Algo es seguro en el esquema que Maximiliano Pullaro concibe para reformar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El momento de hacerlo habrá de resolverse antes del final de este año. Y la integración venidera del máximo tribunal no se va a ultimar con la ubicación de candidatos propios. «La que viene no va a ser la Corte de Pullaro», dice el gobernador.
No hay quien no acepte que la oportunidad histórica para producir el reemplazo de una Corte Suprema de seis miembros, de muy fuerte gravitación en la vida de los santafesinos y escasa visibilidad, es inmejorable. Cinco de sus seis miembros tienen más de 75 años que es el límite de edad fijado por la Constitución Nacional con acuerdo legislativo. La capacidad de resistencia de los actuales ministros, aunque se espera, está reducida no por lo que dice el DNI sino por la fortaleza política del colectivo que tienen enfrente. El gobernador tiene un holgado control en las dos cámaras de la Legislatura. Pero la Corte actual ha sido un factor decisivo como garante de un establishment político, especialmente los senadores de la provincia entre otros factores institucionales de menguado prestigio y legitimidad, pero vivos.
En las mesas reducidas de planificación política del oficialismo el gobierno el plan de construir una nueva Corte estuvo el mismo 11 de diciembre. La dificultad no estuvo en empujar a los que se van sino definir a los que vienen. Que en principio serán siete ya que habrá modificaciones para introducir un miembro adicional que produzca desempate.
Paciente y silencioso constructor de su proyección nacional, Pullaro tiene muy fresco el antecedente de Gerardo Morales en Jujuy, que a diez días de asumir logró la ampliación de cinco a nueve miembros del superior tribunal de su provincia, a la vez que designó a cuatro relevantes dirigentes de su partido político como flamantes ministros. Ese camino no le interesa. Pero en su entorno sí buscarán que los nuevos miembros de la Corte santafesina acrediten no solo solvencia jurídica sino que puedan producir acciones de Estado coordinadas. Vale decir que no buscan técnicos sino también políticos. No necesariamente dirigentes de la política sino referentes que sepan moverse en política.
Pero Pullaro no solamente tiene que decidir nombres sino, con los nombres, qué modelo de Corte Suprema quiere. Y un rasgo fundamental de la que viene es si prefiere mantener o no el poder burocrático del máximo tribunal, que atraviesa la historia de la Corte y a sus propios ministros. Y que se constituye no con las facultades jurisdiccionales, esto es la capacidad de dictar las sentencias de última instancia, que son las esenciales del Poder Judicial. La que le da un poder enorme y corporativo son las facultades de gobierno y administración en la Justicia. En eso al menos hay varios legisladores que esperan cambios.
¿Quiere Pullaro mantener esas facultades en las manos de un puñado de personas no votadas regularmente por la ciudadanía? Si busca cambiarlo tiene que hacer algo que también está en agenda de muy corto plazo: reformar la Constitución de Santa Fe. Para esto habrá que definir cómo se construyen los consensos políticos. Que deberían ser más amplios que entre cuatro paredes como parece en la melodía del presente para cambiar a los cortesanos.
Pullaro no solamente tiene que decidir nombres sino qué modelo de Corte Suprema quiere. Si prefiere mantener o no el poder burocrático del máximo tribunal, que le da un poder enorme y corporativo por las facultades de gobierno y administración en la Justicia.
El reto que tiene Santa Fe es si para su venidera Corte prevé, como empezó a pensarse en la Constitución Nacional del 94, autonomizar las funciones de gobierno de las decisiones judiciales superiores básicamente el dictado de sentencia. Tradicionalmente no hubo en Santa Fe, hasta la gestión del socialista Hermes Binner que empezó a enunciarla, una mirada crítica a las funciones de gobierno del Poder Judicial, las que les permiten manejar recursos económicos y personal, de manera legal pero muy discrecional. En todos los gobiernos peronistas previos la Corte santafesina fue una corporación que autogobernaba la Justicia. Las decisiones del electorado, es decir las preferencias soberanas de la sociedad civil, no afectaban las capacidades de destinar plata del Poder Judicial porque a este lo gobierna una Corte inamovible y no el pueblo al votar un gobernador con sus mecanismos de administración y gobierno. Esta es una discusión que se irá tornando audible.
El debate de refundar la Corte viene parejo con el de rebanarle constitucionalmente sus excesos. Un grupo de académicos cercanos a las funciones políticas tantea la desmesura del máximo tribunal santafesino. «Ser cabeza política de un poder del Estado, ser muy pocos, dominar los juris con seis votos sobre diez, manejar un enorme presupuesto y dictar sentencias de última instancia es una seria concentración de poder no acorde al modelo republicano», dice uno de ellos.
Con sus fallos más conspicuos, la Corte actual en Santa Fe es el reaseguro del statu quo político. En los últimos dos años le han permitido a un histórico referente legislativo, el senador peronista Armando Traferri, eludir las imputaciones por corrupción avaladas por jueces distintos, privilegio que no tuvieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri, que fueron investigados en funciones sin ser desaforados. La inmunidad de arresto estaba garantizada. La Corte le aseguró no ser investigado mientras sus pares senadores, que se negaron a hacerlo, no lo habiliten.
También fue muy ruidosa una resolución reciente de la Corte Suprema en favor del poderoso empresario Sergio Taselli, imputado por una causa de grave daño ambiental por derrame de material tóxico en su empresa Petroquímica Capitán Bermúdez, 15 kilómetros al norte de Rosario. Esa demanda tiene perspectivas de reparaciones multimillonarias y penas de prisión para sus responsables. La Corte intervino en el caso de manera intempestiva en una resolución intermedia, sin que el proceso hubiera llegado a su fin o existiera sentencia definitiva, en una medida que favoreció a Taselli. Que un tribunal superior abriera un recurso de queja sin gravamen irreparable es inédito. También lo hicieron que como hubo empate 3 a 3 la Corte nombró un juez ad hoc para desnivelar. Ese conjuez desequilibró a favor del fuerte empresario sin que la Corte hubiera notificado a la fiscalía nunca del empate en este caso, de la fecha del sorteo de ese conjuez, ni tampoco la asignación del mismo.
Ser cabeza política de un poder del Estado, ser muy pocos, dominar los juris con seis votos sobre diez, manejar un enorme presupuesto y dictar sentencias de última instancia es una seria concentración de poder no acorde al modelo republicano.
La Corte en 2022 también falló en favor de la validez de que la Legislatura se haya otorgado a sí misma las facultades disciplinarias a los fiscales. Eso ocurrió en ocasión de que cinco senadores fueran denunciados por manejos irregulares con subsidios, pesquisa que estaba en manos de un fiscal, Sebastián Narvaja, que terminó denunciado por un abogado allegado a un senador. Un claro cambio legal para proteger al establishment que el máximo tribunal avaló por 4 votos a 2. Una jueza advirtió que era un claro caso de amedrentamiento para inmovilizar a fiscales que, con el nuevo esquema, se lo pensarían bien antes de impulsar pesquisas que tocaran intereses de legisladores.
La relación del presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, con el senador Traferri es muy estrecha. A tal punto que el hijo de Gutiérrez alcanzó el cargo de secretario Legislativo en el Senado durante la gestión de Omar Perotti. Gutiérrez encabezó efímeramente por el NES, un grupo peronista lidago a Traferri, una precandidatura que mandó a medir para gobernador en 2020.
Los otros ministros que provienen del peronismo son María Angélica Gastaldi, que fue tres veces legisladora partidaria, y Roberto Falistocco, ex secretario de Asuntos Legislativos del gobernador justicialista Víctor Reviglio. Y Eduardo Spuller, impulsado a la Corte por Carlos Reutemann. Sus votos suelen unirse junto al de Mario Netri, en votaciones que reflejan las expectativas de los poderes formales que tienen mayor gravitación en la provincia. Netri, quien ya anunció su retiro, llegó al máximo tribunal impulsado por el radical Horacio Usandizaga en pacto con Reutemann.
A estos cinco miembros de la Corte en principio los deja afuera sus más de 75 años. Y en base los invitarán a dar un paso al costado que casi con certeza resistirán con amparos por la permanencia. El gobierno provincial tiene muy presente que la Constitución fija a los 65 años y que el acuerdo Legislativo puede prorrogar 10 años más. Y que el precedente imperante es el llamado fallo Schiffrin que establece a los 75 años el límite para la función judicial. Algo que dicen en el pullarismo queda revalidado con el caso de Ana María Figueroa, camarista de Casación Penal, quien no consiguió acuerdo del Senado y debió acogerse a la jubilación.
¿Qué pasa si pese a esto hay resistencia? En el gobierno provincial no vacilan: juicio político y disputa frontal. Tienen en cuenta que cinco de los seis ministros ya tramitaron sus jubilaciones. Pueden dar pelea pero desde sus propios actos, afirman en el oficialismo, son conscientes de que están en tiempo de descuento.
Se tienen que ir sin chistar, con la dignidad de la edad cumplida y con un retiro incomparable. Si se van ahora se jubilan con sueldos que llegan hasta los 12 millones de pesos y en unos meses con la reforma jubilatoria van a bajar a 9 millones con nuevos topes. Si son inteligentes salen ahora y se aseguran tres palos.
«Se tienen que ir sin chistar, con la dignidad de la edad cumplida y con un retiro incomparable. Si se van ahora se jubilan con sueldos que llegan hasta los 12 millones de pesos y en unos meses con la reforma jubilatoria eso va a bajar a 9 millones con nuevos topes. Si son inteligentes salen ahora y se aseguran tres palos», en clave material y en lunfa un funcionario del círculo rojo de Pullaro.
Eso prefigura los argumentos legales y políticos. «No pueden hacer un zigzag con todo para justificar cualquier cosa. Cuando defendieron a Traferri para hacerlo esquivar una imputación judicial, los ministros se basaron en el principio de los fueros de la Constitución provincial por encima de la Nacional. Ahora que les conviene se hamacan para el otro lado con amparos y lo que vale es lo que dice la Constitución nacional. En el medio del desprestigio de la Justicia y de su ineficiencia, un mínimo sentido de la coherencia y la dignidad no haría mal», le dice a LPO.
Un amparo para mantenerse en sus cargos implicará que los supremos santafesinos ganen tiempo. Que será de cualquier cosa, menos de paz. El sexto ministro de la Corte, Daniel Erbetta, está en una posición relativa diferente. Tiene 70 años por lo que puede mantenerse en su cargo. No obstante en el oficialismo hay miradas enojosas hacia él que no se aplacan por el paso del tiempo. Esto porque como presidente del Tribunal Electoral de la Provincia el año pasado dictaminó la incorporación del voto a partir de los 16 años en Santa Fe para elecciones provinciales cuando el proceso del comicio estaba en su último tramo. «Acá hubo gobernadores que ganaron por un puñado de votos. Si alguien salía abajo por 1.500 votos se iba a abrir un proceso interminable de demanda y todo porque se incorporaban de golpe 65 mil votantes en la provincia», deslizó un legislador.
En el marco de patrullajes preventivos ante las condiciones climáticas adversas producto del “viento zonda”, hoy personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” se desplazaban por la Ruta Nacional N° 40, altura del kilómetro 3200 cuando constatan un foco ígneo en un inmueble.
Al aproximarse algunos lugareños indicaron que había personas dentro de la vivienda, ante lo cual rápidamente se procedió abrir el portón de acceso y se escucharon pedidos de auxilio procedentes del interior de la casa. Los funcionarios tomaron las medidas necesarias acordes a la situación a modo de resguardar la integridad de todos. Al observar que el frente del inmueble estaba consumido por las llamas, se dirigieron por la parte posterior y con la ayuda de vecinos utilizaron elementos circunstanciales logrando abrir una de las ventanas y evacuar a las cinco personas, dos de ellos menores de edad (12 y 16 años respectivamente). Tras rescatar a todos los habitantes de la casa, el servicio médico los trasladó para un control debido a las lesiones acaecidas por el fuego e inhalación de humo.
A los pocos minutos, llegaron los bomberos voluntarios y controlaron el incendio.
Interviene la Unidad Fiscal “Valle de Uco” y la Policía de la provincia.
Los gendarmes fueron asistidos por integrantes del Pelotón Sanidad y se encontraban en buenas condiciones.
Integrantes de la Patrulla de la Sección Núcleo del Escuadrón 28 “Tunuyán” de Gendarmería Nacional:Sargento Primero Andrés Ignacio Markievich, Cabo Primero Germán Villalba (conductor), Cabo Juan Carlos Segundo y el Gendarme Lucas Benítez.
Enrique Mathov, exfuncionario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, se entregó este jueves en la justicia luego de que el Tribunal Oral Federal N°6 ordenara su detención y la del exjefe policial de la Alianza, Rubén Santos. Ambos fueron condenados por la represión de diciembre de 2001 que marcó el final del gobierno de la Alianza.
Los jueces dejaron firmes las condenas de cuatro años y tres meses para Mathov, y de tres años y seis meses para Santos.
Mathov ya había sido notificado de la disposición judicial en su contra y durante la mañana de este jueves se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Pidió cumplir con un régimen de prisión domiciliaria debido a su edad (76 años). Santos había recibido autorización para viajar al exterior y, de acuerdo con el fallo, tiene 72 horas de plazo para asistir a sede judicial y que se haga efectiva la pena.
“En atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquella ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, dice la resolución que lleva la firma de la jueza Adriana Palliotti.
La policía dispara contra manifestantes en diciembre de 2001. (Foto: Télam)
Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028, mientras que Santos lo hará el 28 de septiembre de 2027, en los términos de la resolución.
Mathov y Santos fueron condenados por tres homicidios culposos: Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón murieron debido al accionar de la Policía el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Tanto el exfuncionario como el jefe de la Federal fueron considerados responsables además de 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la del exministro del Interior y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro.
El 20 de diciembre, Mathov dio la orden a Santos de despejar la Plaza de Mayo, poblada de manifestantes que reclamaban la renuncia de De la Rúa. La noche anterior, la Policía había reprimido la marcha frente a la Casa Rosada tras una jornada de saqueos y violencia en todo el país. El expresidente fue investigado y posteriormente sobreseído por lo ocurrido en aquellos dos días.
Hubo 9000 comercios saqueados en todo el país y 39 muertos como consecuencia del estallido. El primero de los hombres fuertes del Gobierno en anunciar su salida fue Domingo Cavallo, ministro de Economía que había ideado el “corralito”. Con el correr de las horas se fue sumando el resto de los integrantes del gabinete.
Mathov y Santos fueron condenados en 2016 junto a otros responsables de la represión. En 2021, la sentencia fue ratificada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal y los acusados apelaron ante la Corte Suprema.
En las últimas horas, el máximo tribunal declaró “inadmisible” las presentaciones y, de esta manera, las condenas quedaron firmes. También hubo penas para los jefes policiales Raúl Roberto Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero: los dos ya murieron.
Manifestantes corren sobre Avenida de Mayo cubierta de piedras. (Foto: archivo Clarín)
Por la misma causa, al exagente Carlos José López le correspondieron seis años de prisión, a Roberto Emilio Juárez cuatro años y medio, a Jorge Daniel Toma y a Carlos Alberto Loforte los sobreseyeron por prescripción; Víctor Manuel Belloni fue condenado a tres años de cárcel y a Ariel Gonzalo Firpo Castro le dieron tres años en prisión en suspenso.
Los exagentes Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, y Norberto Pablo Sabbino fueron absueltos.
La interna del Partido Justicialista (PJ) bonaerense sumó este jueves un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los dirigentes más cercanos a Axel Kicillof, quien salió a marcarle la cancha a Máximo Kirchner en la previa al acto de La Plata.
Consultado en una entrevista con Radio 10 acerca de los sectores del peronismo provincial que llaman a “armar de nuevo” el espacio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense hizo un llamado a la “colaborar” con el gobernador.
“Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y respaldar a un gobernador que desde el primer minuto no dudó en posicionarse contra el gobierno de (Javier) Milei. En este contexto no hay otra cosa que hacer que bancar a Axel”, planteó Larroque.
El exlíder de La Cámpora señaló que Kicillof “necesita a todos” porque “una persona sola no puede resolver el drama de la Argentina”. Por eso, aseguró, “la construcción hoy pasa por el respaldo a Axel y, en términos políticos, por organizarse en función de esta gestión”.
Las declaraciones de Larroque se producen en la previa de un acto programado para este viernes en el que Máximo Kirchner, en su rol de titular del PJ provincial, se presentará frente a la militancia en el club platense de Atenas.
No es la primera vez que Larroque, quien fue durante años uno de los principales referentes camporistas pero luego se alejó para formar la agrupación La Patria es el Otro, intenta marcarle la cancha al hijo de CFK. Un tiempo atrás lo acusó, sin nombrarlo, de no haber acompañado a Kicillof en la campaña 2023. “¿Te quedaste la lista y tampoco repartís afiches? Dejate de joder”, disparó en ese momento.
“Armar de nuevo”: Máximo Kirchner encabeza un acto en La Plata con la mira puesta en las elecciones del PJ
El acto de Máximo Kirchner en La Plata, promocionado por Wado de Pedro en su cuenta de X.
El diputado nacional Máximo Kirchner encabezará este viernes un acto en la ciudad de La Plata, donde se esperan definiciones acerca del futuro del peronismo rumbo a las elecciones partidarias del 17 de noviembre.
El titular del PJ provincial se presentará desde las 17 en un encuentro frente a la militancia camporista bajo el lema “Armar de nuevo. Kirchner en Atenas”, que puede leerse como un intento de continuar el legado de sus padres.
El legislador disertará en el club platense de Atenas cuando faltan 60 días para que se lleven a cabo las elecciones del PJ nacional, una compulsa que hasta el momento tiene como único candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
En tanto, el fundador de La Cámpora se encuentra en tiempo de descuento para llamar a renovación de autoridades partidarias en territorio bonaerense, ya que así lo había estipulado el propio PJ bonaerense en mayo pasado. Según se había acordado en esa oportunidad, las elecciones del peronismo de Buenos Aires se llevarían a cabo al mismo tiempo que las internas nacionales.
