Los presidentes de Brasil, Colombia y México exigieron que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, publique los “datos desglosados por mesa de votación” que corresponden a las elecciones del domingo pasado.
Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro emitieron un comunicado en conjunto para hacer referencia a los comicios que dieron como ganador a Maduro en una nueva reelección. “Felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro”, expresaron.
“Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”, afirmaron los líderes.
Nicolás Maduro junto al presidente de Brasil, Lula da Silva. (Foto: Reuters)
A pesar de que los tres países no están en el grupo de los que desconocieron los resultados de la elección -como Argentina- sus gobiernos no celebraron el anuncio del triunfo de Maduro.
Asimismo, Brasil, México y Colombia remarcaron que “las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional” y plantearon que “el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”.
Por otra parte, los presidentes también hicieron un llamado a los actores políticos y sociales a “ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos”. Y agregaron que “mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento”.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador junto a Maduro. (Foto: Reuters)Por: via REUTERS
Por último, los dirigentes de Brasil, México y Colombia manifestaron su “respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela” y sostuvieron su “disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdo que beneficien al pueblo venezolano”.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra un yihadista palestino, Benjamin Netanyahu y uno de sus ex ministros. Críticas a la investigación del fiscal Karim Khan
Mohammed Deif es un fantasma. Un espectro. Así es considerado por muchos en Medio Oriente. Junto a Yahya Sinwar fueron los arquitectos de la mortífera incursión en el sur del Israel el 7 de octubre de 2023 en la que se torturó, violó, asesinó y secuestró a miles de víctimas, la mayoría de ellas civiles. Constituyó la semilla de la devastadora guerra en la región que cumple hoy 413 días. Deif fue eliminado -de acuerdo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)- en un bombardeo en Khan Younis, Gaza, el pasado 13 de julio.
Pero la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de captura contra Deif, el fantasma. No sólo es visto así por su reciente muerte, sino porque durante toda su vida fue considerada una figura misteriosa, inalcanzable. Nunca apareció en público y el registro de su voz apenas si era reconocido. Tampoco existe un abundante álbum fotográfico suyo, convirtiéndolo en una figura elusiva y de difícil reconocimiento. Como uno de los fundadores -en los años 90- del ala militar de Hamas, Deif dirigió la unidad durante décadas. Y bajo su mando, se perpetraron docenas de ataques suicidas contra civiles israelíes. Tel Aviv intentó matarlo varias veces, sin suerte.
Tras el anuncio de su muerte -y de la de Ismail Haniyeh, responsable del ala política de Hamas-, el grupo terrorista nombró a Sinwar como sucesor y jefe absoluto de la organización. Pero el otro cerebro de los ataques yihadistas en territorio israelí en 2023 también fue hallado por las FDI y ultimado durante un imprevisto intercambio de fuego el 17 de octubre pasado.
La pregunta siguiente respecto a quién comandaría a partir de entonces la agrupación comenzó a plantearse no sólo en Gaza, sino en Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, residencia durante años de varios de los popes de Hamas. Fue entonces que se dispuso que el comité que conduciría al grupo terrorista desde Doha estaría compuesto por Khalil al-Haya (el segundo de Sinwar en Gaza), Zaher Jabarin, Khaled Mashaal, Mohammed Darwish y un quinto integrante cuya identidad la agrupación no hace pública por seguridad.
Al igual que Sinwar, Deif y Haniyeh, estos cinco miembros del “comité político” estaban al tanto de los planes terroristas que conmovieron al mundo el 7 de octubre de 2023. Es por eso que resulta llamativo que la CPI -por pedido de su fiscal, Karim Khan– prefiera ir contra un fantasma y no contra cinco de los responsables aún vivos del grupo terrorista que podrían ser encontrados en el Four Seasons de Doha.
Para clarificar: Khan pidió la detención de Deif, pero de acuerdo a su criterio pudo haber sido también contra los otros jefes de Hamas muertos en los últimos meses en Gaza y Teherán. El fiscal quizás argumente que no tiene constancia del deceso del terrorista. Pero sí debería tenerla de la existencia de los huéspedes de Qatar, a quienes no busca incomodar.
Existen otros cuestionamientos hacia Khan. Uno radica en que basa sus pedidos de captura contra Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant -y sus acusaciones contra Israel–en informes aportados por el ministro de Salud de Gaza, Mufiz al-Makhalalati y su vocero Ashraf al Qidra. Ambos son miembros de Hamas.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan habla durante una entrevista en La Haya en febrero de 2024 (Reuters)
Esta dependencia perdió absoluta credibilidad cuando -el 17 de octubre del año pasado- acusó a Israel de haber bombardeado el hospital Al Ahli y provocado la muerte de 500 personas. A las pocas horas se comprobó que la masacre había sido causada por cohetes disparados por Hamas y que cayeron dentro de su territorio. Varias imágenes lo corroboraron.
A Khan tampoco le advirtieron que muchas de las víctimas palestinas son producto de la estrategia del grupo terrorista que usa civiles como escudos humanos: hospitales, escuelas, edificios enteros son utilizados por los extremistas como refugios, depósitos y bases operativas. Menos aún permite que la población se resguarde de los bombardeos israelíes en sus túneles -ya diezmados- reservados únicamente para sus milicias.
Fueron muchas las voces que se alzaron contra la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Italia, en boca de su vicepresidente Matteo Salvini dijo: “Los criminales de guerra son otros”. Estados Unidos también rechazó las acusaciones y recordó que esa corte no tiene jurisdicción sobre el asunto. “Nos sentimos sumamente preocupados por la resolución del Fiscal de emitir órdenes de detención y por los inquietantes errores de procedimiento que llevaron a esta decisión”, dijo un vocero del Consejo Nacional de Seguridad.
Por su parte, la Asociación Internacional de Abogados Judíos (IJL, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el cual critica el accionar de Khan a quien acusa de haberse fundado en “argumentos jurídicos extremadamente débiles” para su acusación de crímenes de guerra. “Al desestimar los argumentos de Israel, el Tribunal se basó en fundamentos jurídicos extremadamente débiles. Por ejemplo, desestimó las impugnaciones jurisdiccionales básicas sobre nacionales israelíes, basando su decisión únicamente en la cuestión controvertida de la estatalidad palestina”, señala el enunciado.
“Aunque la base probatoria de las órdenes sigue siendo secreta, el comunicado de prensa de la Corte revela una dependencia de fuentes parciales, selectivas y sesgadas. Estos indicios apuntan a una iniciativa antiisraelí políticamente motivada que corre el riesgo de socavar la credibilidad, el papel y el futuro de la CPI. Este tipo de acciones convierten a la Corte en una herramienta para quienes pretenden utilizar cínicamente el derecho internacional como arma”, afirmó la IJL en el documento.
Las instituciones israelíes -única democracia de Medio Oriente– funcionan y gozan de una alta credibilidad en su población. Ante lo que parecería ser una falta de solidez por parte de la CPI, serán finalmente las encargadas de resolver si Netanyahu y su gabinete cometieron crímenes de guerra o excesos en su respuesta al ataque terrorista de Hamas. También deberá definirse qué grado de responsabilidad política cabe en las fallas de seguridad que ocurrieron aquel infausto 7 de octubre y desataron esta tragedia humanitaria.
El jefe del Departamento Central de Inteligencia remarcó que no están solamente en Kursk. Estados Unidos considera que pronto entrarán en combate
Ucrania aseguró que militares norcoreanos, que hasta ahora solo se encontraban en la región rusa de Kursk, fueron trasladados también a Bélgorod, que limita con la región ucraniana nororiental de Kharkiv.
“Algunos militares de la República Popular Democrática de Corea fueron trasladados a la frontera de la región de Bélgorod”, escribió en Telegram el jefe del Departamento Central de Inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Andrí Kovalenko.
El alto cargo ucraniano recalcó que “no se encuentran en la región de Kharkiv”, como habían informado algunos medios estadounidenses en base a fuentes ucranianas.
Pionyang ha enviado en las últimas semanas a unos 10.000 soldados a apoyar al ejército ruso en la invasión de Ucrania, según han confirmado la OTAN, Washington, Kiev y Seúl.
La alianza entre Vladimir Putin y Kim Jong Un preocupa al mundo (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP/Archivo)
Esos soldados se encontraban hasta ahora solamente en Kursk, donde las tropas ucranianas ocupan parte del territorio desde su incursión en agosto pasado, para apoyar a las fuerzas del Kremlin a expulsarlos de territorio ruso.
Esta semana el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano confirmó además que Pionyang ha exportado asimismo a Rusia lanzaderas para cohetes y artillería móvil y que algunos soldados norcoreanos parecen haber participado ya en operaciones de combate contra Ucrania empotrados en unidades rusas aerotransportadas y de marines.
Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró el jueves que un general norcoreano de alto rango resultó herido en un ataque ucraniano en Kursk.
El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin (AP Foto/Kevin Wolf)
Entrarán pronto en combate
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que aproximadamente 10.000 soldados norcoreanos enviados a Rusia podrían entrar “pronto” en combate contra Ucrania.
Las declaraciones, realizadas durante una parada en Fiyi, están respaldadas por estimaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses que han observado a estas tropas en la región fronteriza rusa de Kursk.
“Basándonos en lo que han sido entrenados, el modo en el que se han integrado en las formaciones rusas, preveo totalmente verlos pronto en combate”, afirmó Austin, aunque aclaró que hasta ahora no ha recibido “informes significativos” sobre la participación activa de estas tropas en los enfrentamientos.
El despliegue de soldados norcoreanos responde a un acuerdo de cooperación militar y económica entre Moscú y Pyongyang, según denunciaron Washington y Seúl.
Este pacto incluye el suministro de petróleo, misiles antiaéreos y asistencia económica a Corea del Norte, señalaron altos funcionarios surcoreanos y un grupo de investigación la semana pasada.
La alianza entre Rusia y Corea del Norte es vista por la comunidad internacional como una escalada significativa en el conflicto de Ucrania. Estados Unidos y otros aliados han advertido sobre las consecuencias de este apoyo mutuo, que refuerza las capacidades militares rusas mientras Pyongyang recibe recursos críticos para su régimen.
La Plataforma Unitaria Democrática exige la libertad de los 1.963 detenidos reconocidos por la organización Foro Penal. También, los familiares de los presos instaron al fiscal Tarek William Saab a publicar una lista oficial de liberados
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, exigió este viernes la liberación de todos los presos políticos en el país antes de las celebraciones navideñas.
Según datos de la organización Foro Penal, 1.963 personas permanecen detenidas bajo esta condición, la mayoría arrestadas tras las protestas generadas por las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se declaró la reelección del dictador Nicolás Maduro.
”Todos unidos exigimos Navidades sin presos políticos”, afirmó la PUD, enfatizando además que “hacer política no es delito”.
Decenas de manifestantes se reunieron este jueves frente a la Fiscalía General para exigir la liberación de más detenidos, tras conocerse que en los últimos días la Justicia otorgó 225 medidas de libertad con restricciones legales.
Sin embargo, Foro Penal cuestionó estas cifras, indicando que solo 143 excarcelaciones se han confirmado hasta la fecha.
Los familiares de los presos políticos instaron al fiscal general, Tarek William Saab, a publicar una lista oficial de las personas beneficiadas, mientras la PUD subrayó la urgencia de priorizar la libertad de todos los detenidos.
La reelección del dictador Maduro ha sido denunciada por la oposición como un proceso fraudulento, acompañado de represión contra manifestantes.
La PUD acusa al régimen de Maduro de “reprimir a la oposición” y responsabiliza a la dictadura de las 28 muertes registradas durante las manifestaciones poselectorales.
Familiares de los presos políticos le pidieron al fiscal Saab publicar la lista oficial de excarcelados (EFE/ Ronald Pena R/ARCHIVO)
Por su parte, Maduro y la Fiscalía justificaron las detenciones señalando que los manifestantes participaron en actos de violencia y vandalismo, atribuyendo las muertes al bloque antichavista.
La situación de los presos políticos en Venezuela es un tema recurrente en la agenda de organismos internacionales y de derechos humanos. La PUD ha hecho llamados constantes para que la comunidad internacional intervenga y presione por la liberación de los detenidos.
El clima político venezolano sigue marcado por la polarización, mientras la oposición busca consolidar un frente común para garantizar condiciones más justas y democráticas en el país.
Con estas exigencias de Navidad, la PUD busca poner en el centro del debate la situación de los presos políticos, como símbolo de la lucha por un cambio político y social en Venezuela.
ONG denunciaron que el régimen de Maduro intimida y persigue a defensores de derechos humanos
Un grupo de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela condenó este jueves lo que consideran una política de persecución del régimen de Nicolás Maduro contra activistas de derechos humanos, tras la citación a declarar de Óscar Murillo, director de la ONG Provea, por una investigación relacionada con la muerte de un dirigente social.
En un comunicado, las ONG denunciaron que en Venezuela “la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales”, mientras reiteraron su compromiso de continuar trabajando pese a los riesgos y la detención de varios activistas, acusados de delitos como terrorismo.
Murillo fue llamado a comparecer ante una sede policial en Caracas, donde rindió declaraciones durante cinco horas. Las ONG criticaron que nunca se le especificó si acudía en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su presunta vinculación con el caso.
La citación está vinculada a la muerte de Edwin Santos, un dirigente social desaparecido en octubre pasado y cuyo fallecimiento, reportado como un accidente de tránsito por las autoridades, ha sido denunciado por partidos opositores como un asesinato. Los opositores aseguran que Santos estuvo detenido antes de ser hallado muerto.
El dictador Maduro y la Fiscalía justifican las detenciones acusando a manifestantes de vandalismo y violencia
”Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos”, alertaron en el comunicado.
Las organizaciones consideran este tipo de acciones como un intento de criminalizar a los defensores de derechos humanos. Además, señalaron que esto podría ser un mecanismo para intimidar y silenciar a quienes luchan por la justicia social en Venezuela.
“Condenamos que un Estado —en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia— intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana”, agregaron las ONG.
Provea y otras organizaciones han solicitado una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de Santos, haciendo énfasis en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
El caso ha generado preocupación internacional, ya que se enmarca en un contexto más amplio de denuncias contra el régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades civiles.
Las ONG reiteraron que la defensa de los derechos humanos es “una cuestión de justicia y un deber moral”, y enfatizaron que continuarán denunciando y trabajando a favor de la dignidad humana a pesar de los intentos de intimidación.
La situación resalta los crecientes desafíos para los defensores de derechos humanos en Venezuela, donde las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y asociación siguen deteriorándose.
