Politica
La reforma laboral dejó al Gobierno atrapado en un laberinto: si se acerca a la CGT, se alejará del empresariado
Los dilemas del diálogo abierto por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con sindicalistas y empresarios. Quién es el cerebro de la estrategia conciliadora de la CGT y qué se pone en juego en esta nueva etapa entre la Casa Rosada y el gremialismo
¿Podrá el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cumplir su objetivo de institucionalizar el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas? No parece sencillo, aunque ya se dieron los primeros pasos: el funcionario recibió a la CGT, que le presentó una lista austera de reclamos, y el miércoles próximo se reunirá con los empresarios del Grupo de los Seis para escuchar sus demandas. Al día siguiente, el Consejo Directivo cegetista debatirá sobre la eventual reanudación del plan de lucha y, aunque todo indica que se mantendrá una tregua, hay algunos indicios de una paz inestable.
Pero el Gobierno se está encerrando en una trampa de la que será difícil salir. Para acercarse a la CGT, Cordero ofreció consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral. Pero si se moderan tan al extremo algunos cambios de la Ley Bases como quiere el sindicalismo se enfurecerá el empresariado, que no quiere atenuar lo que quedó en el capítulo laboral tras el desguace de 42 artículos, e incluso estará en desacuerdo el PRO, que ya le advirtió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el bloque que lidera Cristian Ritondo quiere debatir proyectos contra el bloqueo a las empresas, en favor de la democratización sindical y sobre el trabajo en plataformas, entre otros.
La dirigencia cegetista presionó al secretario de Trabajo con sus reclamos, aunque los limitó a precisar un puñado de artículos de la reforma laboral y subir el piso para pagar el Impuesto a las Ganancias. Aun así, en la CGT dudan de que el ex abogado de Techint tenga un amplio respaldo de Javier Milei para satisfacer los planteos sindicales y consagrar el diálogo tripartito. En el entorno de Cordero admiten que en el gabinete algunos le piden que “no afloje” ante la CGT y que otros, en cambio, le sugieren que sea flexible para garantizar la paz social ante una economía con piezas sueltas.
Cordero deberá hacer equilibrio. Conformar a la CGT y también convencer a los empresarios de que tienen que ceder algo para pacificar el frente sindical. Hasta ahora, las entidades que integran el G6, que comenzaron a hablar este jueves sobre la postura que llevarán al encuentro en Trabajo, se juramentaron en no resignar el espíritu del articulado laboral que se aprobó en la Ley Bases y que ya se recortó bastante respecto de su versión original. Durante un almuerzo en la Sociedad Rural se acordó: “Si la CGT pidió una cosa, nosotros pediremos exactamente lo contrario”.
Eso equivale, por ejemplo, a que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina se negarán a que el decreto reglamentario de la reforma laboral, por ejemplo, suavice el artículo que penaliza los bloqueos sindicales. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, atacó esa modalidad de protesta cuando habló hace un mes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras otro cruzado anti-bloqueos es el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, que representa a muchas pymes de todo el país que son víctimas frecuentes de las protestas extorsivas del Sindicato de Camioneros.
Cordero tendrá que apelar a su condición de negociador experimentado para convencer a los empresarios del G6 de agregar un atenuante en el artículo contra los bloqueos para no facilitar los despidos de los bloqueadores que incurrieron en una “grave injuria laboral”, como prevé la Ley Bases.
La idea de buscar alguna fórmula para moderar el artículo anti-bloqueos surgió en la reunión que el secretario de Trabajo tuvo el martes con la CGT, que por primera vez fue enfática en ese punto que, hasta ahora, no preocupaba al sector dialoguista porque no bloquea empresas. Sí, en cambio, complica a Camioneros, que estuvo ausente en el encuentro: Pablo Moyano avisó que no quería reunirse con Cordero y su papá, Hugo, desistió de reemplazarlo pese a los esfuerzos que hizo hasta último momento el ultradialoguista Gerardo Martínez (UOCRA), el cerebro de la estrategia de la CGT.
Ahora que ya recibió a la CGT, Cordero escuchará a los empresarios y llevará ambas posturas ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que el Gobierno tome una decisión acerca de los alcances de la reglamentación. Para la semana siguiente está previsto que debute la mesa técnica tripartita, integrada por expertos de cada sector, para redactar el decreto que instrumentará la reforma laboral.
Ya hay otras voces que suman propuestas para la reglamentación: la diputada nacional del PRO Verónica Razzini, que hasta el 10 de diciembre fue la titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y tuvo su empresa paralizada durante 90 días en 2020, le pidió por escrito a Cordero que se incluya la utilización de filmaciones para no haya que llamar a un escribano para certificar esas protestas y que se espere hasta una hora para el cese de la conducta injuriosa antes de despedir.
En la CGT predomina la idea de ensayar el diálogo con el Gobierno antes de avanzar hacia el tercer paro general, aunque el más entusiasta parece Gerardo Martínez, que incluso, como anticipó Infobae, llevó la defensa de las negociaciones con la administración Milei a un encuentro con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y un grupo de legisladores norteamericanos encabezados por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Benjamin Cardin.
El líder de la UOCRA, además, medió entre algunos líderes gremiales y los funcionarios libertarios para evitar que crecieran los conflictos. Martínez fue clave para que Hugo Moyano hablara en abril pasado con Cordero y Guillermo Francos para destrabar la homologación de la paritaria del 45% para marzo y abril, que superaba los topes oficiales. Luego, intercedió ante el secretario de Trabajo para alcanzar una solución que beneficiara a Luis Barrionuevo en su pelea interna con Dante Camaño, su ex cuñado, por el control de la decisiva Seccional Capital del Sindicato de Gastronómicos. Barrionuevo bajó su perfil contra el Gobierno, pero hay otro motivo: está por salir un DNU de Milei que permite que los mozos cobren la propina de manera digital en los bares y restaurantes, un viejo reclamo del líder sindical que ahora se hará realidad gracias al impulso del ministro Federico Sturzenegger.
De todas formas, hay frentes de conflicto que amenazan el nuevo clima de armonía: los gremios docentes agrupados en la CGT afirmaron que el Gobierno todavía no hizo una nueva propuesta salarial después de su rechazo a un sueldo mínimo de entre 380.000 y 400.000 pesos y advirtieron que “sin una oferta salarial aceptable nos encontramos en vísperas de un paro nacional docente”. Así lo advirtió el secretario de Políticas Educativas de al CGT, Sergio Romero (UDA): “Los salarios mínimos docentes de todo el país -dijo- se encuentran debajo de la línea de pobreza, que hoy asciende, para una familia de 4 integrantes, a 873.169 pesos, mientras que desde diciembre el salario mínimo está congelado en 250.000 pesos, aún por debajo de la línea de indigencia, que es de 393.319 pesos”.
En un laberinto similar quedó atrapado el líder de La Fraternidad, Omar Maturano: hace un mes, para evitar un paro por reclamos salariales, intervino Guillermo Francos y luego la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, pero en los 15 días de esa instancia de negociación los funcionarios no llamaron a una sola reunión ni hicieron ninguna oferta para recomponer los sueldos. A último momento, la conciliación se extendió por 5 días más. Si no hay novedades, La Fraternidad se reunirá este viernes para decidir un paro de 48 horas que paralizaría los trenes el lunes 29 y el martes 30 de este mes, justo cuando se reanuden las clases tras las vacaciones de invierno.
Aun así, la mayoría de la CGT está dispuesta a explorar una negociación con el Gobierno, aunque el clima de tolerancia tiene marcado en rojo el mes de agosto: en la segunda quincena se sabrá qué resultados concretos tuvo el diálogo con Cordero. Si hay resultados positivos, la tregua de la CGT se extenderá. Si no, se acelerará un nuevo paro. Paradójicamente, uno de los resultados positivos sería pasteurizar aún más la reforma laboral, algo que tranquilizará a la CGT pero pondrá nerviosos a los empresarios y al PRO. ¿Qué pesará más para Milei? Por las dudas, en la Casa Rosada no descartan darle luz verde a Sturzenegger para avanzar con una ley “anti-casta” de democratización sindical, ese tradicional cuco con el que la política suele amenazar al gremialismo aferrado a sus sillones.
Por ahora predomina la expectativa que reflejó Gerardo Martínez ante Infobae tras reunirse con Cordero: “Se inauguró un ciclo de buenas relaciones con el Gobierno y apostamos a que eso se mantenga”. El resto de la CGT acompaña, mientras los sectores más duros sueñan con un paro de 36 horas. No sólo no hay plata, como dice Milei, sino que para algunos no hay fe en el diálogo.
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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