Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), Javier Milei concretó la resurrección de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el organismo que se convirtió en sinónimo de los sótanos de la política y la justicia de la Argentina. La vuelta de la SIDE se decidió dos días antes de que se cumplan los 30 años del atentado de la AMIA –causa que los servicios desviaron y usaron de acuerdo a sus intereses, sobre todo para allanarse el camino para posicionarse como mano derecha de jueces y fiscales. La reforma del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) debilita el control que ejercerá el Congreso: su titular ya no necesitará contar con el acuerdo del Senado para manejar el organismo.

El gobierno cree que el sistema de inteligencia nacional se pudrió en los últimos treinta años –como si hubiera sido ejemplar durante la dictadura, cuando manejó tres centros clandestinos o se dedicó a la persecución de los militantes de la región. Esa interpretación puede extraerse del DNU 614/2024 con el que resolvió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –que tuvo una existencia efímera de menos de diez años.

“Que se haga una reforma de este tipo por DNU es un disparate”, dice el diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, quien hasta el año pasado presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). “La inteligencia es un régimen que puede afectar los derechos de los ciudadanos, lo que requiere que exista un control democrático. El control empieza con la discusión de la propia ley”.

En el gobierno, están dispuestos a que el Congreso tenga un rol marginal. La Casa Rosada, de la mano del asesor todoterreno Santiago Caputo, confirmó que al frente de la SIDE continuará Sergio Darío Neiffert, que había llegado al edificio de la calle 25 de mayo después de la salida abrupta de su anterior titular, Silvestre Sívori, bajo acusaciones de que espiaba a funcionarios del propio gobierno a pedido del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La novedad es que Neiffert no necesitará conseguir el aval de la Cámara Alta. Ése era un requerimiento que se incluyó en 2015, cuando se reformó la ley de Inteligencia –que había sido aprobada en el tumultuoso 2001.

Neiffert –léase Caputo—tendrá a su cargo la SIDE –que estará subdividida en cuatro organismos desconcentrados—y controlará los fondos reservados que van a Defensa y a Seguridad para determinadas actividades de inteligencia. Es posible que eso presagie algún tembladeral con Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad ya había competido en el pasado con Sívori y Posse por la relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.

La administración Milei miró bastante hacia Estados Unidos para diseñar la nueva estructura o, al menos, para copiar algunas siglas. Dentro de la SIDE funcionarán cuatro organismos desconcentrados:

– El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que se ocupará de cuestiones exteriores y estratégicas. Estará a cargo de Alejandro Colombo, un exintegrante de la SIDE menemista que fungió como delegado en Roma y que tuvo un regreso con Mauricio Macri;

– La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que busca ser una réplica de la National Security Agency (NSA) y deberá lidiar con cuestiones de seguridad interior tales como crimen organizado, narcotráfico, armas y amenazas contra el orden constitucional. Estará en manos del comisario general retirado Alejandro Cecati. Durante el macrismo, Cecati tuvo el cargo de director general de protección de Estado. Como tal, era responsable de las custodias de Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Gerardo Milman;

– La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que se ocupará de, por ejemplo, asegurar las bases de datos del Estado. El fundamento de la introducción de este organismo es que en el pasado fueron hackeadas la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. La AFC estará al mando de Ariel Waissbein;

– La División Asuntos Internos (DAI), que permitirá técnicamente a los agentes denunciar alguna ilegalidad por parte de sus superiores. No trascendió quién estará al frente de esta división, aunque se estima que será un funcionario de confianza de Neiffert.

Tanto el titular de la SIDE como los directores de los órganos desconcentrados permanecerán en sus cargos durante cinco años, lo que excede un mandato presidencial. El Ejecutivo únicamente está obligado a comunicarle sus designaciones a la CBI, que no tiene posibilidad de objetarlas.

Se encienden las alarmas

La reforma de inteligencia es compleja y no parece haber sido hecha a las apuradas. Hay quienes ven la mano, más allá de Caputo, de hombres ligados al exjefe de Operaciones Antonio Horacio “Jaime” Stiuso –cuyo desplazamiento dio lugar al nacimiento de la AFI.

Hay algunos puntos que encendieron alarmas:

– Se amplía la definición de inteligencia nacional y se la habilita para la consecución de los intereses estratégicos de la Nación. “Es una ley, debería determinar qué son los intereses estratégicos, porque bajo ese paraguas cualquier cosa podría ser considerada como tal. Es decir, puede ser definido por el ejecutor de turno”, advierte Roberto López, coordinador del área de Asuntos Estratégicos del Instituto de Políticas Públicas y Estado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

– Se incluye también la idea de contrainteligencia militar, algo que –a priori—está reñido con la prohibición de los militares de hacer tareas de inteligencia dentro del país.

– Se abre la posibilidad a que el Poder Judicial vuelva a convocar a la SIDE como auxiliar de justicia, algo que estaba vedado por un decreto de Alberto Fernández. La propia Corte había en 2019 desaconsejado a los jueces que convocaran a la AFI para trabajar con las escuchas telefónicas –sobre todo después del festival de filtraciones que tuvo lugar durante el gobierno de Cambiemos.

– El gobierno también encomendó al Ministerio Público Fiscal (MPF) a crear una fiscalía especializada en inteligencia. Según fuentes del organismo, el procurador interino Eduardo Casal no estaba al tanto de la iniciativa que pensaba el gobierno. En general, las secretarías o procuradurías se crean por delitos, no por origen. Por ejemplo, se investiga narcotráfico, terrorismo, trata, delitos de lesa humanidad –sin diferenciar si una causa, por ejemplo, tiene información que proviene de los servicios de inteligencia. “Es muy extraña la introducción de una fiscalía sobre inteligencia. Parece que están volviendo a establecer un vínculo que se había disociado”, resalta Moreau.

Según un segundo decreto que se publicó, el 615/2024, Neiffert tendrá 120 días para generar una reforma profunda. En ese plazo, deberá reestructurar la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) –que todo indica que estará comandada por exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre y uno de los gurúes de Milei–, el estatuto para el personal, el nuevo régimen de administración de fondos, el nuevo reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.

Además, Neiffert deberá aprobar un nuevo régimen para la incorporación de personal retirado, lo que posibilita el regreso de espías jubilados o la incorporación de militares o policías retirados. Durante la era Sívori, las áreas más importantes de la AFI eran manejadas por exintegrantes de las Fuerzas Armadas. “La reforma está hecha de manera tal que implique la posibilidad de rearmar toda la estructura y, de esa forma, traer a los viejos para sacar a los nuevos”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“En gobiernos autoritarios como éste, los organismos de represión e inteligencia son patas fundamentales –dice Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Aunque se llenan la boca hablando de las ‘mafias’, su única hipótesis de conflicto real es la protesta social, porque saben que sus políticas son altamente antipopulares. Los cambios que proponen demuestran que se preparan para espiar y detectar opositores, armar precausas o ciberpatrullar”.

Fuente: Página/12