qué tan profundo está el problema de la corrupción en la administración de Zdero? ¿Podrán los ciudadanos confiar en que estos nuevos casos serán investigados a fondo?

La tendencia a ocultar o minimizar los escándalos de corrupción es común en la política, pero con el avance de la tecnología y el acceso a la información, se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar. La presión social y mediática puede desempeñar un papel fundamental en este proceso, exigiendo a las autoridades que ofrezcan respuestas a las numerosas preguntas que surgen de estas denuncias.

Un Cambio para Peor

Lamentablemente, en medio de todas estas acusaciones, muchos ciudadanos han comenzado a sentir que el cambio prometido está resultando ser «para peor». La esperanza de un gobierno más limpio y eficiente ha sido reemplazada por la desilusión y el escaso optimismo acerca del futuro. Las expectativas de progreso han sido desbateadas por las preocupaciones sobre la transparencia y la corrupción que parece estar arraigándose en el nuevo gobierno.

Si bien es cierto que no debemos apresurarnos a condenar sin pruebas, es vital que la sociedad civil se mantenga atenta y cuestionadora. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a sus representantes un manejo honesto y responsable de los recursos públicos.

Conclusiones

Estamos en un punto crucial para el futuro de Chaco. Las denuncias de corrupción que se han ventilado acerca del gobierno de Leandro Zdero crean un escenario que invita a la reflexión sobre la calidad de la democracia en nuestra provincia. La promesa de un gobierno «austero» y «transparente» se ve amenazada no solo por las acciones que se han denunciado, sino también por la necesidad de una rendición de cuentas.

El camino hacia adelante es incierto, pero importante. Es fundamental que los ciudadanos continúen formando parte activa del debate sobre la corrupción y la transparencia en la administración pública. Solo así podremos esperar que algún día, los cambios en la política no sean «para peor», sino una oportunidad para construir un futuro más justo y equitativo para todos los chaqueños.

Estemos alertas; las próximas semanas prometen ser reveladoras.