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CORRUPCION

Rosario Hidrovía: viaje a la primera línea de infiltración narco

La iniciativa es de puertos privados preocupados por embarques clandestinos de droga. Será por Starlink. Hoy hay 700 kilómetros del Paraná con enorme déficit de supervisión.

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Desde el puente que enlaza Resistencia con Corrientes hasta la zona de Rosario el río Paraná, aunque desborda de caudal, es un desierto. La mayor parte del trecho de navegación transcurre sin que se vea a nadie en las costas o en el agua. La Prefectura está ausente porque no hay equipamiento que posibilite patrullar semejante autopista fluvial por donde baja todo tipo de cargas en la Hidrovía. Lo que genera una gran preocupación a las empresas privadas que explotan los puertos donde se embarca mayormente el cereal con destino de exportación. Inquietud que se acrecentó hace 12 días cuando se descubrieron en una terminal privada cercana a Asunción 4 mil kilos de cocaína que debían terminar en el puerto de Rotterdam.

 

Los temas de seguridad en la zona encienden todas las luces de alarma en el complejo cerealero oleaginoso situado 30 kilómetros al norte de Rosario donde están los grandes puertos por los que sale un 70 por ciento de esas cargas a ultramar. Lo más perturbador es que a las bodegas de los buques de gran calado que mueven los embarques lleguen cargas de drogas. «Para nosotros el narcotráfico es una amenaza por la fuerte afectación de la relación de las empresas con la sociedad», indica un funcionario de seguridad de una de las compañías privadas de la zona. Los moviliza el fantasma de que los puertos queden tocados por sospechas de tener vínculos con esos contrabandos.

Contaminar depósitos con las cargas a granel que llegan en las barcazas es difícil pero las empresas disponen controles propios porque saben que no es imposible. No hubo incautaciones en puertos privados de la zona del Gran Rosario en esta variante. Mientras que la supervisión de las cargas graneleras es a ojo, las de contenedores se hace a través de escáner aunque no fue impedimento para que en la terminal de Rosario pudieran ingresar cocaína en conteiners.

En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. La maniobra se hizo en el mismo puerto aunque la cocaína no llegó por agua sino mediante camiones ingresados a una plazoleta fiscal del Terminal Puerto Rosario. Todo esto se supo un mes después de que la droga saliera. La detectaron en Santos, Brasil, desde donde reportaron el hecho, que permitió mediante los circuitos de cámaras en la planta rosarina corroborar lo ocurrido con el hecho consumado.

 

Para los responsables de puertos privados hoy la posibilidad de actuar ante un evento sospechoso no es inmediata. Algunas compañías tienen cámaras en la cubierta del barco amarrado que carga en una terminal. Eso permite advertir la actividad allí, un bote una lancha que se acercaran por ejemplo. Pero las imágenes captadas son analizables una semana más tarde cuando se entregan los CD con los registros. Para entonces los navíos o las barcazas ya se fueron.

 

Ahora se implementará un proceso de registro de imágenes captadas por antenas móviles via Starlink, la empresa de Elon Musk, que permite la conectividad de áreas remotas del territorio nacional mediante el enlace provisto por una constelación de satélites. Eso facilitará el seguimiento online en centros de monitoreo de las empresas que controlan los puertos, algo que hoy no existe, y con ello eventualmente capacidad de respuesta inmediata ante acciones sospechosas. Tal mapeo habilitará a que unas tres mil barcazas sean seguidas en tiempo real durante la navegación los 365 días del año.

 

Hoy por un sistema obligatorio de GPS en los remolcadores que impulsan los convoyes, la Prefectura y las empresas sí pueden conocer el desplazamiento de barcazas y de los barcos. No pueden, en contraste, visualizar qué pasa durante la navegación de las flotas.

 

A nivel nacional desde el Ministerio de Seguridad han confiado a directivos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que nuclea a los ejecutivos de los puertos privados, la posibilidad de habilitar acciones de inteligencia con tecnología para identificar mediante inspección facial a las tripulaciones de las flotas que circulan por el tramo nacional de la hidrovía, mediante las cámaras que fiscalizan en sus centros de monitoreo. Esto facilitaría determinar si alguien del personal de flota está registrado en las bases de datos por denuncias que pudieran tener los países que comparten la red fluvial.

 

Desde la zona de Timbúes hasta San Lorenzo, pegado a Rosario, hay una decena de puertos privados, algunos de las firmas más renombradas del mundo. Están Renova, Dreyfus, Cofco, Cargill, Buyatti, Terminal 6, Bunge y ACA San Lorenzo. Una de las empresas que es Cargill tiene en Rosario un centro regional de operaciones y monitoreo global desde donde se supervisan cien instalaciones de esa compañía en 14 países. El hecho de haberlo instalado en la zona revela la preocupación especial por los controles en esta zona donde la navegación fluvial discurre en tierra de nadie. Son más de 700 kilómetros en los que están la mayoría de los 28 puertos del Paraná.

Hidrovía: viaje a la primera línea de infiltración narco

 

En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil. Una pericia de Prefectura descartaba que la droga hubiera sido ingresada en el Paraná por el método utilizado: se debió colocar droga en un suplemento soldado bajo la superficie del agua muy turbia y de fuerte corriente del río.

 

Un argumento conveniente para la fuerza de seguridad, aunque verosímil. Pero muy dañoso para la reputación de cualquiera de los puertos privados en un contexto desfavorable. En este caso puntual Renova puso a disposición de las autoridades todos sus registros de cámara de todo el tiempo que estuvo amarrado el buque en cuestión, el «Areti GR», y la Aduana descartó actividades sospechosas durante el proceso de carga.

 

El rudimentario control de la Hidrovía facilita todo tipo de contrabando. Ante ese agujero negro en la supervisión desde algunos puertos privados tienen métodos propios de control de cargas desde el ingreso desde Paraguay al Paraná en aguas argentinas. Los trabajos incluyen antes de que se afiancen los convoyes de hasta 20 barcazas de no más de diez pies de calado, unos tres metros, que se utilizan para trasladar cargas a granel como cereal, harinas y aceites que llegan a los grandes puertos donde esperan los buques de ultramar. Voceros de empresas privadas dicen que no solo hay que abrir el ojo para que no metan nada allí sino para que no saquen. Mientras las barcazas esperan salida hay oportunistas que pueden subir y robar hasta 100 toneladas de carga utilizando baldes.

 

Los convoyes se consolidan en un amarradero y allí algunas firmas hacen inspecciones con drones desde el aire para advertir si se acerca gente. Paso de la Patria en Corrientes es el primer puerto. Hacia abajo a 40 kilómetros está el puente entre Resistencia y Corrientes. Hasta allí hay acompañamientos de las barcazas de parte de Prefectura e inspecciones con perros. Pero desde Empedrado hasta Timbúes hay unos 700 kilómetros no hay nada. Ni retenes, ni controles, ni puestos de Prefectura que tiene a cargo demasiados kilómetros de costa para su capacidad de supervisión.

 

 

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RESISTENCIA Un fallo eléctrico provocó un incendio en ambulancia en pleno Hospital Perrando

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un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.

El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.


El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.

Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.

Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.

Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.

Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.

El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.

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Funcionario de Leandro Zdero puso a su hija en SECHEEP con un sueldo millonario

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En los últimos meses, la provincia ha enfrentado un clima de descontento generalizado por los constantes cortes de luz y el aumento de las tarifas de electricidad. La figura de Germán Perelli, vocal de Secheep y conocido defensor de estas políticas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su repentino silencio ante una situación que afecta a miles de chaqueños. Muchos se preguntan, ¿dónde está Perelli y qué ha sucedido con su activa presencia en las redes sociales, donde solía defender los aumentos y justificar los cortes de luz?

Los problemas relacionados con el suministro eléctrico en la región no son nuevos. Con la llegada del verano y el incremento en el consumo de energía, la situación se ha agravado, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos ya han comenzado a recibir boletas de luz exorbitantes, lo que genera un clima de preocupación y frustración. A medida que se acercan las altas temperaturas, la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía se transforma en un temor real para muchas familias. En este contexto, la figura de Perelli, quien solía desbordar sus opiniones en las plataformas digitales, se ha caracterizado por su notable ausencia.

Esto resulta aún más llamativo considerando su actual estatus como funcionario del gobierno provincial, donde él y su hija perciben sueldos millonarios. Estos altos salarios, aliados a beneficios como vehículos oficiales, combustibles gratuitos y viáticos, contrastan fuertemente con la realidad cotidiana de los ciudadanos que luchan por hacer frente a tarifas eléctricas cada vez más difíciles de abonar. Mientras que las familias chaqueñas se ven obligadas a limitar el uso de la electricidad o a buscar alternativas para sobrellevar la carga económica, aquellos que deberían ser sus defensores parecen haber optado por un camino de silencio.

La ruptura en la comunicación de Perelli con la ciudadanía es inquietante. No solo se espera que un funcionario escuche las preocupaciones de la gente, sino que también articule respuestas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. La percepción de que se ha abandonado a la población en un momento crítico no solo alimenta el descontento, sino que también puede erosionar la confianza en las instituciones.

Como vocal de Secheep, Perelli tenía la responsabilidad de ser el puente entre la empresa y los ciudadanos, y su papel como defensor de los aumentos de tarifas y cortes de luz implicaba una rendición de cuentas hacia aquellos que se ven impactados por sus decisiones. La falta de visibilidad en este momento tan turbulento sugiere una desconexión alarmante entre las políticas de la empresa y las realidades de los ciudadanos, un hecho que no debería pasar desapercibido.

La pregunta que recorre las redes sociales y los espacios de diálogo en la provincia no es solo «¿dónde está Germán Perelli?», sino también qué harán las autoridades para abordar esta crisis eléctrica que amenaza con desbordarse. La exigencia de respuestas y soluciones es más urgente que nunca. La gente necesita saber que hay representantes que escuchan sus quejas y están dispuestos a actuar en defensa de sus derechos. En este momento, lo que se requiere es un método de comunicación más efectivo y empático por parte de aquellos que han sido elegidos para servir a la comunidad, en lugar de convertir sus cargos en privilegios desmedidos.

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CHACO SON LA CASTA !!! Premio para los funcionarios que no funcionan? Leandro Zdero le consiguió otro cargo a Botteri Disoff

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La ex ministra de Desarrollo Humano se aseguró un cargo por los próximos dos años: el gobernador la acomodó en el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública. Asumió ayer. La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.


La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.

Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.

Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.

La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.

La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.

Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.

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