CORRUPCION
El periodista “El Presto” denunció ante la Justicia a la diputada libertaria Celeste Ponce por corrupción
Tras la investigación y el escándalo, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, denunció a la diputada de LLA por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.
A mediados del corriente mes, DATA24.COM.AR publicó una investigación que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. Para su labor legislativa la funcionaria nombró asesores, y fueron éstos quienes expusieron su modus operandi: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba $500 mil y yo me quedaba con $200 mil”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión.
«Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión», expresó la damnificada, aportando las capturas de pantalla correspondientes a las transferencias. Finalmente, tas manifestar que no cedería parte de su sueldo a la burócrata, la asesora fue despedida.
LA DENUNCIA DE EL PRESTO
Hoy, el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como «El Presto«, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) recayó sobre el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini.
En el documento judicial al que accedió este portal puede leerse los hechos reunidos por el periodista. En primer lugar, se fundamenta la exigencia de dinero por parte de Ponce a sus a empleados. «Abusando de su posición como Diputada de la Nación, habría establecido un esquema coercitivo para extorsionar a sus asesores parlamentarios. Según diversas fuentes y testimonios, la diputada exigía a sus asesores que le entreguen una parte significativa de sus salarios bajo la amenaza explícita de perder sus trabajos en caso de negativa. Este requerimiento de dinero se hacía de manera sistemática y sostenida, obligando a los asesores a realizar transferencias directas a cuentas personales de la diputada».
Luego, se aborda el abuso de autoridad. Allí se detalla que Ponce exigiría parte del sueldo utilizando su autoridad para intimidar a sus asesores. Les dejaba claro que cualquier resistencia a sus demandas resultaría en su inmediato despido o en la negativa de renovar sus contratos laborales. «Este uso indebido de su poder no solo constituyó una forma de coacción, sino también una clara violación de los derechos laborales de los asesores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad» de María Celeste Ponce, se detalla en el documento.
Finalmente, la denuncia refiere al desvió de fondos, dinero que «provienen del salario legítimo de los asesores y, por lo tanto, del erario público. Este accionar no solo denota una falta de ética grave, sino que además podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no se encuentran justificados en ninguna normativa o política» del Congreso.
En sus fundamentos, la denuncia menciona la coacción (Art. 149 bis, CP), exacciones Ilegales (Art. 266, CP) y enriquecimiento Ilícito (Ley 25.188).
La primera imputación se basa en la utilización de amenazas para coaccionar a sus asesores a realizar pagos indebidos. Según la denuncia, tal como ya se relató, Ponce habría exigido una parte significativa de los salarios de sus asesores bajo la amenaza de despido en caso de negativa. Este acto, de acuerdo con la normativa penal vigente, configura un delito de coacción, ya que implica el uso de la intimidación para obtener un beneficio económico ilegítimo.
El segundo fundamento legal señala el requerimiento de sumas de dinero no autorizadas bajo amenaza de despido, lo cual constituye exacciones ilegales. Este artículo del Código Penal se aplica a situaciones donde un funcionario público abusa de su posición para exigir pagos indebidos, aprovechando su autoridad para obtener un beneficio patrimonial ilegítimo. En este caso, la diputada Ponce habría abusado de su cargo para extraer dinero de sus asesores, configurando así este delito.
Por último, las acciones descritas en la denuncia podrían ser indicativas de enriquecimiento ilícito. La Ley 25.188 establece que cualquier aumento patrimonial de un funcionario público que no pueda ser justificado con sus ingresos legítimos es considerado ilícito. Los fondos exigidos por Ponce, según el documento judicial, no se corresponden con las atribuciones y deberes propios de su cargo público, lo que sugiere un caso de enriquecimiento ilícito.
data24
CORRUPCION
RESISTENCIA Un fallo eléctrico provocó un incendio en ambulancia en pleno Hospital Perrando
un fallo eléctrico desató un incendio en una ambulancia que se encontraba en pleno funcionamiento dentro de las instalaciones del Hospital Perrando, situado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Este lamentable incidente no solo provocó daños materiales significativos, sino que también desnudó una serie de cuestiones que han generado preocupación y descontento entre los ciudadanos chaqueños. La situación pone de relieve la falta de atención y compromiso del gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, hacia los problemas de salud pública y seguridad que enfrentan los habitantes de la región, provocando así una ola de críticas y desconfianza.
El Hospital Perrando es uno de los principales centros de salud de la provincia, destinado a ofrecer atención médica a una gran población. Sin embargo, la infraestructura y los recursos destinados al hospital no parecen ser suficientes. El hecho de que una ambulancia, herramienta crucial para la atención de emergencias, haya sufrido un incendio debido a un fallo eléctrico, es indicador de un problema más profundo: la falta de mantenimiento adecuado y supervisión de los equipos de emergencia. Esto no solo presenta un riesgo para el personal del hospital, sino también para los pacientes que requieren atención inmediata.
El gobierno de Leandro Zdero ha sido objeto de críticas debido a la gestión de la salud pública en Chaco. Reportes indican que se han destinado siete mil millones de pesos a publicidad y actividades de propaganda, mientras que los servicios esenciales, como el sistema de salud, parecen desatendidos. Esta discrepancia entre el gasto en comunicación y la inversión en infraestructura pública despierta inquietudes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con el bienestar de la población chaqueña. La inversión en publicidad no parece traducirse en mejoras tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes cada vez ven más evidente la falta de atención a sus necesidades.
Además, cuando se observa el incidente en la ambulancia en relación al gasto elevado en publicidad, la sensación de impotencia se intensifica. La gente de Chaco se pregunta: ¿Por qué se destina tanto dinero en promoción, si los servicios básicos como la salud pública están en condiciones tan precarias? Estas preguntas son pertinentes y reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, donde la comunicación parece ser más importante que la acción y el resultado.
Otra cuestión que tampoco se puede pasar por alto es la percepción de corrupción e impunidad en el sistema político chaqueño. Los fiscales, encargados de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos, han sido denunciados por su falta de respuesta ante situaciones que demandan su intervención. Esto alimenta la idea de que hay un «Chaco feudal», donde los intereses personales o de unos pocos prevalecen sobre el bienestar general. Cuando los organismos encargados de la justicia no actúan con celeridad ante incidentes que involucran a instituciones estatales en la precariedad y en la falta de seguridad, se deja entrever una falta de transparencia y responsabilidad que corroe la confianza de la ciudadanía en su gobierno.
Es fundamental que los ciudadanos exijan rendición de cuentas a sus líderes. La sociedad chaqueña merece respuestas lógicas y la implementación de medidas efectivas que aseguren que incidentes como el del incendio en la ambulancia no se repitan. La implementación de auditorías y revisiones de los equipos de emergencia, así como la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de los servicios públicos, son acciones que pueden contribuir a mejorar las condiciones del sistema de salud de la provincia.
Ante el incendio en la ambulancia del Hospital Perrando, la población chaqueña debe unirse y alzar su voz. No solo se trata de un incidente aislado, sino de una manifestación de una crisis más amplia que afecta a distintas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la región. Por lo tanto, es esencial que se realicen los cambios necesarios en las políticas públicas, garantizando así una mayor inversión en salud y en servicios básicos, así como un manejo ético y transparente de los fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños.
El sanitario es un derecho humano fundamental y no puede ser considerado un lujo ni un gasto secundario. El reciente incendio en una ambulancia dentro de un hospital es una llamada de atención para todos los actores involucrados en la gestión pública. El gobierno de Leandro Zdero debe tomar acciones efectivas que demuestren que le importa la vida y el bienestar de los chaqueños, así como la dosificación responsable de los recursos públicos. Que la prevención, la seguridad y el compromiso social sean los pilares de una gestión que aspire a forjar un Chaco más justo y equitativo.
CORRUPCION
Funcionario de Leandro Zdero puso a su hija en SECHEEP con un sueldo millonario
En los últimos meses, la provincia ha enfrentado un clima de descontento generalizado por los constantes cortes de luz y el aumento de las tarifas de electricidad. La figura de Germán Perelli, vocal de Secheep y conocido defensor de estas políticas, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por su repentino silencio ante una situación que afecta a miles de chaqueños. Muchos se preguntan, ¿dónde está Perelli y qué ha sucedido con su activa presencia en las redes sociales, donde solía defender los aumentos y justificar los cortes de luz?
Los problemas relacionados con el suministro eléctrico en la región no son nuevos. Con la llegada del verano y el incremento en el consumo de energía, la situación se ha agravado, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. Los ciudadanos ya han comenzado a recibir boletas de luz exorbitantes, lo que genera un clima de preocupación y frustración. A medida que se acercan las altas temperaturas, la incertidumbre sobre la disponibilidad de energía se transforma en un temor real para muchas familias. En este contexto, la figura de Perelli, quien solía desbordar sus opiniones en las plataformas digitales, se ha caracterizado por su notable ausencia.
Esto resulta aún más llamativo considerando su actual estatus como funcionario del gobierno provincial, donde él y su hija perciben sueldos millonarios. Estos altos salarios, aliados a beneficios como vehículos oficiales, combustibles gratuitos y viáticos, contrastan fuertemente con la realidad cotidiana de los ciudadanos que luchan por hacer frente a tarifas eléctricas cada vez más difíciles de abonar. Mientras que las familias chaqueñas se ven obligadas a limitar el uso de la electricidad o a buscar alternativas para sobrellevar la carga económica, aquellos que deberían ser sus defensores parecen haber optado por un camino de silencio.
La ruptura en la comunicación de Perelli con la ciudadanía es inquietante. No solo se espera que un funcionario escuche las preocupaciones de la gente, sino que también articule respuestas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. La percepción de que se ha abandonado a la población en un momento crítico no solo alimenta el descontento, sino que también puede erosionar la confianza en las instituciones.
Como vocal de Secheep, Perelli tenía la responsabilidad de ser el puente entre la empresa y los ciudadanos, y su papel como defensor de los aumentos de tarifas y cortes de luz implicaba una rendición de cuentas hacia aquellos que se ven impactados por sus decisiones. La falta de visibilidad en este momento tan turbulento sugiere una desconexión alarmante entre las políticas de la empresa y las realidades de los ciudadanos, un hecho que no debería pasar desapercibido.
La pregunta que recorre las redes sociales y los espacios de diálogo en la provincia no es solo «¿dónde está Germán Perelli?», sino también qué harán las autoridades para abordar esta crisis eléctrica que amenaza con desbordarse. La exigencia de respuestas y soluciones es más urgente que nunca. La gente necesita saber que hay representantes que escuchan sus quejas y están dispuestos a actuar en defensa de sus derechos. En este momento, lo que se requiere es un método de comunicación más efectivo y empático por parte de aquellos que han sido elegidos para servir a la comunidad, en lugar de convertir sus cargos en privilegios desmedidos.
CORRUPCION
CHACO SON LA CASTA !!! Premio para los funcionarios que no funcionan? Leandro Zdero le consiguió otro cargo a Botteri Disoff
La persona que a comienzos de octubre ya no servía para llevar adelante las riendas de un ministerio pocos días después parece ser la más adecuada para hacerse cargo de otra área pública.
Eso es lo que consideró el gobernador Leandro Zdero en un lapso de menos de dos semanas.
Es que tras echar a Carina Botteri Disoff del Ministerio de Desarrollo Humano en el que no llegó a completar siquiera diez meses de gestión el mandatario la propuso para comandar el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA).
Ese organismo, creado por ley en julio de este año a imagen y semejanza de la actual gestión, es la fusión entre el ex Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la ex Escuela de Gobierno del Chaco.
Precisamente allí fue designada Botteri Disoff, funcionaria que salió del círculo más cercano del gobernador, pero que igualmente se “acomodó” en la gestión y seguirá percibiendo un sueldo del Estado. Finalmente, ayer asumió el cargo.
La eyección de Desarrollo Humano se debió a los diversos problemas de gestión política que no supo resolver la joven abogada que se desempeñó como asesora del municipio de Corrientes entre otros lugares que desempeñó en la vecina provincia.
La ex ministra fue designada oficialmente con aval legislativo y ocupará un cargo como vocal del CEFCA, que en lo estrictamente administrativo es un ente autárquico del Estado Provincial con facultades propias de administración y autonomía reglamentarias.
De esta manera, la fugaz titular de la cartera social tiene asegurado su futuro por los próximos dos años ya que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 4057.E.
Botteri Disoff fue propuesta por el bloque oficialista en el marco de un acuerdo político con bajada de línea del propio Zdero. En tanto que la oposición había elevado la opción de María Jimena Molina, magíster en Género y Políticas Públicas y ex vocal de la Escuela de Gobierno del Chaco.
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