El ex intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, solicitó a las juezas de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa que revoquen la medida cautelar que suspendió las resoluciones de pases a planta y de recategorizaciones de personal adoptadas durante el último tramo de su gestión. La decisión judicial había sido adoptada por ese tribunal en el marco de la acción de lesividad impulsada por el intendente Roy Abelardo Nikisch para hacer caer más de 400 pases a planta de trabajadores precarizados en el Municipio de Resistencia durante años.

Según la presentación en la causa de un trabajador de apellido Romero, que lleva las firmas de los abogados Ricardo Sánchez y Aldo Cabaña y a la que tuvo acceso LITIGIO, a la hora de dictar la medida cautelar, el tribunal “no tenía toda la documentación ni toda la información con que contamos hoy, a cuatro meses del dictado de aquella sentencia” y denuncian que “se le dio a esta Cámara información falsa, todo lo cual fue determinante en su momento para hacer lugar a la cautelar y hoy es determinante precisamente para modificarla o en todo caso readecuarla”.

A la par, revelaron que respecto al exintendente de Resistencia “no hay plazo alguno que esté corriendo” en tanto que “nunca fue notificado de la sentencia cautelar”. Además, solicitaron que en base a este escrito se lo tenga como parte en el expediente “por ser el autor de las resoluciones impugnadas”.

Un fallo con “información falsa”

El escrito señala que “debe considerarse que en el caso de autos el yerro fue provocado por información falsa aportada por la propia administración Nikisch en orden a la cantidad de cargos existentes en el presupuesto 2.023 y que fuera uno de los 2 elementos por los cuales se deja sin efecto los pases a planta”.

En ese sentido, destacaron que “Estructura de cargos y presupuesto son fundamentales para la procedencia de un pase a planta y en el caso existían ambos. Este error provocado, ahora que se conocen los verdaderos números de la cantidad de cargos (ver documental del presupuesto 2.023), debe ser corregido”.

“Y a ello debemos agregar la existencia de las 2 ordenanzas ratificatorias, lo que lamentablemente no fue considerado en la sentencia cautelar”, precisa la presentación de los abogados Sánchez y Cabaña. En ese sentido, cuestionaron que el tribunal haya suspendido los pases a planta en base a una declaración de lesividad de Nikisch cuando siguen vigentes las ordenanzas que ratificaron esas resoluciones y nunca fueron anuladas por parte del Concejo Municipal.

“Republicanismo falso”

Entre algunos de los numerosos “yerros” que se atribuyen al tribunal, los abogados precisaron que la gestión de Nikisch argumentó la falta de previsión de cargos y de presupuesto. Sin embargo, mantuvieron en sus cargos a 209 trabajadores, despidiendo a los otros 432 sobre un total de 641.

En ese sentido, indicaron que la ordenanza correspondiente al presupuesto 2023 fijaba en 4908 el total de cargos para 2024 y 308 para el Concejo Municipal. “Entonces, si se verificó la existencia de 5.039 agentes, había estructura de cargos, y si cobraron hasta la medida cautelar también había presupuesto”, puntualizaron. En ese contexto, afirmaron que “no es cierto entonces que había 641 agentes sin cargo y tampoco queda claro cómo si – según criterio de Nikisch/Roffe- eran 641 los que no tenían ni cargo ni cobertura presupuestaria, fueron 432 los dejados en la calle, entre ellos Romero”.

Así, el escrito señala que el despido masivo “fue una decisión política revestida de republicanismo falso”, y advierte que “seguramente esos 209 casos tendrían ‘padrino’, aceitada relación política, en fin, diferentes motivos ‘constitucionales’ para ser confirmados”.

Otra de las “perlas” que describe la presentación es que el tribunal haya avalado el despido del personal contratado de gabinete como equivalente a funcionarios del gabinete municipal, que cesan sus funciones al término de cada mandato del Intendente. “Es un trabajador común que cumple horario, tiene aportes jubilatorios, seguro de vida, se le abona título si lo tiene, se le abona horas extras si las realiza y goza de los mismos derechos y obligaciones de cualquier trabajador”, precisan.

Reincorporación 

En el marco del recurso de revocatoria, se solicita al tribunal la reincorporación de todos los trabajadores que venían revistando como “personal de Gabinete”. Dicha reincorporación, hasta el dictado de la sentencia definitiva, se hará en la categoría mínima del escalafón general.

También piden la reincorporación de todos los trabajadores que contaban – como mínimo – con tres meses de vínculo con el Municipio a la fecha del dictado de la Resolución 661, sean contratos de obra u otros.

Por último, solicitan la intimación a los trabajadores a que refiere la Resolución Nro. 3345/23 de agregar la documental correspondiente acreditativa de la relación parental con el trabajador fallecido o jubilado por invalidez. Se fijará el plazo correspondiente y en caso de acreditar dicha circunstancia se ordenará la reincorporación de dichos trabajadores.

Readecuación de la cautelar 

Al respecto, plantearon que en caso de que el tribunal (que integran las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas) continúe “en la tesitura equivocada de que las 432 familias esperen largos años la ‘tutela efectiva’ que se enseña en claustros universitarios”, se haga lugar a una readecuación de la medida cautelar.

Para una eventual readecuación de la medida cautelar, solicitaron la cobertura de la obra social del InSSSeP para los damnificados, una asignación económica de subsistencia: pago de categoría mínima y el derecho municipal a requerir retribución laboral por la asignación abonada.

Los concejales de la oposición del Frente Chaqueño Lucila Masin, Fabricio Bolatti y de la Corriente de Expresión Renovada (CER) Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez exigen al Ejecutivo Municipal rever y brindar información de las irregularidades de los convenios ratificados con Vialidad Provincial por Resolución N° 1675/2024 sobre enripiado de calles del ejido municipal y N° 1933/2024 sobre demolición y reconstrucción de calzada.

“Estamos de acuerdo en que la ciudad necesita de manera urgente el arreglo de calles, pero es necesario un debate político serio. Nos preocupa puntualmente la manera en que la UCR asume los temas importantes de la ciudad ya que procede al debate a las apuradas y empujones del que nada bueno puede salir. Sino como se explica que en lo que va del año el Ejecutivo Municipal vete 4 ordenanzas que han sido sancionadas por este cuerpo y presentadas parte de sus propios concejales” expresaron los ediles de la oposición.

La solicitud incorporada en despacho de minorías a fin de ser tratado en la sesión ordinaria N° 21 del Concejo Municipal detalla que se brinde la información del convenio N° 1675/2 sobre el criterio de la elección de las calles a intervenir, el plano de calles, el plazo de tiempo así como también la fecha de creación del instrumento legal.

Además no especifica la modalidad de pago, y quién aporta la suma de $ 2.808.000.000, no tiene imputación de partida presupuestaria municipal ni licitación para compra de materiales.

En cuanto al segundo acuerdo de $3.240.200.000 no aclara quién ejecuta los recursos o si serán terciarizados, establece un plazo de 15 meses a computarse desde el acta de inicio pero no cita el instrumento legal.

Por otra parte no aclara partida e imputación presupuestaria, como así también si se necesita autorización del Concejo Municipal para comprometer fondos y compensar partidas presupuestarias y además no es posible acceder a los pliegos de licitación y por tanto controlar precios y sobreprecios.

Ante la llamativa política de contratación y compras que viene implementando el intendente Roy Nikisch, el Concejal del Frente Chaqueño Fabricio Bolatti, propone derogar un artículo de la ordenanza que dispone el estado de Emergencia Económica de la Municipalidad, para que la gestión actual no siga obviando los procesos de licitación que requieren las compras que superan los 60 millones de pesos.

“En lo que va de la gestión de Nikisch, hemos observado y denunciado oportunamente procesos irregulares de compra a través de licitaciones no publicadas y con pliegos a medida de ciertas empresas, como fue el caso de los camiones recolectores y también la compra directa de maquinaria, seguramente amparada en la autorización que el Concejo otorgó para uso excepcional en el marco de la Emergencia Pública sancionada en el año 2019, la que se viene prorrogando y hoy está vigente a pedido del propio Intendente, que además, está facultado a suspender aspectos de la emergencia a medida que se vayan superando”, remarcó el edil e hizo hincapié en que “un Municipio que subejecuta su presupuesto y guarda cinco meses de masa salarial, no está en emergencia económica”.

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

Bolatti dio a conocer algunos de los fundamentos de la iniciativa presentada en el Concejo, que busca aportar a la transparencia en los procesos de compras del Municipio que, acogido por la Emergencia Económica sancionada en diciembre de 2019 en el marco de una fuerte caída de la recaudación y recepción de fondos participables, actualmente es utilizada para ladear los procesos de compra establecidos.

Señaló también, que la Emergencia fue sancionada ante situaciones de aspecto económico y financiero que resultaron de la caída de ingresos provenientes de la distribución nacional y provincial, que repercutieron y comprometieron el pago mensual de salarios de las y los trabajadores municipales; y tuvo como objetivo principal resolver esta demanda. Situación que se profundizó luego con el inicio de la pandemia, teniendo que atender los pagos esenciales con aportes de la Provincia, que a su vez recibía de Nación.

Asimismo, indicó que finalizada la pandemia, si bien a nivel nacional se generó un escenario de promoción de la actividad económica, el contexto estaba acompañado por una creciente inflación causada por la restricción externa generada por el pago de servicios de la Deuda Externa; y los ingresos se incrementaron en términos nominales, permitiendo que en términos reales se mantengan medianamente en una etapa y que la distorsión no sea significativa en otra.

Así, durante la gestión 2019 – 2023, el crecimiento de ingresos dado por la inflación y la actividad económica reflejó un aceleramiento en los últimos 15 meses del mandato, generando un excedente que se acumulaba mes a mes, y que conceptualmente se podía ver porque el gasto principal del Municipio, su partida Personal, se había estancado en los últimos años, principalmente por no ser actualizado en relación a la inflación, quedando los mismos muy por debajo de la misma.

Bolatti detalló que a octubre del 2023, el Municipio contaba con una partida de más de 10 mil millones de pesos acumulados y sin destino establecido previamente; un monto equivalente al pago de cinco meses de sueldos de la Estructura del personal y autoridades. Posteriormente, en diciembre, ya asumidas las nuevas autoridades de la Municipalidad y con un escenario favorable, aún cuando partieron de un saldo de Disponibilidades cercano a cero, la estructura de gastos ubicaba a la partida Personal por debajo del 50% de los ingresos, cuando cuatro años antes estaba en el 90%, lo que junto a la subejecución presupuestaria por inactividad, permitieron que a la fecha la gestión de Nikisch tenga disponible en caja e inversiones financieras alrededor de 15 mil millones de pesos, lo que equivale a cinco meses de salarios municipales.

En esa línea, marcó que esta holgada situación convive con una importante cantidad de reclamos por pago de deudas de todo tipo, desde proveedores hasta judiciales – lo que se comenzó a regularizar – pero el proceso demandará tiempo y trabajo por su complejidad y cantidad, y que requiere la continuidad de la cobertura que significa la declaración de Emergencia para la gestión.

Bolatti advirtió que la actual gestión llevó adelante procesos irregulares de compras y contrataciones mediante licitaciones que fueron ‘observadas’ por falta de publicación y condiciones, y que sin justificación alguna, se acudió a la excepción que otorga el artículo 16 de la Ordenanza de Emergencia para la adquisición de maquinarias por altos montos, a través de compra directa obviando el proceso de licitación correspondiente.

Por lo expuesto, y ante la inexistencia de un estado de emergencia económica y financiera en las arcas municipales, y porque es importante y necesario hacer de la transparencia en el manejo de recursos públicos, una realidad y no sólo un slogan de campaña, es que desde la concejalía de Fabricio Bolatti, promueven la derogación o suspensión del artículo 16 de la norma de Emergencia, con el objetivo de recuperar la aplicación de la normativas que regulan la contratación y/o adquisición de bienes para el Municipio y por el Municipio.