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Violar los derechos humanos de los presos le cuesta caro al Estado chaqueño

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó una condena por daños y perjuicios contra el Estado chaqueño por la muerte de un preso luego de sufrir graves quemaduras debido al incendio de su celda de la Comisaría de Charata, a causa de un cortocircuito. El Comité Provincial contra la Tortura había advertido sobre la precariedad de las condiciones de esa unidad policial pero las autoridades ignoraron las observaciones.

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Violar los derechos humanos de las personas detenidas le cuesta caro al Chaco. Mientras carroñeros celebran en redes sociales las condiciones infrahumanas que deben afrontar las personas que se encuentran detenidas en comisarías y penitenciarías del Chaco, un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial confirmó una condena por daños y perjuicios contra el Estado chaqueño por la muerte de un interno tras las quemaduras sufridas por el incendio causado por un cortocircuito en una celda de la Comisaría Primera de la ciudad de Charata.

Es que por más que la miserabilidad humana festeje que, contrariando a la Constitución Nacional, las cárceles sean lugares para castigo y no para reinserción social de las personas condenadas, tarde o temprano la sanción llega. Difícilmente en el ámbito penal, ya que son escasas las condenas por muertes en custodia -tal como lo viene exponiendo LITIGIO en diversas notas-, pero sí en el fuero civil a través de sentencias que condenan la responsabilidad estatal por mantener las condiciones que aumentan la probabilidad de que se produzcan este tipo de acontecimientos.

La sentencia fue dictada por la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, que integran los jueces Alberto Modi y Néstor Varela, el 31 de julio pasado. Fue en el marco de la demanda por daños y perjuicios iniciada por el padre del joven fallecido en el año 2018 en la que rechazaron la apelación del Estado chaqueño contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Charata.

Más allá de que lo que deberá pagar el Estado chaqueño no supera los 2 millones de pesos, y que una indemnización económica tampoco repara la muerte de un hijo, sí implica un nuevo llamado de atención para el Estado provincial que deberá dar respuesta a los reiterados planteos para garantizar mejores condiciones de detención a las personas privadas de su libertad que no es un reclamo panfletario de “zurdos” o de “comunistas” sino lo que exigen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, lo que también puede derivar en condenas a la República Argentina por parte de organismos internacionales de Derechos Humanos. En esto, nuestra provincia ya tiene un significativo antecedente por un hecho similar: el acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del artesano Juan Ángel Greco, fallecido en 1990 tras el incendio de su celda en una comisaría de Tres Isletas.

Culpar a la víctima 

El 9 de enero de 2017, un cortocircuito provocó el incendio de una celda de la Comisaría de Charata y la víctima, Agustín Murggia, logró socorrer a uno de los internos que se encontraba durmiendo en el momento del siniestro. Sin embargo, sufrió graves quemaduras en su cuerpo y finalmente falleció el 20 de enero de ese mismo año en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. En la celda había alojadas catorce personas.

En su apelación, el Estado chaqueño argumentó que luego de socorrer al otro interno, la víctima volvió ingresar a la celda para rescatar algunas pertenencias y fue en ese momento cuando sufrió las quemaduras que, posteriormente, le provocaron la muerte. Es decir, que atribuyó a la víctima la responsabilidad por su propia muerte y no por la falta de custodia por parte del Estado, en cabeza de la Policía del Chaco.

La advertencia ignorada: “Si la Policía hubiera cumplido con su deber de seguridad” 

En su fallo confirmatorio de la condena, los jueces de la Sala Civil del STJ rescataron un tramo del fallo de Cámara apelado por el Estado provincial que sostuvo que fue la Policía “quien introdujo desde un inicio las condiciones adecuadas (y necesarias en el caso) para generar las consecuencias dañosas que aquí se reclaman”. En ese contexto, citó un dictamen del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas crueles, “el cual acredita las condiciones edilicias y habitacionales de la Comisaría de Charata”.

Así, subrayaron que “si la Policía de la Provincia hubiera cumplido con su deber de seguridad, la ignición no se hubiera iniciado”.

“El Estado debió acreditar su obrar diligente en cuanto a las medidas de seguridad existentes en el lugar, lo que no resultó verificado en la causa, pues solo se limitó a señalar la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad”, sostiene el fallo del STJ. En ese sentido, puntualiza que “la responsabilidad del Estado basada en la faute de service (sic) se construye alrededor de la noción de servicio público, frente a la necesidad de conceder la reparación patrimonial por los daños causados a los particulares por el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio”. En este caso, el servicio se traduce en el deber de seguridad que debe garantizar en dicho ámbito en cuanto es el guardián y/o custodio de los detenidos allí alojados.

Al respecto, los magistrados puntualizaron que “se constata que aquel día dicho servicio fue irregularmente efectuado y/o directamente omitido, dado la inexistencia de una eficaz vigilancia sobre la población carcelaria. De modo que ante el comprobado deficiencia servicio penitenciario, emerge la responsabilidad del Estado”.

Revistia Litigio

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Una patrulla de gendarmes rescató a una familia de un incendio

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En el marco de patrullajes preventivos ante las condiciones climáticas adversas producto del “viento zonda”, hoy personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” se desplazaban por la Ruta Nacional N° 40, altura del kilómetro 3200 cuando constatan un foco ígneo en un inmueble.

Al aproximarse algunos lugareños indicaron que había personas dentro de la vivienda, ante lo cual rápidamente se procedió abrir el portón de acceso y se escucharon pedidos de auxilio procedentes del interior de la casa. Los funcionarios tomaron las medidas necesarias acordes a la situación a modo de resguardar la integridad de todos. Al observar que el frente del inmueble estaba consumido por las llamas, se dirigieron por la parte posterior y con la ayuda de vecinos utilizaron elementos circunstanciales logrando abrir una de las ventanas y evacuar a las cinco personas, dos de ellos menores de edad (12 y 16 años respectivamente). Tras rescatar a todos los habitantes de la casa, el servicio médico los trasladó para un control debido a las lesiones acaecidas por el fuego e inhalación de humo.

 

 

A los pocos minutos, llegaron los bomberos voluntarios y controlaron el incendio.

Interviene la Unidad Fiscal “Valle de Uco” y la Policía de la provincia.

Los gendarmes fueron asistidos por integrantes del Pelotón Sanidad y se encontraban en buenas condiciones.

 

 

Integrantes de la Patrulla de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” de Gendarmería Nacional:Sargento Primero Andrés Ignacio Markievich, Cabo Primero Germán Villalba (conductor), Cabo Juan Carlos Segundo y el Gendarme Lucas Benítez.

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Quedó detenido un exsecretario de Seguridad de la Alianza por su rol en la represión de diciembre de 2001

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Enrique Mathov, exfuncionario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, se entregó este jueves en la justicia luego de que el Tribunal Oral Federal N°6 ordenara su detención y la del exjefe policial de la Alianza, Rubén Santos. Ambos fueron condenados por la represión de diciembre de 2001 que marcó el final del gobierno de la Alianza.

Los jueces dejaron firmes las condenas de cuatro años y tres meses para Mathov, y de tres años y seis meses para Santos.

Mathov ya había sido notificado de la disposición judicial en su contra y durante la mañana de este jueves se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Pidió cumplir con un régimen de prisión domiciliaria debido a su edad (76 años). Santos había recibido autorización para viajar al exterior y, de acuerdo con el fallo, tiene 72 horas de plazo para asistir a sede judicial y que se haga efectiva la pena.

“En atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquella ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, dice la resolución que lleva la firma de la jueza Adriana Palliotti.

La policía dispara contra manifestantes en diciembre de 2001. (Foto: Télam)
La policía dispara contra manifestantes en diciembre de 2001. (Foto: Télam)

Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028, mientras que Santos lo hará el 28 de septiembre de 2027, en los términos de la resolución.

Mathov y Santos fueron condenados por tres homicidios culposos: Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón murieron debido al accionar de la Policía el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Tanto el exfuncionario como el jefe de la Federal fueron considerados responsables además de 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la del exministro del Interior y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.

El 20 de diciembre, Mathov dio la orden a Santos de despejar la Plaza de Mayo, poblada de manifestantes que reclamaban la renuncia de De la Rúa. La noche anterior, la Policía había reprimido la marcha frente a la Casa Rosada tras una jornada de saqueos y violencia en todo el país. El expresidente fue investigado y posteriormente sobreseído por lo ocurrido en aquellos dos días.

Hubo 9000 comercios saqueados en todo el país y 39 muertos como consecuencia del estallido. El primero de los hombres fuertes del Gobierno en anunciar su salida fue Domingo Cavallo, ministro de Economía que había ideado el “corralito”. Con el correr de las horas se fue sumando el resto de los integrantes del gabinete.

Mathov y Santos fueron condenados en 2016 junto a otros responsables de la represión. En 2021, la sentencia fue ratificada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal y los acusados apelaron ante la Corte Suprema.

En las últimas horas, el máximo tribunal declaró “inadmisible” las presentaciones y, de esta manera, las condenas quedaron firmes. También hubo penas para los jefes policiales Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero: los dos ya murieron.

Manifestantes corren sobre Avenida de Mayo cubierta de piedras. (Foto: archivo Clarín)
Manifestantes corren sobre Avenida de Mayo cubierta de piedras. (Foto: archivo Clarín)

Por la misma causa, al exagente Carlos José López le correspondieron seis años de prisión, a Roberto Emilio Juárez cuatro años y medio, a Jorge Daniel Toma y a Carlos Alberto Loforte los sobreseyeron por prescripción; Víctor Manuel Belloni fue condenado a tres años de cárcel y a Ariel Gonzalo Firpo Castro le dieron tres años en prisión en suspenso.

Los exagentes Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, y Norberto Pablo Sabbino fueron absueltos.

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El sector del PJ que apoya a Kicillof busca marcarle la cancha a Máximo Kirchner en la previa a su acto

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La interna del Partido Justicialista (PJbonaerense sumó este jueves un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los dirigentes más cercanos a Axel Kicillof, quien salió a marcarle la cancha a Máximo Kirchner en la previa al acto de La Plata.

Consultado en una entrevista con Radio 10 acerca de los sectores del peronismo provincial que llaman a “armar de nuevo” el espacio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense hizo un llamado a la “colaborar” con el gobernador.

“Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y respaldar a un gobernador que desde el primer minuto no dudó en posicionarse contra el gobierno de (Javier) Milei. En este contexto no hay otra cosa que hacer que bancar a Axel”, planteó Larroque.

El exlíder de La Cámpora señaló que Kicillof “necesita a todos” porque “una persona sola no puede resolver el drama de la Argentina”. Por eso, aseguró, “la construcción hoy pasa por el respaldo a Axel y, en términos políticos, por organizarse en función de esta gestión”.

Las declaraciones de Larroque se producen en la previa de un acto programado para este viernes en el que Máximo Kirchner, en su rol de titular del PJ provincial, se presentará frente a la militancia en el club platense de Atenas.

No es la primera vez que Larroque, quien fue durante años uno de los principales referentes camporistas pero luego se alejó para formar la agrupación La Patria es el Otro, intenta marcarle la cancha al hijo de CFK. Un tiempo atrás lo acusó, sin nombrarlo, de no haber acompañado a Kicillof en la campaña 2023. “¿Te quedaste la lista y tampoco repartís afiches? Dejate de joder”, disparó en ese momento.

“Armar de nuevo”: Máximo Kirchner encabeza un acto en La Plata con la mira puesta en las elecciones del PJ

El acto de Máximo Kirchner en La Plata, promocionado por Wado de Pedro en su cuenta de X.
El acto de Máximo Kirchner en La Plata, promocionado por Wado de Pedro en su cuenta de X.

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezará este viernes un acto en la ciudad de La Plata, donde se esperan definiciones acerca del futuro del peronismo rumbo a las elecciones partidarias del 17 de noviembre.

El titular del PJ provincial se presentará desde las 17 en un encuentro frente a la militancia camporista bajo el lema “Armar de nuevo. Kirchner en Atenas”, que puede leerse como un intento de continuar el legado de sus padres.

El legislador disertará en el club platense de Atenas cuando faltan 60 días para que se lleven a cabo las elecciones del PJ nacional, una compulsa que hasta el momento tiene como único candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En tanto, el fundador de La Cámpora se encuentra en tiempo de descuento para llamar a renovación de autoridades partidarias en territorio bonaerense, ya que así lo había estipulado el propio PJ bonaerense en mayo pasado. Según se había acordado en esa oportunidad, las elecciones del peronismo de Buenos Aires se llevarían a cabo al mismo tiempo que las internas nacionales.

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