Cien años de la Masacre de Napalpí: el listado con los nombres de los responsables de la barbarie
Al cumplirse cien años de la Masacre de Napalpí, un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio indígena, LITIGIO reconstruye el listado con los nombres y publica algunos de los rostros de los responsables. Entre los encargados del planeamiento y ejecución, se encuentran el por entonces presidente, Marcelo T. de Alvear; el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno; integrantes de Gendarmería de Línea, Policía del Territorio y quienes pilotearon la tristemente célebre avioneta que sobrevoló la zona.
Fue uno de los primeros crímenes masivos que se dio contra comunidades indígenas a comienzos del siglo XX. Ejecutado y planificado desde el propio Estado, tuvo un sentido económico, racista y ejemplificador. Sin embargo, a pesar de la dimensión de la barbarie, durante muchos años fue una historia negada. Quienes la sobrevivieron, no se animaban a nombrarla por miedo. Quienes la ejecutaron, buscaron ocultarla para perpetuar la impunidad.
Este viernes, se cumplen 100 años de la Masacre de Napalpí. De acuerdo a las pruebas recabadas en el histórico Juicio por la Verdad, que se llevó adelante entre abril y mayo de 2022, fueron asesinadas en la reducción indígena ubicada a 120 kilómetros de la capital chaqueña, entre 400 y 500 personas, en un hecho que fue declarado por la Justicia Federal de Resistencia como un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio.
Aquella mañana del 19 de julio de 1924, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente mil personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos.
Los agresores llegaron a caballo, se establecieron a una distancia cercana del campamento de los huelguistas y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez, a mansalva y por el lapso de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos niñas y niños, mujeres (algunas de ellas embarazadas), hombres adultos, ancianos y ancianas. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes.
El Jefe de Policía del Chaco, Diego Tomas Ulibarrie.
Los sobrevivientes que lograron huir, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados. La consumación de este crimen en masa, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación.
“Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral”, contextualizó en la sentencia del Juicio por la Verdad la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Deplorables
Las condiciones de vida de los indígenas en las reducciones eran deplorables. Vivían hacinados, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse.
Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados a trabajar extensas jornadas para la Reducción o para vecinos hacendados, pagándoles con vales.
El comisario, Roberto Sáenz Loza.
Las familias indígenas tenían prohibida la salida del territorio del Chaco y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración. Eran frecuentes los abusos y las condiciones eran análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta, donde luego ocurrió el ataque.
Las secuelas que dejó la matanza en la cultura de los pueblos indígenas fueron profundas. Provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida progresiva de su lengua y su cultura.
Desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, con la intención de negar y encubrir, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el líder de la protesta, Pedro Maidana.
La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión.
En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie.
La academia también contribuyó al ocultamiento. Y no sólo en aquel entonces. De hecho, el libro del historiador Fabio Echarri, titulado “Napalpí: la verdad histórica”, donde negó la existencia de la masacre, usando como fuente solamente a las oficiales, recibió en 2001 (año de su publicación) el Primer Premio Provincia del Chaco a la obra histórica el cual le fue otorgado por historiadores del Conicet, la Universidad Nacional del Nordeste y la Junta de Estudios Históricos del Chaco.
Los nombres
Si bien los Juicios por la Verdad son procedimientos judiciales que no tienen efectos penales debido a la imposibilidad de perseguir a sus responsables (todos fallecidos), este tipo de acciones constituyen actos que contribuyen a la memoria colectiva. En este marco, LITIGIO compiló en detalle la nómina de los responsables civiles y de fuerzas de seguridad, con sus nombres completos, rangos y, en algunos casos, sus rostros.
El Ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo.
En primer lugar, existe un extenso listado que realizó la Fiscalía Federal de Resistencia al momento de requerir el Juicio por la Verdad, en 2021. Se indicó que los funcionarios públicos responsables de los crímenes de Lesa Humanidad que se encuentran individualizados son el Presidente de la Nación, Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; el Ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; el Gobernador Interventor del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno; el Administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó.
También está incluido el Jefe de la Policía del Chaco, comisario inspector, Diego Tomas Ulibarrie; el comisario de órdenes, Roberto Sáenz Loza; comisario de Quitilipi, José B. Machado; los oficiales de Policía, Vicente Attis, Ernesto R. Cordini, Julio G. de la Fuente, Rufino Godoy, Miguel Noguera y Apolinario Zabroso; el piloto de aviación, sargento Emilio Esquivel y el copiloto, Juan Browis; los Agentes de la Dotación Resistencia de la Policial de Territorios Nacionales, Salvador Colman, Anselmo Mendieta, Ramón Mandonado, Tomas Zalazar, Domingo Beltran (h), Fernando Ramírez, Nicolás Mendoza, Marcos Varga, Felipe Cabrera, Rufino Galarza, Juan Ramírez, Jose R. Benítez, Tomas Maidana, Simón Rojas, Homero Prado, Lima, Ambrosio Olivera, Guillermo Monje, Marcial Molina, José Cañete, Emilio Maidana, Luis Ferreyra, Zenobio Martinez, Juan Quiroz, Isidro Castillo, Diego López, Gil Núñez, Pedro Machado, Manuel Barrientos, Persi Kin y Pablo Galarza.
Además, se encuentran entre los responsables los Agentes de la Dotación Quitilipi de la Policía, Remigio Núñez, Nicasio Lieres, Eusebio Arce, Jorge Sosa, Eulalio Casco, Santos Casco, Claudio Sosa, Venancio Verón. Y los agentes de la dotación Roque Sáenz Peña de la Policía, Silverio Cabrera, Lucio Moratti, Francisco Cabral y Víctor Ayala.
El oficial de Policía, Vicente Attis.
A la lista se les suman los integrantes de la Gendarmería Volante o Gendarmería de Línea, sargentos, Alejandro Verón y Esteban Palacios. Los cabos, Secundino Yedro, Hipólito Fruto, Facundo Gómez, Macario Verón, José Esquivel, Joaquín Sánchez, Alejandro Seisdedos. Y los agentes gendarmes Tomas Gómez, Enrique Gómez, Eugenio Insaurralde, Víctor Aguirre, Tomas Maidana, Pablo Alegre, Hortensio Alegre, Francisco Toledo, Ramón Valenzuela, Lucio Pared, Francisco Godoy, León Gómez, Victoriano González, Urbano Alegre, Vicente Álvarez, Matías Colmas, Manuel Ramírez, Ricardo Mortola, Justino Hoyo, José Lino Lescano, Felipe Villalba, Teófilo Gonzales, Tiburcio Toledo, Eduardo Dau, José Martinez, Juan C. Molina, Albino Medina, Simeon Rajoy, José M. González, Carlos Toro, Pedro Aguirre, Florencio Caballero y Máximo Ramírez.
“Todos los responsables individualizados se encontraban fallecidos al momento de iniciarse esta investigación y ante ello es que promovemos la realización de un Juicio por la Verdad, Oral y Público, concluyendo que es la única forma de acatar la responsabilidad del Estado Argentino asumida en compromisos internacionales de juzgar los crímenes de Lesa Humanidad como la Masacre de Napalpi y de cumplir con el derecho de las victimas sobrevivientes, de sus descendientes, de las comunidades de los pueblos Moqoit y Qom y de la Sociedad toda de conocer la verdad y de recibir una reparación a través de una Sentencia Penal”, señaló la fiscalía en su requerimiento.
Cartas
En cuanto a la responsabilidad del por entonces presidente Alvear; del Ministro Gallo; del Interventor Centeno; del Administrador Arigó y del Jefe de la Policía Ulibarrie, la misma surge al analizar el “modus operandi” de la perpetración de la Masacre, lo que demando el aval y la participación de cada uno de ellos.
En este sentido, una de las pruebas incluidas en la investigación es la carta enviada por Centeno al ministro Gallo. En ella, Centeno le informa que tenía información respecto de que “de un momento a otro se produciría dentro del campo de esa reducción (Napalpí) una sublevación a mano armada” encabezada por líderes indígenas.
El presidente, Marcel T. de Alvear y el interventor del Territorio del Chaco, Fernando Centeno.
“Inmediatamente, el suscripto dispuso las medidas del caso enviando refuerzos policiales, pero como al día siguiente se recibiera un nuevo despacho de igual procedencia y más alarmante contenido, resolví constituirse en el lugar de los acontecimientos, partiendo en compañía del Jefe de Policía y llevando el personal de tropa necesario para cualquier emergencia”, informó el interventor Centeno en aquella misiva.
En cuanto a la responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, la misma se pudo reconstruir en base a los documentos históricos aportados por el Archivo Provincial Monseñor Alumni, sobre los que la magister y docente de la UNNE, Gabriela Barrios, dio detalles en su testimonio durante el Juicio por la Verdad.
“El informe es del día 15 de julio, en un conteo general aparecen 35 gendarmes con listados nombres completos, también sus números de registro, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de tiros de guerra establecido por cada uno de ellos”, declaró Barrios. Indicó también que el total de tiros de guerras de este conteo de 35 personas es de 2.400.
“También aparece en función de ese día, pero con unos reclamos posteriores de la reducción de Napalpí al gobierno de la provincia, para que se pague la deuda que habían establecido por la presencia de policías y gendarmes en la reducción que sería a partir del 19 de mayo de 1924 y hasta el 12 de julio”, añadió.
Otra misiva que se tuvo en cuenta en el Juicio por la Verdad y que contribuyó a establecer las responsabilidades políticas de la masacre fue la carta que el comisario Sáenz Loza le envió al gobernador Centeno.
“Vea señor gobernador, le escribo ésta en víspera de partir de nuevo para adentro con varias patrullas a la vez, coordinando todo con el comisario Machado de Quitilipi con el siguiente objetivo: apresar a todos los indios sospechosos, reunirlos en un punto ya determinado, someterlos a un interrogatorio previo, y luego traer a Quitilipi a los que resultasen más importantes. Demás está decirle que con las pruebas recogidas su Gobierno no se arrepentirá de haber dado carta blanca para proceder con mano dura”, escribió el comisario.
El avión y el rifle
Sobre la responsabilidad del piloto Esquivel y el copiloto Browis, la sentencia del Juicio por la Verdad confirma que una avioneta brindó apoyo, por lo menos, en tareas de inteligencia y observación. Esto se probó con documentos que aportó el testigo, piloto e investigador Alejandro Covello, como la nota del 18 de julio, donde el Interventor y Gobernador Centeno, solicitó al Aeroclub Chaco el servicio del aeroplano “Chaco II – Avión Curtis”.
Juan Browis y Emilio Esquivel pilotearon la avioneta que sobrevoló Napalpí previo a la masacre.
El avión había sido cedido un tiempo atrás por la Dirección del Servicio Aeronáutico del Ejército para su uso en la formación de pilotos en el Aeroclub Chaco. El Aeroclub puso a disposición del gobernador no sólo el avión, sino también a su piloto Esquivel. El piloto civil Browiz se ofreció como voluntario.
Centeno agradeció a las autoridades y dueños del Aeroclub, que habían prestado la logística aérea para el ataque, con una carta el día 26 de julio de 1924. “Al señor presidente del Aeroclub Chaco, doctor Agustín Cabal (h), me es grato dirigirme con el objeto de agradecer una vez más, la valiosa cooperación prestada a este gobierno por esa entidad (…) al mismo tiempo, compláscome en recomendar a su alta consideración el comportamiento brillante que en esta emergencia tuvieron el sargento piloto militar D. Emilio J. Esquivel y su acompañante piloto aviador D. Juan Browis, quienes observaron estrictamente las instrucciones que les fueron dadas… corresponderle en parte el éxito de la solución feliz y rápida del referido levantamiento indígena que llegó en cierto momento a culminar con caracteres de extrema gravedad”, redactó el interventor del Chaco.
El investigador Covello sostuvo que el de Napalpí fue “el primer uso violento de la aviación en nuestro país con el Curtiss JN-4D Jenny”. “No fue un operativo militar de la Aviación de Ejército, sino una acción ilícita civil, asistida por un aeroclub también civil, cuyo avión fue contratado por el Gobernador del territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, tripulado por el piloto militar Emilio Esquivel y un civil que en el puesto del copiloto cumplió la función de artillero”, relató.
Si bien la sentencia del Juicio por la Verdad se refiere a la participación de colonos civiles, los mismos no están plenamente identificados, aunque se indica un detalle importante: dispararon con sus fusiles, rifles y carabinas. ¿Por qué este detalle es importante? Porque son elementos que coinciden con los que aparecen en la foto del avión tomada por el antropólogo alemán, Roberto Lehmann Nitsche, en Colonia Aborigen, al momento de la Masacre y que fuera encontrada por la Doctora en Historia de la UNNE Mariana Giordano en el Museo Iberoamericano en Berlín. En dicha fotografía se visualiza el vehículo con un grupo de hombres posando para la foto, entre ellos los dos pilotos, el antropólogo alemán, algunos policías y una decena de colonos civiles, varios de ellos portando fusiles.
Los colonos armados posando junto a la avioneta.
A propósito de esto, durante el Juicio por la Verdad, el periodista Pedro Solans, autor del Libro “Crímenes en Sangre”, reveló que su abuelo, gerente de la desmotadora Asselle en Quitilipi, le comentó que recibió armamento provisto por el Ejército “para defender” a Quitilipi y a Machagai de los “malones que venían de Napalpí”.
También narró que le entregó uno de los rifles Winchester que se destinaron para combatir a los indígenas y lo puso a disposición del tribunal. El arma exhibida por Solans será parte del Museo Histórico a construirse en el edificio histórico de la Reducción Napalpí, en Colonia Aborigen. Un símbolo de lo que nunca más debe volver a ocurrir.
Segun el periodista Gustavo Olivelo, estaria involucrado un ex funcionario de Zdero que pertenece a la localidad de Villa Angela, Hernán Halavacs.
Este viernes 22 de noviembre, entre las 8 y las 14:30 horas, se llevó a cabo un allanamiento en las instalaciones del frigorífico FRI-VA, ubicado en el kilómetro 1022 de la Ruta Nacional N° 95, en la localidad de Villa Ángela.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Sáenz Peña en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva. En el operativo participaron personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Aduana, quienes realizaron controles sobre los animales en los corrales, así como sobre la documentación y las instalaciones del frigorífico.
Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de computadoras y dinero en efectivo. Debido a que la causa judicial es de carácter reservado, no se brindó información adicional sobre los avances de la investigación. Las autoridades confirmaron que se continuarán las diligencias pertinentes en el marco de la causa.
Segun el periodista Gustavo Olivelo, estaria involucrado un ex funcionario de Zdero que pertenece a la localidad de Villa Angela, Hernán Halavacs.
Los gendarmes registraron dos inmuebles en la ciudad de Villa Ángela, cuatro en Clorinda y uno en la ciudad capital de Formosa.
Incautaron dinero en efectivo (77.217.000 pesos, 17.710 dólares y 4.759.000 guaraníes), dispositivos tecnológicos y documentación de interés.
Ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” con apoyo de los Escuadrones 51 “Fontana”, 14 “Las Palmas” y Escuadrón 1, materializó allanamientos simultáneos en dos domicilios del Chaco (Villa Ángela) y cinco en Formosa (Clorinda y ciudad capital).
Las medidas judiciales se llevaron a cabo por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, en el marco de una causa por Lavado de activos, producto del contrabando de carne desde Villa Ángela hacia la República del Paraguay por pasos ilegales de Clorinda, cuya investigación se realizó en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los operativos resultaron en el secuestro de 77.217.000 pesos argentinos, 17.710 dólares estadounidenses y 4.759.000 guaraníes. Además, se incautaron otros elementos útiles para la investigación, tales como teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos; y documentación de interés, como recibos, agendas, comprobantes, giros de dinero, etc.
Cuando se habla del blindaje mediático que tiene el Gobierno del Chaco que conduce Leandro Zdero no es joda.
Acá están los datos sobre cómo se logra ese blindaje. Hay millones y millones de razones. Millones ante un Chaco en el que 4 de cada 10 chaqueños tienen hambre o una provincia en la que casi el 80% es pobre. Pero el gobierno de Leandro Zdero prefiere gastar 8000 mil millones de pesos en la prensa cómplice, condescendiente, antes que resolver problemas más urgentes.
Los datos que muestran la imagen es solo lo que reparte Lotería Chaqueña. A esto se debe sumar la guita que sale de otros entes estatales: Legislatura, Municpio de Resistencia, Fiduciaria del Norte, otros municipios, etc, etc, etc.
Los porcentajes de participación en cualquier elecciones, huelga, etc. varían enormemente según la fuente y el medio que emita la información, la manipulación informativa es tan antigua como el poder, que pronto descubrió la importancia de controlar la información y atraer la opinión pública hacia los intereses de un determinado colectivo.
La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas. Por una parte, lo que se repite hasta la saciedad cala entre el público y se convierte en verdad absoluta, aunque no lo sea.
Los recursos que se utilizan para manipular al personal van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido está a la orden del día. También se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. Por ejemplo, expresiones como “fuerzas de paz”, “daños colaterales” u “operación quirúrgica” tienen por objeto dulcificar la información sobre conflictos armados para que las guerras parezcan un mal menor en lugar de las verdaderas tragedias humanas que son.
Hoy hacemos incapie desde nuestras oficinas a lo largo y ancho de Argentina sobre lo que esta pasando en Chaco, precisamente en estos 6 medios, últimamente están distorsionando la realidad de toda la comunidad Chaqueña apoyando a quienes » la ponen más», recibimos muchas quejas con respecto a estos 2 entes, sabemos cuanto MILLONES esta recibiendo por parte de leandro Zdero, Roy Nikisch y no la menos importante Carmen Delgado
Ahora bien, desde la seriedad y respeto que debe recibir el periodismo, nos preguntamos, porque no informan sobre el mal estado de los hospitales de Resistencia, Villa Ángela, San Martín, Machagai, en otros, el hambre en el impenetrable, la falta de agua en Castelli, El Sauzalito y alrededores, la precarización de la mayoría de los empleados públicos ?. Una lastima, por suerte no pueden manipular las redes sociales y la VOZ POPULAR.
¿Te das cuenta ahora por qué cuando mirás la gran mayoría de medios en Chaco parece que todo está bien?
El contexto actual de la provincia del Chaco, en Argentina, presenta un fenómeno preocupante que merece atención y reflexión. Cuando se menciona el «blindaje mediático» del gobierno que encabeza Leandro Zdero, no se trata de una expresión exagerada, sino de una realidad palpable que tiene profundas implicancias para la sociedad chaqueña. A través de un análisis detallado de los datos y la situación socioeconómica, se pueden vislumbrar las estrategias utilizadas para mantener un corte de caja informativo que favorece la imagen del gobierno, a expensas de la verdad y el bienestar de la población.
La Realidad Socioeconómica del Chaco
Para entender el blindaje mediático, es fundamental comenzar con un vistazo a la realidad social y económica del Chaco. Según diversas encuestas y estudios, se estima que 4 de cada 10 chaqueños padecen hambre, mientras que casi el 80% de la población vive en condiciones de pobreza. Estos números son alarmantes y reflejan la cruda realidad que enfrenta una parte considerable de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de estos datos, la narrativa que se presenta en muchos medios de comunicación es diametralmente opuesta: las noticias suelen destacar logros y avances que, en muchos casos, son aislados y distantes de la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Estrategias de Blindaje Mediático
El gobierno de Zdero parece optar por una estrategia de comunicación que busca ocultar o minimizar los problemas serios que enfrenta la provincia. Una de las herramientas más evidentes en este «blindaje» se encuentra en la asignación de recursos a medios de comunicación afines al gobierno. Según datos recientes, se han destinado alrededor de 5.000 millones de pesos a la prensa que, lejos de ser crítica y objetiva, actúa como un agente de propaganda del gobierno. Este financiamiento proviene mayoritariamente de Lotería Chaqueña, pero no se limita a esta entidad. Otros entes estatales como la Legislatura, el municipio de Resistencia, la Fiduciaria del Norte y muchos otros también contribuyen a alimentar este ecosistema mediático que, en lugar de informar a la ciudadanía, se convierte en un altavoz de las acciones gubernamentales.
El Papel de los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación juegan un papel esencial en una democracia saludable al ser responsables de informar sobre los hechos y dar voz a los problemas que afectan a la sociedad. Sin embargo, en Chaco, gran parte de estos medios han caído en la trampa del clientelismo y la complicidad. Al recibir financiamiento directo del gobierno, su independencia se ve comprometida. La mayoría de ellos opera bajo la premisa de que para mantener el apoyo económico deben alinearse con la narrativa oficial, lo que genera un círculo vicioso en el que la verdad es sacrificada en beneficio de la imagen del gobierno.
Esto crea una situación en la que el público tiene acceso limitado a información objetiva y crítica, lo que afecta su capacidad para hacer juicios informados sobre la calidad del gobierno y su gestión. Así, la percepción de que todo está bien en Chaco se convierte en una construcción mediática que, si bien puede ser atractiva desde el punto de vista político, distorsiona la realidad y desatiende las necesidades urgentes de la población.
Consecuencias de un Blindaje Mediático
Las consecuencias de este blindaje son múltiples y variadas. En primer lugar, se desatienden las necesidades básicas de un gran número de chaqueños que viven en condiciones de vulnerabilidad. Cuando la prensa no destaca estas realidades, se corre el riesgo de que las políticas públicas se diseñen sin una comprensión adecuada de las necesidades de la población. Esto puede llevar a decisiones de gobierno que priorizan apariencias sobre realidades, lo cual, a su vez, perpetúa un ciclo de pobreza y sufrimiento.
En segundo lugar, la falta de información adecuada y crítica afecta la actividad política en la provincia. Los ciudadanos, al no contar con información precisa sobre los problemas y el desempeño de su gobierno, pueden sentirse desmotivados para participar en el debate público y en procesos electorales. Esto debilita la democracia y favorece la perpetuación de gobiernos que no necesariamente actúan en el mejor interés de la población.
Hacia una Comunicación Más Responsable
Es fundamental que, tanto los ciudadanos como los medios de comunicación, tomen conciencia de la importancia de solicitar y apoyar una cobertura informativa más honesta y objetiva. Los medios deben asumir su rol como fiscalizadores del poder, sobre todo en contextos en los que la verdad está siendo manipulada. Por su parte, la ciudadanía debe demandar transparencia y rendición de cuentas, cuestionando las narrativas que se les presentan y exigendo un enfoque más crítico en las coberturas mediáticas.
Conclusión
En resumen, el blindaje mediático del gobierno de Zdero en el Chaco no es solo una cuestión de propaganda; es un fenómeno que impacta negativamente en la calidad de vida de millones de chaqueños que enfrentan la realidad del hambre y la pobreza. Es crucial que el público y los medios de comunicación hagan un esfuerzo conjunto por rechazar la manipulación informativa y buscar una representación más fiel de la realidad. Solo así se podrá avanzar hacia un Chaco más equitativo y justo, donde la voz de todos los ciudadanos sea escuchada y donde la verdad prevalezca sobre la conveniencia política.
