La ruta del dinero del Polo Obrero: la Justicia encara una etapa clave y define si procesa a Eduardo Belliboni
El juez federal Sebastián Casanello podría resolver esta semana la situación procesal del líder del PO, acusado de defraudar en millones al Estado. También están involucrados otros dirigentes por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La causa que investiga a dirigentes del Polo Obrero por supuesta defraudación millonaria al Estado Nacional entra en una etapa clave: se espera que la próxima semana el juez federal Sebastián Casanello defina si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para el líder de la organización Eduardo Belliboni.
En el expediente que fue instruido por el fiscal federal Gerardo Pollicita se investiga si parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo se desviaron hacia un conjunto de empresas que hacían facturas truchas o en otros casos enviaban parte del dinero a una imprenta, vinculada a la organización de Belliboni para terminar financiando la campaña del Partido Obrero.
En concreto, el juez Casanello detectó que al menos $40 millones se desviaron a una serie de empresas en la mira. Estas son la imprenta Rumbos; Coxtex; RicoPrint; UrbanGraphics; Carlos Monfrini y Miniso Trade.
“La caja negra del Polo Obrero”: la Justicia define si procesa a Eduardo Belliboni
La Justicia entiende que no todas las firmas cumplían el mismo rol: cree que Rumbos, Coxtex y Miniso Trade se usaron para hacer facturas truchas, es decir, el Polo Obrero presentaba esos comprobantes ante el exMinisterio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo, aseguraba haber comprado elementos de trabajo para los beneficiarios que en rigor nunca se adquirieron, y luego le daba otro destino al dinero.
Coxtex, es, además, una empresa catalogada como trucha por la AFIP, es decir, que se creó con el único objetivo de hacer facturas apócrifas. Fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, que no son más que prestanombres. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado por el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación. El Polo Obrero dice haberle comprado a Coxtex computadoras y software. En el caso de Miniso Trade, a la que también se le adquirieron supuestas notebooks, la empresa no tiene domicilio social ni historial en el mundo de la computación. Está vinculada a unos ciudadanos chinos.
En el caso de RicoPrint, UrbanGraphics y Carlos Monfrini los investigadores entienden que se usaron para efectivamente contratar los servicios pero luego de enviar el dinero se les pedía que una parte se redireccione a la imprenta Rumbos, que tiene sede en el Partido Obrero y fue fundada por dos históricos dirigentes del espacio. Esa maniobra se hacía a través de cheques que TN mostró por primera vez. Con esa plata luego se hicieron aportes electorales por $18 millones al partido en cuestión. Una especie de circuito de financiamiento con el dinero estatal.
El cheque investigado por la Justicia que compromete a Belliboni. Foto: TN.
A modo de ejemplo, Urban Graphics emitió un cheque en favor de la imprenta Rumbos por $1.800.000. Rico Print hizo lo propio por otros $269 mil. La premisa de la Justicia es que se usó el dinero del Estado para financiar al Partido Obrero.
En el caso también se investiga extorsiones a beneficiarios del programa. En este tramo de la investigación que desarrolló Pollicita, se detectaron maniobras a través de las que se les pedía un porcentaje del plan a los titulares del programa; se les cobraba los bolsones de comida que repartía el Estado nacional y hasta se implementaba un sistema de multas para quienes no concurran a las marchas. Los que no iban, debían justificar su ausencia.
La investigación recae sobre referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.Ante la Justicia los propios beneficarios aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas. Están en la mira el accionar de 27 personas en los comedores La Carbonilla; Mariano Ferreyra y Rivadavia I.
Los chats aportados por los beneficiarios que forman parte del caso. Foto: TN.
En otro tramo del expediente, el fiscal concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones”, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha” de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.
Entre los acusados figuran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
Con las pruebas que recabó la Justicia, el futuro judicial inmediato no parecería ser el mejor para Belliboni.
Se trata del juez de Niñez, Adolescencia y Familia 3, Juan Pablo Lubary. Fue en el marco del caso de G.K.C., la abogada de la Defensoría General que fue internada en el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando en contra de su voluntad en un aparatoso operativo policial. A través de una exótica resolución, Lubary recomendó al abogado de la mujer que denuncie por daños y perjuicios a un grupo de personas, entre ellas el codirector de esta revista, Bruno Martínez, por presuntamente inmiscuirse en su intimidad. El ataque en tándem de los medios ultraoficialista contra LITIGIO y el peligro de escupir para arriba.
A través de una exótica resolución, en la cual elaboró un curioso entramado con el único fin de intentar violar el derecho constitucional que tiene el periodismo de mantener en secreto sus fuentes de información, el juez Juan Pablo Lubary, titular del juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 3 de Resistencia, recomendó al abogado de una usuaria del servicio de salud mental que denuncie por daños y perjuicios a un grupo de personas, entre ellas el codirector de esta revista, Bruno Martínez, por presuntamente inmiscuirse en su intimidad. Nada dijo de evitar mostrar su rostro y mencionar su nombre, algo que esta revista nunca hizo, al contrario del resto de medios locales y nacionales que cubrieron el caso conocido como “G.K.C.”. Los medios de prensa ultraoficialistas locales, que aprovecharon la resolución judicial para montar un ataque sincronizado contra este medio, no saben que, más allá de su encono personal con el mensajero, lo único que hacen es escupir para arriba.
Se llama “control de legalidad” al proceso judicial que se realiza inmediatamente después de una internación involuntaria. Esto se dio en el caso de G.K.C., una abogada que se desempeña en la Defensoría General de la Provincia, que fue internada en el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando contra su voluntad el 7 de octubre pasado, tras un operativo realizado en su casa del Barrio Provincias Unidas, que incluyó una gran presencia policial, el ingreso por la fuerza a su domicilio por parte del Comando de Operaciones Especiales y una gran cobertura mediática que se transformó un hecho de la vida privada en un acontecimiento de interés público, de trascendencia provincial y nacional. Esta internación fue la tercera en tres años.
La magistrada natural para realizar dicho control de legalidad era la jueza de Familia 4, Vilma Almirón. Sin embargo, los abogados de la paciente la recusaron por presuntamente tener una relación de amistad con la Defensora General, Alicia Alcalá, presentada como “la villana de la película” por ser quien activó el protocolo de salud mental, supuestamente como venganza por una presunta denuncia de G.K.C., que nunca se conoció públicamente.
Ahí es cuando hace su ingreso Juan Pablo Lubary. ¿Qué hizo el juez? No resolvió la legalidad de la internación, y sólo se limitó a señalar que el caso resultaba “abstracto” porque la abogada ya había sido externada. Esta decisión la tomó desoyendo el informe de Natalia Centurión, coordinadora a cargo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia del Fuero Civil, en el cual se concluyó que G.K.C. fue internada de forma involuntaria debido a una “descompensación del cuadro psicopatológico” que padece. Es decir, que su internación era necesaria.
LITIGIO no sólo informó sobre la decisión del juez de declarar abstracto el caso -utilizado en ocasiones por los magistrados cuando quieren evitar jugarse en algún tema en particular-, sino que además mostró la incongruencia de sus criterios: en un hecho similar, y con un día de diferencia, convalidó la internación involuntaria de una mujer que intentó suicidarse (quien para ese momento ya estaba externada) por resultar “necesaria para la preservación de su vida y su salud”.
La decisión del magistrado, extrañamente, no fue apelada por los abogados de G.K.C. a quienes evidentemente no les importó el hecho de conocer si su clienta fue bien o mal internada. Fue el Órgano de Revisión de Salud Mental del Chaco quien apeló la sentencia buscando una resolución clara sobre el caso, el cual deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
El Órgano de Revisión de Salud Mental del Chaco, vale aclarar, es una entidad creada para proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Y tiene entre sus funciones evaluar la pertinencia de las internaciones involuntarias, asegurando que no se prolonguen más allá del tiempo mínimo necesario, y denunciar irregularidades si las hubiera.
Al ser una medida autosatisfactiva, la intervención de Lubary en el caso concluyó en ese acto. Sin embargo, uno de los abogados de G.K.C., Alejandro Laregina, no quiso dar el brazo a torcer y decidió presentar un nuevo escrito al juez.
No para determinar la legalidad de la internación de su clienta, sino para denunciar una suerte de contubernio entre quien escribe (codirector de esta revista); la jueza de Familia, Vilma Almirón; la Defensora General, Alicia Alcalá y el abogado penalista, Paulo Pereyra, para difundir mediante un artículo periodístico publicado en LITIGIO “información privada, vulnerando el derecho a la intimidad” de su clienta. Ante eso pedía la adopción de medidas de protección de datos sensibles.
Un chat como prueba
En su presentación, Laregina hizo un confuso relato donde intenta atar cabos sueltos para determinar la connivencia entre los involucrados. Entre otras cuestiones, comentó que en la cuenta oficial de Instagram de la Defensoría General se compartió el link de la nota cuestionada y que además este cronista “intentó acceder a información reservada”. ¿Qué toma como prueba de este “intento de acceso”? Una captura de pantalla de una conversación privada entre él y quien escribe estas líneas, donde básicamente se le consulta sobre la supuesta denuncia que hizo G.K.C, la cual le habría valido la decisión de internarla.
Para aquellos que tienen su domicilio en el planeta Marte y desconocen cómo funciona la labor periodística, vale esta aclaración: este tipo de charlas, donde se habla con fuentes para sumar datos que luego son procesados y escritos en una nota periodística, es habitual en el trabajo de la prensa, una labor cotidiana que forma parte del oficio.
La resolución de Lubary no da detalles de la conversación en sí, pero, ya que el abogado aportó la misma al expediente, queda habilitado este medio para darla a conocer. La polémica e intrusiva charla vía WhatsApp, que fue usada como prueba, fue la siguiente:
Bruno Martínez: buen día, doctor. Cómo le va.
Bruno Martínez: mi nombre es Bruno Martínez, periodista de Revista LITIGIO.COM.AR
Bruno Martínez: escuché en reiteradas ocasiones que G.K.C. hizo una serie de denuncias y que por eso la internaron.
Bruno Martínez: ¿Me podría pasar copia de las denuncias que realizó?
Abogado LAREGINA: Buenas. No dispongo de las mismas. Solo intervine en el control de legalidad.
Bruno Martínez: ah, entiendo. Si puede conseguírmelas, le agradecería. Muchas gracias.
Abogado LAREGINA: Le consulto. ¿De dónde obtuvo la información tan detallada del expediente de control de legalidad del juzgado de familia?
Bruno Martínez: Artículo 43 de la Constitución Nacional, doctor.
Bruno Martínez: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”
Bruno Martínez: abrazo
Abogado LAREGINA: Preguntaba nomas. Nadie intenta afectar. Pero gracias igualmente.
En lugar de resolver que el caso ya no era de su competencia, que la vía para hacerlo no era la adecuada y que tampoco podía expedirse porque se menciona a un abogado con quien él mantiene un litigio administrativo (por lo que debería inhibirse), decidió hacer lugar al planteo y resolvió una serie de cuestiones.
En primer término, envió una copia de las actuaciones a la fiscalía penal de Investigación 3 para determinar “la posible comisión de delitos” por parte de los involucrados.
En segundo lugar, ordenó prohibir la divulgación “de cualquier información médica, historia clínica, diagnóstico o datos sensibles del estado de salud de la paciente, fuera de las autorizaciones judiciales, bajo apercibimiento de sanciones conforme al artículo 804 del Código Civil y Comercial”.
En tercer lugar, instó a todos los funcionarios “y especialmente al Ministerio Público de la Defensa a observar estrictamente el carácter reservado de las actuaciones y a abstenerse de difundir o publicar artículos con información sensible de la señora G.K.C. en redes sociales”.
En el cuarto punto, Lubary directamente asesora a los abogados de la paciente para que inicien acciones judiciales contra los mencionados e incluso detalla en dónde hacerlas. “Hacer saber a los letrados que la doctora G.K.C. podrá iniciar acciones civiles por daños y perjuicios y/o cualquier otra que considere pertinente por la vulneración de su intimidad. Las denuncias de conductas irregulares de magistrados o funcionarios judiciales podrán ser remitidas a la Fiscalía o al Consejo de la Magistratura”.
Sobre la intimidad
Desde que se inició el el caso G.K.C, LITIGIO fue el único medio que se preocupó en resguardar la intimidad de la paciente. En base a su condición, se decidió que nunca se publicaría el nombre completo y que todas las imágenes en donde ella apareciera debían ser con el rostro cubierto para que no sea reconocida.
Esta actitud difiere completamente de lo hecho por el resto de los medios, quienes hasta el día de hoy muestran su cara, su casa y la mencionan con nombre y apellido, sabiendo que es una usuaria de salud mental, situaciones que requieren especial cuidado en el tratamiento periodístico. Aunque parezca algo obvio, para Laregina y Lubary esto no forma del “derecho a la intimidad” que hay que proteger.
Así las cosas, la pregunta aquí es la siguiente: ¿De qué manera la publicación de esta revista, donde se detalla cómo fue el proceso que derivó en la internación involuntaria de G.K.C. podría haber afectado la intimidad de la paciente y no el resto de los medios que la expusieron hasta el hartazgo? La incongruencia es evidente.
Está claro que la nota en cuestión fue esclarecedora y ayudó a desmontar una operación política que buscaba socavar la imagen de la Defensora General. La información confusa, extremadamente adjetivada, tendenciosa y amarillista que circulaba sobre el caso, fogoneada principalmente desde Diario Norte, era funcional a las intenciones del gobierno de intentar desplazar a Alcalá y poner a alguien afín. (Esto fue explicado también en detalle en la publicación atacada).
Salvando esta cuestión, el momento resulta oportuna para hablar entre la colisión de dos derechos: a la información y a la intimidad. Si bien G.K.C. no es una persona conocida, lo que le daría un plus en la protección de sus datos íntimos (en este caso, su psicopatología) su caso se tornó público, no porque esta revista lo haya publicado primero (de hecho, fue el último medio en hacerlo), sino porque hubo una cobertura en vivo del operativo policial por parte de otros medios colegas en donde se veía cómo la sacaban de su casa y se la llevaban en ambulancia al hospital. Internaciones involuntarias se dan de manera muy habitual, de manera muy reservada, pero a esto lo vieron miles de personas por la difusión mediática.
A esto, se le sumó una serie de declaraciones de funcionarios públicos que fueron consultados por la prensa sobre el caso, entre ellos, el ministro de Salud provincial, el Jefe de la Policía del Chaco, el subsecretario de Derechos Humanos y varios diputados. Algunos hablaron de pedir informes porque no estaba claro qué ocurrió (informes que nunca recibieron o que recibieron y nunca dieron a conocer). Y otros, como el diputado oficialista, Samuel Vargas, pidió directamente que se le inicie juicio político a la Defensora General.
Miguel Ekmekdjian, en su libro “Derecho a la información: reforma constitucional y libertad de expresión. Nuevos aspectos” (Depalma, 1996), refuerza esta idea al recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que se puede justificar la intromisión a la intimidad, “siempre que exista un interés superior que lo justifique”. En el caso de G.K.C., el interés superior es el derecho a ser informado, informar y a emitir opinión sobre aspectos de interés general.
También es importante destacar lo que dicen los manuales de cobertura periodística respetuosa de los derechos de las personas usuarias del servicio de Salud Mental. En la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Salud Mental, realizada por la Defensoría del Público, se establece que es necesario “evitar la difusión de imágenes que impliquen una invasión de la privacidad o una vulneración del derecho a la preservación de la identidad de las personas con padecimiento mental (primerísimos primeros planos, imágenes de la vivienda con la exhibición de sus datos de localización)”.
En cuanto al uso de las fuentes, remarca que los dichos de terceros (como vecinos y testigos, algo que se dio mucho en el caso G.K.C.), “en tanto personas ajenas a la vivencia directa y/o al campo de la salud mental, pueden propiciar y difundir, más allá de la buena intencionalidad, observaciones inexactas que pueden generar confusiones y abonar el refuerzo de la estigmatización”.
También recomienda describir los hechos directamente observables y las circunstancias contextuales de cada caso sin trazar y/o anclar en conjeturas personales carentes de rigurosidad. Invita a los medios a complementar la descripción de los casos con la difusión de información socialmente relevante: presentación de análisis y distinción de patologías que estén sustentados en informaciones científicas, datos sobre centros de asistencia, signos que requieren atención y modalidades de procedimiento ante los mismos.
Por su parte, el manual “Comunicación responsable: recomendaciones para el tratamiento de temas de Salud Mental en los medios”, elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación (2013), estableció un cuadro guía con los “sí” y los “no” en coberturas periodísticas:
SÍ, referirse a una persona diagnosticada con un trastorno mental específico como: persona con diagnóstico de esquizofrenia, depresión, etc.
Sí, mencionar los problemas de salud mental en el titular de una noticia solamente cuando es imprescindible para entenderla correctamente.
Sí, mencionar los problemas de salud mental en el cuerpo de la noticia solamente cuando sea necesario para entender correctamente el hecho.
No, mencionar los problemas de salud mental si éstos no son relevantes para la correcta comprensión del hecho noticioso.
No, recurrir a titulares alarmantes o morbosos que incluyen el tema de salud mental de manera gratuita para captar la atención del público.
Ataque en tándem, escupir para arriba
Los medios que salieron en los últimos días en tándem a atacar a LITIGIO y a este cronista (principalmente NG Federal y Diario Norte) no saben que su encono personal les hace perder de vista que están escupiendo para arriba. La medida de Lubary no es contra un medio de comunicación o un periodista sino en contra de la labor periodística en general. De ahí que sea un antecedente tan peligroso.
El ataque en tándem de los medios oficialistas contra LITIGIO y su codirector.
Sin ir muy lejos en tiempo y espacio, existe un caso paradigmático para dar una idea de esto. En abril de 2021, el periodista de policiales de diario Norte, Hugo Peralta, publicó la filtración de una pericia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a través de la cual se confirmó que los huesos que se creían eran de Maira Benítez, la joven asesinada y desaparecida en 2016 en Villa Ángela, no eran de ella y ni siquiera eran de una mujer. Esta revelación, que fue un escándalo judicial en su momento, se hizo incluso antes de que lo supieran sus familiares. La madre de Maira se enteró por Norte.
Con la doctrina Lubary, Peralta y el diario en el que trabaja deberían ser denunciados civil y penalmente por publicar datos sensibles filtrados de un expediente judicial al que tuvieron acceso “irregular”, en palabras del propio juez. Y no sólo ellos, también las fuentes que le proveyeron de dicha información.
¿En qué clase de país democrático alguien podría hacer periodismo en esas condiciones? ¿Qué fuente brindaría información a los periodistas si están con miedo de que un juez perdido vaya tras él? Justamente de allí radica lo valioso que resulta el derecho constitucional que tiene el periodismo de blindar a sus fuentes de información.
El secreto de las fuentes periodísticas fue incorporado en la Constitución Nacional durante la reforma de 1994. La finalidad de incluir esta protección en la Constitución es asegurar la libertad de prensa y el derecho a la información. Al proteger el anonimato de las fuentes, se fomenta un periodismo más libre y valiente, permitiendo que los periodistas puedan investigar y publicar información de interés público sin temor a represalias. Esto es esencial para una democracia saludable, ya que garantiza que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y relevante, y que los periodistas puedan desempeñar su labor sin interferencias indebidas.
“La información no es un privilegio de los periodistas sino un derecho de los pueblos y la mejor contribución al afianzamiento de una cultura democrática reside en decir la verdad de los hechos”, escribió en plena década menemista, el periodista Horacio Verbitsky. Es un buen recordatorio para saber de qué se trata todo esto.
Karina Milei y Martín Menem salieron de gira por las provincias del Litoral con el objetivo de persuadir a los gobernadores de la importancia de impedir que la oposición logre su objetivo en la sesión convocada por los bloques de Miguel Pichetto y Facundo Manes para voltear el DNU 846, que rediseña facilidades para el canje de deuda, y la ley que modifica el reglamento de los decretos.
Con la excusa de visitar este fin de semana a referentes de La Libertad Avanza en Corrientes, Chaco y Formosa, la hermana del Presidente y el titular de la Cámara Baja se agendaron reuniones con Gustavo Valdés, Leandro Zdero y el diputado libertario Gerardo González, cercano al jefe de gabinete de Gildo Insfrán, Antonio «Pomelo» Ferreira.
Fuentes del Congreso dijeron a LPO que Karina le pidió al riojano que trabajara en «la búsqueda de definiciones del Anexo» del proyecto del Presupuesto 2025. Como informó LPO, esa parte de la ley de leyes enumera al detalle las obras públicas, ítem que el gobierno barrió, y los mandatarios provinciales, con Rogelio Frigerio a la cabeza, le hicieron llegar la demanda a Javier Milei. El entrerriano, incluso, expuso ese punto ante Mauricio Macri y la Mesa Ejecutiva del PRO, y generó una dura respuesta del ingeniero: «si no incluyen esos puntos, no votamos», dijo.
El clima que se vivió en los últimos días en el primer piso de la Cámara de Diputados transmitía tensión pero los puentes entre los bloques no se habrían detonado, pese a las presiones del oficialismo sobre el pichettismo y la interpelación a los gobernadores. Este jueves LPO publicó que el malestar indujo al entorno de Menem a recurrir a una lista de difusión por WhatsApp para plantear que «los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del gobierno».
El reproche era contra la sesión que empujaba el pichettismo y la escisión del bloque radical que lidera Pablo Juliano, jugada a la que se subirían el peronismo, la izquierda y tal vez los provinciales y la Coalición Cívica. «Cada gobernador negocia a qué obras (del total que prometió el gobierno anterior sin plata) se le asigna presupuesto», señalaron cerca del riojano, y amenazaron: «esta convocatoria atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo».
El mensaje no sólo zamarreaba a la oposición sino que blanqueaba la negociación con los gobernadores.
Sin ir más lejos, este viernes se congregaron en Santiago del Estero los representantes de las provincias del Norte Grande, desde el anfitrión Gerardo Zamora y el peronista Insfrán hasta el jujeño Carlos Sadir y el riojano Ricardo Quintela, pasando por Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Valdés, Zdero y el vicegobernador salteño, Antonio Oscar Marocco. El dato saliente es que acudieron a la cita el presidente del BID, James Scriven, la representante de esa entidad para Argentina, Viviana Hart, y el flamante canciller, Gerardo Werthein. Los caudillos provinciales se frotan las manos ante la chance de que el gobierno consiga un acuerdo con el organismo de crédito para el último tramo del gasoducto.
Un legislador del Litoral admitió ante LPO que las charlas con la Casa Rosada incluyen, además de la obra pública, el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la reinstauración de los subsidios al transporte.
Por lo demás, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, reforzó este viernes el anuncio del Régimen de Reparación Federal, contemplado en un decreto presidencial publicado el 1º de noviembre para la compensación de deudas mutuas entre la Nación y las provincias.
En ese contexto, tanto un diputado de Encuentro Federal como un vicegobernador aseguraron a LPO que «el presupuesto va a salir». Aun cuando Milei podría beneficiarse con la prórroga de la hoja de ruta estipulada en 2023 y revalidada para el 2024 para tener mayor discrecionalidad con los recursos en un año electoral, el peronismo y los aliados que empiezan a alejarse de los libertarios lograron sitiar políticamente al gobierno. Para salir de ese encierro, el oficialismo trabaja en la incorporación de las modificaciones que exigen los gobernadores.
Al trueque podría sumarse el pliego de Ariel Lijo. Si bien la reunión de bloque de los senadores de UP encontró a José Mayans repitiendo que nadie se comunicó con él y un miembro de la bancada reiteró que hay 8 votos sobre 33 a favor del juez federal, desde el entorno de un gobernador aseguraron a LPO que «se está trabajando para que Lijo salga por los votos y se evite la designación por decreto».
El Canciller viajó a Santiago del Estero a un encuentro al que concurrieron directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y más de 450 empresarios
El canciller argentino Gerardo Werthein se reunió este mediodía con los gobernadores de las provincias agrupadas en el bloque del Norte Grande y con los principales directivos del BID Invest, que como parte del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se enfocan en proporcionar soluciones financieras innovadoras para el sector privado en América Latina y el Caribe. El objetivo, que se planteó ante un auditorio repleto que colmaron unos 450 empresarios, es el de fomentar las inversiones en el noreste y el noroeste de la Argentina.
La reunión se hizo en el Centro de Convenciones Fórum de la capital santiagueña. Comenzó con los mandatarios provinciales y una vez que ya había comenzado se sumó el flamante ministro de Relaciones Exteriores, quien un rato antes había participado de la reunión del Gabinete Nacional que se hizo en Casa Rosada esta mañana. Werthein fue quien, siendo aún embajador en Estados Unidos, ofició de nexo con los gobernadores para que las autoridades del BID concurran a este evento.
Werthein recordó su recorrido como representante argentino en Washington, donde el mandatario que ofició de anfitrión, Gerardo Zamora, le había planteado la necesidad de reunirse con el BID. Luego expresó que desde un principio, desde su rol en el exterior, ya había dejado en claro que “iba a trabajar con una visión muy federal, porque los recursos están en manos de las provincias”. Y agregó: “Haremos todos los esfuerzos para que puedan crecer, gestionar, porque ese será el camino que nos llevará al éxito. Hemos visto algunas inversiones como las de Río Tinto, que invirtió 7.000 millones de dólares (NdR: se refiere a la minera anglo-australiana que acaba de profundizar su accionar en San Juan) y vendrán más”.
Pidió trabajar en conjunto con los gobernadores. “Si buscamos la mejor manera de que nuestros inversores se sientan protegidos, gracias a los beneficios de RIGI -el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que implementó la gestión de Javier Milei- conseguiremos que la Argentina capte interés, y vamos a posicionarnos para comenzar a atraer inversiones”, aseguró en la conferencia de prensa al final del encuentro, que arrancó con más de una hora de demora. “Hay mucho interés en cobre y litio”, admitió después ante periodistas locales.
El evento fue en Santiago del Estero
“Desde la Cancillería tenemos esa misma misión, de extenderla a todo el país. Por eso hice este primer viaje al Norte. Nos unen las ideas. Juntos tenemos que trabajar por un país mucho más grande, mirar como Estados Unidos llegó a ser uno de los países que más exportan. Es clave que crezcamos y que podamos exportar mucho más. Cuenten con nuestra colaboración. Una de las ideas que tengo es parte del personal diplomático pueda trabajar en las provincias o regiones con ustedes”, agregó.
“Sientan a la Cancillería como su casa, como la agencia para exportar mas. De esa manera vamos a terminar con la pobreza”, culminó Werthein, quien el último lunes juró en la Rosada como nuevo canciller en reemplazo de Diana Mondino.
Estuvieron presentes los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y el vicegobernador de Salta, Antonio Oscar Marocco.
Zamora, por su parte, destacó que había sido una jornada muy productiva con “una reunión que se extendió por más de 3 horas y media”, agradeció la presencia de Werthein y del BID y se esperanzó con que “lleguen los créditos para el sector privado”. También recalcó el buen poder de convocatoria ya que “453 empresarios de la región se acreditaron para estar aquí” y dijo que todos los gobernadores, junto a sus ministros y legisladores, trabajan “para levantar al país”.
Gerardo Werthein
A su turno, Scriven agradeció la invitación y aseveró que consideraba al BID como un “banco amigo de la Argentina”. Después sostuvo: “Este es un mundo de oportunidades, me llevo varias tareas y reflexiones”. Reconoció que tienen que “volver con una propuesta clara y diferenciada, porque cada provincia tiene sus propias características” y también que “hay un trabajo para hacer con sectores de Pymes, sectores de la agroindustria, del turismo”, por ejemplo. Pidió avanzar con la constitución de “fondos en pesos” y contó que recibió “ideas de infraestructura y de incrementar las cadenas de valor en el sector minero”.
Desde la presidencia pro témpore del Norte Grande, se destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la cooperación en temas ambientales, especialmente en la conservación del Gran Chaco Americano. Este tipo de iniciativas busca acelerar la implementación de proyectos conjuntos que beneficien a la región.
“Nuestro objetivo es atraer y asegurar inversiones para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector privado en nuestras provincias”, sostuvo el tucumano Jaldo en sus redes sociales.
