Lo vamos a plantear en potencial: anoche habría habido una reunión en un departamento ubicado a media cuadra de la plaza 12 de Octubre de la capital chaqueña. Los asistentes: tres diputados provinciales peronistas y un funcionario de primera línea del gobierno provincial.

De todos los motivos que pueden haberlos llevado a ese encuentro casi clandestino, hay uno sólo que nos interesa: el proyecto de emergencia hídrica y energética presentado por el Ejecutivo en la Legislatura, rechazado por la oposición por orden de Capitanich. Lo importante de esa iniciativa es el pedido de endeudamiento que trae bajo el brazo.

La historia es conocida: luego de que el peronismo mostrara una insólita vocación dialoguista en leyes clave del gobierno (todas relacionadas con el manejo de miles de millones de pesos de fondos públicos y negocios millonarios, como la modificación del Presupuesto 2024 y el Ordenamiento Territorial de Bosques) el presidente del PJ Jorge Capitanich le ordenó a su bloque votar en contra del endeudamiento a riesgo de sancionarlos por inconducta partidaria.

El día después del rechazo al proyecto un grupo de 16 intendentes peronistas acusó a Capitanich -sin nombrarlo- de querer jugar a la épica mientras sus comunas pasaban penurias. Hablaron de no poner palos en la rueda y de ser una oposición responsable.

Una semana más tarde, luego de una tensa reunión con diputados del bloque, 31 jefes comunales suscribieron un segundo documento en el que proponían un texto alternativo al proyecto original: que de los US$ 150 millones, $ 50.000 millones fueran para los municipios.

En ese documento había firmas de coquistas de la primera camionada, por lo que es posible deducir que o bien Capitanich había hecho un acting para negociar una porción de esos fondos para sus intendentes, o bien se había producido una nueva fractura en la oposición.

Desde ese momento todo quedó en stand by. Si el gobierno evaluaba ceder al pedido de los intendentes, las conversaciones ya no se podrían ventilar en los medios de comunicación. El único que ratificó su postura de no ceder frente al endeudamiento fue Capitanich a través de sendas entrevistas en radios y canales de streaming.

Si la reunión de anoche existió, significa que las negociaciones no se detienen y Zdero está cada vez más cerca de lograr su objetivo.

En esa reunión, el negociador, como dijimos, está plenamente autorizado a poner condiciones y hacer concesiones. De los diputados peronistas, uno ya votó a favor de otros proyectos de Juntos por el Cambio; el segundo fue funcionario todoterreno de los últimos dos gobiernos provinciales y estaría pasando de soldado del General a librepensador; el tercero -coquista de paladar negro- tendría el corazón partío por una fuerte lucha de lealtades.

También es posible que no hayan hablado en nombre del bloque sino a título personal. A fin de cuentas, lo único que necesita Zdero es sumar votos uno a uno para llegar al ansiado quórum. Y desde luego, también es posible que la reunión no haya tenido lugar. A fin de cuentas, de noche todos los gatos son pardos.

En las últimas horas el Gobierno del Chaco dio de baja dos mil planes “Renta Mínima Progresiva”, que significan un monto de $20.000 para personas que trabajan y/o trabajaban en los merenderos y comedores, originarios y criollos de El Impenetrable y otras localidades del interior del Chaco, incluso Gran Resistencia.

Así lo denunciaron un grupo de mujeres dirigentes de la CCC Corriente Clasista Combativa, FNC Federación Nacional Campesina y MOEL Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, explicando que esas ayudas junto a los merenderos y comedores, las habían logrado con luchas en medio de la pandemia para miles de familias que no podían salir a trabajar ni changuear.

Hacia el final de la pandemia, el programa ayudó a paliar la difícil situación de muchas familias que viven en una situación económica complicada. Nuestros compañeros que cobran ese programa trabajan en distintos polos productivos, desde los merenderos, artesanías, textiles, chacras y ladrillerías.

Hoy, esta medida se toma en un contexto donde el Gobierno Nacional de Milei, exige un ajuste fiscal a todas las provincias de Argentina, después de haber eliminado el subsidio a la electricidad, el incentivo docente, el subsidio a los transportes, entre otras medidas de brutal ajuste.

Ahora, el Gobierno Nacional exige al Chaco un ajuste superior, a la provincia es la más pobre de Argentina, con un 80% de pobreza solo en Gran Resistencia. Ante esta situación, entendemos que lo sucedido ayer, dejando a dos mil familias sin un ingreso mínimo, refleja la subordinación del Gobernador Zdero a la política de Milei, que exige aún más ajustes mientras beneficia a los grandes sectores de Argentina con su política y que es hora de que el Gobernador Zdero termine con esa subordinación antes de que sea demasiado tarde.

El pueblo viene dando luchas para cambiar esta situación, sostienen y recuerdan que «luego de la inmensa marcha multisectorial desde el Impenetrable, donde 2500 compañeras y compañeros caminamos durante dos días denunciando las mentiras del gobierno nacional y exigiendo respuestas al gobierno provincial por la situación que viven las comunidades del Impenetrable. Estas comunidades son afectadas por distintas problemáticas: la falta de alimentación, las condiciones de vida, la salud, la educación, la energía, el agua, la tierra y la vivienda. Después de esta gran lucha, se han logrado importantes avances en nuestros territorios».

Lamentamos que no podamos acceder a ninguna explicación oficial desde ningún funcionario del gobierno, y entendemos que, de no resolver este grave problema, se trataría entonces de una manifiesta persecución política hacia nuestras organizaciones ya que sabemos que todas las demás organizaciones sociales y comunitarias de la provincia han cobrado sus Rentas Mínimas Progresivas en tiempo y forma.

Por esa razón durante este jueves 19 se movilizaron a las veras de las rutas esperando respuestas del gobierno provincial.

En total el Equipo Hábitat (o ‘Grupo Hábitat’) contaba con 851 personas que hacían desmalezamiento, arreglaban escuelas e iglesias, y durante la pandemia desinfectaban calles y hospitales. Había sido creado en 2016 mediante un convenio entre el exgobernador Domingo Peppo y el entonces intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, a instancias del presidente del Concejo Municipal, Gustavo Martínez. Operaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (MDUyOT) y sus integrantes cobraban sus salarios a través de la empresa Sameep.

En junio del año pasado en plena campaña electoral, mientras trabajaban en la calle, se cruzaron con Zdero. “Frenó, se bajó y le pasó la mano a todos mis compañeros y a mí, y nosotros le hablamos, y le contamos nuestros problemas: que Capitanich nos estafaba, que nunca nos daba aumento, y él nos dijo que con él íbamos a estar rebien. Que si él ganaba nos iba a tener rebien porque él es el gobernador del trabajo, y le gusta que la gente trabaje”, rememora Cabral.

LABURANTES INVISIBLES
Como cooperativista, Cabral trabajó en los barrios Santa Inés, España y Güiraldes mejorando la infraestructura de vivienda. “Fuimos cooperativa hasta el 2019. Cuando Capitanich gana como gobernador nos pasan como jornalizados. Obviamente que nuestro sueldo era más bajo, perdimos más derechos, nuestras esposas dejaron de cobrar la AUH, así que únicamente el sueldo que ganábamos era lo que entraba a la casa”.

Nunca dejaron de reclamar sus derechos: “Le hicimos miles de cortes a Capitanich por los sueldos bajos, queríamos que nos pase a planta, pero siempre nos dijeron que nosotros teníamos que tener cuatro años de servicio en la provincia para poder pasar a planta permanente”.

Siguieron trabajando, y cuatro años después, a fines de 2023, pudieron rendir los concursos. “Pero pasamos miles de cosas en el transcurso. Estuvimos en la calle en la pandemia. Cuando arrancó la pandemia en marzo, como todas las personas nos aislamos un mes por lo menos, y después en abril ya nos mandaron a la calle a limpiar, teníamos que baldear las veredas con un agua que ellos tiraban, con un líquido de los camiones, y nosotros teníamos que pasarle la escoba. Por todos lados, hasta en el Hospital Perrando nosotros andábamos por dentro y por fuera, en pleno Covid”.

Y la pandemia les pasó factura: “Tenemos compañeros que perdieron la vida, tenemos familiares que perdieron la vida porque nosotros llevábamos la enfermedad a la casa. Yo tuve cuatro veces Covid. También el dengue, con el desmalezado”, recuerda.

Durante toda su vida laboral Cabral se había dedicado a la construcción: “Siempre estuve en obra, yo arreglé escuelas, el Hospital Perrando, varios centros de salud. Iglesias hice muchísimo. Hice una gran construcción en la Iglesia La Inmaculada, allá por la San Martín, en Barranqueras, y también acá cerca de la Soberanía, en el Barrio Vial: Jesús Pan de Vida se llama la iglesia, le hicimos baño, le arreglamos absolutamente todo”.

A fines de 2021 pasó lo peor: su madre falleció a causa del Covid. “Me peleé con mi jefe y le dije en la cara, porque a nosotros nos dieron un barbijo, de esos desechables, y un guante. Después nos enteramos por los medios que los barbijos son duraderos de seis horas y nosotros los usábamos meses. Los desechables que usan los doctores, había sido que -según un especialista que había hablado en el noticiero- esos sólo servían seis horas de uso, y nosotros casi toda la pandemia tuvimos esos barbijos. Una sola vez nos dieron”.

La pelea con su jefe derivó en un traslado a Fontana, localidad en la que reside. “Me estaban por mandar ahí en el barrio La Rubita (N. del R.: el barrio La Rubita dista casi 11 kilómetros del centro de Fontana), pero accedieron”.

Así comenzó el 2022: “Ahí inicio mi trabajo como cortador de pasto y limpieza. Limpiábamos todo lo que es Fontana, inclusive por dentro y por fuera del cementerio. No hay un sólo lugar donde el Grupo Hábitat no ha estado”.

NUEVOS AIRES
“Cuando estábamos llegando a fines de las elecciones la idea de los jefes que están en mayor jerarquía era dejarle bien a Capitanich, entonces nos hacían trabajar fuera de hora. Antes hacíamos diez cuadras, ahora teníamos que hacer veinte, porque la idea era esa: dejarle buena imagen a Capitanich. Capitanich pierde el 17 de septiembre, y de ahí nosotros dejamos de trabajar”, cuenta.

Durante los días que transcurrieron entre las elecciones y el acto de asunción del nuevo gobierno asistían a sus lugares de trabajo pero no les daban tareas. En Fontana, donde se desempeñaba Cabral, el intendente electo Antonio Rodas renunció al cargo antes de asumir, por lo que hubo que llamar nuevamente a elecciones: “No había intendente, no había direcciones, no había nada, entonces nosotros no salíamos a la calle. Nos presentábamos, estábamos una hora, dos, y después nos mandaban a la casa”.

El lunes 11 de diciembre fue el primer día hábil del nuevo gobierno. El personal del Grupo Hábitat estaba listo para volver a las calles. Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que habían desaparecido todas las herramientas: “No había una pala, no había un rastrillo, no había un machete, no había nada. Nosotros teníamos equipamiento; unos días antes teníamos de todo, y justo cuando arranca esta gestión no había nada”.

A pesar del desconcierto siguieron yendo a trabajar, pero el viernes 22 de diciembre “la señora Alicia Ogara, que es nuestra jefa nueva del Grupo Hábitat, decide darnos unas vacaciones hasta que nos consiga un lugar físico, porque como nosotros estábamos acá en Fontana y no teníamos intendente, nos tenían que sacar y llevarnos a otro lado”.

Se volvieron a reunir los primeros días de enero, ahora en la sede de la Sociedad Rural, en Avenida Mac Lean y Alvear. “Ese iba a ser nuestro nuevo búnker, nuestro nuevo lugar de salida, nuestro nuevo sitio donde teníamos que trabajar todos. Salimos otra vez a limpiar”. A Cabral le ofrecieron ser sereno en el predio, custodiar las herramientas que guardaban sus compañeros después de cada jornada. Su turno de seis horas comenzaba a la medianoche.

LA MOTOSIERRA
A fines de enero, cuando todo se empezaba a acomodar, llegó la segunda sorpresa, un golpe aún más duro: “El 29 cobraban los pasivos y el 30 nosotros los activos. Vamos todos corriendo a cobrar nuestro sueldo, a las veintiún horas salía, y nos encontramos con cero pesos en nuestra cuenta, todos los jornalizados. Eso justo fue un viernes a la noche. Sábado no teníamos con quién hablar. Recién el lunes vamos todos y les decimos que qué pasó, y ahí nos dicen: ‘Va a haber un reacomodamiento del Grupo Hábitat, y ustedes quédense tranquilos que van a cobrar, pero hay que acomodar unas cosas porque estaba todo mal hecho’”.

Algo no olía bien. Casi por instinto empezaron a recorrer programas de radio: “Le enloquecimos a Julio Wajcman, a Olivello, a todas las radios le llamamos y les decíamos que pregunten por nuestro cobro, y ahí aparece por primera vez Ogara hablando con Julio Wajcman, y le dice que iba a haber un ordenamiento en nuestro grupo porque nosotros pertenecíamos a la provincia, nos pagaba Sameep pero trabajábamos para un tercero, entonces era todo ilegal, pero ellos iban a acomodar y en los próximos días nos iban a pagar enero”.

Pasó una semana, dos, tres y seguían trabajando sin cobrar. Cuando llegó la fecha de cobro de febrero, de nuevo las cuentas vacías. “Ahí nos anuncia el ministro [de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible] Hernán Halavacs, en el programa Alerta Urbana de Olivello, que se iba a quedar con 350 personas, y nos iba a dejar afuera a 500. Y le pregunta Olivello por qué motivo se iba a quedar con 350, y el ministro le dice que él eligió a los mejores, y que los otros 500 éramos todos ñoquis. Y nosotros enloquecidos. No sabíamos qué hacer. Para colmo fue un viernes que anuncia eso”.

Ese mismo día, cuando se presentó a trabajar, no lo dejaron ingresar al predio de la Rural. Su compañero de guardia -un sereno igual que él, pero de la planta del Estado- le dijo que tenía la orden de llamar a la policía si intentaba pasar: “Todos los que no están en el convenio nuevo no pueden entrar a trabajar, y yo no quiero problema. Yo no voy a llamar a la policía pero no quiero quedar mal con mi trabajo, así que andate nomás”.

Y Cabral se fue a la comisaría. Primero a la Cuarta y después a la del Barrio España, donde radicó una denuncia: “Y ahí comenzó nuestra lucha”.

LISTAS MUY NEGRAS
Entre las insólitas noticias que les iban llegando, supieron que la lista de quienes seguirían en funciones estaba plagada de irregularidades. “Nos enteramos de que entre las 350 personas que seleccionaron como ‘personas trabajadoras’, había un compañero nuestro que falleció en junio del 2023 -lamentablemente perdió la vida por una enfermedad que venía arrastrando hace rato-, y estaba en el contrato como uno de los mejores que ellos eligieron”.

En medio de la confusión general consiguieron que en Casa de Gobierno les entregaran la documentación del Grupo Hábitat: “Nos facilitaron todos nuestros legajos, nuestras certificaciones, nuestra asistencia, y con esos papeles en mano salimos corriendo, pero no sabíamos a quién entregarle porque nadie nos recibió. Teníamos un pedido de audiencia con el gobernador Zdero desde el lunes 11 de diciembre; el pedido todavía sigue en Mesa de Entradas”.

Como eran afiliados a UPCP recurrieron al sindicato, donde por fin encontraron una luz al final del túnel: “Hicieron cautelares, empezaron a mover nuestros papeles, fueron a fiscalía, abogados, todo”. Como respuesta a la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar que presentaron, a fines de marzo la Justicia falló a favor de los trabajadores, pero a principios de abril la provincia apeló la sentencia. En mayo la Justicia volvió a darles la razón y aún así la Provincia se mantuvo en rebeldía.

“Están incumpliendo y les están cobrando multas día a día. Hoy ya llevamos fácilmente seis meses sin que nos reintegren nuestros trabajos, y pagando una multa millonaria por no devolvernos, porque no nos dieron justificativo, no nos hicieron una entrevista, simplemente ellos decidieron a dedo nomás quién quedaba y quién no”.

LA LUCHA
Desde hace meses, todos los días, los trabajadores del Grupo Hábitat hacen guardia frente al edificio de Casa de Gobierno a la espera de ser recibidos. En junio UPCP les solicitó a Zdero y al ministro Halavacs la renovación inmediata de los jornales de los trabajadores en vista del incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.

Cuando Gustavo Olivello en su programa de radio le preguntó a Zdero si acataría un fallo de la Justicia que le ordenara reintegrar al personal, el mandatario dijo que sí, pero una vez que la sentencia estuvo firme cambió el enfoque: les devolvería el trabajo si Legal y Técnica aprobaba las erogaciones emergentes de esos contratos.

“En mayo Legal y Técnica dio la factibilidad. Hay tres decretos con 30 compañeros en cada decreto listos para salir. Lo único que falta es la firma del ministro y del gobernador pero se niegan a firmar y van pasando los días, van pasando los meses, y van cobrando multas, y nosotros cada vez más pobres. Es indignante”, reflexiona Cabral.

“La otra vuelta se fue un compañero nuestro con su hijo, y por primera vez bajó alguien y nosotros pensamos que le iban a atender, y no: le dijeron que eso no estaba bien, que él traiga una criatura a una protesta, y que la gente de Derechos Humanos le podía sacar la criatura. Una locura. En vez de atendernos. Entonces el viernes nos juntamos con todas nuestras familias: yo llevé a mi bebé, nuestros compañeros también llevaron a sus bebés e hicimos un video y pasamos directamente para compartir por todas las redes sociales porque los medios no nos ayudan”.

DESESPERADOS
A principio de año les había llegado el rumor de que los iban a echar pero siguieron trabajando. Sin cobrar. “Para no faltar al trabajo muchos de mis compañeros pidieron plata prestada, otros sacaron un préstamo, yo usé mi tarjeta de crédito dos veces para poder cargar combustible, y no quiero ni saber cuánto les debo hoy en día con los intereses y todo. Se cansaron de llamarme, ahora ya no me llaman más, se ve que pasó a juicio, pero qué quieren que haga si no teníamos nada. Recién en mayo recuperamos la AUH, pero estuvimos cuatro o cinco meses sin cobrar un peso”.

Sólo les quedaba la solidaridad de sus vecinos: “Yo trabajé, hice tres comedores desde los cimientos, y recuerdo que una señora me habla de uno de los merenderos, y me dice: ‘Mirá Walter, a mí me gustaría darle de comer a tu familia pero a nosotros tampoco nos están dando nada’”.

“La insensibilidad total era; no había comedores, no había merenderos, no había nada. La mayoría de nosotros tiene oficios y salíamos a querer trabajar, a hacer changas, y no había. Los compañeros empezaron a vender sus herramientas, sus cosas de la casa, todo. Hay gente enferma, con diabetes; tengo un compañero que tiene un hijo discapacitado que se fue varias veces y no le atendieron”, grafica. “Y ahora que sale todo esto de que los medios están todos pagados, te desilusiona muchísimo porque no sabés a quién acudir”.

CRISTIAN MURIEL