En un contexto político complejo y cambiante, la militancia peronista encabezada por Juan Carlos Ayala se mantiene firme en su propósito de renovación y fortalecimiento de los ideales que caracterizan al movimiento justicialista en la provincia del Chaco. En este blog, queremos analizar los últimos acontecimientos en torno a esta militancia, los desafíos que enfrenta y el compromiso con la comunidad que la caracteriza.

Compromiso con la Comunidad y la Lucha por Derechos

Recientemente, se realizó un encuentro donde se hicieron presentes compañeros de diversas localidades, tales como Resistencia, Puerto Tirol, Fontana, Basail, Barranqueras, Puerto Vilelas, entre otras. La militancia no solo se centra en el fortalecimiento interno del movimiento, sino que también se abre a la comunidad, destacando la importancia de estar presentes y apoyar a quienes lo necesitan.

Uno de los temas centrales discutidos en este encuentro fue el respaldo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ha demostrado un compromiso firme con los ideales peronistas y el desarrollo de su provincia. Este apoyo se extiende a la defensa de los derechos laborales y jubilatorios, especialmente en un contexto donde muchos trabajadores han sufrido despidos injustificados y los jubilados enfrentan la difícil situación de bajos salarios que no se ajustan a las condiciones de vida actuales.

La Importancia de la Universidad Pública

Otro aspecto relevante que se mencionó en este congreso es la necesidad de fortalecer la universidad pública. En tiempos de crisis económica, la educación es uno de los pilares que sostiene el desarrollo social y cultural del país. La agrupación reafirma su compromiso con garantizar el acceso a educación gratuita y de calidad, entendiendo que una sociedad educada es fundamental para el crecimiento de la nación.

La militancia peronista siempre ha tenido en la educación un objetivo primordial. La universidad, como espacio de formación y creación de conocimiento, debe mantenerse como un bastión de apoyo para todas las clases sociales, especialmente para aquellos que provienen de sectores menos favorecidos. El acceso a la educación es un derecho y debe ser garantizado por el Estado.

La Agrupación de las 62 Organizaciones Peronistas

La agrupación de las 62 Organizaciones Peronistas está desde hace tiempo recorriendo la provincia, buscando fomentar la unidad y reactivar la militancia peronista en Chaco. Juan Carlos Ayala ha enfatizado en la necesidad de construir un movimiento sólido, que no solo se limite a la política, sino que se involucre activamente en las problemáticas que preocupan a la comunidad. Eso incluye la generación de empleo, la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción de una política que mire hacia el futuro.

En este sentido, la agrupación busca revitalizar la mística peronista, promoviendo la inclusión y participación de todos en la vida política. Buscar un Chaco que vuelva a ser peronista no es solo un lema, sino un objetivo concreto que implica un trabajo arduo en el campo social, económico y político.

La Renovación y la Mirada Hacia el Futuro

El congreso provincial que se avecina representa una oportunidad no solo para dar cuenta del trabajo realizado, sino para establecer una hoja de ruta que guíe las acciones futuras. La renovación de la militancia peronista es crucial para adaptarse a los tiempos que corren. La política debe evolucionar y responder a las necesidades actuales de la sociedad, manteniendo siempre en el centro la justicia social, la solidaridad y el bienestar del pueblo.

Juan Carlos Ayala ha manifestado la importancia de trabajar en conjunto, de forma honesta y transparente, para que la militancia pueda ser un verdadero motor de cambio. Esto implica escuchar a la base, conocer sus necesidades y abogar por ellas en todos los espacios donde se presenten. La idea es construir un espacio donde todos los militantes se sientan representados y escuchados.

Conclusiones

La militancia peronista en el Chaco, de la mano de Juan Carlos Ayala, continúa en marcha y firmemente comprometida con la renovación de sus ideales. En tiempos de desafíos constantes, reafirmar los principios del peronismo y adaptarlos a las necesidades del presente es esencial para construir un futuro mejor. La lucha por los derechos de los trabajadores, la defensa de la educación pública y la unidad dentro del movimiento son elementos clave en esta etapa de renovación.

El camino que se abre hacia el congreso provincial será, sin duda, una oportunidad de reflexión y de planificación. La militancia debe estar a la altura de las circunstancias, dispuesta a actuar y transformar realidades, siempre con el compromiso de que el pueblo sea el verdadero protagonista de la historia. La fuerza de la militancia peronista y el deseo de volver a hacer del Chaco un bastión de justicia social son más necesarios que nunca. ¡Adelante, la lucha continúa!

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.

La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Las condenas a Mathov y Santos

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.

Fuente: Página/12

“No pudo haber Duarte sin Ortiz y viceversa, el tándem tenía que ser fiscal y juez. No había ninguna duda que estaban puestos ahí para asegurar impunidad”, sostuvo anteayer el fiscal general Miguel Palazzani en la continuidad de su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en la causa seguida al exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, imputados por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

En la jornada, que se extendió por más de seis horas, el representante del Ministerio Público Fiscal se centró en el análisis de los procesos de habeas corpus iniciados por familiares de las víctimas y sobre el rol del exjuez Duarte y su vínculo con el Ejército. El viernes 27 de septiembre se reanudará el juicio con la última parte de la exposición de la fiscalía, que culminará con el pedido de penas para los acusados.

El imputado Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Ambos llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también está imputado por el delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Habeas corpus

La audiencia de este miércoles 18 constituyó la continuidad de la acusación, que había iniciado en la jornada de debate del 26 de agosto pasado. La fiscalía avanzó sobre los últimos hechos que le faltaba evaluar y se centró en el análisis de distintos habeas corpus que presentaron los familiares de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, víctimas de los sucesos que se investigan.

“Este grupo de casos nos muestra la desesperación de los familiares, que no tenían respuesta, no eran citados y encima les cobran las costas del proceso”, valoró el fiscal. “Exigirle [el pago de] costas a una mamá, que ni siquiera citaste a declarar después de que presentó un habeas corpus por su hijo, es tener sensación de total impunidad”, agregó.

Asimismo, indicó que “no sólo no se tomaron medidas para ubicar a las víctimas, sino que el mensaje de todo esto era que se podía seguir haciendo lo que se estaba haciendo con total impunidad, con el aseguramiento de que no iba a haber investigación efectiva y que nadie estaba en riesgo”.

El rol del exjuez Duarte

Por otra parte, la fiscalía se centró en el rol de Duarte y en su vínculo con el Ejército. Palazzani indicó que durante el juicio el imputado se quiso “posicionar como alguien que desembarca en agosto de 1976 en el juzgado federal sin enterarse de nada, sin tener relación con nadie y comparándose con otros jueces que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron”.

“Obviamente no tenemos esa ingenuidad y candidez para creer esa versión, cuando estuvo 15 años en el Ejército siendo el asesor legal que dependía del comandante”, sostuvo.

“Es importante que entendamos que el vínculo de Duarte con el Ejército no es que se conservó espiritualmente como dice él, sino que hay un vínculo legal con deberes y derechos”, señaló.

Por otra parte, Palazzani aludió al cambio en el comportamiento procesal del exjuez a partir de 1982. En tal sentido, describió que, luego de que en años anteriores había sobreseído o rechazado los habeas corpus y las denuncias de los secuestros sin ordenar tareas investigativas, “Duarte intentó lavarse su imagen librando oficios”. Ese cambio, indicó el fiscal, se produjo “en el contexto de retirada de la dictadura militar y de avance del proceso de verdad, memoria y de justicia, que reclamaban los organismos de derechos humanos y los familiares”.

El fiscal destacó que, tras la restauración del Estado de derecho, los familiares pidieron la remoción de Duarte, con el envío de cartas documento al ministro de Justicia Carlos Alconada Aramburú a partir de enero de 1984. “Los acusamos de incumplimiento de los deberes propios de su cargo y como cómplices y encubridores de los delitos de secuestros y presuntos asesinatos de 15 ciudadanos detenidos en Neuquén por las Fuerzas Armadas en 1976 y que aún permanecen desaparecidos”, leyó Palazzani la misiva en la que también se denunciaba la actuación del fiscal Ortiz.

El fiscal se refirió por último al cese de Duarte como juez federal el 30 de septiembre de 1984. Al respecto indicó que “la ley 22.940 lo premió con una jubilación millonaria de absoluto privilegio” y que “esa jubilación era el premio por lo que había hecho”. “Lo cierto es que desde ese momento hasta hoy vienen cobrando una jubilación millonaria”, finalizó Palazzani.

Fuente: Fiscales