En el Chaco el pedido de acceso a información de Ruido no obtuvo respuesta de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado (Juntos por el Cambio), en funciones desde diciembre de 2023. La nota formal se presentó el 22 de febrero de 2024 en dos de las tres oficinas con mesa de entrada.

Algo similar sucede en las legislaturas de casi 9 de cada 10 provincias argentinas, en las que se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según revela la investigación de Ruido y Poder Ciudadano, «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos«.

La incorporación de 300 trabajadores en una planta permanente de 2.000 integrantes en 2023 es la irregularidad de mayor trascendencia que se tenga registro en ese poder durante el período democrático.

El ingreso se produjo durante el último de los seis años de la gestión de Élida Cuesta (Corriente de Expresión Renovada – CER), una política con orígenes en el Partido Justicialista.

En julio de 2023 un periodista consignó que la Cámara tenía 1.913 agentes, de los cuales 1.577 eran de planta. A fines de ese mismo año otra publicación en el diario Norte reparaba en un dato llamativo: que la Legislatura reportó un listado con 1.887 trabajadores permanentes, 199 más de lo previsto en el presupuesto para el año siguiente.

Mucho antes, en 2017, un sindicalista de la CTA aportó otra cifra mayor, cercana a los 2.500 integrantes, con mayoría de becarios que no concurrían a las oficinas.

Incorporaciones de personal sin precedentes

Una fuente con 15 años de antigüedad confirmó a Ruido que vio incorporaciones irregulares siempre y de todos los partidos. Sin embargo, la gestión de Cuesta no tuvo precedentes: se promovieron pases a planta de personas sin experiencia para ocupar cargos jerárquicos, mientras en el personal de carrera había trabajadores de hasta 20 años de antigüedad sin posibilidades de acceder a una recategorización.

En las filas del nuevo oficialismo también hay acusaciones. En un posteo de Facebook se repasaron las circunstancias poco transparentes en las que el actual gobernador Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio, se incorporó como empleado legislativo bastante antes de resultar electo diputado provincial.

Los nombramientos se explican en una normativa laxa y discrecional. Alcanza sólo con la firma de la máxima autoridad para hacerlos efectivos. En concreto, el artículo 174 del reglamento determina que “los empleados de la Cámara ingresarán mediante concurso de selección o prueba de suficiencia, cuyas bases reglamentará la Presidencia”. Aunque el trámite también es posible con el aval, la connivencia y el silencio de la mayoría de los bloques, por lo que el acceso a la resolución que ratifica los últimos ingresos está sellado.

Sobre el salario

El salario de los trabajadores está atado al parámetro del sueldo de un diputado, las categorías equivalen a porcentajes parciales. Y por su composición se presentan brechas de hasta el 35% entre quien posee un título universitario y quien no. A ese porcentaje se suman variables como la antigüedad y otras bonificaciones, por lo que no resulta extraño que un asesor termine cobrando de manera legal más que un legislador.

En cuanto a los diputados, es notable que un sueldo inicial casi no se diferencie de otro con más antigüedad y que los dos estén por debajo de la línea de pobreza. Dentro de los 32 representantes que componen el recinto, un legislador que asumió en diciembre de 2023 percibe $320 mil en marzo de 2024 y otro con 20 años de antigüedad cobraba ese mismo mes $380 mil.

Lo que a simple vista no se ve es que un legislador dispone un monto mensual de un millón y medio de pesos para remunerar a sus asesores, unos cinco en promedio por banca. Ese personal tiene un contrato de gabinete -con aportes a la obra social de los estatales provinciales- y no todos cumplen funciones en oficinas de Resistencia ni en horarios fijos.

Debido a la dinámica de las sesiones y de colaboraciones en localidades distantes el registro de la presencia laboral también se vuelve poco transparente y sólo en cuatro de 12 oficinas hay controles biométricos, en los demás se firma la entrada y salida en una planilla.

Vínculos

Élida Cuesta está casada con Gustavo Martínez, exintendente de la capital Resistencia (2019 a 2023) y expresidente del Concejo Deliberante (2015 a 2019). Antes él fue ministro de Desarrollo Urbano y Territorial (2011 a 2015) durante el segundo gobierno de Jorge Capitanich y presidió Sameep, la empresa estatal de provisión de agua (2007 a 2011), durante la primera gestión.

Ambos fundaron y lideran el espacio político CER, que en la actualidad logró dos bancas legislativas (Andrea Charole y Elba Ojeda). Entre las aspiraciones sin éxito de las últimas elecciones están las candidaturas por un lugar en diputados nacionales y por la gobernación de la provincia.

Un dato complementario es que el tramo final de esta investigación, se desarrollaban las elecciones en la Asociación Gremial Unión Empleados Legislativos (Aguel). Después de años de intervención y la apertura de una causa judicial por irregularidades en el sindicato, en un hecho sin precedentes cinco listas pugnaban por conducirlo. El 25 de abril con 298 votos (38,95%) se impuso Lili Quiroz de la Lista 1 «Celeste y Blanca», afín al espacio político de la CER, que responde a la expresidenta legislativa Cuesta y al exintendente Martínez.

En el programa de Tonino Guinter la diputada provincial Paola Benítez dio la explicación que me faltaba para entender el rechazo al crédito de US$ 150 millones que pretendía Zdero.

A saber, el Ejecutivo provincial le pide autorización a la Legislatura para tomar deuda por el equivalente a US$ 150 millones. Un organismo internacional de crédito le presta esos dólares al Chaco, pero quien los recibe es Toto Caputo, y Zdero se compromete a devolverlos (llegado el momento, el capital e intereses de ese crédito se descontarán de la coparticipación que Nación le envía a la Provincia: menos plata para sueldos, obras, etc.).

Como se endeudó en dólares pero lo que necesita para “hacer obras” son pesos, el gobierno de Milei emite esos pesos y se los manda. Ahora Milei tiene US$ 150 millones fresquitos para achicar el déficit del Banco Central y poder pagarle al Fondo, y encima no le debe un mango a nadie. El que se endeudó fue Zdero.

HUMO EN EL CIELO CHAQUEÑO

Ahora bien, ¿para qué quiere Zdero esos 150 palos verdes? Cuando uno revisa el proyecto de ley de emergencia hídrica y energética no encuentra un objeto específico, sólo una descripción apocalíptica de un escenario que ya describió la Secretaría de Energía de la Nación: cuando hagan 50ºC no vamos a tener luz, y como no van a andar las estaciones de bombeo, tampoco agua.

Según Jorge Capitanich, el Chaco no necesita esa guita para terminar las obras energéticas que quedaron pendientes en diciembre: necesita gestión. Si esas obras se terminan, tenemos soberanía energética y que Milei se haga una lavativa de Tang de pomelo. No tengo elementos para afirmar que sea como dice Coqui. De todos modos, el proyecto de ley no lo menciona: no dice “con esa plata vamos a terminar tal y tal obra”.

Lo que dice es que Infraestructura, Secheep y Sameep, además de “restringir” la demanda de energía, podrán “adquirir mediante contratación directa, los bienes, materiales, insumos, equipos, servicios y ejecución de obras tendientes a asegurar el normal abastecimiento de agua y energía eléctrica”. O sea: piden US$ 150 millones pero no tienen un plan, sólo una idea general.

También crean un “programa de créditos a tasa subsidiada” para que la gente implemente “sistemas de energía renovable (tales como paneles solares, generadores eólicos, y otras tecnologías limpias)”. Hagamos números: en enero, para un consumo de 400 kW/mes, que es bien poquito para el Chaco, un sistema “off grid” de paneles solares (los que tienen baterías y guardan la energía que se colecta cuando hay sol) costaba US$ 12.000 sin contar la instalación. Al tipo de cambio oficial, tendrían que estar repartiendo créditos personales de 11 millones y medio de pesos por pera. Sólo en el Gran Resistencia hay unos 140 mil hogares. Si el NBCH tan sólo aprobara créditos para llegar al 10% de ese universo, ya no quedaría un mango de los US$ 150 millones del empréstito.

Producen más humo que la Amazonía.

VUELTOS

No está de más preguntarse de quién fue la idea del crédito. Viendo quién se beneficia y quiénes se perjudican, la respuesta parece evidente: fue de Toto Caputo. Si hubiera sido idea de Leandro al menos hubieran detallado en qué la iban a invertir. De hecho, tanto Bistoletti, presidente de Secheep, como Hugo Domínguez, ministro de Infraestructura, afirmaron tener “soluciones alternativas” para mitigar la falta de energía.

La insistencia previa del aparato de propaganda oficial para la aprobación del crédito, la intervención de Capitanich para que el PJ votara en contra y la reacción indignada del oficialismo por el rechazo a la norma nos dan una idea de la magnitud del golpe recibido.

Habida cuenta de que varios legisladores que entraron en las listas de Capitanich votaron proyectos de Zdero sin ponerse colorados, cabe la sospecha ciudadana de que hubo acuerdos secretos para la aprobación del crédito. Y como era una ley cuyo objeto era conseguir miles de millones de pesos, es razonable pensar que la moneda de cambio de esos acuerdos fue de la misma especie: guita por votos.

Pero lo que sea que les hayan ofrecido -efectivo o paneles solares- no alcanzó. Por eso, tal vez, el aparato mediático provincial se avino a escrachar al diputado peronista Juan Carlos Ayala difundiendo el videíto de un altercado en el estacionamiento del Hospital Perrando. Chapear con la credencial de diputado cuando se está cometiendo una infracción es de cuarta, pero convertirlo en noticia provincial se parece más a un vuelto.

También podríamos preguntarnos cuánto costaron los votos radicales del Congreso, que en un primer momento aprobaron un aumento a los jubilados y después aplaudieron el veto de Milei. Pero eso ya es ir demasiado lejos.

El diputado provincial del PJ criticó la aprobación del veto presidencial a la Ley de Movilidad y apuntó contra la Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo.

El diputado provincial Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño / PJ) analizó el reciente acompañamiento legislativo al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y aseguró que el gobierno les negó 14 mil pesos a los abuelos y abuelas de todo el país.

Además de hacer foco en lo escaso de ese aumento que no tendrán también indicó que los haberes previsionales ya cayeron un 6% en términos reales en los últimos nueve meses.

“Milei, el PRO y el radicalismo aprobaron el veto que les daba a los jubilados 14 mil pesos adicionales”, lamentó el legislador chaqueño.
Pérez Pins apuntó contra la política económica del Presidente Javier Milei y dijo que su administración no se hace cargo de la licuación en los salarios que ha generado.

Para el diputado el gobierno instaló el mensaje de que las jubilaciones “volaron en cuanto a poder adquisitivo”, pero la realidad es que en términos reales llevan un retroceso del 6% desde enero.

Además sentenció que la Ley de Movilidad Jubilatoria que el Presidente vetó lo que buscaba era recomponer los haberes en cuanto a la pérdida ante la inflación al tiempo que se establecía un umbral mínimo atado a la canasta básica.

“Si el problema es el financiamiento, el Gobierno puede rediscutir opciones (impuestos más progresivos o disminución de gastos tributarios) para no quitarle 14 mil pesos, algo así como una docena de empanadas o dos kilos de carne molida, a un jubilado de la mínima”, finalizó.