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CONSEJO MUNICIPAL

Piden revocar la cautelar que suspendió pases a planta en el Municipio de Resistencia

El exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez, pidió ser parte en el expediente de la acción de lesividad impulsada por el actual jefe comunal Roy Nikisch contra más de 400 pases a planta del personal precarizado. Además, solicitó revocar la cautelar que suspendió las resoluciones porque se dictó en base a “información falsa” aportada por la actual gestión y que se reincorpore a los despedidos. El escrito afirma que la lesividad fue “prefabricada por Nikisch”.

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El ex intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, solicitó a las juezas de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa que revoquen la medida cautelar que suspendió las resoluciones de pases a planta y de recategorizaciones de personal adoptadas durante el último tramo de su gestión. La decisión judicial había sido adoptada por ese tribunal en el marco de la acción de lesividad impulsada por el intendente Roy Abelardo Nikisch para hacer caer más de 400 pases a planta de trabajadores precarizados en el Municipio de Resistencia durante años.

Según la presentación en la causa de un trabajador de apellido Romero, que lleva las firmas de los abogados Ricardo Sánchez y Aldo Cabaña y a la que tuvo acceso LITIGIO, a la hora de dictar la medida cautelar, el tribunal “no tenía toda la documentación ni toda la información con que contamos hoy, a cuatro meses del dictado de aquella sentencia” y denuncian que “se le dio a esta Cámara información falsa, todo lo cual fue determinante en su momento para hacer lugar a la cautelar y hoy es determinante precisamente para modificarla o en todo caso readecuarla”.

A la par, revelaron que respecto al exintendente de Resistencia “no hay plazo alguno que esté corriendo” en tanto que “nunca fue notificado de la sentencia cautelar”. Además, solicitaron que en base a este escrito se lo tenga como parte en el expediente “por ser el autor de las resoluciones impugnadas”.

Un fallo con “información falsa”

El escrito señala que “debe considerarse que en el caso de autos el yerro fue provocado por información falsa aportada por la propia administración Nikisch en orden a la cantidad de cargos existentes en el presupuesto 2.023 y que fuera uno de los 2 elementos por los cuales se deja sin efecto los pases a planta”.

En ese sentido, destacaron que “Estructura de cargos y presupuesto son fundamentales para la procedencia de un pase a planta y en el caso existían ambos. Este error provocado, ahora que se conocen los verdaderos números de la cantidad de cargos (ver documental del presupuesto 2.023), debe ser corregido”.

“Y a ello debemos agregar la existencia de las 2 ordenanzas ratificatorias, lo que lamentablemente no fue considerado en la sentencia cautelar”, precisa la presentación de los abogados Sánchez y Cabaña. En ese sentido, cuestionaron que el tribunal haya suspendido los pases a planta en base a una declaración de lesividad de Nikisch cuando siguen vigentes las ordenanzas que ratificaron esas resoluciones y nunca fueron anuladas por parte del Concejo Municipal.

“Republicanismo falso”

Entre algunos de los numerosos “yerros” que se atribuyen al tribunal, los abogados precisaron que la gestión de Nikisch argumentó la falta de previsión de cargos y de presupuesto. Sin embargo, mantuvieron en sus cargos a 209 trabajadores, despidiendo a los otros 432 sobre un total de 641.

En ese sentido, indicaron que la ordenanza correspondiente al presupuesto 2023 fijaba en 4908 el total de cargos para 2024 y 308 para el Concejo Municipal. “Entonces, si se verificó la existencia de 5.039 agentes, había estructura de cargos, y si cobraron hasta la medida cautelar también había presupuesto”, puntualizaron. En ese contexto, afirmaron que “no es cierto entonces que había 641 agentes sin cargo y tampoco queda claro cómo si – según criterio de Nikisch/Roffe- eran 641 los que no tenían ni cargo ni cobertura presupuestaria, fueron 432 los dejados en la calle, entre ellos Romero”.

Así, el escrito señala que el despido masivo “fue una decisión política revestida de republicanismo falso”, y advierte que “seguramente esos 209 casos tendrían ‘padrino’, aceitada relación política, en fin, diferentes motivos ‘constitucionales’ para ser confirmados”.

Otra de las “perlas” que describe la presentación es que el tribunal haya avalado el despido del personal contratado de gabinete como equivalente a funcionarios del gabinete municipal, que cesan sus funciones al término de cada mandato del Intendente. “Es un trabajador común que cumple horario, tiene aportes jubilatorios, seguro de vida, se le abona título si lo tiene, se le abona horas extras si las realiza y goza de los mismos derechos y obligaciones de cualquier trabajador”, precisan.

Reincorporación 

En el marco del recurso de revocatoria, se solicita al tribunal la reincorporación de todos los trabajadores que venían revistando como “personal de Gabinete”. Dicha reincorporación, hasta el dictado de la sentencia definitiva, se hará en la categoría mínima del escalafón general.

También piden la reincorporación de todos los trabajadores que contaban – como mínimo – con tres meses de vínculo con el Municipio a la fecha del dictado de la Resolución 661, sean contratos de obra u otros.

Por último, solicitan la intimación a los trabajadores a que refiere la Resolución Nro. 3345/23 de agregar la documental correspondiente acreditativa de la relación parental con el trabajador fallecido o jubilado por invalidez. Se fijará el plazo correspondiente y en caso de acreditar dicha circunstancia se ordenará la reincorporación de dichos trabajadores.

Readecuación de la cautelar 

Al respecto, plantearon que en caso de que el tribunal (que integran las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas) continúe “en la tesitura equivocada de que las 432 familias esperen largos años la ‘tutela efectiva’ que se enseña en claustros universitarios”, se haga lugar a una readecuación de la medida cautelar.

Para una eventual readecuación de la medida cautelar, solicitaron la cobertura de la obra social del InSSSeP para los damnificados, una asignación económica de subsistencia: pago de categoría mínima y el derecho municipal a requerir retribución laboral por la asignación abonada.

CONSEJO MUNICIPAL

Se aprobó el IMPUESZO en Resistencia: habrá incrementos de 75% y hasta 200 %

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En una sesión tensa del Concejo Deliberante de Resistencia, se aprobó hoy la nueva Ordenanza General Tributaria, que introduce aumentos significativos en diversos impuestos locales. Los incrementos, que afectarán a tributos como el impuesto inmobiliario y el patentamiento de vehículos, oscilarán entre el 75% y el 200%, una medida que ha generado preocupación entre los vecinos.

La sesión estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición, que solicitaba la creación de comisiones y audiencias públicas para debatir la medida. Según la oposición, el reglamento interno del Concejo establece que para aprobar modificaciones tributarias se requiere el voto favorable de dos tercios de los concejales. Sin embargo, la ordenanza fue aprobada con los seis votos del oficialismo.

El clima en el recinto fue caldeado, no solo por el debate entre los ediles, sino también por la presencia de trabajadores municipales que se manifestaban en las inmediaciones, reclamando mejoras salariales. Pese a la tensión, la medida quedó oficialmente aprobada, aunque no se descarta que pueda ser judicializada en los próximos días.

Estos aumentos en los tributos locales, que ya han sido denominados «impuestazos» por sectores críticos, se aplicarán próximamente, afectando directamente el bolsillo de los vecinos de la ciudad.

 

 

#Resistencia En las próximas sesiones del Concejo Municipal de Resistencia, se debatirá un proyecto que propone importantes aumentos en los impuestos municipales.

📈El Presidente de Concejo, Alejandro Aradas explicó que la suba sería de entre el 65 % y 75 % al mismo tiempo que confirmó que el objetivo es «buscar el beneficio del vecino» Remarcó por otra parte que desde el inicio de la nueva gestión municipal, la recaudación creció un 30 %

👉Sobre este ajuste indicó: «el vecino sabe que se van actualizando los impuestos municipales» y en referencia a la encuesta que lo posiciona a Roy Nikisch como el peor Intendente de país, enfatizó «no le doy valor a las encuestas, el vecino está contento»

 

 

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CONSEJO MUNICIPAL

Impuestos municipales: proyectan subas de hasta $128 mil para asalariados públicos, privados y autoempleados

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El proyecto de ordenanza General Tributaria e Impositiva 2025 fue presentado por el secretario de economía del Municipio Resistencia, Ricardo Roffé el pasado 9 de octubre.

El intendente Roy Nikisch busca implementar en la sesión de mañana la suba de impuestos con la aprobación del proyecto de ordenanza General Tributaria e Impositiva para el año 2025. Las actualizaciones en los impuestos inmobiliarios, tasas retributivas de servicios y patentes aumentan en un 78%, 75% y 100% respectivamente. El aumento lo deberán afrontar contribuyentes del segmento de trabajadores asalariados tanto públicos como privados (activos y pasivos) y también los contribuyentes del segmento autoempleo, que son los de menores recursos.

La caracterización del sector de “grandes contribuyentes” para el impuesto de tasa de registro, inspección y servicios de contralor, representan aquellas entidades y servicios financieros, los bancos, comercios de lanchas y embarcaciones e hipermercados que superan los 2000 mts2. “Estos son datos preocupantes, ya que los grandes contribuyentes pagarán alícuotas de $12.700 bimestrales, mientras que locales gastronómicos, bares o pub y bailantas tendrán incrementos bimestrales de hasta $128.000. Esto expone la reducción de alícuotas para aquellos sectores que tienen mayor capacidad económica para el pago de impuestos.

Los ediles de la oposición del Bloque PJ y CER manifestaron su preocupación en la forma de votación en las sesiones del Concejo Municipal. “Es preocupante la falta de voluntad para el diálogo y el consenso en propuestas superadoras de los proyectos. Lamentamos que busquen aprobar un proyecto de estas características cuando la devaluación del poder adquisitivo ronda el 118% y la inflación promedio acumulado es del 124%.

Además sostienen que “Este cuerpo viene aprobando proyectos con mayoría simple (6 votos del oficialismo) bajo el mandato y disciplina partidaria sobre lo que el ejecutivo municipal envía, sin ningún tipo de análisis. Esperamos que este no sea el caso en la sesión de mañana”. Según el art. 113 punto 36 del reglamento interno, para la aprobación del Presupuesto General y ordenanzas General Tributaria e Impositiva se necesitan de las 2/3 partes de los votos, es decir 8 de los 11 miembros del cuerpo.

Por otra parte los concejales de la oposición exponen de manera alarmante la complicidad del Poder Judicial fallando a favor del procedimiento sobre la votación de este tipo de normas. El reglamento interno es claro con el requerimiento de las dos terceras partes de los votos de los miembros del Concejo Municipal y sin embargo no se cumplimenta.

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CONSEJO MUNICIPAL

El Concejo desestimó proyecto de la oposición y terminó aprobando el aumento del 15% en tres cuotas para municipales

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El reciente aumento salarial aprobado por el Concejo Municipal de Resistencia ha suscitado un intenso debate en la comunidad, especialmente en un contexto donde la pobreza y la indigencia son realidades palpables para muchos ciudadanos. A pesar de que el aumento beneficia a un grupo específico de trabajadores municipales, la situación de aquellos que viven en condiciones precarias parece haber quedado relegada a un segundo plano. En particular, llama la atención el hecho de que las autoridades, encabezadas por el Intendente Roy Nikisch, hayan decidido otorgar un incremento que eleva sus propios sueldos a cifras cercanas a los tres millones de pesos, mientras que los trabajadores en situación de vulnerabilidad luchan por sobrevivir día a día.

Durante la sesión del Concejo Municipal, se abordó la propuesta presentada por el Ejecutivo, que incluía un aumento del 15% en el salario del personal de planta del municipio. Esta medida se implementará en tres cuotas del 5%, que se harán efectivas en los meses de octubre, noviembre y diciembre. La decisión fue respaldada por la mayoría del cuerpo legislativo, que desestimó un proyecto alternativo propuesto por la oposición. Este rechazo ha generado críticas y preocupaciones entre los ciudadanos, quienes ven en esta acción una manifestación de la desconexión entre los intereses de los funcionarios y las necesidades de la población.

En un contexto donde muchos compatriotas enfrentan la indigencia, la aprobación de este aumento salarial parece ser un ejemplo claro de inequitativa distribución de recursos. La cantidad destinada a los sueldos de los funcionarios municipales contrasta drásticamente con la realidad de los trabajadores informales o aquellos que, a pesar de contar con un empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas. La falta de apoyo hacia estos sectores más necesitados plantea serias interrogantes sobre las prioridades del gobierno local y su capacidad para gestionar de manera equitativa el bienestar de todos los ciudadanos.

Es crucial que las autoridades adopten políticas más integrales y sensibles a la situación de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En lugar de centrarse únicamente en beneficios salariales para una élite de trabajadores, debería existir un enfoque más amplio que incluya medidas específicas para apoyar a aquellos que no llegan a fin de mes o que enfrentan el flagelo de la indigencia. Esto podría incluir programas de asistencia social, oportunidades de empleo digno y, más importante aún, la creación de un diálogo abierto con la comunidad para entender sus verdaderas necesidades.

En conclusión, el aumento salarial aprobado por el Concejo Municipal de Resistencia ilustra una clara desconexión entre las élites políticas y la realidad socioeconómica de la población. Mientras los funcionarios se aseguran de recibir incrementos significativos en sus ingresos, muchos ciudadanos luchan por sobrevivir. Es fundamental que se priorice el bienestar de todos los ciudadanos y se busque una distribución más equitativa de los recursos, para que, de una vez por todas, se puedan atender las verdaderas necesidades de la comunidad.

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