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Politica

Pullaro le saca a la Corte una atribución clave para controlar el dinero narco

El gobierno santafesino advirtió que la Justicia no avanzaba y bienes secuestrados a Los Monos y al clan Alvarado seguían en manos de testaferros.

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Hace tres meses el gobierno de Santa Fe se propuso movilizar legajos dormidos durante años abiertos para determinar el destino final de inmuebles de los dos más emblemáticos grupos narcos de Rosario, los comandados por Esteban Alvarado y Los Monos. Los encargados de pesquisar descubrieron entre mayo y junio algo asombroso: en esas propiedades, algunas muy publicitadas tras los allanamientos ocurridos hasta diez años atrás, seguían viviendo personas vinculadas a las bandas. No se había hecho nada, en definitiva, para concretar los decomisos.

Todos los bienes ahora sujetos a decomiso tienen una valuación conjunta estimada por el gobierno provincial en dos millones de dólares a valor de subasta. Entre los bienes había una vivienda de gran porte construida por Alvarado en el barrio privado Tierra de Sueños I de Roldán y a nombre de un testaferro, por el que ambos recibieron condena. También un célebre campo de tres hectáreas en Pérez requisado en 2013 a la familia Cantero, líderes de Los Monos. Allí encontraron hace pocos días caballerizas y trece perros galgos. En los dos inmuebles, según fuentes oficiales, vivían personas allegadas a los verdaderos dueños.

La determinación de generar trazabilidad para los bienes secuestrados al delito y en la detección de empresas legales del campo criminal, además de darles destino, produjo dos fuertes medidas políticas. Una de ellas es que el gobernador Maximiliano Pullaro le quitará por vía legal a la Corte Suprema el control de la inscripción de sociedades que hoy tiene el Registro Público de Comercio. Estas pasarán exclusivamente a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Hasta hoy ambas reparticiones, en el caso de inscripción de empresas, tienen atribuciones.

Eso para que las consultas de fiscales por ejemplo se simplifiquen y estos no deban apelar a dos organismos. En el Poder Ejecutivo santafesino explican que hoy toda la información de Asociaciones, Fundaciones y Sociedades Anónimas domiciliadas en la provincia pueden consultarse online en la IGPJ. Y así será con las sociedades de acción simplificada (SAS) y las SRL que, como se detectó en investigaciones a Los Monos y Alvarado, eran el rótulo legal de empresas montadas con fondos del delito.

Sacar atribuciones, en este caso administrativas, a la Corte es una señal política más de la decisión de Pullaro de avanzar hacia su próxima renovación.

Pullaro le saca a la Corte una atribución clave para controlar el dinero narco

La segunda medida para controlar el lavado tomada por la provincia será identificar por obligación legal a todo el que participe en un contrato de fideicomiso inmobiliario, para que a esa información tenga acceso el Estado, que hoy no tiene.

«Se identificará al que puso plata en un fondo para conocer quiénes son los verdaderos dueños del bien. Hoy esos contratos privados no se informan a ninguna esfera provincial», señaló un funcionario del Poder Ejecutivo. La iniciativa está en un proyecto de ley que la Legislatura santafesina tratará la semana próxima.

En Rosario fue notorio en las pesquisas penales desde 2013 advertir cómo el dinero de economías criminales, en especial el comercio de drogas, se infiltra en la economía legal, en especial en inmuebles y bienes raíces

En Santa Fe, y especialmente en Rosario, fue notorio en las pesquisas penales desde 2013 advertir cómo el dinero de economías criminales, en especial el comercio de drogas, se infiltra en la economía legal, en especial en inmuebles y bienes raíces. Un ejemplo de manual es el caso de un departamento comprado por Alvarado en un fondo fiduciario en Condominios del Alto, un desarrollo ubicado frente al Shopping Alto Rosario, que levantó IRSA. Ese fideicomiso, se señaló en el trámite judicial en 2019, fue administrado por un particular que fue directivo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Una muestra elocuente de las conexiones del narco rosarino para lograr impunidad es que en ese departamento residía el jefe de Inteligencia de Drogas Javier Makhat, quien por esto fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a una multa de 50 millones de pesos.

En marzo pasado la APRAD, que es la agencia provincial que dispone de los bienes y efectos que se secuestran a la actividad criminal buscó saber el destino de los inmuebles requisados a Alvarado y a los Cantero. Advirtieron una morosidad notoria para darles destino final a propiedades del mundo criminal. Algunas de las cuales estaban en proceso de confiscación hacía diez años, pero todavía bajo el uso de allegados a imputados que aparecían como sus dueños.

Una casa de Puerto Roldán que estaba a nombre de un testaferro de Esteban Alvarado

En el caso de Alvarado advirtieron que el legajo de sus bienes estaba inmovilizado desde noviembre de 2022. Allí estaban tres propiedades en un barrio privado de Roldán y la vivienda rural del paraje Los Muchachos en Piñero, predio de cuatro hectáreas comprado por Alvarado mientras estaba detenido en la cárcel bonaerense de Urdampilleta, y puesta a nombre de sus hijos con su usufructo vitalicio. En esa vivienda fue asesinado en 2018 el prestamista Lucio Maldonado, por lo que Alvarado fue condenado a prisión perpetua como ideólogo en 2022.

También se detectó que desde marzo de 2023 estaba la orden de tomar posesión bienes relacionados con Los Monos que la provincia no ejecutó. Estaban incluidos el campo de tres hectáreas de Pérez, dos viviendas en Granadero Baigorria en Pasco 1038 y Viamonte al 100 más tres viviendas en la zona sur de Rosario.

La APRAD presentó un escrito en febrero 2024 para tomar posesión de los bienes de Alvarado primero, medida que según fuentes oficiales se ejecutó el 7 de mayo pasado. En junio se presentó otro oficio para tomar posesión de los bienes de Los Monos, medida que se adoptó el 24 de junio último.

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CORRUPCION

CHACO MEGA CORRUPCION de LEANDRO ZDERO Diputados deunciaron el robo de 600 millones de pesos

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Diputados del Frente Chaqueño presentaron este miércoles en la fiscalía de primera instancia de Resistencia una denuncia de lavado de activos contra las autoridades de ECOM Chaco S.A. La denuncia presentada expone el desvió de unos 600 millones de pesos y apunta al ex presidente Luis Verga, hombre cercano al gobernador Leandro Zdero, que cuando tomaron estado público las denuncias de sobreprecios y gastos, fue removido de la empresa.

Las pruebas aportadas por los legisladores Nicolás Slimel, Tere Cubells, Mariela Quirós y Analía Flores, exponen maniobras de triangulación –con empresas de Verga y los hermanos Julio Alberto y Juan Alberto Zalazar- y contratos fraudulentos, beneficiando a empresas sin antecedentes sólidos como VEZA SRL –propiedad de Verga-; o Smart Bull S.A.S. que, apenas creada, accedió a contratos millonarios bajo condiciones cuestionables. «Estas acciones no solo reflejan falta de transparencia, sino también el desmantelamiento de áreas clave de ECOM y el desplazamiento de personal idóneo para dar lugar a cómplices del entramado corrupto», indican los diputados.-

 

 

Los integrantes del interbloque subrayan la contradicción entre las promesas de campaña de Leandro Zdero, quien se comprometió a una gestión honesta y eficiente, y «la realidad que demuestran los actos de sus funcionarios, denunciados penalmente en las más variadas áreas de gobierno a menos de un año de gestión. Lo sucedido en ECOM Chaco no es un caso aislado, sino el resultado de una estructura de gobierno que prioriza los negocios personales sobre el bienestar de los chaqueños».

Exigimos justicia y transparencia

«Instamos a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y determinación para investigar y sancionar a los responsables de estos actos. El saqueo sistemático a ECOM Chaco y a los recursos públicos merece un castigo ejemplar», expresaron ayer apenas presentada la denuncia.

«Las y los diputados del Interbloque Frente Chaqueño reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo, repudiando cualquier acto de corrupción que lesione el patrimonio estatal. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una provincia con justicia, transparencia y gobierno al servicio de los ciudadanos. Por el pueblo del Chaco, exigimos respuestas y acciones concretas.», reiteraron finalmente.

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CORRUPCION

Denunciaron al expresidente de Ecom: ‘Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos’

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Diputados del Frente Chaqueño afirman que las maniobras involucraron empresas de reciente creación vinculadas al exfuncionario. «Todo esto son sospechas, pero las pruebas son serias», aseguraron.

La diputada Analía Flores, acompañada por sus colegas Teresa CubellsNicolás Slimel Mariela Quiroz, presentó una denuncia contra el expresidente de Ecom Chaco, Luis Ferga, por presunto lavado de activos. La acusación, radicada en la Justicia Federal, se sustenta en irregularidades administrativas y facturaciones sospechosas por un monto superior a los 600 millones de pesos.

Según el grupo de legisladores, las maniobras incluyeron la adjudicación de contratos a empresas de reciente creación y con presuntos vínculos directos con el denunciado. «Las facturas nos indican que estas empresas eran muy nuevas, algunas con menos de tres meses de existencia«, sostuvo la diputada Cubells.

https://corrientesinfo.ar/2024/11/21/chaco-mega-corrupcion-de-leandro-zdero-diputados-deunciaron-el-robo-de-600-millones-de-pesos/

En diálogo conN9, Cubells destacó: «Desde que asumió este nuevo gobierno, se nos habló de transparencia y limpieza, pero los hechos parecen mostrar lo contrario. Encontramos circuitos administrativos que no fueron respetados y empresas vinculadas a los mismos funcionarios de la gestión denunciada».


Por su parte, Analía Flores subrayó la solidez de las pruebas presentadas: «Hemos trabajado seriamente para analizar la documentación antes de radicar la denuncia. Ahora corresponde a la Justicia determinar si estas pruebas son suficientes para confirmar el delito».

La denuncia señala específicamente que las contrataciones de Ecom incluyeron empresas creadas poco antes de ser beneficiadas con compras millonarias. «Una de las firmas tenía como presidente al hermano de un socio de Ferga. Estas coincidencias son demasiado llamativas como para no ser investigadas«, añadió Cubells.


Asimismo, Flores remarcó la magnitud de las irregularidades: «Estamos hablando de compras por 600 millones de pesos que no siguieron los procedimientos establecidos. Las cifras son millonarias y las maniobras son demasiado evidentes«.

Los legisladores también cuestionaron la falta de respuestas del oficialismo ante estas denuncias. «No hemos recibido ninguna explicación. Lo único que queremos es que la Justicia investigue a fondo, porque esto no puede quedar en la impunidad«, sentenció Cubells.


La denuncia incluye un pedido formal para que se auditen todas las operaciones realizadas bajo la gestión de Ferga en Ecom, así como las vinculaciones empresariales del exfuncionario.

Por ahora, los denunciantes se mantienen a la espera de la respuesta judicial, confiando en que las pruebas presentadas sean suficientes para avanzar en la investigación. «La ciudadanía merece transparencia, y por eso estamos aquí«, concluyó Flores.

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Politica

En la provincia con uno de los peores índices de embarazo adolescente, Leandro Zdero vetó la ley que apuntaba a reducirlos

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Con el apoyo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. El veto se da en medio de un panorama grave: Chaco se ubica en tercer lugar entre las provincias que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana y una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos.

En sintonía con el reclamo de sectores antiderechos, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó totalmente la ley que creó el Plan Provincial de Reducción y Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que buscaba reemplazar al Plan Nacional ENIA, desfinanciado por Javier Milei. Dicha medida se da en una de las provincias con los peores indicadores de embarazo adolescente del país.

En 2018, Chaco adhirió al Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). El mismo se implementó durante seis años con muy buenos resultados. A través de la capacitación en Educación Sexual Integral, Consejerías y Asesorías, se logró no sólo la reducción en un 50% del embarazo en la adolescencia, sino que también muchos adolescentes reconocieran haber sido víctimas de alguna situación de violencia sexual durante su vida. El plan se desarrolló con normalidad hasta la llegada del gobierno libertario que, a fines de marzo, decidió desfinanciarlo.

Para posibilitar su continuidad en la provincia, los diputados Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells y Santiago Pérez Pons presentaron el proyecto de ley mediante el cual se pretendía implementar un Plan ENIA local financiado con fondos provinciales, con el objetivo de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de los adolescentes del Chaco. El proyecto fue sancionado el 23 de octubre pasado, con 20 votos afirmativos.

¿Qué dice la ley aprobada? Establece el acceso gratuito para los adolescentes de la provincia a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral, a las asesorías en establecimientos educativos secundarios, a las consejerías en salud sexual y reproductiva en los Centros de Atención Primaria de la Salud, asesorías móviles y actividades de promoción comunitaria.

Entre los objetivos de la normativa, se encuentran los de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia; incorporar a los centros de estudiantes en todo lo que respecta a la información del Plan ENIA; mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones; potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso y la violencia sexual.

Esta normativa, vale mencionar, se da en una de las provincias con peores indicadores de embarazo adolescente del país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del Chaco, en 2021, mientras que a nivel nacional el 9,5% de 529.794 nacimientos correspondió a adolescentes menores de 20 años, en el Chaco 2786 niños y niñas nacieron de adolescentes menores de 20 años representando el 15 % de los nacimientos: casi 5 puntos porcentuales por encima de la media del país.

De ellos, 3.920 nacieron de adolescentes entre 15 y 19 años, y 130, de menores de 15 años. Similar comportamiento presenta la tasa de fecundidad en las adolescentes menores de 15 años.

Asimismo, según datos de 2020, la provincia se ubica en tercer lugar entre las que presentan mayores tasas de fecundidad adolescente temprana, con 3.7 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres de 10 a 14 años.

Chaco también destaca por ser una de las jurisdicciones con mayor porcentaje de niñas y adolescentes menores de 20 años que tuvieron dos o tres partos. En las maternidades de Resistencia, Villa Ángela, Las Breñas, Sáenz Peña y Castelli, 1 de cada 4 adolescentes menores de 20 años (25,6%) que tuvo un parto en 2019, se encontraba en esa situación.

Entre los factores que intervienen en la ocurrencia de embarazos no intencionales, para las adolescentes que inician o mantienen relaciones sexuales, se destaca la no utilización de métodos anticonceptivos (MAC) o su uso irregular o inconsistente; más frecuentemente de anticonceptivos hormonales orales (ACO) y preservativo masculino y a los factores de violencia que se mencionaron previamente.

La evidencia indica, además, que para una proporción importante de adolescentes en situación de pobreza -que son mayoría entre las adolescentes que han tenido partos-, la maternidad aparece como un pasaje a la vida adulta, y a una posición social de mayor reconocimiento considerando el mandato social de la maternidad como destino de la mujer, en detrimento del desempeño de otros roles, según se explica en el informe Ruta de acción: atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años, elaborado en 2022 por Unicef y el Ministerio de Salud del Chaco.

Antiderechos
Varios gritos en el cielo fueron los que pegaron los sectores antiderechos más reaccionarios del Chaco tras enterarse de la sanción de la ley. Los más visibles fueron los agrupados en el Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, una organización que congrega a activistas locales conocidos por sus posturas en contra de la legalización del aborto, de la aplicación de la Educación Sexual Integral y del matrimonio igualitario.

A través de un comunicado de prensa, solicitaron al gobernador que vete la ley bajo una serie de argumentos: “1) ESI y asesorías en escuelas, centros de salud y organizaciones barriales sobre salud sexual (anticoncepción, aborto y ‘transición de género’); 2) Colocación de anticonceptivos de larga duración y administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, y 3) Facilitación del aborto en menores”, señalaron.

En contra de los datos objetivos, este grupo considera que el Plan Nacional ENIA fue “un fracaso evidente” porque “ha incrementado el número de abortos en adolescentes, en lugar de bajarlos como es su objetivo”.

Además, indicaron que, de implementarse la ley provincial, “se transformará en un instrumento que se usará para adoctrinar, para impartir a los adolescentes las ideologías relacionadas con el cambio de género, y para facilitar los abortos en las adolescentes”.

“Y en lugar de prevenir los embarazos en ese grupo etario, esta norma legal, fomentará las relaciones sexuales a temprana edad; facilitará mediante la hormonización el cambio de género y finalmente incentivará la práctica de abortos; sin advertir de las graves e irreversibles consecuencias de dichas conductas, y que en muchos casos ha llevado al suicidio, siendo éste, la segunda causa de muerte en nuestro país”, indicaron desde la organización que lidera la exdiputada radical y exinterventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular en la actual gestión, Clelia Ávila.

Veto
A pesar del delicado cuadro de situación en relación a los embarazos adolescentes, en contra de toda recomendación de profesionales abocados al tema y desoyendo informes oficiales que constataron la eficacia del plan ENIA, el gobernador Zdero decidió vetar de manera total la normativa.

Mediante la nota 72, que ingresó en la Legislatura provincial el 13 de noviembre último, el primer mandatario sostuvo en primer lugar que la ley sancionada contiene acciones que ya están previstas en la Educación Sexual Integral (ESI) que se aplica en las escuelas del Chaco.

Aunque en la práctica esto no sea así, debido a que en los establecimientos escolares chaqueños la ESI se da a cuenta gotas y de manera en extremo superficial, Zdero aseguró que “el Ministerio (de Educación) propicia a diario la incorporación de la ESI en forma transversal, en contenidos que aporten al conocimiento sobre el cuerpo, emociones, las relaciones interpersonales, la identidad, el respeto hacia los estudiantes y los demás (…) Estas acciones son programáticas”.

Por otra parte, hizo observaciones en cuanto al artículo 5 de la normativa sancionada. ¿Qué dice el articulado en cuestión? Sostiene textual: “El Plan ENIA incluirá a los y las adolescentes que cumplieron 13 años hasta su mayoría de edad. En tal sentido, se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, mientras que a partir de los 16 años los adolescentes son considerados como un adulto para las decisiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo, de conformidad a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”.

En su veto, Zdero “no comparte” lo indicado en este artículo “en lo relativo a establecer la presunción y percepción del adolescente como adulto responsable, entendiendo que el término ‘adolescente’ incluye una etapa o período de transición entre la niñez y la adultez. Período que comprende importantes cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales como así también procesos de búsqueda de identidad”.

Finalmente, el gobernador echa mano a la vieja confiable: no hay plata. Para esto, tomó como fundamento el dictamen elaborado por la Subsecretaría de Hacienda del Chaco el cual argumentó que las erogaciones previstas para implementar la normativa sancionada no están contempladas en el Presupuesto General de la Provincia ni tampoco se generaron recursos específicos para su financiamiento. Así se concluyó que “debido al principio de razonabilidad fiscal y sostenimiento de las finanzas públicas, es opinión de esta subsecretaría que la ley traída a estudio debería ser rechazada”.

¿Qué pasará ahora? El veto deberá ser tratado en los próximos días en el recinto de la Cámara de Diputados chaqueña. Para sostener la sanción, es decir para ratificar la ley, se necesitará el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De lo contrario, la norma será vetada.

 

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