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Politica

Pullaro quiere barrer a los jueces de la Corte Suprema y toca el nervio del poder permanente de Santa Fe

El gobernador quiere cambiar a cinco de los seis miembros del tribunal. Se trata del corazón de un poder corporativo que creció casi sin controles.

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Algo es seguro en el esquema que Maximiliano Pullaro concibe para reformar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El momento de hacerlo habrá de resolverse antes del final de este año. Y la integración venidera del máximo tribunal no se va a ultimar con la ubicación de candidatos propios. «La que viene no va a ser la Corte de Pullaro», dice el gobernador.

No hay quien no acepte que la oportunidad histórica para producir el reemplazo de una Corte Suprema de seis miembros, de muy fuerte gravitación en la vida de los santafesinos y escasa visibilidad, es inmejorable. Cinco de sus seis miembros tienen más de 75 años que es el límite de edad fijado por la Constitución Nacional con acuerdo legislativo. La capacidad de resistencia de los actuales ministros, aunque se espera, está reducida no por lo que dice el DNI sino por la fortaleza política del colectivo que tienen enfrente. El gobernador tiene un holgado control en las dos cámaras de la Legislatura. Pero la Corte actual ha sido un factor decisivo como garante de un establishment político, especialmente los senadores de la provincia entre otros factores institucionales de menguado prestigio y legitimidad, pero vivos.

En las mesas reducidas de planificación política del oficialismo el gobierno el plan de construir una nueva Corte estuvo el mismo 11 de diciembre. La dificultad no estuvo en empujar a los que se van sino definir a los que vienen. Que en principio serán siete ya que habrá modificaciones para introducir un miembro adicional que produzca desempate.

Paciente y silencioso constructor de su proyección nacional, Pullaro tiene muy fresco el antecedente de Gerardo Morales en Jujuy, que a diez días de asumir logró la ampliación de cinco a nueve miembros del superior tribunal de su provincia, a la vez que designó a cuatro relevantes dirigentes de su partido político como flamantes ministros. Ese camino no le interesa. Pero en su entorno sí buscarán que los nuevos miembros de la Corte santafesina acrediten no solo solvencia jurídica sino que puedan producir acciones de Estado coordinadas. Vale decir que no buscan técnicos sino también políticos. No necesariamente dirigentes de la política sino referentes que sepan moverse en política.

Pero Pullaro no solamente tiene que decidir nombres sino, con los nombres, qué modelo de Corte Suprema quiere. Y un rasgo fundamental de la que viene es si prefiere mantener o no el poder burocrático del máximo tribunal, que atraviesa la historia de la Corte y a sus propios ministros. Y que se constituye no con las facultades jurisdiccionales, esto es la capacidad de dictar las sentencias de última instancia, que son las esenciales del Poder Judicial. La que le da un poder enorme y corporativo son las facultades de gobierno y administración en la Justicia. En eso al menos hay varios legisladores que esperan cambios.

¿Quiere Pullaro mantener esas facultades en las manos de un puñado de personas no votadas regularmente por la ciudadanía? Si busca cambiarlo tiene que hacer algo que también está en agenda de muy corto plazo: reformar la Constitución de Santa Fe. Para esto habrá que definir cómo se construyen los consensos políticos. Que deberían ser más amplios que entre cuatro paredes como parece en la melodía del presente para cambiar a los cortesanos.

Pullaro no solamente tiene que decidir nombres sino qué modelo de Corte Suprema quiere. Si prefiere mantener o no el poder burocrático del máximo tribunal, que le da un poder enorme y corporativo por las facultades de gobierno y administración en la Justicia.

El reto que tiene Santa Fe es si para su venidera Corte prevé, como empezó a pensarse en la Constitución Nacional del 94, autonomizar las funciones de gobierno de las decisiones judiciales superiores básicamente el dictado de sentencia. Tradicionalmente no hubo en Santa Fe, hasta la gestión del socialista Hermes Binner que empezó a enunciarla, una mirada crítica a las funciones de gobierno del Poder Judicial, las que les permiten manejar recursos económicos y personal, de manera legal pero muy discrecional. En todos los gobiernos peronistas previos la Corte santafesina fue una corporación que autogobernaba la Justicia. Las decisiones del electorado, es decir las preferencias soberanas de la sociedad civil, no afectaban las capacidades de destinar plata del Poder Judicial porque a este lo gobierna una Corte inamovible y no el pueblo al votar un gobernador con sus mecanismos de administración y gobierno. Esta es una discusión que se irá tornando audible.

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

 

El debate de refundar la Corte viene parejo con el de rebanarle constitucionalmente sus excesos. Un grupo de académicos cercanos a las funciones políticas tantea la desmesura del máximo tribunal santafesino. «Ser cabeza política de un poder del Estado, ser muy pocos, dominar los juris con seis votos sobre diez, manejar un enorme presupuesto y dictar sentencias de última instancia es una seria concentración de poder no acorde al modelo republicano», dice uno de ellos.

Con sus fallos más conspicuos, la Corte actual en Santa Fe es el reaseguro del statu quo político. En los últimos dos años le han permitido a un histórico referente legislativo, el senador peronista Armando Traferri, eludir las imputaciones por corrupción avaladas por jueces distintos, privilegio que no tuvieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri, que fueron investigados en funciones sin ser desaforados. La inmunidad de arresto estaba garantizada. La Corte le aseguró no ser investigado mientras sus pares senadores, que se negaron a hacerlo, no lo habiliten.

También fue muy ruidosa una resolución reciente de la Corte Suprema en favor del poderoso empresario Sergio Taselli, imputado por una causa de grave daño ambiental por derrame de material tóxico en su empresa Petroquímica Capitán Bermúdez, 15 kilómetros al norte de Rosario. Esa demanda tiene perspectivas de reparaciones multimillonarias y penas de prisión para sus responsables. La Corte intervino en el caso de manera intempestiva en una resolución intermedia, sin que el proceso hubiera llegado a su fin o existiera sentencia definitiva, en una medida que favoreció a Taselli. Que un tribunal superior abriera un recurso de queja sin gravamen irreparable es inédito. También lo hicieron que como hubo empate 3 a 3 la Corte nombró un juez ad hoc para desnivelar. Ese conjuez desequilibró a favor del fuerte empresario sin que la Corte hubiera notificado a la fiscalía nunca del empate en este caso, de la fecha del sorteo de ese conjuez, ni tampoco la asignación del mismo.

Ser cabeza política de un poder del Estado, ser muy pocos, dominar los juris con seis votos sobre diez, manejar un enorme presupuesto y dictar sentencias de última instancia es una seria concentración de poder no acorde al modelo republicano.

La Corte en 2022 también falló en favor de la validez de que la Legislatura se haya otorgado a sí misma las facultades disciplinarias a los fiscales. Eso ocurrió en ocasión de que cinco senadores fueran denunciados por manejos irregulares con subsidios, pesquisa que estaba en manos de un fiscal, Sebastián Narvaja, que terminó denunciado por un abogado allegado a un senador. Un claro cambio legal para proteger al establishment que el máximo tribunal avaló por 4 votos a 2. Una jueza advirtió que era un claro caso de amedrentamiento para inmovilizar a fiscales que, con el nuevo esquema, se lo pensarían bien antes de impulsar pesquisas que tocaran intereses de legisladores.

La relación del presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, con el senador Traferri es muy estrecha. A tal punto que el hijo de Gutiérrez alcanzó el cargo de secretario Legislativo en el Senado durante la gestión de Omar Perotti. Gutiérrez encabezó efímeramente por el NES, un grupo peronista lidago a Traferri, una precandidatura que mandó a medir para gobernador en 2020.

Los otros ministros que provienen del peronismo son María Angélica Gastaldi, que fue tres veces legisladora partidaria, y Roberto Falistocco, ex secretario de Asuntos Legislativos del gobernador justicialista Víctor Reviglio. Y Eduardo Spuller, impulsado a la Corte por Carlos Reutemann. Sus votos suelen unirse junto al de Mario Netri, en votaciones que reflejan las expectativas de los poderes formales que tienen mayor gravitación en la provincia. Netri, quien ya anunció su retiro, llegó al máximo tribunal impulsado por el radical Horacio Usandizaga en pacto con Reutemann.

El juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta.

A estos cinco miembros de la Corte en principio los deja afuera sus más de 75 años. Y en base los invitarán a dar un paso al costado que casi con certeza resistirán con amparos por la permanencia. El gobierno provincial tiene muy presente que la Constitución fija a los 65 años y que el acuerdo Legislativo puede prorrogar 10 años más. Y que el precedente imperante es el llamado fallo Schiffrin que establece a los 75 años el límite para la función judicial. Algo que dicen en el pullarismo queda revalidado con el caso de Ana María Figueroa, camarista de Casación Penal, quien no consiguió acuerdo del Senado y debió acogerse a la jubilación.

¿Qué pasa si pese a esto hay resistencia? En el gobierno provincial no vacilan: juicio político y disputa frontal. Tienen en cuenta que cinco de los seis ministros ya tramitaron sus jubilaciones. Pueden dar pelea pero desde sus propios actos, afirman en el oficialismo, son conscientes de que están en tiempo de descuento.

Se tienen que ir sin chistar, con la dignidad de la edad cumplida y con un retiro incomparable. Si se van ahora se jubilan con sueldos que llegan hasta los 12 millones de pesos y en unos meses con la reforma jubilatoria van a bajar a 9 millones con nuevos topes. Si son inteligentes salen ahora y se aseguran tres palos.

«Se tienen que ir sin chistar, con la dignidad de la edad cumplida y con un retiro incomparable. Si se van ahora se jubilan con sueldos que llegan hasta los 12 millones de pesos y en unos meses con la reforma jubilatoria eso va a bajar a 9 millones con nuevos topes. Si son inteligentes salen ahora y se aseguran tres palos», en clave material y en lunfa un funcionario del círculo rojo de Pullaro.

Eso prefigura los argumentos legales y políticos. «No pueden hacer un zigzag con todo para justificar cualquier cosa. Cuando defendieron a Traferri para hacerlo esquivar una imputación judicial, los ministros se basaron en el principio de los fueros de la Constitución provincial por encima de la Nacional. Ahora que les conviene se hamacan para el otro lado con amparos y lo que vale es lo que dice la Constitución nacional. En el medio del desprestigio de la Justicia y de su ineficiencia, un mínimo sentido de la coherencia y la dignidad no haría mal», le dice a LPO.

Un amparo para mantenerse en sus cargos implicará que los supremos santafesinos ganen tiempo. Que será de cualquier cosa, menos de paz. El sexto ministro de la Corte, Daniel Erbetta, está en una posición relativa diferente. Tiene 70 años por lo que puede mantenerse en su cargo. No obstante en el oficialismo hay miradas enojosas hacia él que no se aplacan por el paso del tiempo. Esto porque como presidente del Tribunal Electoral de la Provincia el año pasado dictaminó la incorporación del voto a partir de los 16 años en Santa Fe para elecciones provinciales cuando el proceso del comicio estaba en su último tramo. «Acá hubo gobernadores que ganaron por un puñado de votos. Si alguien salía abajo por 1.500 votos se iba a abrir un proceso interminable de demanda y todo porque se incorporaban de golpe 65 mil votantes en la provincia», deslizó un legislador.

CORRUPCION

CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos

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Diputados del Frente Chaqueño presentaron este miércoles en la fiscalía de primera instancia de Resistencia una denuncia de lavado de activos contra las autoridades de ECOM Chaco S.A. La denuncia presentada expone el desvió de unos 600 millones de pesos y apunta al ex presidente Luis Verga, hombre cercano al gobernador Leandro Zdero, que cuando tomaron estado público las denuncias de sobreprecios y gastos, fue removido de la empresa.

Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-

 

 

Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».

Exigimos justicia y transparencia

«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.

«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.

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CORRUPCION

Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’

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Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.

La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa CubellsNicolás Slimel Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.

Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.

https://corrientesinfo.ar/2024/11/21/chaco-mega-corrupcion-de-leandro-zdero-diputados-deunciaron-el-robo-de-600-millones-de-pesos/

En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».


Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».

La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.


Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.

Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.


La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.

Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.

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Politica

En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos

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Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.

En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.

En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.

Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.

¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.

Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.

Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.

De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.

Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.

Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.

Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.

La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.

Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.

A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.

En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.

Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.

“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.

Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.

Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.

Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.

Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.

En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.

Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.

¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.

 

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