Politica
Cómo es la multimillonaria “caja paralela” sin control que paga la mayoría de los sueldos del Ministerio de Justicia
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) es el ente cooperador que financia un fondo a a través del cual se abonan contratos, sumas extras y gastos. El ministro Cúneo Libarona prometió eliminar el sistema, pero a 7 meses de haber asumido todavía sigue vigente
Más de la mitad de los empleados del Ministerio de Justicia y organismos bajo su órbita están contratados por una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que es el proveedor oficial de los insumos de los registros automotores y recauda por cada compra o transferencia de un auto nuevo o usado. ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y posee el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones, y en abril de este año fue de $8.200 millones.
En la práctica, por dos leyes de los 80′s, le provee al Ministerio de Justicia una suerte de “caja paralela” para contratar personal, pagar “incentivos” a sus empleados, y afrontar gastos de distinto tipo. Con una salvedad: esos fondos no están sujetos a control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni de la Auditoría General de la Nación (AGN) y permiten un uso discrecional de los mismos. ¿Por qué? Porque esos recursos que maneja ACARA y le transfiere al Ministerio de Justicia, están fuera del Presupuesto nacional. Es un sistema que el ministro Mariano Cúneo Libarona prometió erradicar, pero a más de siete meses de asumido, todavía sigue vigente.
Esta operatoria no es nueva. ACARA actúa como ente cooperador del Ministerio de Justicia desde la sanción de las leyes 23.283 y 23.412 en el gobierno de Raúl Alfonsín, que habilitó celebrar convenios con entidades públicas o privadas para cooperación técnica y financiera.
Hoy suman 2.843 los empleados de la cartera de Justicia que cobran por ACARA, una cifra que supera a los 1.986 que integran la planta permanente y transitoria del Ministerio y de otros organismos bajo su órbita, como la Oficina Anticorrupción (OA), el INADI, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro.
Si bien esos casi 3.000 contratados por ACARA cumplen funciones en el Ministerio, no integran su planta bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), ya que es el Ente Cooperador ACARA el que paga sus sueldos con lo que recauda de los trámites de compra-venta de autos, tras quedarse con una comisión del 4 por ciento.
El sistema es un enjambre jurídico que nadie, hasta ahora, pudo desmontar. Lo intentó el ex ministro Germán Garavano en la gestión de Cambiemos, sin que pudiera concretarlo. Tiene varias aristas: la fuente de recaudación que no sale del Estado; el volumen de personal contratado que debería ser absorbido por la Administración Pública Nacional si se desmontara el convenio con ACARA; los “incentivos” que cobran un número de empleados que, de eliminarse, verían reducido su sueldo; y las protestas gremiales ante el posible despido de personal y el reclamo de que se igualen las condiciones de contratación laboral de todos los que prestan servicio en una misma área. “Hay derechos que respetar para que no salga el tiro por la culata y terminemos con juicios millonarios en contra”, se sinceró una fuente del Ministerio.
La cifra de contratados por ACARA se redujo un 8% desde diciembre pasado. Al finalizar la gestión de Alberto Fernández, los contratados por ACARA en el Ministerio eran 3.080. En tanto, Mauricio Macri había dejado la Casa Rosada con 3.500 contratados bajo esta modalidad. Un ex funcionario de Cambiemos le aseguró a Infobae que durante la gestión que terminó en diciembre de 2019, “lograron bajar las contrataciones de ACARA casi la mitad”.
De esos 2.843 contratados por ACARA en las dependencia del Ministerio a cargo de Cúneo Libarona, 1.415 se desempeñan en la Secretaría de Justicia, 443 en la de Derechos Humanos, y 362 en la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Otros 75 trabajan en organismos descentralizados; 63 en la Unidad Ministro y Gabinete de Asesores; y 485 fueron transferidos recientemente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados y al Programa Nacional de Protección a testigos e Imputados, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bajo la órbita actualmente de jefatura de Gabinete.
El pago de los “incentivos”
Parte de la recaudación de ACARA conforma una “caja” con la que se pagan “incentivos” que, en la práctica, son sobresueldos que cobran empleados de planta del Ministerio. El monto de estos incentivos puede ser equivalente a un segundo sueldo. Son otorgados muchas veces discrecionalmente y están destinados a aumentar las remuneraciones de empleados que ya cobran un salario del Estado.
Estos sobresueldos quedaron habilitados por los artículo 4° y 5° de la Ley 23.283 que establecieron la posibilidad de que las prestaciones a recibir por el Estado de los entes cooperadores consistieran en el otorgamiento de incentivos a los agentes permanentes “a través de estímulos pecuniarios o becas, para la asistencia a cursos, congresos o jornadas científicas, mediante los cuales se propenda a su capacitación o perfeccionamiento”, siendo el Ministerio el que define los montos y los beneficiarios.
Según la respuesta del Ministerio de Justicia al pedido de Acceso a la Información presentado por Infobae, actualmente hay 68 empleados de planta del Ministerio que cobran “incentivos” pagados por ACARA, por un monto global que, en junio, ascendió a la suma de casi $57 millones.
Desde esa cartera informaron que los incentivos pueden percibirse hasta el rango de director nacional o equivalente, y que “ninguna autoridad superior ni del gabinete de este Ministerio percibe incentivos por ACARA ni por ningún otro Ente Cooperador. En concurrencia con ello, tampoco lo hace ningún secretario, ni subsecretario”.
La cantidad de empleados que cobraban “incentivos” por ACARA se redujo desde diciembre a ahora. Ese mes del 2023 fueron 113 los empleados del Ministerio de Justicia que embolsaron un plus salarial que, en conjunto, ascendió a casi $72 millones.
El mes en que se pagó la mayor cantidad de “sobresueldos” fue diciembre de 2022, bajo la gestión del entonces ministro kirchnerista Martín Soria, cuando lo cobraron 1.316 agentes, por un monto total de $203 millones de ese momento.
Como estos incentivos no se computan para el descuento de Ganancias, ni los aportes previsionales o la obra social, generan situaciones de inequidad respecto de otros empleados encuadrados en el sistema nacional de empleo público del Ministerio, que cumplen las mismas funciones y sí sufren descuentos por el total de su sueldo. Esta situación generó reclamos de los gremios estatales UPCN y ATE.
En 1994, tras un reclamo de la entonces DGI, la Procuración del Tesoro de la Nación dictaminó en favor de que los incentivos no sean remunerativos. Argumentó que se trataba de una “decisión discrecional de la autoridad” que los asigna a sus destinatario, y que no se trataba de “un estímulo de carácter general o permanente.”
Desde la Coalición Cívica (CC), la diputada Victoria Borrego presentó un proyecto de ley este año para eliminar el régimen de incentivos que perciben los empleados del Ministerio de Justicia. “La asignación de incentivos al personal dependiente del Ministerio de Justicia se ha vuelto una práctica habitual, que no genera ahorro alguno para el Estado Nacional – ya que el Estado abona la totalidad del salario que corresponde según su categoría- y coloca al personal de ese Ministerio en una absoluta desigualdad en relación a empleados públicos de otros ministerios, permitiéndole cobrar una suma adicional denominada “incentivo” únicamente por brindar sus servicios en esa cartera”.
El foco del proyecto de Borrego está puesto en la eliminación del pago de esos “sobresueldos”, no de los contratos de empleados por ACARA. “Hay mucho personal del Ministerio que cobra por esa vía y no pueden prescindir de todos ellos de golpe tampoco. Lo que planteamos es que si se sacan los incentivos, necesariamente, debería bajar el costo de todos los trámites para registrar un auto. Y después, se puede avanzar a un sistema que sea digital″.
ACARA no es el único ente cooperador. Además existen otros como el de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), y el Ente Tripartito conformado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el CPACF y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a una solicitud de Acceso a la Información presentada por Borrego, el Ministerio informó que suman más de 1.500 agentes de esa cartera perciben dichos incentivos de los distintos entes cooperadores.
La recaudación de ACARA
En abril pasado, ACARA recaudó $8.200 millones, según surge de la respuesta a un pedido de Acceso a la información realizado por Infobae, con ese mes como el último informado. De ese monto, el 31% ($2.500 millones) fue destinado al pago de sueldos de esos 2.843 que trabajan bajo la órbita del Ministerio.
Otro 52% ($4.200 millones) de lo recaudado por ACARA en abril se destinó a distintos gastos del Ministerio de Justicia, tales como la compra o locación de inmuebles, locación de obras y servicios, contratación de seguros, gastos de publicidad, movilidad o viáticos, entre otros. Por su parte, la entidad se quedó con unos $330 millones por sus servicios ese mes.
En el 2023, la recaudación de ACARA fue de $29.000 millones bruta, de los cuales el 96% fue enviado a la cartera de Justicia – $25.800 millones – y el 4% – $1.015 millones- fue embolsado por ACARA como comisión.
De los fondos girados a ese Ministerio el año pasado, $14.000 – el 48% – estuvieron destinados al pago de sueldos de contratados que cumplen funciones en esa cartera, y $9.700 millones – el 33% – a “otros gastos”, según la respuesta brindada en el pedido de Acceso a la Información Pública.
En otro pedido presentado por la Coalición Cívica, la cartera de Justicia informó que el monto embolsado por el Ente entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 superó los $14.778 millones.
Sin control de la AGN y la SIGEN
Los fondos que maneja ACARA se encuentran fuera del ámbito de control que establece la Ley 24.156 de Administración Financiera. En el proyecto de la CC, se propone la incorporación de los fondos de los entes cooperadores al Presupuesto. Esto implica que pasen a quedar sujetos al control de la SIGEN y AGN.
“Hoy por hoy, dichos fondos no son auditados por la SIGEN ni la AGN si no que tiene un sistema propio de control, del Ministerio. El objetivo es que dichos fondos queden sometidos al control interno y externo al igual que toda la Administración Pública y que los Convenios se encuentren publicados en forma permanente. Por eso el proyecto establece la obligación de transparencia activa, ya que actualmente no están publicados”, señaló la diputada Borrego a Infobae.
Visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
CORRUPCION
CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos
Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-
Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».
Exigimos justicia y transparencia
«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.
«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.
CORRUPCION
Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’
Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.
La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa Cubells, Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.
En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».
Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».
La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.
Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.
Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.
La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.
Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.
Politica
En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos
Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.
En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.
En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.
Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.
¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.
Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.
Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.
De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.
Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.
Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.
La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.
Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.
A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.
En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.
Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.
“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.
Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.
Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.
Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.
Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.
En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.
Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.
¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.
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