Politica
El secretario del fiscal que cayó en la megacausa del juego clandestino ahora está preso por estafas con automóviles
Nelson Ugolini está preso desde el miércoles. En 2020 pasaba mensajes de la Fiscalía de Rosario a delincuentes.
El actor central de una trama de corrupción institucional en Santa Fe que estremeció a Rosario en 2020, aún pendiente de juicio, cayó en la madeja de un delito de estafas. Se llama Nelson Ugolini y por un mensaje salido de un teléfono que utilizaba entonces se supo que dentro de la Fiscalía Regional de Rosario había un grupo de funcionarios jerárquicos que a cambio de sobornos daban protección a un capitalista de juego clandestino. Quien, a la vez, desviaba sus ganancias a la política.
Ugolini fue detenido este miércoles entre un grupo de personas investigadas por estafar a clientes de una agencia cooperativa de automotores en el macrocentro de Rosario. Es un personaje de cualidades singulares, con inclinaciones esotéricas y problemas previos con la ley, que quedó en el centro de una constelación entre políticos y fiscales señalados por amparar al ya condenado capitalista de juego Leonardo Peiti a cambio de coimas. Tiene un pedido de cinco años de prisión acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados más cohecho.
Hace cuatro años dos fiscales investigaban a un delincuente vinculado a Los Monos llamado Maximiliano «Cachete» Díaz, al que se lo tenía como organizador de un atentado a tiros al Casino de Rosario, incidente en el que murió un apostador. En el teléfono de Cachete quedó en evidencia que alguien desde el interior de la Fiscalía Regional de Rosario le pasaba datos sobre dos sospechosos que habían caído por el ataque al Casino.
El hecho de que había un soplón en la propia Fiscalía extremó la pesquisa que descubrió algo poco imaginable. El que hacía de puente con Díaz era el capitalista Leo Peiti. Era este quien tenía los contactos para recibir información reservada de las fiscalías. Nunca pensaron que el enlace interno llegaba a lo más alto. Los que tenían un acuerdo económico con Peiti eran el fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado, y el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien en agosto de 2020 renunció a su cargo antes de ser destituido y espera juicio oral y público por corrupción. Ugolini era quien le filtraba los datos al empresario de juego en nombre de los fiscales.
En aquellas audiencias judiciales de diciembre de 2020 fue notorio que en torno de los casi 200 casinos ilegales que manejaba el empresario Leonardo Peiti se aludía por sus nombres a referentes de la política santafesina para garantizar el funcionamiento del negocio. Los organizadores del esquema ilícito según los fiscales eran tres: Peiti, el ex fiscal regional Patricio Serjal y el senador por San Lorenzo Armando Traferri. Por este motivo pidieron el desafuero del legislador para poder imputarlo supuestamente por recibir dinero para campañas políticas. Sus pares del Senado bloquearon la solicitud. Se desató una disputa jurídica para llevarlo ante un juez que está en el máximo tribunal nacional. La Corte Suprema de Santa Fe validó que Traferri no debía ser investigado si el Senado primero no le quitaba su inmunidad legislativa.
Abogado hoy de 38 años, Ugolini trabajaba en relación estrecha con el fiscal Ponce Asahad y que disponía de información privilegiada de la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.
En uno de esos diálogos Ugolini le decía a la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena en relación al allanamiento a un garito de juego y a la estructura de protección: «Vos metele dale para adelante. Cualquier cosa preguntame que lo toco a este otro de acá en Rosario y Gustavo (Ponce Asahad) me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, ¿me entendés? Por culpa del idiota de Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja, justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar juego clandestino y puertos secos, viste».
La alusión exige reponer el contexto. Ugolini alude a la investigación del fiscal de Melincué Matías Merlo que hoy es fiscal regional de Rosario. Desde 2017 Merlo avanzaba sobre casinos clandestinos de Peiti en siete localidades de toda la provincia, en una causa donde, según se ventiló en audiencia, hubo copiosas alusiones a Traferri, apodado Pipi, y también de pagos que Peiti parece hacer a distintas personas, entre ellas el ex secretario legislativo del Senado y ex apoderado del PJ Ricardo Paulichenco, fallecido en 2019, que en un audio le dice al empresario de juego ilegal: «Traeme plata».
Ugolini podría ir a audiencia imputativa en 96 horas sospechado de ser parte de una trama que estafaba a compradores de vehículos a los que les tomaban anticipos y también automóviles como parte de pago. Fuentes de la investigación señalaron a LPO que hay decenas de denunciantes pero que ante lo preliminar del caso no se evaluó con profundidad la jerarquía de las evidencias contra Ugolini. Lo que sí se sabe es que varios damnificados, según las fuentes, apuntan contra él en las denuncias.
En su momento, tras la detección de los diálogos con Ugolini le fue secuestrado el celular a la fiscal Serena. La funcionaria, según fuentes del caso, se negó a entregar la contraseña de acceso a los contenidos de su I Phone 11. Eso generó una reacción de rechazo en el MPA.
La entonces auditora general de gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, inició un procedimiento disciplinario administrativo contra Serena por el tenor de su conversación con Ugolini. Hoy Vranicich es la fiscal general de la provincia.
Ya en 2015 Ugolini había sido separado por la Corte Suprema de Santa Fe de un cargo de la Cámara Penal de Venado Tuerto por una causa vinculada a desarmaderos ilegales de autos, según denunció en su momento el diputado provincial socialista Joaquín Blanco. «Misteriosamente aparece en 2015 en la Fiscalía Regional Rosario siendo parte y mano derecha de un fiscal como Ponce Asahad. Hay que determinar qué falló para que Ugolini llegue con esos antecedentes de connivencia», dijo Ponce.
En su declaración testimonial como arrepentido, cuando la condena para él era cantada, el fiscal Ponce Asahad vertió detalles alucinantes sobre su empleado Ugolini, quien según dijo era muy inclinado a prácticas esotéricas. Afirmó que en su casa tenía un altar de San La Muerte. Contó que su madre era una curandera y tarotista a la que Coqui, como llamaban a Ugolini, le consultaba antes de dar pasos importantes. Luego en el contenido del celular de Ugolini se extrajo que la madre le indicaba que tenía que ponerse los nombres escritos de sus investigadores en los pies y darse vuelta las medias.
Las denuncias contra los estafadores de la agencia de autos de Pellegrini al 3100, en el macrocentro de Rosario, no paraban de acumularse en la fiscalía. Allí se definirá si Ugolini comparecerá la semana próxima en audiencia delante de un juez. El hombre que, con una llamada para pasar información a un criminal, selló la suerte de un fiscal regional de Rosario y dejó al desnudo los vínculos de un legislador de fuerte peso en el esquema de poder santafesino con un capitalista de juego ilegal.
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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