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Un Tribunal define si le abren el teléfono al fiscal que investigó al crimen organizado en Rosario

El fiscal Matías Edery está imputado por favorecer la impunidad de una informante en el caso Alvarado, lo que él niega. Dos fiscales piden acceder al contenido de su celular para ampliar la acusación. La defensa argumentará por qué no debe hacerse

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 Una muy dura pugna se dará este miércoles en la audiencia reservada donde se imputa de delitos al ex fiscal de Criminalidad Organizada de Rosario Matías Edery. Lo que se dirime en este caso es si un tribunal permite o no la apertura del celular ya secuestrado al funcionario. No es un asunto menor: el fiscal ahora investigado persiguió y en varios casos logró condenas contra líderes de Los Mono y del clan Alvarado y causas complejas que rozaron a encumbrados actores de la política de santa Fe

La acusación indica que acceder al teléfono del fiscal es indispensable para avanzar en la imputación penal por lo que pudiera contener de evidencia incriminante. La defensa esgrime que el celular fue secuestrado de manera ilegítima porque no hubo orden judicial y que no debe accederse a su contenido.

 

Se trata de un dilema que entraña asuntos muy diversos. Edery fue suspendido por la Legislatura de Santa Fe por cuatro meses por mantener un vínculo impropio con la informante Mariana Ortigala quien aportó datos en la causa contra el referente criminal Esteban Alvarado. Previamente dos fiscales habían acusado a Edery de garantizarle impunidad a Ortigala, actualmente imputada en delitos, al omitir investigarla.

 Edery fue suspendido por la Legislatura de Santa Fe por cuatro meses por mantener un vínculo impropio con la informante Mariana Ortigala quien aportó datos en la causa contra el referente criminal Esteban Alvarado. Previamente dos fiscales habían acusado a Edery de garantizarle impunidad a Ortigala, actualmente imputada en delitos, al omitir investigarla

Edery rechaza tal imputación que ahora formulan las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Illera. Para afirmar que no hubo ningún pacto de impunidad hacia Ortigala y que en realidad impulsó pesquisas en su contra presentó como testigos a seis fiscales que declararon en su favor en la Legislatura.

 

La audiencia que se realizará mañana comenzó el 5 de junio, se extendió durante siete horas y se reanuda tras un cuarto intermedio. Edery comparece en la audiencia junto a Carla Belmonte, empleada de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario, a quien también le secuestraron el celular. A pedido del defensor de ambos, el ex defensor regional de Rosario Gustavo Franceschetti, el trámite es reservado, sin presencia de público.

Matías Edery y Luis Schiappa Pietra

 

Entre 2018 y 2023 Edery tuvo un fuerte protagonismo por actuar en casos de resonancia nacional. Le tocó investigar y acusar en el caso donde fueron condenados miembros de la banda de Los Monos, en hechos como el atentado homicida al casino de Rosario o los ataques a domicilios de jueces. También en el trámite que le valió condena a perpetua por asociación ilícita y homicidio a Esteban Alvarado. Y en causas de gran sensibilidad política como la de corrupción institucional ligada al juego ilegal. Un trámite que implicó la renuncia del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal que espera juicio y el pedido de imputación del senador provincial (PJ) Armando Traferri.

 

En febrero pasado Urquiza e Illera imputaron a su colega Edery por delitos como encubrimiento, prevaricato, omisión de investigar e incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a la protección que le atribuyen hacia Ortigala. Luego la Legislatura suspendió a Edery y le impuso cuatro meses de sanción que vence en dos semanas sin goce de sueldo.

 

La fiscal Urquiza se excusó de hablar con LPO para no quebrantar la confidencialidad de lo solicitado por la defensa. No obstante es claro por trascendidos de todo este tiempo que las fiscales aducen que se requiere abrir los teléfonos de Edery y Belmonte porque allí pueden encontrar más evidencia de delitos que ya merecieron una imputación penal.

 

La negativa a que esto suceda fomentan una idea que no juega a favor de los acusados. ¿Por qué dos funcionarios públicos resisten la apertura voluntaria de sus teléfonos si no tuvieran nada que ocultar? ¿Acaso los jueces de cualquier caso no convalidan rutinariamente los pedidos de pericias sobre esos contenidos?

 

Lo que señalaron públicamente en varias ocasiones los acusados es que abrir teléfonos que no fueron secuestrados con órdenes de un juez, que es lo que pasó en los casos de Edery y Belmonte, habilitan una suspensión de garantías irrestricta donde los derechos de cualquiera pueden ser vulnerados si es por ejemplo en una dependencia pública.

 La defensa de Edery alega que en los celulares hay contenidos de personas que investigaron durante años a la delincuencia más agresiva que motorizó un fenómeno violento en extremo. Y que las personas que hayan tenido contacto con ellos quedarán expuestas.

Lo que alegan como más complicado es que en este caso se tratan de los contenidos de personas que investigaron durante años a la delincuencia más agresiva que motorizó un fenómeno violento en extremo. Y que las personas que hayan tenido contacto con ellos quedarán expuestas. Muchas de ellas son funcionarios nacionales, provinciales o municipales de los distintos poderes del Estado. La preservación estricta de todo lo que no se trate de evidencia incriminante para los casos investigados puede ser reservada. Los acusados invocan el caso llamado de espionaje contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain para indicar que no. La participación de querellantes como parte del proceso penal adversarial supone la obligación de compartir la evidencia con lo que la fiscalía no puede asegurarse restringir o parcializar los contenidos tras la apertura forense del hardware de los aparatos.

 

El dilema no es sencillo de desmontar. ¿Tiene este fiscal garantías especiales que la mayoría de los imputados en un caso penal no tienen cuando se pide ver qué contiene cualquier dispositivo?, es la gran pregunta de la acusación en este trámite. Les responden que la apertura de los teléfonos, si se difundieran contenidos más allá de la voluntad de preservación de la fiscalía, expondrá a personas que durante años vivieron con custodia por sus riesgos ya que hay en ellos detalles muy informales de cómo se construyó la persecución contra actores centrales de la violencia en Rosario, además de contactos con personalidades muy relevantes del mundo institucional. Los jueces Mariano Aliau, Alejandro Negroni y Hernán Postma escucharán desde las 9 en el Centro de Justicia Penal de Rosario para llegar a una respuesta.

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Una patrulla de gendarmes rescató a una familia de un incendio

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En el marco de patrullajes preventivos ante las condiciones climáticas adversas producto del “viento zonda”, hoy personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” se desplazaban por la Ruta Nacional N° 40, altura del kilómetro 3200 cuando constatan un foco ígneo en un inmueble.

Al aproximarse algunos lugareños indicaron que había personas dentro de la vivienda, ante lo cual rápidamente se procedió abrir el portón de acceso y se escucharon pedidos de auxilio procedentes del interior de la casa. Los funcionarios tomaron las medidas necesarias acordes a la situación a modo de resguardar la integridad de todos. Al observar que el frente del inmueble estaba consumido por las llamas, se dirigieron por la parte posterior y con la ayuda de vecinos utilizaron elementos circunstanciales logrando abrir una de las ventanas y evacuar a las cinco personas, dos de ellos menores de edad (12 y 16 años respectivamente). Tras rescatar a todos los habitantes de la casa, el servicio médico los trasladó para un control debido a las lesiones acaecidas por el fuego e inhalación de humo.

 

 

A los pocos minutos, llegaron los bomberos voluntarios y controlaron el incendio.

Interviene la Unidad Fiscal “Valle de Uco” y la Policía de la provincia.

Los gendarmes fueron asistidos por integrantes del Pelotón Sanidad y se encontraban en buenas condiciones.

 

 

Integrantes de la Patrulla de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” de Gendarmería Nacional:Sargento Primero Andrés Ignacio Markievich, Cabo Primero Germán Villalba (conductor), Cabo Juan Carlos Segundo y el Gendarme Lucas Benítez.

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Quedó detenido un exsecretario de Seguridad de la Alianza por su rol en la represión de diciembre de 2001

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Enrique Mathov, exfuncionario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, se entregó este jueves en la justicia luego de que el Tribunal Oral Federal N°6 ordenara su detención y la del exjefe policial de la Alianza, Rubén Santos. Ambos fueron condenados por la represión de diciembre de 2001 que marcó el final del gobierno de la Alianza.

Los jueces dejaron firmes las condenas de cuatro años y tres meses para Mathov, y de tres años y seis meses para Santos.

Mathov ya había sido notificado de la disposición judicial en su contra y durante la mañana de este jueves se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Pidió cumplir con un régimen de prisión domiciliaria debido a su edad (76 años). Santos había recibido autorización para viajar al exterior y, de acuerdo con el fallo, tiene 72 horas de plazo para asistir a sede judicial y que se haga efectiva la pena.

“En atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquella ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, dice la resolución que lleva la firma de la jueza Adriana Palliotti.

La policía dispara contra manifestantes en diciembre de 2001. (Foto: Télam)
La policía dispara contra manifestantes en diciembre de 2001. (Foto: Télam)

Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028, mientras que Santos lo hará el 28 de septiembre de 2027, en los términos de la resolución.

Mathov y Santos fueron condenados por tres homicidios culposos: Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón murieron debido al accionar de la Policía el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Tanto el exfuncionario como el jefe de la Federal fueron considerados responsables además de 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la del exministro del Interior y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.

El 20 de diciembre, Mathov dio la orden a Santos de despejar la Plaza de Mayo, poblada de manifestantes que reclamaban la renuncia de De la Rúa. La noche anterior, la Policía había reprimido la marcha frente a la Casa Rosada tras una jornada de saqueos y violencia en todo el país. El expresidente fue investigado y posteriormente sobreseído por lo ocurrido en aquellos dos días.

Hubo 9000 comercios saqueados en todo el país y 39 muertos como consecuencia del estallido. El primero de los hombres fuertes del Gobierno en anunciar su salida fue Domingo Cavallo, ministro de Economía que había ideado el “corralito”. Con el correr de las horas se fue sumando el resto de los integrantes del gabinete.

Mathov y Santos fueron condenados en 2016 junto a otros responsables de la represión. En 2021, la sentencia fue ratificada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal y los acusados apelaron ante la Corte Suprema.

En las últimas horas, el máximo tribunal declaró “inadmisible” las presentaciones y, de esta manera, las condenas quedaron firmes. También hubo penas para los jefes policiales Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero: los dos ya murieron.

Manifestantes corren sobre Avenida de Mayo cubierta de piedras. (Foto: archivo Clarín)
Manifestantes corren sobre Avenida de Mayo cubierta de piedras. (Foto: archivo Clarín)

Por la misma causa, al exagente Carlos José López le correspondieron seis años de prisión, a Roberto Emilio Juárez cuatro años y medio, a Jorge Daniel Toma y a Carlos Alberto Loforte los sobreseyeron por prescripción; Víctor Manuel Belloni fue condenado a tres años de cárcel y a Ariel Gonzalo Firpo Castro le dieron tres años en prisión en suspenso.

Los exagentes Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, y Norberto Pablo Sabbino fueron absueltos.

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El sector del PJ que apoya a Kicillof busca marcarle la cancha a Máximo Kirchner en la previa a su acto

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La interna del Partido Justicialista (PJbonaerense sumó este jueves un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los dirigentes más cercanos a Axel Kicillof, quien salió a marcarle la cancha a Máximo Kirchner en la previa al acto de La Plata.

Consultado en una entrevista con Radio 10 acerca de los sectores del peronismo provincial que llaman a “armar de nuevo” el espacio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense hizo un llamado a la “colaborar” con el gobernador.

“Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y respaldar a un gobernador que desde el primer minuto no dudó en posicionarse contra el gobierno de (Javier) Milei. En este contexto no hay otra cosa que hacer que bancar a Axel”, planteó Larroque.

El exlíder de La Cámpora señaló que Kicillof “necesita a todos” porque “una persona sola no puede resolver el drama de la Argentina”. Por eso, aseguró, “la construcción hoy pasa por el respaldo a Axel y, en términos políticos, por organizarse en función de esta gestión”.

Las declaraciones de Larroque se producen en la previa de un acto programado para este viernes en el que Máximo Kirchner, en su rol de titular del PJ provincial, se presentará frente a la militancia en el club platense de Atenas.

No es la primera vez que Larroque, quien fue durante años uno de los principales referentes camporistas pero luego se alejó para formar la agrupación La Patria es el Otro, intenta marcarle la cancha al hijo de CFK. Un tiempo atrás lo acusó, sin nombrarlo, de no haber acompañado a Kicillof en la campaña 2023. “¿Te quedaste la lista y tampoco repartís afiches? Dejate de joder”, disparó en ese momento.

“Armar de nuevo”: Máximo Kirchner encabeza un acto en La Plata con la mira puesta en las elecciones del PJ

El acto de Máximo Kirchner en La Plata, promocionado por Wado de Pedro en su cuenta de X.
El acto de Máximo Kirchner en La Plata, promocionado por Wado de Pedro en su cuenta de X.

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezará este viernes un acto en la ciudad de La Plata, donde se esperan definiciones acerca del futuro del peronismo rumbo a las elecciones partidarias del 17 de noviembre.

El titular del PJ provincial se presentará desde las 17 en un encuentro frente a la militancia camporista bajo el lema “Armar de nuevo. Kirchner en Atenas”, que puede leerse como un intento de continuar el legado de sus padres.

El legislador disertará en el club platense de Atenas cuando faltan 60 días para que se lleven a cabo las elecciones del PJ nacional, una compulsa que hasta el momento tiene como único candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En tanto, el fundador de La Cámpora se encuentra en tiempo de descuento para llamar a renovación de autoridades partidarias en territorio bonaerense, ya que así lo había estipulado el propio PJ bonaerense en mayo pasado. Según se había acordado en esa oportunidad, las elecciones del peronismo de Buenos Aires se llevarían a cabo al mismo tiempo que las internas nacionales.

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